Documento sindical: Grupo de Trabajo del Diálogo Social
Vall del Llierca, Argelaguer/Girona: Documento sindical: Grupo de Trabajo del Diálogo Social.-Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Secretaria de Acción Sindical: Circular n° 25/09.
De: Secretaría confederal de Acción Sindical. A: Responsables de Acción Sindical de FF.EE., CC.NN., UU.RR.
Información sobre la reunión del Grupo de Trabajo del Diálogo Social, 13 de julio de 2009:
Asisten: Gobierno, CEOE, CEPYME, UGT y CCOO
El Gobierno ha presentado un nuevo documento en esta reunión del Grupo de Trabajo de Diálogo Social (se adjunta documento- Comentario 1).
El documento, aunque contiene algunos avances, peca de insuficiencia y falta de concreción y elude el papel de los sindicatos en la negociación de la reactivación de la economía y en las materias que tienen que ver con el diálogo social reforzado.
Además, deja para discutir de forma bilateral —Gobierno-CEOE y Gobierno-Sindicatos-, el tema de la reducción de las cotizaciones empresariales, pieza importante del acuerdo dadas las posiciones de la CEOE.
CAPITULO II
En la protección a las personas desempleadas en situación más vulnerable, siguen manteniendo que la prestación tenga una duración de seis meses, insuficiente desde nuestro punto de vista, avanzando que, en el marco del Diálogo social y teniendo en cuenta la evolución de los indicadores de actividad económica y empleo, se decidirá sobre la prórroga del Programa por un periodo adicional de 6 meses.
Se añade un apartado 2 al capítulo 2, que no existía en el anterior borrador, referido a la mejora de la empleabilidad para facilitar la inserción laboral de personas desempleadas durante 2009-2010.
En la recuperación de la actividad económica para mantener el empleo y crear nuevos puestos de trabajo, el Gobierno deja pendiente la reducción de cotizaciones empresariales; mantiene una posición favorable a los empresarios de las pequeñas empresas, con la reducción de 5 puntos en el Impuesto de Sociedades durante 3 años; se compromete a la mejora del funcionamiento de las líneas ICO y su extensión a 2010; olvida el tema de la morosidad en las AA.PP. y elude cualquier tipo de participación sindical.
Aparece la propuesta sindical de intensificar la inversión pública en infraestructuras y la reordenación en el sector de vivienda, sin recoger las de la participación sindical.
En la mejora de los Servicios Públicos de Empleo, amplía la redacción sobre el nuevo Portal tecnológico de los SPE, pero no alienta medidas que refuercen su papel.
No hace un análisis de situación, ni una propuesta clara sobre los centros especiales de empleo, en lo que se refiere a la cuantía de las subvenciones que reciben dichos centros en concepto del coste salarial que suponen los puestos ocupados por personas con discapacidad.
A destacar el punto 9, donde se ha conseguido separar el concepto de los procesos de incapacidad temporal del absentismo.
También el punto 10, sobre Prevención de Riesgos, donde se apuesta por fortalecer el papel de los interlocutores sociales en el Plan de Acción de la Estrategia española de Seguridad y Salud en el trabajo, para el periodo octubre 2008-junio 2010
En apartado III de actuaciones de carácter estratégico para el desarrollo de la economía sostenible, el Gobierno reitera el procedimiento de información y consulta en los ámbitos de Diálogo Social reforzado, frente a la propuesta de negociación que hacemos los sindicatos: crear Mesas de negociación en políticas industriales, energéticas y sociales (sectores industriales, servicios, I+D+i, dependencia, sanidad, educación, turismo, agroalimentaría, telecomunicaciones y sociedad de la información).
En los instrumentos financieros, falta un apartado sobre el FROB (Fondo Reestructuración para la Ordenación Bancaria),
en lo referido a la información de la situación del sector y la participación sindical en la reestructuración del sector financiero. Se deben concretar las iniciativas de inversión y los sectores a los que van dirigidos los Fondos ICO de Financiación para la economía sostenible y el Fondo de Inversión Local 2010 (FEIL).
Se debe mejorar en lo que se refiere al tema de vivienda y todo lo que conlleva el desarrollo de las Reformas educativas y de Formación Profesional (apartados 1519) añadiendo el desarrollo normativo relacionado con la oferta formativa de Certificados de Profesionalidad, creación del Sistema Integrado de Información y Orientación Profesional y la Evaluación y Calidad de la FP.
Respecto al documento anterior de 2 de julio, en donde se ampliaba el ámbito de actuación de las empresas de trabajo temporal, se propone que el Gobierno presente a los interlocutores sociales, en el plazo de cuatro meses para su negociación, una propuesta para la transposición de la Directiva 2008/104/CE del Parlamento europeo y del Consejo que debe realizarse antes del 5 de diciembre de 2001, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal.
Significa un avance respecto al borrador anterior que legalizaba la actuación de las ETT´s en los ámbitos prohibidos por Ley y nos emplaza a la negociación del texto de la transposición.
Además, se refuerza el papel del Gobierno y de los interlocutores sociales para evitar prácticas ilegales y fraudulentas de las falsas empresas de servicios.
Se suprimen cuestiones del compromiso de los interlocutores sociales de reformar la Negociación Colectiva que sólo pertenecen al ámbito bilateral (flexibilidad interna a nivel de empresa, facilitar utilización de cláusulas de descuelgue).
En cuanto a la implicación de la Seguridad Social en la consolidación del nuevo modelo de crecimiento y de la economía sostenible, falta la redacción del Pacto de Toledo. CCOO propondríamos una redacción que suponga un reforzamiento de la mejora y sostenibilidad de la Seguridad Social., donde se estudien con detalle las nuevas tendencias de las pensiones y las características del mercado laboral, la evolución en éste de la tasa de actividad y de las bases de cotización; las jubilaciones contemplando las diferentes figuras y la reducción de la edad mínima para personas que trabajen en actividades penosas; la equiparación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta situarse en el 60% del salario medio neto (SMN); el refuerzo del proceso de convergencia de regímenes, ....
En el capítulo IV, estando de acuerdo con el texto, hemos propuesto la necesidad de buscar la participación de los interlocutores sociales en la implementación de este acuerdo y, por tanto, en la coordinación del Diálogo Social a nivel de Estado.
El Documento-borrador de 13 de julio 2009, supone un cambio en algunas posiciones del Gobierno, aunque queda la reducción de las cotizaciones sociales como elemento clave a la hora de construir el acuerdo económico-social (AES).
Hoy, se puede decir que no se tiene la certeza de que vaya a haber acuerdo si la pieza clave de éste es la reducción de las cotizaciones empresariales. Según un estudio elaborado por el Gabinete Técnico confederal, el coste de cada punto de
cuotas sociales en 2008, fue equivalente al 0.35% del PIB, de manera que dos puntos reducirían la recaudación en 0.7% del PIB y cinco puntos en 1.70% del PIB, que repercutirían en un descenso de la remuneración de los asalariados por idéntico porcentaje dentro de la distribución factorial de la renta en términos de Contabilidad Nacional.
Una rebaja de dos puntos de la cuota por contingencias comunes, haría incurrir en déficit el sistema desde 2011 (-0.05%) y ampliaría la necesidad de financiación hasta el -4.42% del PIB en 2050
La bajada de cinco puntos hace aparecer inmediatamente el déficit (-0.86% en 2010) y lo eleva hasta el -5.42% en 2050.
Los datos que sostiene el estudio, dejan clara la importancia que tendría una reducción estructural de las cotizaciones sociales en la negociación del acuerdo para CC.OO.
Velar por el futuro de la Seguridad Social (SS) no significa reducir las cotizaciones, sino mantener un control permanente del sistema que permita fortalecerlo para pagar más y mejores pensiones.
Seguiremos informando. Un saludo, Ramón Górriz Secretario Confederal de Acción Sindical
Meneame
del.icio.us
ARGELAGUER Juan R. Lejarza
Secretaría de Empleo y Estudios FECOHT-CCOO
ACUERDO PARA IMPULSAR LA RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y DEL EMPLEO, MEJORAR LA PROTECCÓN SOCIAL Y PROMOVER UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE.
BORRADOR (13-JULIO-2009)
INTRODUCCIÓN
Referencia a la Declaración de 29 de julio de 2008
Evolución de la situación económica y social
Actuaciones y medidas adoptadas desde julio de 2008
Necesidad de nuevas medidas
Contenidos del presente acuerdo
ACTUACIONES DE CARÁCTER URGENTE PARA MEJORAR EL EMPLEO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL
Proteger a las personas desempleadas mas vulnerables y favorecer su inserción laboral
Ampliación extraordinaria de la protección por desempleo de las personas desempleadas que han agotado las prestaciones por desempleo
Proteger a los desempleados que agoten el período de prestaciones mediante el establecimiento de un Programa Temporal de Inserción. Todos los desempleados que agoten un periodo previo de prestaciones por desempleo, tanto de carácter contributivo como -en el caso de haberle correspondido- de subsidio asistencial, y se encuentren en situación económica de necesidad (e independientemente de cualquier otra característica personal) serán beneficiarios de esta protección que tendrá una duración de seis meses.
La situación de necesidad de los beneficiarios se justificará por la correspondiente prueba de rentas familiares (75% del SMI).
El programa estará vinculado a la participación efectiva en un itinerario activo de inserción que incorpore formación para el empleo, que gestionarán las CCAA, y que irá dirigido a aumentar las oportunidades de acceso al empleo de todos los beneficiarios. En su caso, se podrá hacer uso de los recursos adelantados para 2009 y 2010 del Fondo Social Europeo.
El Programa estará compuesto por una prestación que correrá a cargo de la AGE asociada inseparablemente a una acción de formación que será desarrollada, por parte de las CCAA, con cargo a los recursos disponibles tras la distribución de fondos para la financiación de las políticas activas de empleo y formación, que se ha realizado por la Conferencia Sectorial correspondiente.
En el marco del diálogo social, y teniendo en cuenta la evolución de los indicadores de actividad económica y empleo, se decidirá sobre la prórroga del Programa por un período adicional de 6 meses.
Mejorar la empleabilidad y facilitar la inserción laboral de personas desempleadas durante 2009-2010
El Gobierno y los interlocutores sociales coinciden en la necesidad de desarrollar programas públicos de empleo-formación que aumenten las posibilidades de empleabilidad de las personas desempleadas, ar m e los jóvenes, mujeres y mayores de 45 años que lleven inscritos como desempleados al menos 12 meses y hayan agotado o estén próximos a agotar las prestaciones por desempleo.
Siendo los programas públicos de empleo-formación parte de las políticas activas de empleo cuya gestión es de competencia autonómica, el Gobierno adquiere el compromiso de promover, en colaboración con las Comunidades Autónomas, estos programas para mejorar la empleabilidad y facilitar la inserción laboral de personas desempleadas de larga duración o en situación o riesgo de exclusión social, que deberán recibir un tratamiento preferente, para lo cual, en su caso, se utilizarán los recursos adelantados por el FSE para 2009 y 2010.
Apoyar la recuperación de la actividad económica para mantener el empleo y crear nuevos puestos de trabajo
Reducción de cotizaciones empresariales. (PENDIENTE)
Impulsar la creación y el mantenimiento del empleo en las pymes
Reducción de 5 puntos en el Impuesto de Sociedades durante 3 años para empresas de menos de 25 trabajadores y un volumen de ventas inferior a los 5 millones de euros que mantengan o amplíen su plantilla en 2009 y en 2010 (reducción equivalente en el IRPF para los autónomos que tengan trabajadores a su cargo). (Coste estimado: 1.000 millones € anuales que se pueden compensar con el mantenimiento de al menos 89.000 empleos y por tanto el menor pago de prestaciones)
Compromiso de mejora del funcionamiento de las líneas ICO-Liquidez PYME y Medianas Empresas y su extensión para 2010.
Las líneas ICO-Liquidez PYME e ICO-Liquidez Medianas Empresas, puestas en marcha por primera vez durante este año 2009 y dotadas, respectivamente con 10.000 y 6.000 millones de euros €, constituyen el principal instrumento del Gobierno para apoyar de manera directa la financiación de las actividades corrientes de las pequeñas y medianas empresas españolas. Ya en 2009 se han llevado a cabo mejoras en el diseño de estas líneas para facilitar el acceso de las empresas a los fondos y mejorar su eficacia.
Conscientes de las especiales dificultades a las que se enfrenta este sector clave para la actividad y empleo en nuestro país, el Gobierno y los IISS (Interlocutores Sociales)consideran prioritario mantener este esfuerzo mientras persistan los obstáculos para la normalización de los flujos de crédito.
Por ello, el Gobierno asume el compromiso de extender las actuales líneas ICO Liquidez PYME e ICO-Liquidez Medianas Empresas durante 2010. Asimismo, de acuerdo con lo que aconsejen las circunstancias, se adoptarán las medidas necesarias en cuanto a riesgo, plazo y demás condiciones para continuar facilitando a las empresas el acceso a estas líneas de financiación con el fin que el crédito llegue a todas aquellas entidades con proyectos rentables.
Por último, el Gobierno se compromete a revisar de manera continua el funcionamiento de todas las líneas ICO, acometiendo los cambios y mejoras necesarias para aumentar su eficacia, con el fin de su estandarización, simplificación y rediseño para facilitar tanto la distribución por todo el sistema financiero como la máxima utilización por las empresas.
Intensificar en 2010 la inversión pública en infraestructuras y la reordenación en el sector de la vivienda
Infraestructuras
El Gobierno continuará acelerando la ejecución del PEIT, movilizando la actividad de construcción, mantenimiento y explotación de infraestructuras transporte. Para ello los presupuestos de 2010 priorizarán la inversión en infraestructuras y se pondrán en marcha fórmulas de colaboración público privada para su financiación. Todo ello con el objetivo con aumentar el nivel de actividad y empleo con respecto a 2009 Se dará prioridad a las inversiones en materia de transporte de mercancías, en especial a través de puertos y ferrocarril, destinadas a mejorar nuestra posición internacional en términos de costes logísticos y, en definitiva, a reforzar la competitividad de nuestro tejido productivo.
Vivienda
El Gobierno utilizará el marco del nuevo Plan de Vivienda 2009-2012 y los instrumentos que crea necesarios para reconducir e impulsar la actividad y el empleo del sector inmobiliario en 2010.
Adicionalmente, y con el objetivo dar salida al parque de vivienda libre sin vender, e impulsar así la reactivación de la actividad de construcción, el Gobierno continuará apoyando su transformación en vivienda protegida y vivienda para alquiler.
Rehabilitación
Con el fin de promover la política de rehabilitación, el Gobierno está llevando a cabo una reforma de la legislación de arrendamientos destinada a promover la reforma de edificios, fundamentalmente en temas de eficiencia energética y accesibilidad. Estas acciones se complementarán con una política de incentivos a la rehabilitación, incluida la urbana, mediante convenios con CCAA y Administraciones Locales.
Mejorar el funcionamiento de las instituciones del mercado de trabajo.
Mejorar los Servicios Públicos de Empleo y reforzar sus servicios die orientación profesional y de apoyo a la búsqueda de empleo che los servicios públicos de empleo.
Como consecuencia del elevado número de personas desempleadas, el Gobierno y los interlocutores sociales están de acuerdo en evaluar y en su caso reforzar los servicios de orientación profesional y de apoyo a la búsqueda de empleo de los servicios públicos de empleo.
Con esta finalidad el Gobierno haciendo uso de la habilitación legal, extenderá el programa de la contratación por las Comunidades Autónomas a los 1.500 orientadores a los años 2010 y 2011, que deberán tener una participación activa en las acciones de inserción de fas personas desempleadas que sean beneficiarios de la ampliación extraordinaria de la protección por desempleo.
Junto a ello, con la finalidad de que se pueden prestar más y mejores servicios a las personas desempleadas y a las empresas que quieran contratar trabajadores, se pondrá en funcionamiento antes de que finalice 2009 el nuevo Portal tecnológico de los Servicios Públicos de Empleo para:
Facilitar la utilización por las propias empresas y demandantes de empleo de los servicios de prestaciones, demanda, oferta y aprendizaje.
Ofrecer un punto de encuentro directo entre oferentes y demandantes de empleo favoreciendo la colocación.
> Hacer posible actuar globalmente en el Estado manteniendo la singularidad en la gestión en cada territorio.
Ampliar transitoriamente las ayudas que se conceden a los centros especiales de empleo para que puedan mantener los puestos de trabajo
La incidencia que está teniendo la crisis económica en la actividad económica y en el empleo está afectando también, de manera importante, a los centros especiales de empleo que dan ocupación a personas con discapacidad. Estos centros están teniendo cada vez más dificultades para mantener el empleo.
En estas circunstancias, y con el fin de que puedan mantener los puestos de trabajo, el Gobierno y los Interlocutores Sociales consideran necesario aumentar hasta finalizar 2010 la cuantía de las subvenciones del coste salarial que por los puestos ocupados por las personas con discapacidad se conceden a los centros especiales de empleo.
Medidas de control de los procesos de incapacidad temporal
El Sistema de Seguridad Social protege las situaciones de baja laboral por enfermedad común mediante el establecimiento del derecho de los trabajadores a la percepción de las correspondientes prestaciones económicas por incapacidad temporal. La evolución durante los últimos años de este tipo de bajas ha permitido detectar variaciones significativas que pueden ser debidos a distintas causas.
Para paliar esos efectos se ha constituido un grupo de trabajo con participación de la Seguridad Social y de los IISS. Con el objetivo de reducir las bajas laborales en los próximos dos años, el grupo de trabajo se compromete a acordar las siguientes materias:
Antes del 31 de diciembre de 2009, suscribir convenios para mejorar la comunicación INSS Mutuas, definiendo criterios de diagnósticos comunes, y mejorando los procedimientos telemáticos de intercambio de información.
Antes de marzo de 2010, se suscribirán convenios entre el INSS y las CCAA que cubrirán al 100% de los afiliados para garantizar un seguimiento de las enfermedades profesionales y comunes desde el primer día de baja.
En el plazo de 3 meses se establecerán acuerdos de colaboración con las empresas que garanticen, a través de pactos con la representación sindical, la disminución de los costes gracias a la mejora en las condiciones de trabajo y de los instrumentos de control.
Se suscribirán programas piloto de control de gasto para las empresas que, en relación con el sector de pertenencia, acrediten una tasa de absentismo superior a la media.
Prevención de riesgos laborales (redacción provisional)
La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, a partir del consenso alcanzado entre el Gobierno, los interlocutores sociales y las Comunidades Autónomas, persigue dos objetivos generales:
Conseguir una reducción constante y significativa de la siniestralidad laboral y el acercamiento a los valores medios de la Unión Europea, tanto en lo que se refiere a los accidentes de trabajo como a las enfermedades profesionales.
La mejora continua y progresiva de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
El Gobierno y los interlocutores sociales, acuerdan dar un impulso a la ejecución del 20 Plan de Acción de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo octubre 2008-junio 2010, dando prioridad a los siguientes asuntos:
Las actuaciones de asesoramiento público al empresario y de simplificación de las
cargas burocráticas derivadas de sus obligaciones preventivas.
Los trabajos para la mejora de la eficacia y la calidad del sistema de prevención.
La puesta en funcionamiento de un sistema de incentivos a las actuaciones positivas de las empresas en materia de prevención de riesgos laborales.
Las medidas para fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación de los empresarios y los trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo, mediante la aportación de recursos específicos, a través de la Fundación para Prevención de Riesgos Laborales, para su actuación tanto en el ámbito sectorial como territorial.
ACTUACIONES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOSTENIBLE
Consolidar un modelo de crecimiento económico renovado, basado en la innovación, el conocimiento, el desarrollo tecnológico y el valor añadido, base de una economía sostenible.
Contrarrestar las deficiencias y vulnerabilidades del modelo productivo imperante hasta el momento requiere trabajar en el desarrollo de un entorno económico sostenible a lo largo de tres dimensiones clave: i) sostenibilidad económica, basada en una apuesta decidida a favor del conocimiento y la innovación como fuente de prosperidad permanente, con el obejtivo de que la economía española pueda enfrentarse con éxito al fenómeno de la globalización, desde la base de una economía productiva y competitiva; ii) sostenibilidad social, basada en un marco socio-laboral que favorezca la empleabilidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social y; iii) sostenibilidad ambiental, basada en una actividad económica que haga un uso eficiente y respetuoso de los recursos naturales, capaz de enfrentarse con éxito a las amenazas planteadas por la elevada dependencia energética de la economía española y el cambio climático.
El Gobierno, en consecuencia, está firmemente decidido a liderar la acción política necesaria para reconducir la economía a este nuevo modelo de crecimiento. Para ello, desea contar con el concurso de todas las Administraciones Públicas e interlocutores sociales.
Así mismo el Gobierno está convencido de que el tránsito a ese nuevo modelo sólo se producirá con la contribución de la iniciativa privada y del espíritu emprendedor que nos comprometemos a impulsar en cuantas medidas normativas se adopten en los próximos meses.
Ámbitos de Diálogo Social Reforzado
El Gobierno, para plasmar y desarrollar un Diálogo Social Reforzado que permita asentar sólidamente el cambio hacia una economía sostenible, de conformidad con lo acordado con los IISS en la Declaración de 29 de julio de 2008, establecerá las mesas de diálogo específicas que considere necesarias y en todo caso las que se describen a continuación:
Política industrial, de servicios y sostenibilidad medioambiental
Políticas e inversiones en I+D+i
Políticas Sociales (dependencia y sanidad; educación)
El Gobierno se compromete a seguir un procedimiento de información y consulta a través de estos ámbitos de diálogo, de las políticas actuales así como el desarrollo
futuro de las mismas, con el objeto de lograr la máxima eficacia en el desarrollo de un nuevo modelo de crecimiento mediante las aportaciones y la implicación de los Interlocutores Sociales.
Instrumentos financieros para la economía sostenible.
El Gobierno, consciente de la necesidad de impulsar el desarrollo del nuevo modelo productivo mediante instrumentos y recursos financieros adecuados, se compromete a aplicar las siguientes medidas:
Fondo ICO de Financiación para la Economía Sostenible en el ámbito empresarial. Con el doble objetivo de paliar los efectos negativos de la actual crisis sobre la actividad y el empleo, y de impulsar la transición hacia una economía más sostenible, el Gobierno y los IISS consideran necesario facilitar el acceso a la financiación para la realización de actividades y proyectos empresariales que contribuyan de manera directa a esta transición.
Con este propósito, el Gobierno se compromete a poner en marcha un Fondo para la Economía Sostenible, que movilice hacia el sector privado 20.000 millones de euros (10.000 aportados a través de ICO y 10.000 aportados por instituciones financieras privadas) durante 2010. Además, con el objetivo de potenciar la eficacia de estos fondos, el Gobierno, a través del ICO, asumirá una parte del riesgo inherente a estas operaciones de financiación. Se trata, en definitiva, de una actuación destinada a resolver los posibles problemas en el acceso al crédito de iniciativas de inversión, que garanticen la sostenibilidad económica, social y medioambiental del crecimiento en el medio plazo.
Fondo de Inversión Local 2010. Sobre la experiencia del Fondo de Inversión Local 2009 para promover la creación de empleo, en 2010 se fomentará las obras de mejora de la productividad en el ámbito tecnológico, medioambiental y de desarrollo del sistema de atención a la dependencia: 5.000 M € en 2010 que se asignarán a empresas por parte de las entidades locales.
Colaboración público-privada para la inversión en sectores preferentes de la actividad económica.
Los planes del Gobierno en I+D+i, vivienda, infraestructuras medioambientales o desarrollo energético resultan claves para implantar una economía más sostenible y supone nuevas oportunidades de empleo cuya posibilidad no conviene demorar. En este contexto el Gobierno se compromete a articular fórmulas de colaboración público-privada para la aportación de recursos a estas actividades que, garantizando la titularidad pública de los bienes y servicios, permita acelerar el cambio de modelo.
Implicación de la política fiscal en materia de vivienda para la consolidación de la economía sostenible.
El Gobierno y los interlocutores sociales son conscientes de que los instrumentos fiscales son herramientas útiles para corregir efectos externos y, consideran, por lo tanto, que su adecuado diseño favorece la sostenibilidad del crecimiento económico. Por ello, para contribuir desde el ámbito fiscal a crear las condiciones para un desarrollo más equilibrado del sector inmobiliario, el Gobierno iniciará las siguientes actuaciones:
Con objeto de contribuir al desarrollo estable del sector con criterios de eficiencia económica y equidad social, modificar la deducción por inversión en vivienda habitual, para las viviendas adquiridas con posterioridad a 1 de enero de 2011
Con objeto de reequilibrar los incentivos fiscales para las decisiones de alquiler o compra de vivienda y continuar fomentando la puesta en el mercado de vivienda en alquiler:
Mejorar la deducción por alquiler, equiparándola a la deducción por compra. Los umbrales para aplicar en el IRPF la deducción por alquiler de vivienda serán los mismos que para la deducción por adquisición.
Mejorar los incentivos fiscales para el arrendador.
Acelerar el desarrollo de las reformas educativas y de Formación Profesional.
PACTO POR LA EDUCACIÓN
El Gobierno y los interlocutores sociales reafirman su convicción de que el Diálogo Social debe contribuir, en el ámbito de la formación e inversión en capital humano a potenciar la formación dentro y fuera del empleo y a mejorar los niveles de cualificación. Esto es, si cabe, más relevante en estos momentos donde la creación de empleo se debe orientar a actividades más acordes con el entorno económico.
En este sentido y consciente de la necesidad de mejora de nuestro sistema educativo, el Gobierno convocará a partidos políticos, agentes sociales y económicos, Comunidades Autónomas, y otros colectivos, para lograr un Pacto Social y Político por la educación en torno a siete grandes ámbitos de actuación:
La reducción del abandono y del fracaso en todos los ciclos formativos.
La educación infantil
La nueva Formación Profesional
La modernización tecnológica de la educación o la integración en el Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia) y la modernización de la Universidad con visión de futuro
La dimensión social de la educación
El diálogo y los cauces de participación con los estudiantes
En este marco se adoptan las siguientes medidas concretas para la reforma de la Formación Profesional a desarrollar de manera concertada a nivel estatal con Interlocutores Sociales y Comunidades Autónomas.
Extensión de la Oferta Integrada de Formación Profesional:
El Gobierno, con la participación de los IISS, y la colaboración de las CCAA, promoverá en el plazo de 3 meses un acuerdo conjunto de la Conferencia Sectorial de Educación y la Conferencia Sectorial de Empleo, para que en 2010 haya un mínimo de 1000 centros que realicen una oferta integrada de Formación Profesional dirigida tanto a los jóvenes en edad escolar como a la población trabajadora .El objetivo es obtener el mayor aprovechamiento de la red existente de centros de FP, de forma que imparta tanto formación reglada como formación para el empleo de los trabajadores y en ella participen los IISS.
Plan de Despliegue de Centros de Referencia Nacional:
El Gobierno se compromete a completar a lo largo de 2010 la Red de Centros de Referencia Nacional en el ámbito de la formación profesional para que abarque a todas las Comunidades Autónomas y a la totalidad de las 26 Familias Profesionales. Con este objetivo, ya durante 2009 se constituirán al menos 28 de estos centros. En esta decisión participarán los IISS.
Puesta en marcha del sistema de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laborail mediante experiencia o vías no formales de formación:
Una vez aprobado el correspondiente Real Decreto, el Gobierno se compromete a presentar a los IISS un borrador del Plan de implementación en los próximos 3 meses.. En la puesta en marcha del sistema se dará prioridad a la cualificación y competencias relacionadas con actividades de los sectores emergentes de la nueva economía, así como en facilitar la acreditación de los colectivos sin titulación actualmente desempleados.
Puesta en marcha de una Plataforma Virtual para realizar a distancia los módulos formativos conducentes a la obtención tanto de títulos como de certificados de profesionalidad:
El Gobierno presentará a los IISS antes de 2010 un plan de despliegue de la oferta formativa de la Plataforma Virtual donde se prioricen los conocimientos necesarios para el nuevo modelo de crecimiento. Dicho plan contemplará que los módulos formativos correspondientes a educación infantil y cuidados a dependientes, junto con los correspondientes a otros 33 ciclos formativos, estarán disponibles a partir del curso 2009-2010.
Vinculaciión de la Formación Profesional con el empleo y la Universidad:
El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y los interlocutores sociales, elaborará en el primer trimestre de 2010 un modelo para la mejor conexión de la formación profesional con los sectores económicos, sociales, productivos y tecnológicos. Este modelo avanzará hacia la creación de polos de conocimiento que faciliten el desarrollo territorial, regional y local, con participación de sectores empresariales y de formación, y que permitan el mejor tránsito del estudio al empleo y la transferencia de conocimiento a la sociedad. Para facilitar ese tránsito, el Gobierno elaborará un real decreto para el reconocimiento recíproco de los estudios de Formación Profesional de Grado Superior y los universitarios
Pacto por la Sanidad (por completar)
Adaptar el funcionamiento del mercado de trabajo y sus instituciones a los requerimientos del nuevo modelo de crecimiento y de una economía sostenible.
Reforzar el contenido social de los procesos de regulación da empleo y facilitar la recolocación.
El Gobierno y los interlocutores sociales están de acuerdo en que para evitar o reducir los despidos colectivos que tienen su origen en un expediente de regulación de empleo se debería recurrir, en primer termino, para garantizar la continuidad o viabilidad de la empresa, a medidas de flexibilidad interna, y en caso de que no se puedan evitar los despidos se deberían aplicar preferentemente medidas de recolocación de los trabajadores despedidos.
En este sentido, consideran que se deben realizar los cambios normativos necesarios para reforzar el contenido del plan social en la indicada dirección y regular las empresas que intervienen en estos procesos de recolocación.
Por otra parte, los interlocutores sociales se comprometen a elaborar una guía de buenas prácticas para la aplicación de lo indicado anteriormente
Transposición de la Directiva de Empresas de Trabajo Temporal.
El 19 de noviembre de 2008 ha sido aprobada la Directiva 2008/104/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal.
Esta Directiva debe ser objeto de transposición al ordenamiento jurídico español antes del 5 de diciembre de 2011, lo que hará necesario considerar tres cuestiones:
El ámbito de aplicación de las disposiciones de la Directiva en relación con la legislación española.
La revisión de las restricciones o prohibiciones establecidas al recurso a la cesión temporal de trabajadores a través de las empresas de trabajo temporal a fin de comprobar si siguen estando justificadas por las razones que se indican en la Directiva.
Las condiciones de trabajo y de empleo de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, lo que incluye el principio de igualdad de trato, el acceso al empleo, las instalaciones y la formación profesional, la representación de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal y la información a los representantes de los trabajadores.
El Gobierno presentará a los interlocutores sociales en el plazo de cuatro meses, para su negociación en el marco del diálogo social, una propuesta para la transposición de la indicada Directiva en la que se contemplarán las cuestiones señaladas anteriormente.
Por otra parte, el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos se comprometen a velar de forma conjunta por el estricto cumplimiento de la normativa laboral, tanto en el ámbito de la cesión de trabajadores, como en el de la de subcontratación de servicios.
En este sentido, analizarán las repercusiones que tiene en el mercado de trabajo la actuación de las "falsas" empresas de servicios, que se limitan a la contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otras empresas, actividad reservada legalmente y en exclusiva a las empresas de trabajo temporal.
En función del indicado análisis, el Gobierno presentará propuestas, normativas o de otra índole, para evitar estas prácticas ilegales y fraudulentas.
Revisar el funcionamiento de determinados aspectos laborales de la Ley Concursal
La actual crisis económica ha puesto de relieve la necesidad de analizar el funcionamiento y la operativa que ha establecido la Ley Concursal tanto para las empresas que tienen que hacer frente a sus acreedores como para sus trabajadores. La reforma urgente llevada a cabo por el Gobierno ha dado una respuesta a los aspectos más inmediatos mediante el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo.
El Gobierno junto con los IISS mantendrán durante los próximos 6 meses una supervisión conjunta del funcionamiento de la Ley en los aspectos que afectan a empresas y trabajadores.
Compromiso de Dos interlocutores sociales de reformar la negociación colectiva para adaptarla a los nuevos retos del mercado de trabajo y su traslado al ANC 2009/2010. (Pendiente de completar de forma bilateral objetivos y plazo)
Evaluar, con una perspectiva de medio plazo, los resultados obtenidos por las medidas adoptadas desde el año 2006 para mejorar la estabilidad y el fomento dei empleo.
Una vez finalizado el proceso de revisión de la Negociación Colectiva, el Gobierno junto con los IISS hará una valoración de los resultados obtenidos por las medidas adoptadas desde 2006, tanto en la política de fomento del empleo como en el modelo de relaciones laborales actuales.
Implicación de la Seguridad Social en la consolidación de nuevo modelo de crecimiento y de la economía sostenible.
Renovación del Pacto de Toledo (Por completar)
Separación de fuentes en el marco del Pacto de Toledo.
Con el propósito de cumplir plenamente con las recomendaciones del Pacto de Toledo, así como con los anteriores acuerdos de Diálogo Social en materia de Seguridad Social, el Gobierno se compromete a elaborar un calendario en el que materialice el cumplimiento del objetivo de separación de fuentes en cuanto a la financiación de los complementos de mínimos de las pensiones con cargo a las dotaciones presupuestarias correspondientes
Refuerzo de la mejora y la sostenibilidad de la Seguridad Social
El capítulo quinto del Acuerdo sobre Medidas en materia de Seguridad Social, de 13 de julio de 2006, estableció las reformas a acometer en la estructura del Sistema de Seguridad Social. En ese marco, Gobierno e IISS acuerdan dar un impulso definitivo que permita culminar la realización de los compromisos relativos a las materias referidas al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, por cuenta ajena
IMPLICACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL DESARROLLO DE ESTE ACUERDO
El Gobierno y los interlocutores sociales son conscientes de que buena parte de las medidas comprometidas en este Acuerdo se refieren a materias en las que existen competencias constitucional y estatutariamente reconocidas a las Comunidades Autónomas, y en tal sentido consideran que es imprescindible la implicación de las mismas para la consecución de los objetivos que se persiguen con este Acuerdo. Por ello, siguiendo prácticas ya desarrolladas en el ámbito del diálogo social, trasladarán a las Comunidades Autónomas su voluntad de que se impliquen en la implementación y desarrollo de este Acuerdo.
Por su parte el Gobierno se compromete a reforzar la colaboración con las Comunidades Autónomas, dentro de las instituciones de cooperación actualmente existentes, para llevar a la práctica las medidas contempladas en este Acuerdo, respetando plenamente la distribución de competencias entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas y el principio de lealtad institucional.
Para la adecuada efectividad de lo señalado en el párrafo anterior, se convocará una Conferencia de Presidentes, en la que el Presidente del Gobierno presentará a los Presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla los contenidos del presente Acuerdo, para reforzar la implicación activa de todas las Administraciones Públicas en la recuperación de la actividad económica y del empleo, la mejora de la protección social y la promoción de una economía sostenible.
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ACUERDO PARA IMPULSAR LA RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y DEL EMPLEO, MEJORAR LA PROTECCÓN SOCIAL Y PROMOVER UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE | 15-07-2009 - 19:33:50 GMT 1 #
Estrategia sindical volver a firmar
Es un profundo error de estrategia sindical volver a firmar..., cuando el salario medio real de los trabajadores españoles ha bajado un 4% en los últimos diez años, mientras que los beneficios empresariales han crecido un 73% entre 1999 y 2008, además, hay millones de jóvenes precarios y personas que están en la pobreza con 420 € (prejubilados a los 52 años) con familia de 4 mienbros y millones de pensionistas, jubilados y subsidiados que tienen unas prestaciones muy alejadas de la media de la Unión Europea.
Claro que con 200.000 liberados sindicales, más Mendez y Txoxo, cobrando del IRPF (nominas), Presupuestos Generales del Estado, ¡que podemos esperar!
¡La crisis la pagaremos los trabajadores, seguro!
Ya lo decia mi mama: ¡¡Papeles para todos..., Trabajo pa ninguno...!!
Jose 420 €
Jose 420 € | 15-07-2009 - 21:00:31 GMT 1 #
Se me olvidaba. Los banqueros y empresarios harán ¿cursillos de formación?, por que ellos NO y nosotros SI...
Jose 420 €
Jose 420 € | 15-07-2009 - 21:03:56 GMT 1 #
Mesa Diálogo Social próxima reunión para el día 20 de julio :
La patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT se reunirán de nuevo con el Gobierno el próximo 20 de julio en la mesa del Diálogo Social, después de que el pasado lunes el Ejecutivo entregase un nuevo documento de trabajo en el que ha desaparecido la rebaja de medio punto de las cotizaciones sociales.
Tal y como se acordó en la última reunión del Grupo de Trabajo del Diálogo Social, el Gobierno está manteniendo reuniones bilaterales con los Interlocutores Sociales con el objetivo de llegar a un acuerdo en fechas inmediatas.
El Ministerio de Trabajo e Inmigración informa de que "en este contexto y con la voluntad de avanzar lo más posible en la delimitación de los asuntos objeto del acuerdo", a petición de la CEOE, el Gobierno ha decidido posponer la reunión del Grupo de Trabajo del Diálogo Social que tenía previsto celebrar hoy, jueves, hasta el próximo 20 de julio.
Los empresarios de la crisis capitalista CEOE, han anunciado que serán "flexibles, flexiblemente flexibles" en sus reclamaciones a los trabajadores y que podrían aceptar una rebaja ó “remate final” de dos puntos (frente a los cinco que pedían), pero siempre que el acuerdo incluya otras materias que mejoren la competitividad de sus empresas privadas.
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Mesa Diálogo Social próxima reunión para el día 20 de julio | 16-07-2009 - 01:14:48 GMT 1 #
¿Cuando comenzará la recuperación? - Nunca, por Robert Reich
Los así llamados “brotes verdes” de la recuperación se están marchitando con el abrasador sol de verano, y todos los debates sobre cuándo y cómo la situación comenzará a recuperse están formulados incorrectamente. Por un lado están los partidarios de la recesión en "V", que analizan las recesiones pasadas y concluyen que mientras más rápido se desmorone una economía, más rápido se reactivará. Y debido a que esta economía cayó en picada a finales del otoño pasado, esperan que vuelva a la vida el próximo año. De ahí surge la forma de "V”.
Desafortunadamente, los partidarios de la recesión en "V" están viendo en retrospectiva las recesiones incorrectas. Si nos focalizamos en aquéllas que comenzaron con el estallido de una burbuja especulativa, observamos recuperaciones lentas. Eso se debe a que los valores activos bajan tanto que los inversionistas sólo vuelven a confiar gradualmente.
Es aquí que llegan los más sobrios partidarios de la recesión en "U", que predicen una recuperación más gradual a medida que los inversionistas regresan lentamente al mercado.
En lo personal, no estoy de acuerdo con ninguna de las dos opciones. En una recesión tan profunda como la actual, la recuperación no depende de los inversionistas sino de los consumidores que, en definitiva, representan el 70 por ciento de la economía de Estados Unidos. Y esta vez los consumidores recibieron une golpe extremadamente fuerte. Mientras no comiencen a gastar dinero de nuevo, podemos olvidarnos de que la economñia se recupere, ya sea en "V" o en "U".
El problema es que los consumidores no comenzarán a gastar hasta que tengan dinero en los bolsillos y se sientan razonablemente seguros. Pero ahora no tienen dinero, y es difícil ver de dónde lo obtendrán. No pueden pedir préstamos. Sus hogares valen una fracción de lo que solían valer, así que despidámonos de los préstamos equitables y de los refinanciamientos para el patrimonio inmobiliario. Uno de cada diez propietarios entán hundidos (su deuda supera el valor de sus casas). El desempleo continúa en aumento, y las horas de trabajo siguen disminuyendo. Aquéllos que pueden, ahorran. Y los que no pueden, se aferran a cada centavo, lo cual es necesario.
Eventualmente, los consumidores sustituirán sus autos, sus electrodomésticos y otros objetos que se deterioren, pero una recuperación no puede basarse en repuestos. No podemos esperar que las empresas inviertan mucho más si no saben de muchos consumidores ansiosos ante la idea de adquirir muchos objetos nuevos. Y no confiemos en las exportaciones. La economía global se está contrayendo.
¿Cuál es mi predicción, entonces? Que no será una recesión en "V" ni una en "U", sino más bien una en "X". Esta economía no puede reencaminarse, ya que el camino que hemos estado siguiendo durante años (ofreciendo salarios bajos o medios en disminución constante, aumentando la deuda del consumidor y haciendo incrementar el sentimiento de inseguridad, sin mencionar el aumento de carbono en la atmósfera) simplemente no se puede sostener.
La "X" marca un nuevo camino, una nueva economía. ¿Qué aspecto tendrá? Nadie lo sabe. Todo lo que sabemos es que la economía actual no puede “recuperarse” porque no es posible que regrese a lo que era antes de la crisis. Entonces, en lugar de preguntar cuándo comenzará a recuperarse, deberíamos preguntarnos cuándo y cómo comenzará la nueva economía.
Robert Reich es profesor de políticas públicas en la Escuela Richard y Rhonda Goldman de Políticas Públicas en la Universidad de California, Berkeley. Fue Secretario del Trabajo durante la administración de Clinton. Su ultimo libro, Supercapitalism
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¿Cuando comenzará la recuperación? - Nunca | 16-07-2009 - 01:16:05 GMT 1 #
De capitanes y barcos
Miguel Riera
Cuando jovencito, me impresionaban los relatos de naufragios en los que el capitán, salvados pasajeros y tripulación, se hundía con su barco. Recuerdo uno, aunque no a su autor, en el que el barbado capitán, en un gesto supuestamente heroico, se hacía atar las muñecas a la rueda del timón para evitar la tentación de huir o impedir que un golpe de mar lo arrebatara del puente y lo abismara en las gélidas y oscuras aguas del océano antes de que su venerable cascajo se precipitara dignamente al fondo.
Esas imágenes me vienen ahora con frecuencia a la mente, sólo que el lugar de los curtidos marineros lo ocupan nuestros políticos de hoy, y lo que se hunde no son sus navíos, sino su país.
Tomemos, por ejemplo, el caso del gobierno de España y de su capitán, José Luis Rodríguez Zapatero. Ahí está, sobre el puente, manejando una nave que hace aguas, mandando clavar tablas, poner parches y remedios, intentando cerrar las vías de agua que se abren por doquier, escuchando a los que le han estado rodeando en sus últimas travesías y que no parecen ponerse de acuerdo en lo que hay que hacer para escapar a la tormenta. Le aterra dar un golpe de timón, hacer lo contrario de lo que ha estado haciendo hasta ahora. Escucha y trata de contentar a todos con sus decisiones. Ahora iza la mayor, ahora la destensa. Grita tierra hoy, y mañana descubre que era un espejismo sobre el mar. Sabe que lo que proponen los que querrían estar en su lugar acabaría por echar el barco a pique, pero en vez de tomar un rumbo radicalmente distinto se inclina por buscar uno intermedio, esperando que amaine el tiempo y se duerma el mar. Casi todas las voces le piden que gire a estribor –las pocas que chillan a babor casi no se oyen– y sabe que no debe hacerlo, pero aún así tuerce un poco el rumbo. Pretende llegar a puerto aunque el lastre es mucho y la travesía larga. Absurdamente, confía en la suerte. Tiene a su favor que el capitán que podría reemplazarlo, con seguridad iba a someter a pasajeros y tripulantes a sacrificios aún mayores en beneficio de los armadores. Pero los vientos soplan con fuerza en contra, y todo hace presagiar el naufragio.
Más patética todavía es la imagen que desprende el tripartito catalán, cuyo presidente, vicepresidente y otros miembros del gobierno vociferan mientras se hunden culpando a otros de la magnitud de la tormenta. Señalan con firmeza al que creen enemigo, y que siempre está afuera, en otros barcos. El enemigo son los demás, parecen pensar. Por no mirar, ni siquiera comprueban sus bodegas, en las que el agua está penetrando a chorro. La culpa es de los otros, y eso les exime de hacer nada. El presidente Montilla busca el paraguas del dinero, y asiente ante las pretensiones de quienes lo tienen. Como él no se ve capaz de marcar un rumbo distinto –quiéralo o no, es parte de una flota, y no puede alejarse demasiado de la formación– le pide al almirante que lo haga, reprochándole además que no atienda sus peticiones. Bajo la bandera de su nación enarbola la neoliberal, aunque otrora, cuando grumete, izara una roja. Capitán impertérrito, deja hundir la proa en las olas y comprueba impávido cómo el mar barre la cubierta.
A algún miembro de su gobierno tal vez le gustaría virar algo a babor, aunque sólo fuera un par de grados. Pero calla y resiste. Resistir es vencer, decía Cela. Olvida que no hay victoria bajo el agua. No son, eso es evidente, capitanes intrépidos. Ni disponen de tripulaciones aguerridas. Sus cartas de navegación no sirven. Las flotas amigas, extranjeras, se hallan lejos y sufren sus propias tempestades. Quizás por eso los capitanes han decidido atar sus muñecas a la rueda del timón y esperar pacientemente a que Neptuno aparezca y los conduzca, sobre sus caballos blancos, entre algas y corales, a las blancas arenas del olvido.
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De capitanes y barcos | 16-07-2009 - 09:23:22 GMT 1 #
El Manifiesto Comunista
Arnold Ruge a Julius Fröbel
Las masas, todavía atontadas por el terrible golpe de la derrota, desarticuladas por la represión, privadas de sus núcleos de actividad, caen en un estado de postración y de desesperación que les impide, momentáneamente, pensar lo más mínimo. O, si reaccionan, lo hacen de forma confusa. La verdad que mañana les permitirá reanudar la lucha -y reanudarla desde un punto de partida mucho más avanzado que el anterior-, por el momento, la detentan únicamente unos cuantos individuos. Pero dicha verdad se inscribirá en textos impresos, que leerá la generación siguiente. Así, la clase oprimida y, tras ella, la sociedad en su totalidad, seguirá su avance, a pesar de la derrota o, mejor, gracias a las lecciones de la derrota.
La naturaleza ha dado a todo hombre un derecho igual a disfrutar de todos los bienes.
El objeto de la sociedad es la defensa de esta igualdad, a menudo atacada por el fuerte, y, mediante la cooperación de todos, incrementar los medios de disfrute comunes.
La naturaleza le impone a todos la obligación de trabajar, nadie puede evadirla sin cometer un crimen.
El trabajo y el goce deben ser comunes a todos.
Existe la opresión cuando un hombre, después de cansarse trabajando, no obtiene nada mientras otros nadan en la abundancia sin haber hecho nada.
Nadie, sin cometer un crimen, puede apropiarse para sí los resultados de la tierra y la industria.
En una sociedad verdadera no debe haber ni ricos ni pobres.
El rico que es incapaz de renunciar a sus excedentes a favor de los indigentes, es enemigo del pueblo.
Nadie debe ser capaz, mediante la acumulación de los medios necesarios para la vida, de privar a nadie de la educación esencial para su bienestar, educación que debe ser común.
El objetivo de la Revolución Comunista es destruir toda desigualdad y establecer el bienestar de todos.
Marx, Karl El Manifiesto Comunista
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El Manifiesto Comunista | 16-07-2009 - 09:35:40 GMT 1 #
Notese Errata
>Directiva 2008/104/CE del Parlamento europeo y del Consejo que debe realizarse "antes del 5 de diciembre de 2001"
Debe decir: "antes del 5 de diciembre de 2011"
Notese Errata | 16-07-2009 - 21:41:23 GMT 1 #
Diálogo social
Juan Francisco Martín Seco
En todas las concertaciones sociales, que ya han sido muchas, me he hecho la misma pregunta: ¿qué aportan los empresarios? Las organizaciones sindicales suelen consentir recortes en los derechos de los trabajadores, de manera que estos se han venido reduciendo de forma continuada. Flexibilizar el mercado laboral, lo llaman. El Estado acaba poniendo sobre la mesa dinero, recursos públicos que son de todos los ciudadanos, pero la CEOE con lo único que colabora es con su firma y con salir en la foto.
En la actual negociación está ocurriendo algo similar. Los representantes de las empresas no dejan de hacer reivindicaciones maximalistas, pero no se ve muy bien qué están dispuestos a ceder. Dirán que van a crear empleo, pero esto, en todo caso, lo harán las empresas y únicamente si les conviene y, por supuesto, al margen y de forma independiente de si la patronal ha firmado o no.
Aumentar la cobertura del seguro de desempleo no es algo que concedan ni la CEOE ni los empresarios, sino el Gobierno, es decir, todos los españoles, a través de los presupuestos del Estado y no se entiende muy bien por qué hay que esperar al diálogo social para tomar esta decisión que, aparte de ser de estricta justicia social, es una de las medidas que puede resultar más eficaz contra la recesión.
Los empresarios aprovechan la crisis para plantear las exigencias más retrógradas. Proponen el contrato laboral del siglo XXI, aunque se parece más al del siglo XIX. Se habla de abaratar el despido, pero no es cierto; lo que se pretende abaratar es el despido improcedente. Nadie dice que sea caro el procedente, bien sea por motivos disciplinarios –cero indemnización–, bien sea por causas económicas, tecnológicas o de cualquier otro tipo. Los empresarios aspiran a igualar el improcedente con el procedente o, lo que es lo mismo, a dictaminar ellos, en lugar de un juez, sobre su procedencia. Existen, sí, muchos contratos temporales, tantos como a lo largo del tiempo han reclamado las empresas y los distintos gobiernos han venido concediendo. Por cierto, si muchos de ellos se introdujeron en la legislación laboral sin aquiescencia de los sindicatos –recuérdense las distintas huelgas generales–, no se ve por qué ahora no se puede hacer lo contrario aun cuando la CEOE no esté de acuerdo.
Más recochineo tiene la otra petición, la de bajar cinco puntos las cotizaciones sociales, teniendo en cuenta que hace pocos días reclamaban una reforma del sistema público de pensiones basándose en su inviabilidad. Así, bajando cotizaciones y los impuestos, no hay duda de que es inviable. Sustituir cotizaciones por IVA implica trasladar la carga impositiva de las empresas a los consumidores.
Pretender ganar competitividad reduciendo los costes, tanto si son salariales o sociales, nos introduce en un camino sin salida. En primer lugar, porque nadie asegura que la reducción de costes se traslade a los precios y no a incrementos del excedente empresarial. En segundo lugar, porque siempre habrá países con costes más bajos y, en todo caso, todos reaccionarán disminuyéndolos, de manera que se producirá una carrera al infinito.
Juan Francisco Martín Seco. Economista.
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Diálogo social | 17-07-2009 - 08:23:34 GMT 1 #
La CEOE rechaza la oferta del Gobierno y descarta fijar plazos, por P. ALLENDESALAZAR :
El acuerdo en el diálogo social vuelve a alejarse. La CEOE enfrió ayer las posibilidades de llegar a un pacto con el Gobierno y los sindicatos antes de agosto. El presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, comunicó a su junta directiva que en estos momentos no cuenta con una propuesta «concreta y adecuada» para someterla a su consideración. Y se comprometió a «seguir negociando más allá de plazos».
En otras palabras, la organización no considera que el último documento que propuso el Gobierno el pasado lunes satisfaga sus aspiraciones de forma suficiente como para llegar a un acuerdo. Además, advierte al Ejecutivo de que no se dejará llevar por las presiones y de que está dispuesta a prolongar la negociación más allá de julio.
No actuará con urgencia porque su objetivo, explicó en un comunicado, es alcanzar un «acuerdo de calado», que recoja las «medidas estructurales que necesita nuestro sistema económico» y que sea un «instrumento eficaz para superar la crisis».
HORIZONTE TEMPORAL / Pese al jarro de agua fría que vertió la patronal, el Gobierno reiteró que su previsión es cerrar un acuerdo en las próximas dos semanas. Así lo afirmó el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, quien además confirmó que las principales medidas que saldrán del pacto solo tendrán vigencia durante un periodo de tiempo. «A partir del 2011 habrá un antes y un después de la crisis», y por lo tanto se debe trabajar «en un horizonte muy temporal», argumentó. Se refería así tanto a la rebaja de las cotizaciones sociales que estudia el diálogo social como a la prestación de 420 euros al mes que ha propuesto el Gobierno para los parados sin ingresos.
Corbacho recordó que el Ejecutivo ha propuesto una rebaja de medio punto y que la ayuda dure seis meses. Pero dejó la puerta abierta a mejorar ambos aspectos (se estudia hasta dos puntos y un año), siempre que no se ponga en riesgo la sostenibilidad de la Seguridad Social y que se ligue la ayuda a la formación.
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, le respondió que la prestación para los parados debe ser definitiva, pero apoyó que la rebaja de las cotizaciones sea temporal. La mesa de negociación se vuelve a reunir hoy jueves.
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La CEOE rechaza la oferta del Gobierno y descarta fijar plazos | 18-07-2009 - 08:43:32 GMT 1 #
¿Será España un país 'flexiseguro'? , por Beatriz Elías, Madrid :
La Unión Europea aboga por la implantación de políticas de 'flexiseguridad' que modernicen los mercados de trabajo de los Veintisiete. En España todavía no se han desarrollado estas medidas, que los expertos consideran positivas tanto para solucionar los males del mercado de trabajo como para construir un país más competitivo. Sin embargo, algunos agentes sociales las miran con recelo.
Recolocaciones inmediatas, formación en el puesto de trabajo, seguimiento laboral y altas prestaciones por desempleo son medidas que forman parte de la política europea de flexiseguridad. Es un concepto utilizado en los mercados laborales más flexibles de varios países de la Unión Europea, pero que en España todavía no se ha desarrollado. Los expertos valoran la flexiseguridad de forma positiva y consideran que servirá para modernizar el mercado de trabajo español, pero tras este plan aparece la sombra de un despido más barato, lo que suscita las críticas de diversos sectores, entre ellos los sindicatos.
El elevado crecimiento del desempleo en los Veintisiete, motivado por la crisis económica, especialmente en España, donde la tasa de paro ya duplica a la de la media europea, ha puesto sobre la mesa la necesidad de realizar reformas laborales. En este sentido, la Unión Europea ha instado a los países miembros a que tiendan hacia el modelo de flexiseguridad. Un término que nació en Holanda en la década de 1990, que tiene su paradigma de aplicación y de éxito en Dinamarca, y que es una de las estrategias fijadas por la Agenda de Lisboa para 2010. En España ha cosechado tanto defensores como detractores, y más cuando esta semana el Gobierno, sindicatos y patronal se han reunido para llegar a un acuerdo en el diálogo social.
La flexiseguridad "es un concepto moderno y equilibrado de relaciones laborales, que busca una mayor eficacia en la adaptación de oferta y demanda de empleo para dar respuesta a las nuevas necesidades de flexibilidad y seguridad de empleados y empleadores, con una gran novedad: la idea de compromiso entre ambas partes", explica Francisco Aranda, presidente de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett). Por un lado, dota de capacidad a las empresas para adaptar su mano de obra a las condiciones económicas cambiantes y, por otro, "ofrece seguridad al empleado mediante un sistema muy potente de formación y de prestaciones por desempleo para favorecer el tránsito entre puestos de trabajo y de sectores. Se trata de que el trabajador esté ocupado durante toda su vida activa", expone Esther Sánchez, profesora de Derecho de Esade. O dicho de otro modo: la empresa posee más facilidad para contratar y despedir trabajadores, a la vez que éstos reciben formación adecuada que aumenta su empleabilidad para que, en el caso de perder su empleo, su estancia en el paro sea lo más corta posible, y durante ese periodo reciban más formación y unas altas prestaciones.
Sin embargo Toni Ferrer, secretario de acción sindical de UGT, argumenta que “la facilidad para encontrar un nuevo trabajo y la obtención de una prestación por desempleo adecuada no significa seguridad en el propio puesto”. Para Ana Santana, adjunta a la secretaría de empleo de Comisiones Obreras (CCOO), "la seguridad combinada con flexibilidad no será tal si no se generan puestos de trabajo o si los nuevos empleos no se asemejan cualitativamente con los que desaparecen".
Ante esto España, que cuenta con 3.564.889 desempleados según el Ministerio de Trabajo e Inmigración, se encuentra ahora en la tesitura de cambiar su modelo económico y modernizar el mercado de trabajo, en línea con lo marcado desde la Unión Europea. A la cabeza en la aplicación de estas políticas se encuentran los países nórdicos. “Actualmente, Reino Unido, Francia y Holanda lideran la batalla por la flexibilización”, expone Javier Ayuso, director general de Start People.
Sin embargo, "lo que se busca es que los Veintisiete hablen el mismo idioma laboral, siendo conscientes de que las recetas no pueden ser generalistas", apunta Aranda, de Agett. En este sentido, Salvador del Rey, socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, apunta que "el modelo de flexiseguridad de los países nórdicos es muy concreto y no es exportable, aunque haya servido de inspiración a otros". Además, Del Rey recuerda que "la Unión Europea ha definido un marco de actuación dentro del que existen diferentes itinerarios y España tiene que encontrar y seguir el suyo".
Encontrar el camino
Obviamente, no existen recetas mágicas, pero parece que ha llegado la hora de poner soluciones. "Nos jugamos el mantenernos en el furgón de cola de la Unión Europea. Con la tasa de paro y la baja cualificación existente en España, hay que adoptar medidas ya", advierte Sánchez, de Esade. Porque para los expertos, España está lejos de la flexiseguridad: "Somos el paradigma de la antiflexiseguridad y nuestra asignatura pendiente son las políticas activas de empleo: recolocación, formación y promoción del autónomo, entre otras", afirma Del Rey. De la misma opinión es Gayle Allard, vicerrectora de IE University y experta en mercado laboral, que considera que "los tres pilares sobre los que se asientan estas políticas -formación, flexibilidad y seguridad para el empleado- son muy deficientes en España".
De este modo, una vez identificados los problemas, falta ponerse manos a la obra. "Para que se pueda implantar la flexiseguridad, primero se necesita situar como elemento principal la calidad de los empleos y mejorar los sistemas de protección social, invertir en políticas activas del mercado de trabajo y promover la formación permanente de empleados", expone Ayuso.
Según Beatriz Cordero, directora de relaciones laborales de Randstad, "hace falta una labor de concienciación por parte de todos los agentes sociales para mejorar esta tarea. Es necesario fomentar la profesionalización y hacer un seguimiento de los parados de larga duración ofreciendo programas formativos orientados al puesto que se desea cubrir".
Además, Aranda identifica un punto a favor: "El diálogo social es la herramienta básica para implantar y construir nuestro propio modelo de flexiseguridad y adaptarlo a nuestro contexto sociolaboral".
En este sentido, Del Rey explica que "a pesar de que el diálogo social discurre con retraso, existen muchos puntos de encuentro, como el impulso a la recolocación, la dotación de flexibilidad interna en las empresas y la reducción de la segmentación del mercado laboral. Hay que dar un voto de confianza a los interlocutores sociales, porque las áreas de encuentro se están explorando".
De este modo, España puede llegar a ser un país flexiseguro, aunque Ferrer, de UGT, advierte de que "una mal entendida estrategia de flexiseguridad o una mala combinación de flexibilidad y seguridad podría ocasionar un coste social desproporcionado".
¿Será España un país flexiseguro? | 18-07-2009 - 09:03:25 GMT 1 #
25/01/2008 GMT 1
Flexiseguridad: Francia, La modernización del mercado laboral. Acuerdo de los interlocutores sociales. Secretaría de Acción Sindical Internacional de CCOO, Nota Informativa
lejarza @ 19:01
Confederación Sindical de CCOO, Secretaría de Acción Sindical Internacional. Flexiseguridad: Francia, La modernización del mercado laboral. Acuerdo de los interlocutores sociales. Secretaría de Acción Sindical Internacional de CCOO, NOTA INFORMATIVA 22/01/08 . “Acuerdo sobre la modernización del mercado laboral en Francia.” Att. Secretarios/as Generales y Responsables de Internacional de las Organizaciones Confederadas. CEC. Red FPS: El viernes 11 de enero de 2008, tras cuatro meses de negociaciones, especialmente intensas en los últimos días, las organizaciones sindicales y empresariales francesas alcanzaron un proyecto de acuerdo sobre “la modernización del mercado laboral”. Este proyecto de acuerdo -que consta de 16 artículos- pretende sentar las bases de una llamada “flexiseguridad a la francesa”: más flexibilidad para las empresas en cuanto a contratación y despido, más seguridad sobre ciertos derechos para los trabajadores.
Para ser válido el texto debería ser suscrito como mínimo por tres organizaciones sindicales representativas, tras el proceso de debate y aprobación en el seno de las mismas. La CGT tomará la decisión el 29 de enero, en su Consejo Confederal. Aún valorando que el principio de acuerdo contiene algunos elementos positivos, la delegación negociadora de la CGT (Confédération Générale du Travail) anunció que no era partidaria de ratificar un texto “desequilibrado” y “que acentúa la precariedad de los trabajadores”. La otras cuatro centrales que oficialmente son consideradas como representativas –CFDT, FO, CFTC y CGC- sí lo han hecho.
La CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens) considera que el acuerdo supone “avances para los derechos de los trabajadores” y “representa una primera etapa para asegurar las trayectorias profesionales”. Su presidente, Jacques Voisin, ha afirmado que los debates “han sido animados”, pero ha explicado que “si queremos mantener el control en el diálogo social, y, con los riesgos de la política, es mejor consolidar el acuerdo”.
Por su parte, FO (Force Ouvrière) también firmará el acuerdo. “Asumiendo sus responsabilidades, consiguiendo garantías, y no dejando a otros (gobierno, Parlamento) la tarea de decidir para los trabajadores, FO se inscribe en el reformismo militante que combina la negociación con el acuerdo cuando es posible…” Ante los periodistas, el secretario general, Jean-Claude Mailly, defendió la opinión de su central declarando: “un acuerdo es un equilibrio, la patronal considera que ha cedido demasiado, los sindicatos que habrían podido conseguir más”.
En cuanto a la CFDT (Confédération française démocratique du Travail), confirmó el jueves 17 de eneron la ratificación “por unanimidad de su dirección nacional” de este acuerdo que ha valorado como “equilibrado e importante”. La CFDT considera que este acuerdo supone “avances reales para los trabajadores, especialmente en las pequeñas y medianas empresas”, que constituye “una etapa para nuevas negociaciones a favor de asegurar las trayectorias profesionales” y señala “la conclusión del primer acto de un nuevo diálogo social”.
Una vez ratificado por las centrales sindicales, el gobierno deberá presentar al Parlamento un proyecto de ley de validación antes de que finalice el primer semestre del año.
En cuanto al contenido del proyecto, los puntos principales son los siguientes:
Periodo de prueba. Para los contratos de trabajo indefinidos (CDI), se alarga el periodo de prueba: “para los obreros y empleados entre uno y dos meses máximo, los cuadros intermedios y los técnicos entre dos y tres meses, los cuadros superiores entre tres y cuatro meses”, excepto si un acuerdo de sector firmado con anterioridad a la entrada en vigor de este acuerdo prevé una duración superior. Este periodo podrá ser renovado una vez por los acuerdos de sector pero las duraciones –incluida la renovación- no podrán exceder los cuatro, seis y ocho meses, respectivamente. Se podrá fijar un periodo de prueba más corto “en la carta de contratación o en el contrato de trabajo”
Ruptura “acordada” del contrato indefinido (CDI). Para “favorecer las soluciones negociadas con ocasión de la ruptura de contrato”, se ha creado un nuevo modo “además de la dimisión y el despido”. El asalariado y el empresario podrán elegir las condiciones de finalización del contrato que les une: existe un derecho de retractación “durante un periodo de quince días a partir de la firma del acuerdo” entre las dos partes. El acuerdo deberá ser validado entonces por el director departamental de trabajo (autoridad administrativa laboral). El trabajador se beneficiará de una indemnización de ruptura equivalente a un quinto del salario mensual por cada año de antigüedad y accederá a la prestación por desempleo.
Un nuevo tipo de contrato de trabajo. Se trata de un tipo de contrato, reservado a ingenieros y cuadros, de duración determinada “con final no determinado” para la realización de “un proyecto definido” en el contrato. La duración debe ser de un mínimo de 18 meses y un máximo de 36, y el contrato no es renovable. En el contrato debe mencionarse la duración aproximada prevista. La utilización de este contrato está subordinada a un acuerdo de sector o de empresa y “no puede utilizarse para hacer frente a un incremento temporal de actividad”. Puede romperse al año de su firma “por un motivo real y serio”.
En caso de ruptura, la indemnización recibida por el trabajador será del 10% de la remuneración recibida durante el contrato.
Nueva ruptura. En caso de “inaptitud de origen no profesional” (larga enfermedad, accidente) y si el trabajador no puede ser reclasificado, las indemnizaciones por ruptura de contrato podrán ser asumidas por un fondo de “mutualización” a cargo de las empresas.
Indemnizaciones por despido. El montante de indemnización interprofesional por despido se convierte en único y no puede ser inferior a un quinto del salario mensual. El texto prevé que el legislador fije “un mínimo y un máximo” para la indemnización, en caso de demanda judicial de un despido sin causa real ni seria.
Portabilidad de derechos. El trabajador que se encuentre en situación de desempleo podrá conservar su cobertura complementaria de salud durante un tiempo igual a un tercio de la duración de su prestación por desempleo, con un mínimo de tres meses. En cuanto a la formación, el trabajador que abandone una empresa conservará el 100% de su bolsa de horas de formación adquirida en el marco del derecho individual a la formación (DIF). De “acuerdo con el nuevo empresario”, podrá utilizar este crédito de horas “durante los dos años siguientes –a su- contratación”
Menores de 25 años sin empleo. Se establece una prima de carácter general pagada por el seguro de desempleo para los menores de 25 años “involuntariamente privados de empleo”, que no hayan trabajado lo suficiente para tener acceso a las prestaciones por desempleo.
Formación. Las personas “más alejadas del empleo” podrán beneficiarse de una formación cuya financiación está garantizada por un fondo, que a su vez tendrá una financiación que se definirá durante la “negociación sobre la formación profesional futura”.
Acceso a los derechos. Para beneficiarse de la “indemnización convencional por enfermedad”, la condición de antigüedad se reduce de tres años a uno. El periodo de carencia se reduce de 11 días a 7. (Fuente: Le Monde, ediciones del 13, 16 y 19 de enero de 2008)
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Flexiseguridad: Francia, La modernización del mercado laboral. Acuerdo de los interlocutores sociales. Secretaría de Acción Sindical Internacional de | 18-07-2009 - 09:07:27 GMT 1 #
Trabajo intensifica los contactos para el diálogo social :
El ministerio de Trabajo e Inmigración intensifica este fin de semana los contactos con los agentes sociales para intercambiar posiciones sobre nuevas cifras de rebajas en las cotizaciones a la Seguridad Social e intentar acercar posiciones ante la reunión del diálogo social del lunes.
Una reunión que se producirá dos días antes de la cena del presidente del Gobierno con los líderes de los sindicatos y patronales el próximo miércoles en Moncloa, según han confirmado fuentes empresariales.
El Gobierno está "intercambiando" información con los responsables de la negociación de CCOO, UGT y CEOE este fin de semana para "perfilar" el documento que presentará el Ejecutivo en la Mesa del Diálogo Social del lunes, e "ir con trabajo hecho", según han informado fuentes del ministerio de Trabajo. No obstante, estos contactos se están realizando bien vía telefónica o mediante correos electrónicos o mensajes a móviles, ya que se trataría no tanto de preparar un nuevo documento, sino de "matizar" con "nuevas cifras" el que ya existe.
Y es que de momento, ninguno de los agentes sociales ha recibido un nuevo texto del Ejecutivo sobre el que volver a negociar, tal como pidió la CEOE tras solicitar y obtener el aplazamiento de la reunión tripartita del diálogo social que estaba prevista para el pasado jueves.
La patronal consideró que el Ejecutivo no "concretaba" el porcentaje de rebaja en las cotizaciones a la Seguridad Social y otros temas "fundamentales" relativos al absentismo laboral, a los Expedientes de Regulación de Empleo y a las líneas de financiación del ICO.
Sin embargo, fuentes empresariales indicaron que el próximo lunes por la mañana, antes de la celebración por la tarde de la reunión del diálogo social con gobierno, patronal y sindicatos, una delegación de la CEOE, representada por la comisión de Relaciones Laborales de la patronal, "recogerá la nueva hoja de ruta" que cerrará el Ejecutivo a lo largo de este fin de semana.
Asimismo, para tratar de impulsar un acuerdo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene previsto cenar este miércoles en Moncloa con los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente, y con los presidentes de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y de CEPYME, Jesús Bárcenas, tal como confirmaron a EFE fuentes de esta patronal.
Pesimismo en torno a un acuerdo
Sin embargo, CCOO apuntó hoy que a pesar de que el presidente del Gobierno puede dar un "empujón" al diálogo social, las posiciones con la patronal están "muy distanciadas". El sindicato se mostró pesimista sobre un acuerdo este mismo mes: "salvo que con la presencia de Zapatero haya una modificación sustancial de las reivindicaciones empresariales, es difícil que la negociación pueda desbloquearse", indicaron las fuentes, que no descartaron que las negociaciones continúen en septiembre.
Según este sindicato, la posición de la CEOE es "más maximalista" de lo que eran las propuestas iniciales, que ya "nos parecían desorbitadas". Además, denuncia que la patronal sigue barajando las bandas más altas de rebaja de cuotas a la Seguridad Social, entre el 4,5% y el 5%, y que pretende modificar el Estatuto del Trabajador para buscar una salida "ventajista" para los empresarios en las contrataciones y en los despidos.
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Trabajo intensifica los contactos para el diálogo social | 19-07-2009 - 07:36:04 GMT 1 #
Las Comisiones Reguladoras, una vergüenza, por Gaspar Ariño Ortiz :
Lo que está sucediendo con las Comisiones Reguladoras en España es una vergüenza. La verdad es que estas instituciones, tan importantes para el buen orden de la economía en un país civilizado, nacieron en España con dificultades, pero han ido a peor.
Los partidos políticos las han invadido, sus decisiones y las votaciones en su seno han estado cada vez más «alineadas», según las posiciones políticas de quienes nombran a sus miembros, con o sin instrucciones; las injerencias políticas en ellas han sido crecientes, y ello alcanzó su clímax cuando hace ya más de dos años (abril de 2007) el presidente de la CNMV decidió dimitir ante el intervencionismo gubernamental en la opa sobre Endesa de Enel y Acciona. Es un tema del que me he ocupado ya en ocasiones anteriores (vid. EXPANSIÓN, 27 y 28 de abril de 2007, La regeneración de las Instituciones Reguladoras, I y II).
Hoy nos encontramos con unos entes –la CNE y la CMT– cuyos miembros, en más de la mitad (cinco en un caso y cuatro en otro, de nueve), han cumplido sus mandatos, algunos hace ya más de un año, y están «en funciones», es decir, no funcionan; se dedican, como es lógico, a preparar su situación, para cuando salgan de estas instituciones. A todo ello se añade el ninguneo al que se ve sometido estos días el Consejo de Seguridad Nuclear, que es como para que sus miembros dimitiesen en bloque. Claro que esto no es nuevo.
El Consejo General del Poder Judicial estuvo dos años en situación similar y en él ocurre lo mismo: la alineación política de sus miembros. Y lo peor del asunto es que ni el ministro de Industria, ni la señora vicepresidenta parecen ocuparse de ello lo más mínimo.
La autoridad del regulador
La ignorancia de los entes reguladores sobre su propio futuro y su eventual reforma es total. El ministro no se ha dignado a reunirse ni una sola vez con ellos, aunque sólo fuera para saludarse. La incomunicación es absoluta. Resulta lamentable tal comportamiento, que hace perder autoridad al regulador, convirtiéndolo en una especie de alma en pena, que no sabe dónde está.
Dicen los entendidos que esto es fruto del enfrentamiento político de los dos partidos y también de la pasividad del PP, que prefiere no mover el tema, pues teme ser «barrido» de los entes reguladores, reduciendo la amplia presencia que hoy tiene en ellos. El PSOE necesita, para sobrevivir, de nacionalistas y demás compañeros de las travesías parlamentarias que le aguardan (manejo del FROB, presupuestos generales, financiación autonómica y demás peripecias); los apaños políticos necesarios para surcar con bien estas travesías desplazan cualquier atención a cuestiones menores como son estas instituciones, las cuales van perdiendo progresivamente la autoridad y funciones para las que fueron creadas.
Esto es un gran dislate, pero es así. Todo sirve para negociar. «Se cambian puestos en las Comisiones por votos presupuestarios», parece decir el cartel de la Moncloa; quizás se ofrece incluso llevarles la CNE a Bilbao, como se llevaron, con Montilla, la CMT a Barcelona hace ya cinco años, con resultados nulos para Cataluña desde el punto de vista empresarial (ningún gran operador se ha ido a Cataluña) y con grave daño a la Comisión, que perdió más de la mitad de su personal, lo que ha hecho más complicada su función.
La descentralización territorial de los organismos reguladores del Estado es una estupidez, pero éste está en almoneda. Por su parte, el ministro de Industria mete en el frigorífico las reformas y renovaciones que venía anunciando desde hace meses y les dice a sus miembros: sean felices, vacaciones hasta nuevo aviso.
Pero lo peor es lo que se anuncia. Los proyectos de reforma son contradictorios: una cosa es lo que se filtraba hace meses desde el ministerio de Industria (reducción de los miembros de las Comisiones, no «alineaciones» políticas en las votaciones, reforzamiento de los equipos técnicos, independencia de sus decisiones) y otra muy distinta lo que hoy se vislumbra desde La Moncloa (incorporación de «representantes» de nuevos partidos que hoy no tienen presencia en ellas, a cambio de apoyar al Gobierno; perfil más político y menos técnico de sus miembros, mantenimiento del número de consejeros). Una perfecta contradicción con lo que se decía ayer. El PP, como siempre, no sabe, no contesta (al menos, no se le oye).
Instituciones invadidas
Los enfrentamientos para las designaciones de los miembros de estas Comisiones han sido reiterados y no tienen solución. La historia se repite con el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas. Todas las instituciones del Estado se ven invadidas por los partidos. Es un sistema nefasto y destructivo y hay que acabar con él.
No es este el momento ni el lugar de hacer una exposición sobre los entes reguladores, su independencia, su composición y la selección y status de sus miembros. La doctrina jurídica española se ha ocupado ampliamente de ello en los últimos años y a ella se puede acudir para elaborar un buen diseño de lo que los entes reguladores deberían ser y cómo habría que articular política y regulación.
Pero hay que decir hoy con toda rotundidad que lo que están haciendo el señor Zapatero y el señor Sebastián con la CNE y la CMT es el camino más directo para su destrucción y para hacer un daño grave a dos sectores fundamentales de la economía española.
El PP debería también salir de su mutismo y preparar y proponer una reforma en profundidad de las Comisiones Reguladoras, no sólo pactar los nombramientos. Si unos y otros no se comprometen seriamente a regenerar estos entes, el desprestigio de los mismos aumentará y haremos el ridículo en Europa, por mucho que el presidente acuda de rondón a las reuniones del G-20.
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Las Comisiones Reguladoras, una vergüenza | 19-07-2009 - 07:41:41 GMT 1 #
¿Quién dijo crisis?
Joxean Urkiola
Los Directivos de la BBK, del resto de Cajas y Bancos es la pregunta que se hacen cada vez que miran sus cuentas de resultados o sus sueldos. Ellos continúan obteniendo ingentes cantidades de beneficios, la BBK en estos últimos seis meses más de 185 millones (un 5,1% más que el año anterior) y las remuneraciones a corto plazo de su Alta Dirección en 2008 subió una media del 11,91%, más otras prestaciones post-empleo que también percibieron
En Caja Vital llevan ganados 32,3 millones y sus retribuciones subieron el pasado año el 12,83. Con esas retribuciones percibidas el «año de la crisis», con unos beneficios que continúan en aumento es evidente que para ellos no hay crisis. Desgraciadamente, quienes son los únicos responsables de la actual situación de crisis son quienes mejor parados salen de la misma, a quienes se les inyecta dinero público y, mientras tanto, a la clase trabajadora nos quieren hacer pagar todas sus consecuencias, desempleos, EREs, reducciones salariales y de condiciones laborales... Ya está bien, no sólo es obsceno que se alardee de esos beneficios, también es escandaloso que haya responsables políticos que avalen y ayuden a esas entidades mientras se niegan a ayudar a los más necesitados y siguen aprobando Expedientes.
¿Quién dijo crisis? | 20-07-2009 - 14:12:55 GMT 1 #
La riqueza de las familias cae un 26% en un año, su nivel más bajo desde 1998 :
La riqueza financiera neta de los hogares españoles -diferencia entre activos financieros y préstamos suscritos- sumó su quinto descenso consecutivo tras el primer trimestre del año (-9%) desde el estallido de la crisis financiera, acumulando una caída del 26% en los últimos doce meses, hasta los 665.782 millones de euros, según datos del Banco de España.
De esta forma, la riqueza de las familias se ha ido reduciendo poco a poco en medio de la crisis hasta alcanzar su nivel más bajo desde septiembre de 1998, cuando la riqueza neta de las familias se situó en los 603.397 millones de euros.
La principal explicación de este descenso es que los activos financieros de las familias españolas se anotaron también su quinta caída trimestral consecutiva al cierre de marzo, con una reducción del 4,5%, hasta los 1,6 billones de euros, con lo que el descenso acumulado en los últimos doce meses alcanzó el 12,2%.
Por su parte, el endeudamiento de las familias españolas también se moderó hasta marzo, pero no compensó la caída del valor de los activos financieros. Así, el endeudamiento descendió sólo un 1% en el primer trimestre respecto al cierre del año, hasta los 945.283 millones de euros y sigue siendo un 0,8% superior a la deuda registrada hace un año.
Más aún, mientras la riqueza financiera de las familias ha regresado a niveles de hace más de una década, la deuda es hoy 3,8 veces superior a los niveles de entonces.
Descienden los créditos a corto plazo
La información facilitada por el Banco de España indica que la deuda financiera de las familias descendió fundamentalmente durante el primer trimestre de 2009 en los préstamos a corto plazo, que se situaron en 39.050 millones de euros al cierre de marzo, un 7,7% por menos que tres meses antes. Además, se apuntaron un descenso del 1,5% en tasa interanual.
Por su parte, los créditos a largo plazo cayeron un ligero 0,5%, hasta los 867.298 millones respecto al cierre de 2008, lo que no impidió un incremento de casi un 2% respecto a los niveles de hace un año.
Por otro lado, los créditos comerciales y anticipos, que sumaron 9.351 millones de euros, casi se redujeron a la mitad en doce meses, desde los 16.700 millones de euros registrados en el primer trimestre de 2008. El resto de las cuentas pendientes de pago por parte de las familias alcanzó los 29.584 millones de euros, un 1,8% menos que un año antes.
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La riqueza de las familias cae un 26% en un año, su nivel más bajo desde 1998 | 20-07-2009 - 21:41:46 GMT 1 #
Industria manufacturera :
Durante los primeros cinco meses del año 2009, la producción manufacturera disminuyó 8,8%. Este resultado estuvo marcado principalmente por la contracción de la producción de vehículos automotores (-47,0%); confecciones (-25,7%), industrias básicas de hierro y acero (-15,5%); productos de molinería y almidones (-13,1%); y sustancias químicas básicas (-12,1%), actividades que en conjunto restaron 4,8 puntos porcentuales a la variación total del sector fabril.
El empleo generado por la industria manufacturera, sin incluir trilla de café, en lo corrido del año disminuyó 6,5% frente al mismo período de 2008.
Entre las actividades que realizaron los mayores aportes negativos a la variación del empleo, se destacan: confecciones (-14,9%), otros productos químicos (-5,7%); productos de plástico (-6,6%); hilatura, tejedura y acabado de productos textiles (-10,2%); tejidos y artículos de punto y ganchillo (-12,7%); y otros productos textiles (-21,1%), cuyo aporte conjunto a la variación total fue -3,2 puntos porcentuales.
Industria manufacturera | 20-07-2009 - 21:59:16 GMT 1 #
Rebaja de las cotizaciones sociales a los empresarios
Juanjo Basterra
El futuro de las pensiones no estaría comprometido si las administraciones públicas y los gobiernos mostraran una actitud firme en la defensa del sistema público, pero la realidad es que están cediendo a los intereses privados que, por otra parte, sí que tienen garantizada una pensión de por vida por sus elevadas remuneraciones y la disposición de importantes cantidades en fondos privados.
Sólo desde el ámbito público se puede garantizar el salario a miles de trabajadores cuando lleguen a la jubilación, una vez de que han cotizado más de tres décadas a la Seguridad Social. Sin embargo, las incógnitas sobre el futuro de las pensiones públicas aumentan, a pesar de que el sistema privado de los fondos de pensiones se encuentran tocados por la crisis. Un informe de la OCDE reconoció hace tan sólo unas semanas que los fondos de pensiones perdieron un 23% de su capitalización por la crisis, mientras que el sistema público se mantiene.
Este tema es uno de los fundamentales y está en pleno debate sobre la reforma del mercado laboral. Los empresarios mantienen el acoso para conseguir por un lado que se les reduzca el coste del despido y, a la vez, paguen menos cotizaciones sociales a la Seguridad Social. Ahí es donde la Fundación de Cajas de Ahorro también ha metido baza pidiendo la reducción de cotizaciones, porque la media de ingresos públicos por cotizaciones según el PIB en la UE es del 12,5%. El Estado español lo rebasa por un poco, el 13%. Seis estados de la UE 15 ingresan por encima, y no tienen problemas.
Con estas operaciones se quiere premiar, de nuevo, a los empresarios para que se sigan forrando a nuestra cuenta y después nos dirán que no hay dinero en las arcas públicas para mantener el sistema de la Seguridad Social. Es lo que pasó hace tan sólo un año. La FAO se quedó en 4.000 de los 6.000 millones que había pedido para reducir el hambre en el mundo. Los estados dijeron que no había recursos económicos, pero en menos de un año llovieron los millones para socorrer a los especuladores, a los banqueros y a la élite económica que llevaron al mundo a la crisis más importante desde 1929. ¿Pasará lo mismo con nuestras pensiones?
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Rebaja de las cotizaciones sociales a los empresarios | 21-07-2009 - 12:35:43 GMT 1 #
LOS SUELDOS DEL IBEX 35
Subida inmoral
M. A. M.
El Masnou
Supe el viernes que las cúpulas del Ibex 35 se suben el sueldo el 12,7% de promedio. Pero, leyendo a fondo el texto de EL PERIÓDICO, vi que, en un caso, ha habido un aumento del 117,3%. Esto es una inmoralidad y una falta de ética, por la crisis en que estamos inmersos y por las ayudas que están teniendo un gran número de empresas con el dinero de los impuestos, que pagamos entre todos.
Ante hechos como estos, el Gobierno debe poner condiciones lo suficientemente duras y claras para que no sucedan estos casos e, incluso, pedir a esos señores de la bolsa que devuelvan las ayudas recibidas.
No es justo que, por una parte, el Gobierno ayude a las empresas con dinero de los impuestos y, por otra, nos suban los impuestos. Ahora que se negocia un nuevo acuerdo social y la patronal exige tanto sacrificio a los trabajadores, los sindicatos deberían incluir también una cláusula de revisión y limitación de salarios para los directivos. Que no siempre las congelaciones y limitaciones salariales sean para los trabajadores.
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LOS SUELDOS DEL IBEX 35 Subida inmoral | 21-07-2009 - 12:56:07 GMT 1 #
CCOO alerta :
Comissions Obreres ha advertit sobre l'impacte d'una reducció de les cotitzacions socials en el Fons de Reserva de la Seguretat Social, ja que aquest suposa "una garantia de les pensions públiques i un factor de dinamització econòmica per sortir de la crisi, ajudant a les empreses amb dificultats i finançant la despesa pública".
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CCOO alerta | 22-07-2009 - 08:01:23 GMT 1 #
8.000 gironins afectats per un ERO :
La crisi econòmica porta el risc de col·lapsar el jutjat mercantil. Segons dades fetes públiques ahir per Informa D&B, en el primer semestre de l'any s'han presentat un total de 47 concursos de creditors -antigues suspensions de pagaments- a a la demarcació. En el conjunt de l'Estat, el nombre de processos concursal va marcar la seva xifra rècord en el primer semestre de 2009, arribant a sumar un total de 2.786 declaracions, fet que suposa un augment del 172,87% respecte al primer semestre del 2008.
Entre les firmes gironines que les últimes setmanes han recorregut al concurs de creditors hi ha Bassegoda Construccions (Olot Garrotxa), el fabricant de maquinària Kontrelmec (Aiguaviva) o Industrias Joaquin Ripoll (Sant Hilari Sacalm). Treballen en sectors molt diferents, però totes s'han vist arrossegades per l'actual crisi i per la situació de falta de liquiditat en el mercat financer.
Segons dades de l'estudi Demografia Empresarial, elaborat per Informa D&B, Castella-la Manxa va registrar la pujada més forta en el nombre de tancaments d'empreses fins al juny, amb un augment del 201,14%
L'espectacular increment de les suspensions de pagaments va arrencar el 2008, quan les declaracions de concurs es van multiplicar per tres a tot l'Estat, en passar de les 806 comptabilitzades el 2007 a 2.329. Així consta en l'Estadística Concursal 2008 del Col·legi de Registradors. El canvi més substancial ha estat la distribució sectorial de les activitats lligades a la construcció i sector immobiliari, que han passat de representar el 20% dels concursos el 2007 a gairebé el 50% en 2008
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8.000 gironins afectats per un ERO | 22-07-2009 - 08:11:04 GMT 1 #
Autoritarismo y violencia contra los derechos de la clase trabajadora
Secretariado Permanente de la CGT
Rojo y Negro
“Las personas que trabajan pierden derechos y salarios mientras sigue aumentando el coste laboral por el incremento espectacular de los despidos”.
Para la CGT, la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) correspondiente al primer trimestre de 2009, que publica el INE, muestra algunas variables que debieran hacer sonrojar a quienes tienen la responsabilidad de la gestión pública (gobierno, parlamento, comunidades autonómicas y ayuntamientos) y a la vez, variables que denuncian esa “violencia privada institucional” que el empresariado español, viene ejerciendo desde el 2008, desde la más absoluta impunidad, contra millones de personas asalariadas.
El modelo productivo español, no sólo se ha mostrado especulativo, explotador e insostenible medioambientalmente, sino que, además, en sus recetas de “regeneración”, se muestra con la cara más autocrática, autoritaria y violenta, consustancial a esa cultura empresarial, sustentada en una estructura social de “ordeno y mando”.
Las personas trabajadoras asistimos al hundimiento de las rentas salariales y las pérdidas de nuestro poder adquisitivo y encima tenemos que soportar los discursos de quienes confunden interesadamente sus situaciones de privilegio: empresarios y ejecutivos con salarios medios anuales de 1 Millón de euros, gobiernos e instituciones con salarios blindados, con una sociedad que repunta con “brotes verdes”, como si la feria, para la mayoría social, no fuera un mundo destrozado laboral y socialmente.
Parece que sólo tendremos nuevo “modelo” produciendo parados y paradas, es decir, ejercitando una violencia sobre las personas trabajadoras con absoluta falta de control y límites democráticos, pues no otra cosa supone los cientos de miles de despedidos con contratos “temporales” de obra o servicio determinado (van destruidos 2,3 millones de empleos silenciosos, inexistentes, como son los contratos temporales), como el espectacular aumento de los EREs y Concursos de Empresas, que ya en el primer trimestre de 2009 han destruido más empleo que en todo el año 2008.
El coste laboral total (salarios, cotizaciones sociales, y otros) por trabajador, se incrementó en un 3,9%, mientras que el coste salarial (salario base, complementos salariales y pagos por horas extras), creció un 2,8%. Es en los otros costes, como las indemnizaciones por despido, donde el aumento supuso un 6,8%. Es decir, al empresariado le es muy rentable destruir puestos de trabajo como, por ejemplo, en la construcción, típica actividad insostenible, donde cerca del 40% tenía contratos por “obra o servicio” y en un año ha destruido 700.000 empleos. Aquí es donde ha crecido de forma espectacular los otros costes por despidos, al igual que en la industria, donde los costes por despido se transfieren al erario público a través de las suspensiones temporales de empleo.
La otra consecuencia, perversa y antisocial de este modelo productivo que sólo produce parados y paradas y contratos precarios, es el “aumento medio de los salarios” los cuales pasan a situarse en 1.767,34 €. La explicación es muy fácil, el cálculo de la media se hace sobre las personas que trabajan y como quienes están siendo despedidos son los contratados en trabajos de poca cualificación y baratos (contrato de obra y servicio en la construcción, hostelería, comercio…) cada vez tienen más peso para el cómputo de la media los trabajos con salarios de alta cualificación y contratos fijos.
Para CGT, somos los trabajadores y trabajadoras quienes debemos forzar un cambio de rumbo real y la HUELGA GENERAL es la herramienta necesaria.
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Autoritarismo y violencia contra los derechos de la clase trabajadora | 22-07-2009 - 08:23:55 GMT 1 #
sector financer
El diàleg social encallat :
La mesa del diàleg social que conformen Govern, patronal i sindicats tampoc va aconseguir ahir l'acord al voltant al tercer esborrany proposat per l'Executiu. Segons van precisar fonts sindicals , la patronal segueix considerant que l'acord proposat és "econòmicament insuficient" i "no comparteix els continguts ni tampoc l'orientació".
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El diàleg social encallat | 23-07-2009 - 08:13:44 GMT 1 #
¿Quién paga las pensiones?
Joaquín Arriola
Pasada la primera marea de despiste financiero asociado a la crisis, los dirigentes del sistema financiero español vuelven a la carga poniendo encima de la mesa el enésimo debate sobre la viabilidad del sistema público de pensiones.
Teniendo en cuenta que los sistema de pensiones privados que gestiona la banca han dado como resultado actual una rentabilidad media anual negativa del -1,81 por ciento en los últimos tres años y del -6,37 por ciento en el último año (marzo a marzo), pareciera más lógico que se preocuparan por garantizar la supervivencia de un negocio en el que cada vez aparecen más dudas sobre su función social, pues aunque la rentabilidad para el comisionista siempre sea positiva, no parece que el beneficio de los banqueros debiera ser un criterio fundamental en la política de pensiones.
Pero al parecer la estrategia elegida por los gestores del sistema privado es indirecta: recuperar la confianza de los inversores en fondos de pensiones privados socavando la confianza que pudieran tener los trabajadores en el sistema público. Para ello se saca en los medios a los expertos de turno, para que vaticinen el colapso del sistema de pensiones por entra en un periodo de pérdidas. Parece mentira, pero los mismos agoreros de la inviabilidad del sistema para el año 2020 ya anunciaron que este colapsaría en 1996, 1998, 2000 y 2005. Inasequibles al desaliento, ahora dicen que los problemas parecerán allá por 2020, en una invitación implícita a los trabajadores de hoy para que vayan corriendo a suscribir un plan privado de vejez-jubilación. Tras tantos pronósticos equivocados, parecería lógico que se hubieran buscado otros adivinos más certeros, pero con una lealtad digna de mejor causa, los poderes financieros siguen contando con los mismos intelectuales orgánicos para repetir la misma historia, y los Herces, Bareas, Taguas y el resto del coro siguen una y otra vez con el mismo pronóstico, y a ver si ahora cuela.
Todos los análisis que se nos presentan en la serie “”SS en peligro” son incompletos, además de por razones internas (por ejemplo, aplicar instrumentos de análisis actuarial a un sistema de ingresos y transferencias de tipo fiscal como es cotizaciones y pensiones es absurdo, pues los ingresos, salvo en situaciones de caos, siempre se pueden incrementar mediante una decisión política), porque nunca presentan el asunto en el contexto general del modelo de sociedad que tenemos, y el modelo al que nos encaminamos. En particular, los términos del debate están incompletos si al hablar de las pensiones no se hacer referencia a los salarios, y en el caso concreto de este país, sin referirse también a la vivienda.
En relación con este último factor, en los últimos quince años se ha producido un cambio de radical de modelo. Consideremos la alteración en las expectativas que ha experimentado la población trabajadora en este país. En el modelo anterior, casi todos podían prever su futuro post-laboral con una vivienda en propiedad completamente pagada, y en muchos casos, con una segunda vivienda también en propiedad, y una pensión que siendo muy inferior a sus rentas del trabajo, permitía sin embargo llevar a cabo una vida decente, relativamente cómoda, pues a la pensión se le añade la renta implícita procedente de un alojamiento que no hay que pagar, e incluso de un complemento de rentas al alquilar la segunda vivienda en propiedad.
En este modelo, solo la población anciana sin una vida laboral completa tendría verdaderos problemas. Y de hecho, las bolsas de pobreza se concentraban en este segmento de población.
Pero en los años noventa este modelo de gestión de la vejez ha saltado por los aires, a causa de la enorme inflación del precio de los activos inmobiliarios. Ese verdadero colchón para la vejez que era la inversión en vivienda ya no cumple la función a la que se había acostumbrado la población. El aumento especulativo de los precios, y la falta de actuación de las autoridades públicas al respecto, han dado lugar a que las nuevas generaciones de trabajadores se encuentren en el mejor de los casos entrampados de por vida con el pago de un bien de primera necesidad que no va dejar de pagar ni siquiera cuando se jubilen, y en el peor de los casos, condenados a destinar una parte sustancial de su ingreso a pagar un alquiler, que también tendrán que pagar cuando se jubilen, salvo que se vayan a vivir debajo de un puente, si es que encuentran sitio. Hoy, gran parte de los nuevos pobres son jóvenes.
Por lo tanto, el modelo de rentas que en la transición salario-pensión podía dar por supuesto en muchos casos la existencia de un colchón, ya no es el que funciona. Primera conclusión: la diferencia entre el ingreso del trabajo (el salario) y el ingreso del post-trabajo (la pensión) en el futuro no podrá ser tan radical como ahora, salvo que se acepte socialmente ir a un modelo que incluya un empobrecimiento general de la población jubilada. O dicho de otra forma: en ausencia de un servicio público de viviendas, la desaparición de la función protectora de la vejez de la inversión de los trabajadores en vivienda exige que las pensiones crezcan en un futuro inmediato, es decir dentro de cuatro o cinco legislaturas. Esto, o un cambio en el modelo de gestión de las viviendas que pase por una socialización masiva del proceso de suministro de las mismas, es decir por hacer que las viviendas pasen de ser un negocio inmobiliario-especulativo por un lado y la principal inversión a largo plazo de los trabajadores por otro, a convertirse en un servicio público que garantice el derecho constitucional a una vivienda digna al conjunto de la población.
Pero las pensiones tampoco son ajenas a los salarios, sobre todo, porque nuestro sistema público de pensiones basado en un modelo de reparto, significa que las pensiones de hoy la pagan los trabajadores de hoy, y las pensiones de mañana, quienes mañana estén trabajando. Y en esta relación, la gran transformación a la que estamos asistiendo no es la evolución de la demografía, como plantean casi todos los estudios encargados por los agentes que quieren expandir el mercado de pensiones privadas.
La evolución de la población está sujeta a grandes variaciones de tendencia en el corto plazo, tanto en términos generales como en lo que afecta a la población activa, pues es la necesidad de mano de obra, y no la oferta de trabajadores, la que va a determinar cuantas personas van a trabajar en un momento dado. Y si aumenta la demanda, siempre existe una forma de aumentar la oferta, bien incorporando más mujeres o más inmigrantes al mercado, como ha ocurrido en los últimos diez años. Como nadie ha podido argumentar que exista un límite ya predeterminado a la capacidad de absorción de inmigrantes en este país, todos los cálculos de ingreso-gasto proyectados sobre la estructura demográfica de hoy son por definición una apuesta con grandes posibilidades de fallar.
Pero lo que si se ha modificado, con consecuencias a largo plazo sobre el sistema de pensiones, es la distribución primaria de la renta. En casi todos los países desarrollados se constata una tendencia a largo plazo a la pérdida de peso de los salarios en el valor añadido. Los trabajadores asalariados han perdido el equivalente al 13% del PIB en participación en el valor añadido respecto a lo que obtenían en 1980, porcentaje representa actualmente más o menos 130 mil millones de euros al año. Ese es el valor del aumento de la participación de las rentas del capital en el producto. Como las pensiones se sufragan con las cotizaciones que pagan los trabajadores (procedentes tanto de su salario directo como del indirecto que liquidan directamente las empresas), el cambio estructural en la distribución del ingreso conduce a una reducción relativa del ingreso por cotizaciones por cada euro abonado en salarios.
Como los salarios relativos son cada vez menores en relación con la riqueza total creada, la aportación unitaria por cada asalariado a las cotizaciones sociales para pagar las pensiones y otros beneficios sociales asociados al trabajo crecen menos que el total de la riqueza social que genera con su trabajo.
Esta es la razón última por la cual desde los sectores favorecidos por el actual reparto del ingreso, se reclama una prolongación de la edad laboral y un endurecimiento temporal del derecho a disfrutar de una pensión pública plena; se trata de que cada trabajador cotice más tiempo, para que se pueda profundizar la tendencia a la distribución del valor añadido vigente en las últimas décadas. Podrá haber buenas razones para prolongar la edad laboral más allá de los 65 años, pero no es aceptable que se plantee como condición para el disfrute de una pensión suficiente para llegar una buena vida cuando se llega a la edad de jubilación.
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¿Quién paga las pensiones? | 23-07-2009 - 08:44:23 GMT 1 #
La cena del diálogo social :
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), ha tenido que implicarse para salvar el diálogo social. Ayer reunió en una cena en el Palacio de la Moncloa al presidente de la crisis CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y los secretarios generales de Comisiones Obreras (CC.OO), Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez.
Horas antes la negociación había quedado rota en la reunión que habían mantenido los equipos técnicos de los interlocutores sociales. La patronal CEOE argumentó que no comparte "ni el contenido ni la orientación de la propuesta presentada por el Gobierno". En concreto, su representante, José María de Lacavada, sostuvo que la propuesta atentaba contra la economía capitalista de mercado.
Volvió a reclamar una reforma laboral y la regulación de la incapacidad laboral transitoria y del tiempo parcial. Asimismo, Lacavada dejó claro que la bajada en medio punto de las cotizaciones empresariales por accidentes y enfermedades profesionales y en un punto las cotizaciones sociales en el 2010 es absolutamente insuficiente. El coste de la propuesta para la Seguridad Social se estima en 4.500 millones €.
El Gobierno aún no ha concretado cómo compensará esta minoración de ingresos. Según describen fuentes sindicales, la CEOE "dio una patada a la mesa pero sin moverse de su silla". La patronal estaba dividida ante la firma del acuerdo. Sólo la vieja guardia y algunas federaciones territoriales eran partidarias de firmar un aval a la política económica del Gobierno a cambio de "paz social".
El grueso del comité ejecutivo reclamó a su presidente que exigiera un acuerdo con reformas claras dirigidas a dotar de más flexibilidad a las empresas para superar la crisis. "La propuesta gubernamental es un acuerdo para no hacer nada, como se dice en la página 3 del documento entregado por el Gobierno.
Con más de 4,2 millones de parados y una crisis estructural es una irresponsabilidad", afirman fuentes próximas a la CEOE. No obstante, la historia de la concertación ha demostrado que todas las negociaciones se rompen antes de firmar. Como explicaba el fundador de la CEOE, Carlos Ferrer Salat, "es la única manera de saber hasta dónde puede llegar el otro".
El Gobierno ha puesto su límite en la estabilidad financiera de la Seguridad Social, que afronta este año un difícil equilibrio. Comisiones cuestiona cualquier tipo de rebaja de cotizaciones porque cree que primero se debe rematar la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social. Solo UGT está dispuesta a "dejarse pelos en la gatera".
Es decir, a rebajar el coste del empleo a cambio de un pacto que demore la reforma laboral. El representante de la CEOE en todo momento quiso mantener abiertas las negociaciones, pero "desde otro prisma". Sin embargo, el director de la Oficina Económica del presidente, Javier Vallés, acusó a la CEOE de abandonar el marco definido hace dos meses y dijo que no cabía un nuevo encuentro.
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La cena del diálogo social | 23-07-2009 - 09:05:13 GMT 1 #
Matèria laboral :
El Govern va advertir que, si no hi ha acord sobre el diàleg social, legislarà en la matèria, el que suposarà que unes vegades agradarà als sindicats i altres als empresaris, els qui encara no han enviat les seves propostes a l'Executiu malgrat que ja les té a punt.
L'intent fallit del president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, d'aconseguir dimecres a la nit l'acord en un sopar a La Moncloa ha portat el Govern a canviar el seu diàleg. Si fins ara els seus diferents portaveus havien reiterat que el Govern no legislaria de manera unilateral, ara considera el contrari.
Després que ahir la CEOE exigís de nou a la taula del diàleg social una rebaixa de cinc punts de les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social i una reforma laboral, el ministre de Treball, Celestino Corbacho, ha fet avui arribar el nou missatge a les parts. En declaracions a RNE, el ministre va afirmar que, si no hi ha acord, l'Executiu adoptarà mesures per "governar en interès general dels ciutadans i les comentarà bilateralment amb qui consideri oportú".
Eel secretari general de la CEOE, José María Lacasa, va considerar ahir "essencial" abordar reformes estructurals per poder signar un acord de diàleg social, per davant de mesures concretes com la rebaixa de les quotes a la Seguretat Social. En aquest sentit, el vicepresident de la patronal Arturo Fernández va assenyalar que els empresaris podrien rebaixar a 2,5 o 3 punts la seva exigència de reduccions de les cotitzacions.
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Matèria laboral | 24-07-2009 - 08:00:24 GMT 1 #
El Gobierno aprobará por real decreto una nueva protección para los parados :
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que el Ejecutivo aprobará el 13 de agosto, por decreto ley, una nueva protección para los desempleados que hayan agotado su cobertura por desempleo y carezcan de rentas.
"El Gobierno tiene un compromiso con todas las partes y asume el adquirido con los sindicatos sobre una nueva prestación por desempleo", aseguró Zapatero en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario.
El presidente del Gobierno hizo este anuncio después de analizar la situación por la que atraviesa el Diálogo Social, y consideró que el máximo dirigente de la crisis(CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, se ha salido del "marco del acuerdo" con su propuesta sobre el diálogo social.
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El Gobierno aprobará por real decreto una nueva protección para los parados | 24-07-2009 - 13:53:47 GMT 1 #
Cinco consecuencias filosóficas de la crisis
BBC Mundo
La actual crisis económica no se limita a una cuestión de estadísticas, ni se reduce al devastador impacto social del desempleo y la incertidumbre.
Con la debacle mundial, hizo agua una particular visión del mundo que pareció dominante e irreversible con la caída del muro de Berlín.
Esta visión se cristalizó en algunas frases famosas como el "fin de la historia" de Francis Fukuyama, "la sociedad no existe" de la primer ministra británica Margaret Thatcher o los 10 mandamientos del consenso de Washington que impulsaban la liberalización-desregulación-privatización global.
El nuevo dogma tras la derrota del comunismo era todo el poder al sector privado, el mercado como medida de racionalidad económica y utopía, y el individualismo más descarnado como principio ético ordenador.
Con la debacle económica esta visión del mundo también entró en crisis.
BBC mundo identificó cinco consecuencias filosóficas.
1. Filosofía política-económica
La ley de la oferta y la demanda ejerció un reinado absoluto en la formulación de política económica de las últimas tres décadas.
Según el pensamiento clásico, la oferta y la demanda funcionan como un perfecto sistema homeostático (autorregulado) que tiende al equilibrio perfecto y cuenta con un regulador infalible: el precio.
A mucha demanda y poca oferta de un producto, el precio sube hasta alcanzar la suma que el mercado puede pagar por ese bien.
A la inversa -poca demanda, mucha oferta- el precio se achata hasta que alguien lo adquiere convencido de que no lo va a encontrar más barato.
Ni el premio nobel otorgado al economista Joseph Stiglitz por su investigación sobre el papel que la información cumplía en este mercado -la información con que cuentan los miles o millones de integrantes de un mercado particular no era perfecta y por lo tanto, el precio reflejaba otras variables- destruyó esa confianza ciega en este funcionamiento homeostático.
Con esta premisa teórica, ¿qué mejor que desregular todo y dejar que el mercado se encargue de los equilibrios económico-sociales?
Pero al parecer la realidad económica está llena de fenómenos impredecibles.
En las llamadas burbujas, como la inmobiliaria de las hipotecas "sub-prime" que desató la actual crisis, ¿dónde está el mecanismo autoregulador del mercado en estas burbujas?
¿Reflejaba el precio siempre al alza de la propiedad la situación de la demanda y la oferta?
La conclusión más obvia es que demanda, oferta y precio forman parte de un mecanismo económico-social infinitamente más complejo que esa crasa simplificación que se ha aplicado durante tanto tiempo.
2. Crisis del racionalismo de mercado
Las preguntas precedentes ponen en entredicho una premisa fundamental de la ley de la demanda y la oferta: el racionalismo de los mercados.
El ser humano viene buscando la racionalidad en materia económica y filosófica desde hace mucho tiempo.
La planificación económica que hizo furor después de la crisis del 29 y la posguerra buscó sintonizar la producción y el consumo con las necesidades de una sociedad.
Con el derrumbe del comunismo, el mercado se impuso como única lógica global.
Según esta ideología, el mercado era racional y eficiente para asignar recursos, tanto en el ámbito laboral, como productivo y financiero.
La debacle mostró que el mercado tiene la misma dosis de irracionalidad, capricho, imprevisibilidad que cualquier individuo o grupo humano.
Lo que nos enfrenta a una problema inquietante.
Si los mercados o el Estado no son la base de un funcionamiento socio-económico racional, ¿quiere decir que estamos a merced de los elementos?
3. Consecuencia Axiológica: teoría de los valores
Este aparente desamparo de nuestra praxis económico-social se complementa con una crisis de fundamentos éticos.
Desde los '80 y en particular con la caída del muro de Berlín, se impuso un individualismo a ultranza que se basaba en una teoría del egoísmo como valor organizador ideal de una sociedad.
La teoría se retrotrae a Adam Smith y su consideración de que la mejor manera de comportarse socialmente - de beneficiar al conjunto- era que cada uno persiguiese su propio interés ya que la "mano invisible del mercado" iba a arreglar todos los entuertos que se produjesen en el camino.
Adam Smith jamás negó la acción social ni la labor del Estado, ni la presencia de los valores (la justicia era fundamental en su sistema) como se interpretó con ignorancia o mala fe tiempo después.
Pero uno de sus seguidores, Frederich Von Hajeck y su discípulo Milton Friedman radicalizaron sus ideas.
Ayn Rand, una novelista y filósofa que empezó a ser conocida en los '40, le dió vuelo filosófico y subjetivo a este viraje, planteando que el egoísmo - la búsqueda ciega del propio beneficio- era el fundamento de la civilización.
Entre sus discípulos se encontraba Alan Greenspan, quien años después estaría al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos de 1987 a 2006, es decir, durante el período de la más completa desregulación financiera.
El mismo Greenspan reconoció ante el Congreso que su edificio teórico tenía fallas.
"Estoy asombrado. Durante 40 años o más las pruebas apuntaban a que este sistema estaba funcionando excepcionalmente bien", dijo Greenspan.
El consenso hoy es que la búsqueda desenfrenada del propio beneficio ha sido determinante en las dos megacrisis mundiales de los últimos 80 años - la gran depresión y esta crisis.
¿Se necesita alguna otra prueba que el impacto devastador de estas dos debacles?
4. Azar, causalidad, incertidumbre
Una premisa que viene del iluminismo y que durante dos siglos nos sostuvo con su fe, fue la posibilidad de correspondencia entre lo que decíamos y la realidad.
Esta correspondencia era el fundamento del conocimiento científico y la predicción de fenómenos y tendencias.
Desde principios de siglo XX ha habido numerosos cuestionamientos a esta premisa (desde Ludwig Wittengstein hasta el principio de incertidumbre del físico Werner Heisenberg y el radical relativismo de los posmodernos), pero una fe básica en sus fundamentos ha sobrevivido en muchos campos, entre ellos la economía.
Dos conocidos financistas, bien inmersos en los debates de la filosofía, creen que esta crisis exige volver a pensar las cosas.
George Soros estudió filosofía en la London School of Economcis con Karl Popper y acaba de publicar sus conclusiones en "The Crash of 2008" que lleva el sugestivo subtítulo de "El nuevo paradigma de los mercados financieros".
Según Soros, pretender que los mercados financieros reflejan la marcha de la economía real y se manejan por la oferta y la demanda es desconocer el papel fundamental que cumple la subjetividad y un proceso que llama reflexividad.
El valor del oro o la propiedad no sube porque refleje como un espejo una realidad subyacente de demanda y oferta, sino porque los operadores del mercado por su misma interacción influyen en este precio como sucede en las burbujas financieras que se arman en torno a un producto o el comportamiento en manada (todos quieren comprar o vender un producto al mismo tiempo)
Otro inversor con iguales inclinaciones filosóficos, Nassim Nicholas Taleb, publicó en 2007 "El cisne negro", en donde dice que sólo podemos predecir lo obvio y jamás el cambio.
Taleb lo pone con el ejemplo del cisne negro. Durante mucho tiempo se pensó que todos los cisnes eran blancos porque la observación había acostumbrado al hombre europeo a que así eran las cosas.
Hasta que en Australia apareció un cisne negro y hubo que revisar todo.
Según Taleb nadie predijo ningún cambio sísmico en la historia humana.
Desde el advenimiento del cristianismo hasta la caída del comunismo y los atentados del 11 de septiembre, sucedieron sin que nadie los anticipara, aunque a posteriori se construyó una narrativa explicativa llena de causas que volvían inevitables estos fenómenos.
Si no podemos anticipar lo más importante, ¿qué sabemos?
5. Consecuencia ontológica
Después de todo lo dicho, cabe formularse la pregunta central de la ontologia, la rama de la filosofía abocada al conocimiento sobre los entes.
En este universo económico-social: ¿qué existe?, ¿qué es lo real?
En el siglo XVII Descartes tuvo que retrotraerse a su propio pensamiento para alcanzar una certeza subjetiva sobre qué existía efectivamente: pienso, luego existo.
El pobre Descartes no vivió en este mundo casi irreal de las finanzas del siglo XXI.
Si es relativamente fácil fundamentar la realidad de la producción y el consumo, es mucho más complejo comprender el status existencial de instrumentos financieros como los famosos activos tóxicos (deudas prácticamente incobrables) o los derivados (contratos de compra a futuro apostando al valor que tendrá este producto o activo: materia prima, hipotecas, moneda, etc), fundamentales para comprender la crisis que vivimos.
En 2007 se calculaba que el PIB mundial (todo los bienes y servicios que produjo el mundo) era de 63 millones de millones.
En ese mismo año se estimaba que el mercado de los derivados era de 596 millones de millones - casi 10 veces más que lo que producía el planeta.
El valor del PIB se refiere a algo tangible.
¿Qué realidad tienen esas gigantescas apuestas a precios futuros que son los derivados o las burbujas?
Esta pregunta no se la hacen sólo los neófitos en materia económica.
"En términos filosóficos los economistas son materialistas para quienes las bolsas de trigo son mucho más reales que las carteras de bonos", explicó al "The Economist" Perry Mehrling del Barnard College, Columbia University.
Y, sin embargo, la economía tiene una realidad mucho más elusiva como lo demuestra el funcionamiento mismo del dinero.
"El dinero no es algo completamente real. El dinero es la promesa de que uno va a poder comprar algo. Igual que el dinero que uno tiene depositado en el banco. Uno tiene una promesa de que el banco va a pagar. Si el banco quiebra, la promesa deja de existir", explicó a BBC Mundo Jon Danielsson de la London School of Economics.
Si se multiplica esto por las miles de millones de transacciones diarias que se hacen en dinero contante o en bonos, títulos y otras volatilidades del mundo financiero, se ve cuántas promesas se quebraron.
Cinco consecuencias filosóficas de la crisis | 25-07-2009 - 07:56:10 GMT 1 #
Impuestos
El aumento del déficit, los planes de estímulo y el desplome en la recaudación dejan un margen exiguo al Gobierno. El Ejecutivo ultima nuevas subidas de impuestos y el debate estallará tras las vacaciones, con la negociación de los Presupuestos.
Tras subir Hidrocarburos y Tabaco, con las empresas sin beneficios que declarar en el Impuesto de Sociedades y con el consumo y el IVA en estado crítico, el IRPF se yergue como la opción más viable.
Hay diversos aspectos que no pueden ser soslayados. Este tributo lleva años sin ajustarse a la evolución de los precios, lo que supone, de facto, una subida encubierta de 355 euros por cada contribuyente.
Al mismo tiempo, son varios los miembros del Ejecutivo que han abogado por una subida basada en la progresividad, que castigue a las rentas más altas en favor de las bajas. Los datos de la propia Administración Tributaria desmontan buena parte de esta proclama.
El 50% de la población declara rentas inferiores a los 16.500 euros al año. Esto es, son mileuristas. Sólo el 25% declara más de 25.500 euros. De manera que las subidas progresivas en el IRPF y sus tramos supondrían un nuevo ataque a la clase media del país.
Impuestos | 14-08-2009 - 02:03:33 GMT 1 #
La crisis financiera y económica y su impacto en los sistemas de proteccion social europeos
Vicenç Navarro
PARTE I
¿QUÉ HA ESTADO OCURRIENDO EN LA EUROPA SOCIAL ANTES DE Y DURANTE LA CRISIS?
Introducción
Para responder a la pregunta de cómo está afectando la crisis a los sistemas de protección social en la Unión Europea, tenemos primero que analizar qué ha estado ocurriendo en estos sistemas antes de la crisis, es decir, en los años que antecedieron las crisis financieras y económicas. En realidad, tal como mostraré en el artículo, la crisis ha acentuado lo que ya estaba ocurriendo en los sistemas de protección social en los años anteriores que la precedieron. Nunca mejor dicho lo de que para entender el presente hay que conocer y entender el pasado.
Comencemos, pues, preguntando qué ha estado ocurriendo con los sistemas de protección social de la UE, que constituyen el eje de lo que se ha llamado, erróneamente, el Modelo Social Europeo. Y digo erróneamente porque, en realidad, tales sistemas de protección social no corresponden a un modelo europeo, cuya explicación varía según el país en el que nos encontremos. La protección social española, por ejemplo, no es la versión española del modelo europeo. En lugar de un modelo, hay veintisiete modelos, que son muy distintos entre ellos, y que de ninguna manera se pueden considerar como la aplicación local de un modelo general. Existen varios modelos que responden primordialmente a las sensibilidades políticas que los han establecido. Una breve tipología permite agruparlos en cuatro tipos de sistemas de protección social que aparecen en distintos grupos de países:
Los países escandinavos del norte de Europa, tienen los sistemas de protección social más desarrollados (como consecuencia de haber sido gobernados por gobiernos socialdemócratas por más tiempo desde la II Guerra Mundial) y se caracterizan por incluir los derechos sociales y laborales dentro del concepto de ciudadanía. De ahí que tales derechos sean universales, es decir, que cubren a toda la población en protección social. Su gasto social es elevado (del 28 al 32% del PIB). Están financiados, en su mayoría, por fondos generales del Estado (sea éste central, autonómico o municipal) con una carga impositiva elevada, lo cual quiere decir que los impuestos son elevados y, lo que es incluso más importante, que hay mucha gente que trabaja y paga impuestos (el 82% de la población adulta). Esto último se consigue a base de tener unas tasas de participación femenina en el mercado de trabajo muy elevadas (el 76%).
Los países del centro de Europa cuyos sistemas de protección social han sido financiados predominantemente a base de cotizaciones sociales basadas en el mercado de trabajo. Han sido gobernados por la democracia cristiana (o por partidos conservadores de raíces cristiano judaicas) durante la mayoría del tiempo desde la II Guerra Mundial. Estos países han enfatizado más las transferencias públicas que los servicios públicos. Y su gasto público social (del 26 al 29% del PIB) es menor que el de los países del norte de Europa. Históricamente han estructurado los beneficios sociales según las aportaciones de los empresarios y trabajadores a las arcas de las diferentes cajas de la seguridad social, gestionadas por los empresarios, por los sindicatos y por el Estado. En estos países los servicios de beneficencia cuidaban a los ciudadanos que tenían menos recursos y que estaban fuera del mercado de trabajo. Estos países han ido evolucionando hacia la universalidad de beneficios sociales aunque continúan dependiendo en gran manera de la Seguridad Social para financiar su modelo social.
Los países del Sur de Europa que se han caracterizado por su bajo gasto en sus sistemas de protección social, como consecuencia de haber sufrido dictaduras conservadoras con escasa conciencia social. Y aún cuando han visto reducido, durante su periodo democrático, su déficit de gasto público social con respecto a la media europea, tal gasto continúa siendo de los más bajos de la Unión Europea de los Quince (del 19 al 22% del PIB).
Gran Bretaña e Irlanda siguen un modelo liberal (excepto en sanidad) que desenfatiza la responsabilidad pública, complementando las transferencias públicas con transferencias privadas, dejando al sector privado la cobertura de gran número de servicios. Su gasto social es del 21% y 17% del PIB respectivamente.
Por último, los países del Este de Europa, salidos de dictaduras comunistas, tienen un amplio abanico de servicios públicos de carácter universal (poco financiados), con gasto público muy bajo (del 14 al 18% del PIB) y muchos de ellos están en un periodo de profunda transformación, moviéndose hacia el modelo liberal.
Ni que decir tiene que hay enormes diferencias dentro de cada grupo de países y dentro de cada tipo de estado de bienestar. Pero, a grandes rasgos, existen estos cuatro grupos de modelos sociales que se han ido configurando según las tradiciones políticas que han gobernado cada país por más tiempo.
Pero, ¿existen elementos comunes que nos permitan hablar de modelo social europeo?
El hecho de que no haya un Modelo Social Europeo no quiere decir, sin embargo, que no haya algunos elementos comunes que expliquen que, a pesar de lo dicho anteriormente, se continúe hablando de un Modelo Social Europeo. En la mayoría de países de la Unión Europea existe, por ejemplo, una aceptación generalizada de que el Estado debiera responsabilizarse de la protección social de sus ciudadanos, garantizando una cierta universalidad de derechos sociales (como la sanidad, las pensiones, la educación o los servicios sociales). Como promedio, el gasto público social de la UE (27% del PIB) es superior al existente en EEUU (19%) y en otros bloques de países continentales (en Latinoamérica es de un 12%, en Asia un 11% y en Africa un 8%). Ello no quiere decir que no haya excepciones a la regla y que en otros continentes algunos servicios públicos puedan estar más desarrollados que en los países de la Unión Europea. Así, el porcentaje de niños que van a las escuelas públicas en EEUU es más elevado (87%) que en el promedio de países de la Unión Europea (76%). Pero en general, los estados del bienestar y su protección social son más extensos en la Unión Europea que en otras partes del mundo. De ahí que, a pesar de lo que indiqué en los párrafos introductorios, se hable con cierta frecuencia del llamado Modelo Social Europeo. Desde este punto de vista (es decir, desde la visión compartida en varios sistemas de protección social), se acepta que en la mayoría de países de la UE, el Estado tiene responsabilidad sobre:
Las transferencias sociales, de las cuales las más importantes son las pensiones de jubilación. Sin ellas, la gran mayoría de ancianos (64%) en la UE serían pobres. Constituyen el programa anti pobreza más importante de cualquier país en la UE.
Los servicios públicos, como sanidad, educación, servicio de apoyo a las familias (como escuelas de infancia y servicios domiciliarios a las personas con dependencia), servicios sociales, vivienda, integración de la inmigración y prevención de la exclusión social.
El desarrollo de normativas y sanciones para proteger al ciudadano como ciudadano, ya sea como trabajador, como consumidor o como residente a través de sus responsabilidades en temas laborales, ambientales y en la defensa del consumidor.
El desarrollo de las condiciones necesarias para que el sector privado o público puedan crear buen empleo.
La reducción de las desigualdades sociales (por clase social, género, raza y región) a fin de optimizar la igualdad de oportunidades y permitir el desarrollo del potencial existente en cualquier ciudadano o residente.
Ni que decir tiene que el grado de desarrollo y aceptación de estos cinco tipos de intervenciones varía considerablemente dentro de la UE. Pero, en general, al menos a nivel teórico, se acepta tal responsabilidad pública. Habiendo dicho todo lo anterior, la gran paradoja es que las instituciones de la UE no tocan, en su mayoría, gran parte de las responsabilidades apuntadas en el llamado “Modelo Social Europeo”. Las instituciones de la UE han sido hasta ahora escasamente sociales, y ello a pesar de que existe la característica en la UE de que la mayoría de los estados que la componen tienen modelos sociales avanzados. En realidad, hay una percepción generalizada (que definiré más tarde) de que las políticas llevadas a cabo a nivel de la UE están debilitando, en lugar de reforzar, los modelos sociales nacionales. De ahí que no pueda hablarse del futuro del modelo social en Europa o de la Europa Social sin analizar cómo las políticas públicas realizadas a nivel de la UE están afectando a los 27 modelos de protección social.
¿Qué está pasando en la Europa Social?
Hablar de promedios en la UE es siempre difícil debido a la gran variabilidad existente dentro de ella. Ahora bien, parece ser que sí que podemos hablar de una cierta evolución de la situación social de la Unión Europea (y muy en particular de los países de la UE-15 y de la eurozona) que ha ido ocurriendo desde la década de los años ochenta, en el sentido señalado en este texto, que también resume otro texto (Navarro,V. “¿Cómo está evolucionando la situación social de la Unión Europea?” en Josep Borrell (coord.), Europa en la encrucijada. Ed. Cajamar. Diciembre 2007). Lo que sigue es un breve resumen de lo que ha estado ocurriendo antes y durante la crisis.
El crecimiento del desempleo ha ido aumentando en la UE desde los años ochenta. La Unión Europea de los Quince, que había tenido un desempleo menor que EEUU en la época 1960-1980, pasa a tener un desempleo mayor que EEUU en el periodo 1980-2007. Este desempleo se ha incrementado en los dos últimos años, años de la crisis financiera y económica.
Un crecimiento del porcentaje de la población trabajadora, en todos los países de la UE-15, que declaran estar trabajando en condiciones estresantes. En el promedio de la UE-15, este porcentaje pasó de ser un 32% en 1991 a un 45% en 2005. Este porcentaje ha aumentado todavía más en los dos últimos años, aun cuando no existe información homologable para toda la UE. En aquellos países que han utilizado la misma metodología de estudio (Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y Dinamarca), los porcentajes han aumentado considerablemente, pasando a ser más de la mitad de la población (54%)
La tasa de crecimiento del gasto público social para el promedio de la UE-15 ha ido descendiendo, pasando de ser un 6% en el año 1990 a un 3,8% en el 2007. Tal tasa continuó descendiendo durante los dos últimos años (excepto en el capítulo de ayudas al desempleado, que ha aumentado considerablemente como consecuencia del crecimiento del desempleo).
Los derechos sociales se han reducido en la gran mayoría de los países de la UE-15, disminuyendo la tasa de cobertura de los seguros públicos de enfermedad, accidente laboral y desempleo, así como la intensidad de los beneficios sociales (tasa de sustitución de los salarios en caso de enfermedad, accidente laboral y desempleo). Este debilitamiento de los beneficios sociales ha ido ocurriendo desde los años ochenta, adquiriendo su máxima expresión en los últimos diez años, incluyendo los dos años de crisis.
Un aumento de la dispersión salarial en el promedio de los países de la UE-15 durante el periodo 1980-2007, aumentando de una manera muy notable en los dos últimos años.
Una disminución de las rentas del trabajo como porcentaje de las rentas nacionales, pasando de representar el 68% de la renta total en 1978 al 58% en 2005 (en el promedio de los países de la UE-15). Este porcentaje ha continuado disminuyendo en los últimos dos años, aunque no existan todavía datos homologables para toda la UE después del 2005.
Un aumento de los beneficios empresariales: un 33,2% en la UE-15 y un 36,6% en la zona euro durante el periodo 1999-2006. Durante el mismo periodo los costes laborales crecieron sólo un 18,2%. No existen tampoco datos homologables desde el 2006.
Un crecimiento del nivel de desaprobación de la población hacia el aumento de las desigualdades en los países de la UE-15 (no se ha hecho tal encuesta en los países de la UE del este de Europa). Un 78% de la población en 2007 consideraba que las desigualdades eran “excesivas” en su país, Este porcentaje ha aumentado considerablemente (82%) en los últimos años, alcanzando el mayor porcentaje experimentado desde la II Guerra Mundial.
La distancia de las clases populares hacia las instituciones europeas (que las encuestas señalan) ha sido influenciada (además de por factores locales) por los ocho puntos enunciados en el párrafo anterior. La evidencia de ello es sólida y robusta. De ahí que se perciba el marco institucional de la UE como responsable, en parte, de esta situación. Existe una percepción generalizada de que la manera como se están construyendo las instituciones europeas está afectando negativamente al bienestar social de las poblaciones. Ni que decir tiene que estas percepciones varían enormemente. En los países del sur de España, que son los que se han beneficiado más de las ayudas europeas, tal percepción no está tan generalizada. Pero sí que lo está en la mayoría de países de la UE, y sobre todo entre la clase trabajadora y otros componentes de las clases populares de los países nórdicos y de centro de Europa (y de Gran Bretaña). El rechazo hacia la Constitución Europea entre las clases trabajadoras de los países donde se hizo el referéndum (Francia, Holanda, Irlanda –donde el referéndum no fue aprobado- y en Luxemburgo –donde sí fue aprobado- así como en los países donde se le preguntó a la población qué hubieran votado en caso de referéndum) es un indicador de tal percepción. Es un gran error atribuir este rechazo a un “chauvinismo”, “nacionalismo”, “provincialismo”, “localismo” o “ignorancia” de las clases populares. Estos factores pueden haber contribuido al rechazo a las instituciones europeas, pero la mayor causa es el crecimiento de la inseguridad entre las clases populares, y la atribución de ello a las políticas públicas promovidas por la Comisión Europea y por el Banco Central Europeo, tema de los siguientes párrafos. La limitada respuesta de la mayoría de gobiernos de la UE a la Gran Recesión ha incrementado, todavía más, el desapego de las clases populares a las instituciones europeas.
¿Están las instituciones europeas facilitando u obstaculizando la Europa Social?
Durante estos últimos quince años ha habido un consenso en Bruselas sobre medidas macroeconómicas que se ha reflejado en las políticas de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (entre otros). Así, la reducción de impuestos se ha considerado por tales instituciones como la política más exitosa para estimular la economía, más que el aumento del gasto público. Otro elemento de este consenso ha sido considerar el control de la inflación como objetivo prioritario del Banco Central Europeo. Los intereses del Banco Central Europeo han sido históricamente más altos que los del Federal Reserve Board (el Banco Central Estadounidense). Tal consenso se ha promovido también a través del Pacto de Estabilidad, que fue pensado, sobre todo, para unas economías estables en momentos de expansión y que ha significado en este momento de profunda crisis un obstáculo para el crecimiento del gasto público, necesario como estimulante de la economía. La respuesta a la crisis actual refleja esta situación. El déficit público estatal, promedio de los países de la Unión Europea, es de un 4,2% del PIB. En EEUU es un 13%. Y el estímulo económico promedio de los países de la UE (mucho menor –un 3,2% del PIB- que en EEUU, con un 5,8%) también traduce este consenso de Bruselas. La mayoría del estímulo económico en la UE se ha basado en reducción de impuestos y transferencias personales, al revés que en el estímulo de la Administración Obama, que se ha basado, primordialmente, en gasto público en infraestructuras y en servicios públicos. En realidad, EEUU no hubiera sido aceptado en la UE. Su déficit (promedio desde 1980, y antes de la crisis) era de un 3,9% del PIB.
Estas políticas institucionales han afectado negativamente al desarrollo del Modelo Social Europeo. La percepción generalizada, pues, no está del todo equivocada. Y la gran abstención de las clases populares en las últimas elecciones se basa en ello. De ahí que la viabilidad del Modelo Social requiera cambios en el marco institucional como:
Permitir mayor flexibilidad del Pacto de Estabilidad, con redefinición del tipo de gastos que debieran contabilizarse para calcular el déficit. No es lo mismo que un país esté deficitario debido a una inversión en educación, a que lo esté por aumentar los gastos menos rentables de cara al futuro.
Equilibrar mejor los objetivos del Banco Central Europeo, para dar más peso al estímulo económico, haciéndolo (como lo es el Federal Reserve Board) más “accountable” al Parlamento Europeo y mejorando su transparencia.
Incrementar el presupuesto del gobierno europeo, para alcanzar al menos un 7% del PIB europeo, tal como ya indicaron los fundadores de la ECC en Roma, asignándole una responsabilidad de reducción de las desigualdades regionales.
Coordinar las políticas económicas y fiscales.
Desarrollar políticas de pleno empleo para toda la UE.
Desarrollar legislación a nivel europeo que permita los convenios colectivos a nivel continental europeo. El desarrollo de un modelo social europeo –que no existe- requiere un pacto capital-trabajo que es el que permitió en cada país el desarrollo del Estado del Bienestar. Es condición necesaria para implantar tal Modelo Social el establecer a nivel europeo el Pacto Social capital-trabajo, dentro de un marco legal y jurídico europeo.
Propuestas para mejorar la viabilidad de la Europa Social
Hay que distinguir dos componentes de esta pregunta. Uno es cómo asegurarnos de la viabilidad del estado del bienestar en cada país, y el otro cómo europeizar los estados del bienestar homologando derechos sociales, laborales y políticos.
La respuesta a la primera pregunta consiste en:
Aumentar el número de personas activas que paguen impuestos y contribuyan a crear riqueza en el país. Lo primero se consigue primordialmente a base de facilitar la integración de la mujer en el mercado de trabajo, una de las medidas más importantes para crear riqueza. Para tener una idea del gran potencial de crecimiento laboral en Europa, basta citar el ejemplo de España. Si España tuviera el porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo que tiene Suecia, habría tres millones más de trabajadoras creando riqueza y pagando impuestos. Otro ejemplo: si todos los países de la UE tuvieran la tasa de participación de la mujer que tiene Suecia, el aumento del número de trabajadores en la UE sería comparable al incremento del número de trabajadores en la UE como consecuencia de la integración de Turquía a la UE. De ahí que la inversión en escuelas de infancia y servicios domiciliarios de ayuda a personas con dependencia (que ayudan a la mujer a compaginar sus responsabilidades familiares con un proyecto profesional personal) sean enormemente importantes. Es lo que en su día llamé el cuarto pilar del bienestar (cuando asesoré a Josep Borrell y a Joaquín Almunia en las elecciones legislativas del año 2000), y que luego ha hecho fortuna. Ni que decir tiene que se exige también un cambio de valores en el hombre para corresponsabilizarse de las responsabilidades familiares, cambio excesivamente lento en el sur de Europa.
Aumentar la fecundidad a base, sobre todo, de la disponibilidad de los servicios del cuarto pilar del estado del bienestar. Estos servicios son mucho más importantes que las ayudas familiares, puesto que además de ayudar a la integración de la mujer en el mercado de trabajo, crean empleo. La propia entrada de la mujer en el mercado de trabajo crea la demanda de servicios personales (restaurantes, servicios de limpieza, etc.) que antes hacía el ama de casa y que ahora las tiene que proveer el mercado. En contra de lo que las voces conservadoras señalan, la entrada de la mujer en el mercado de trabajo no tiene por qué disminuir la fecundidad. La mujer escandinava tiene 1,8 niños como promedio, y el 76% trabajan en el mercado laboral. La del sur de Europa tiene 1,3 y sólo el 52% trabajan en el mercado laboral
Aproximar la edad real a la edad legal de jubilación, dificultando que el mundo empresarial utilice las prejubilaciones forzosas como mecanismo de reducción o cambio de sus plantillas.
Regular altamente la inmigración, pues hay que equilibrar los beneficios que la inmigración conlleva con los costes que por regla general absorben las clases populares, y muy en especial la clase trabajadora no cualificada con la que compite, dando origen a grandes tensiones. Hay que ser consciente de que no es racista el más ignorante sino el más inseguro, y hay mucha inseguridad hoy en la UE.
Tomar medidas que aumenten la productividad, tanto la productividad horaria del trabajador como la productividad del sistema. Entre las primeras medidas destaca la importancia de adaptar el sistema educativo a las necesidades de la sociedad, incluyendo su sistema productivo. Se necesita un cambio profundo de los sistemas educativos, desde las escuelas de infancia, que debieran sustituir a las guarderías, a la escuela primaria, secundaria y terciaria, y dentro de ésta, potenciar mucho más la formación profesional, el punto más flaco en el sistema educativo. En cuanto al incremento de la productividad sistémica, hay que mejorar los sistemas de protección social, sin los cuales la clase trabajadora se resistirá, con razón, a la necesaria flexibilidad, requisito para la eficiencia económica. Mostraré en la segunda parte de la presentación cómo la equidad es condición de eficiencia. Y de ahí la enorme importancia de mejorar la protección social, no sólo desde el punto de vista social sino también desde el punto de vista económico. Es más, el futuro mismo de la Europa Social depende de su productividad (tal como mostraré al discutir la mal llamada crisis de los sistemas de pensiones). De ahí la gran importancia de este punto.
La transición demográfica y la supuesta inviabilidad del Modelo Social Europeo
Es ya tradicional comenzar cualquier discusión sobre el futuro del estado del bienestar en Europa refiriéndose a los grandes problemas que representa el hecho de que, por una parte, haya cada vez más ancianos y por otra, menos jóvenes que les sustenten. Se han escrito muchos artículos y libros indicando que el hecho de que las personas de más de 65 años en la Unión Europea pasarán de ser el 16% en el año 2007 al 27% de la población en 2060, hacen inviable e insostenible el Modelo Social Europeo. Se asume que esta transición demográfica sobrecargará a la sanidad y a las pensiones públicas haciéndolas inviables.
Aunque es un hecho al que hay que prestar atención y responder a los retos que ello supone, hay que clarificar que se está exagerando el impacto que esta transición tendrá en la viabilidad del sistema. Se ignoran hechos como que hoy una persona a los 70 años tiene el nivel de salud que hace sólo 30 años tenía una persona de 60 años. Menos de un 10% del incremento del gasto sanitario en EEUU en los últimos años se debe al aumento del porcentaje de ancianos en la población. El mejoramiento de la salud y el descenso de la incapacidad y dependencia ha sido uno de los hechos que ha tenido mayor importancia en los últimos veinte años. En realidad, la transición demográfica ha tenido poco impacto en el incremento del gasto sanitario en los últimos veinte años. Más importante que el aumento de personas por encima de los 65 años, es el aumento del grupo etario por encima de los 80 años, pero este grupo representará sólo un 6% (algunos calculan el 8%) de la población en 2060. El reto de la transición demográfica no es en el área de financiación sino en las áreas de cómo responder a las nuevas necesidades que el grupo de más de 65 años determina, y de cómo utilizar sus habilidades. Es importante, por ejemplo, flexibilizar voluntariamente la edad de jubilación, a fin de permitir a la población que lo desee continuar relacionada con el mercado de trabajo. Y hay que facilitar la aparición de toda una serie de industrias encaminadas a satisfacer las demandas del grupo etario por encima de los 65 años. No es un problema tanto de gasto público (que es resoluble) como de ingenuidad y creatividad en respuestas a estas nuevas necesidades.
Referente a las pensiones, la variable más importante para su sustento en aquellos países que financian las pensiones a partir de las cotizaciones sociales, no es el número de jóvenes versus el de ancianos, sino el número de cotizantes (y tamaño de la cotización) versus el número de beneficiarios (y tamaño del beneficio). Se ignora en los discursos alarmistas que el aumento de la población activa (que puede aumentar un 30% de la tasa actual existente) y el aumento de los salarios y de las cotizaciones (consecuencia del aumento de la productividad) podrán cubrir las necesidades futuras. Pero para ello es importante que continúen las tasas de crecimiento de la productividad hoy existentes. Así, si la tasa de productividad aumentara un 1,5% por año (el promedio de los últimos treinta años para la UE-15) desde ahora al año 2060, significaría que el PIB europeo habría aumentado 2,3 veces el actual. Ello quiere decir que si el PIB de ahora es 100, en el año 2060 será 230. Pues bien, si ahora el promedio en la UE-15 de gasto en pensionistas es 11% del PIB, ello quiere decir que nos gastamos en no pensionistas el resto, es decir, 100 menos 11, igual a 89. Si en el año 2060 nos gastáramos en pensiones el 15% del PIB (cifra que la Comisión Europea ha estimado como el probable gasto en pensiones para aquel año), ello querría decir que nos gastaríamos en pensionistas el 15% del PIB del 2060, es decir, 33, quedando para los no pensionistas el resto, es decir, 223 menos 33, que es 190, una cantidad mucho mayor para los no pensionistas de lo que nos gastamos ahora, que es 89. En realidad, hace cincuenta años España se gastaba 3% del PIB en pensiones. Hoy nos gastamos 8% (más del doble que entonces) sin que ello signifique que tenemos menos recursos para los no pensionistas. De ahí la enorme importancia de mantener y aumentar la productividad, pues es un factor determinante para la viabilidad del sistema. Pero ahí no hay razón para la alarma, porque el cálculo que he mostrado se basa en mantener el nivel de productividad que ya tenemos. Es probable que incluso aumente más, teniendo incluso más recursos para pensionistas y no pensionistas. El aumento de la población activa y el aumento de la productividad son las bases de la expansión del estado del bienestar y sus sistemas de protección social.
Otros cambios demográficos
Las familias cambiarán aumentando las vulnerabilidades (madres solteras) y las oportunidades (matrimonios con dos salarios). Es importante estimular el aparejamiento como instrumento para evitar la vulnerabilidad y también como medida de estímulo de la fecundidad. El número de niños deseados por pareja en la Unión Europea es de dos, un número superior al existente. Hay que facilitar que las familias puedan tener el número de niños que quieran, llegándose al nivel de 2,1, que sería la tasa de fecundidad que la población europea necesitaría para no disminuir en tamaño. En este sentido es también fundamental que la vivienda (el alquiler) se facilite a la juventud, a fin de permitir la formación familiar. La propiedad de la vivienda no debiera favorecerse, pues es una de las causas de la rigidez en la movilidad laboral. Existirá, por cierto, un problema en la vivienda para las personas ancianas, ya que la mayoría de personas que viven solas son mujeres ancianas, lo cual requerirá (como ya se requiere ahora) toda una serie de medidas para romper su aislamiento y soledad. Estas últimas medidas no deberían resolverse a base de su institucionalización aunque se llega a un nivel de dependencia tal que dicha institucionalización podrá ser necesaria. En el año 2060 las personas de más de 80 años representarán el 6% de la población.
Otras medidas relacionadas con la transición demográfica: la necesaria eliminación de la polarización escolar
Los niños son los ciudadanos del futuro y los que sostendrán los sistemas de protección social del futuro. De ahí que las políticas sociales debieran estar encaminadas a invertir en la infancia, niñez y adolescencia. Es de enorme importancia que no exista una polarización educativa (por clase social) como ocurre en el sur de Europa con dos tipos de escuelas: las escuelas privadas (con apoyo público) que educan a los descendientes de las familias de mayor renta, y las escuelas públicas que educan a los hijos e hijas de las clases populares. Este tipo de educación polarizada es, además de injusta, enormemente ineficiente pues obstaculiza el desarrollo del potencial de grandes sectores de la población, con el consiguiente enorme coste económico, social y humano que ello implica. La polarización del sistema educativo, que en el sur de Europa se inicia ya en la escuela primaria, es una de las causas del subdesarrollo educativo de tales países. Las mejores escuelas en la UE son las escuelas nórdicas escandinavas (y muy en especial Finlandia y Suecia), escuelas multiclasistas, donde en la misma escuela coinciden los hijos de los banqueros con los hijos de los empleados de la banca. Tal diversidad social en las escuelas es fundamental para crear el concepto multiclasista de ciudadanía, evitando la discriminación social. Estudios realizados en varios centros educativos estadounidenses señalan que la diversidad social es un componente muy importante para configurar el estímulo intelectual y desarrollo humano del individuo. Los sistemas educativos polarizados, como ocurre en el Sur de Europa, son ineficientes.
La europeización de los derechos sociales. La necesaria democratización de la UE.
Las instituciones europeas debieran facilitar el desarrollo social de Europa, a través de: 1) medidas que apoyen el desarrollo social en cada país, y 2) la inclusión a nivel de toda la UE del objetivo de alcanzar los niveles de desarrollo social de los países más avanzados. Esta última medida está muy poco desarrollada, lo cual explica, en parte, su escaso atractivo entre las clases populares, las cuales se sienten cada vez más amenazadas con las propuestas que está haciendo la Comisión Europea y los dictámenes que aprueba el Tribunal Supremo de la UE. Tal situación debiera revertirse viéndose tales instituciones como instrumentos para aumentar, en lugar de para disminuir los beneficios sociales.
De ahí que debieran desarrollarse normativas (apoyadas por una responsabilidad sancionadora) de indicadores sociales que los países miembros debieran alcanzar como condición de admisión y/o pertenencia a la UE. Esta dimensión es de gran importancia y está poco desarrollada. La concepción de ciudadanía europea, el día que llegue, se alcanzará a base de su identificación con derechos sociales y laborales. Si lo segundo no ocurre, lo primero tampoco cuajará. Para que ello ocurra, se debe corregir el enorme déficit democrático de la UE, el tema de mayor importancia para poder desarrollar la Europa Social. Sin mayor democracia en la UE, no habrá un Modelo Social Europeo.
PARTE II
EL FUTURO DE LA PROTECCION SOCIAL EN LA UE. RESPUESTA A LOS ESCÉPTICOS
Europa no es menos competitiva que EE.UU.
En esta segunda parte responderé al coro de voces (la mayoría de persuasión liberal), que cuestionan la viabilidad de los sistemas de protección social y su permanencia (y expansión), atribuyéndoles erróneamente una supuesta ineficiencia de sus economías. Me centraré primordialmente en los países de la UE-15 y en la eurozona.
Una tesis extendida en círculos liberales (tanto en EEUU como en Europa) es que Estados Unidos es más eficiente que la UE-15, y ello como consecuencia de que EEUU tiene un estado social más disminuido y sus políticas públicas son menos redistributivas que en la UE-15. En esta tesis se postula que la dimensión social que caracteriza el modelo europeo y su preocupación por políticas redistributivas entra en conflicto con la eficiencia económica. Se establece así un supuesto conflicto entre eficiencia económica y equidad, que ha sido la causa de que algunos pensadores y gobiernos europeos hayan propuesto reducciones del modelo social y una dilución de los beneficios sociales con abandono de las políticas redistributivas a fin de alcanzar el nivel de eficiencia económica de EEUU. Esto se ha acentuado en estos años de crisis en la mayoría de países de la UE como he señalado en PARTE I.
Los que han propuesto la tesis de que la supuesta ineficiencia de las economías europeas se basa en la excesiva equidad de su modelo social, muestran, como evidencia que apoya sus propuestas, el hecho de que el crecimiento económico de EEUU durante el periodo 1975-2007, dividido en cuatro periodos: 1975-1985, 1985-1990, 1990-1995, y 1995-2007, ha sido respectivamente de 3,4%, 3,2%, 2,4% y 3,2%, unas tasas de crecimiento mayores que las experimentadas por la UE-15 (me limito a la UE-15 por ser los países que han existido como parte de la UE por más tiempo) en los mismos periodos: 2,3%, 3,2%, 1,5% y 2,3%.
Lo que tales autores ignoran, sin embargo, es que no se puede derivar de estos datos que EEUU sea más eficiente que la UE-15. El mayor crecimiento económico en EEUU no se debe a su mayor eficiencia sino a su mayor crecimiento demográfico en cada uno de estos cuatro periodos. En realidad, cuando se compara el crecimiento económico per cápita (que es el indicador que debe utilizarse para comparar la eficiencia de los dos continentes) por cada uno de los cuatro periodos, entonces vemos que las tasas son muy similares en los dos lados del Atlántico. El crecimiento económico per cápita durante el periodo 1981-1990 fue de 2,1% en la UE-15 y 2,2% en EEUU. Para el periodo 1991-1995, tal tasa fue de 1,2% en la UE-15, ligeramente superior al 1,1% de EEUU. Y para el periodo 1996-2000, el crecimiento fue de 2,4% en la UE-15, ligeramente inferior al de EEUU, 2,8%. En realidad, la tasa de crecimiento económico per cápita de EEUU y de la UE-15 es bastante semejante a partir de los años ochenta, habiendo sido mucho mayor en el promedio de los países que pasaron a constituir la UE-15 que en EEUU durante el periodo anterior 1960-1980.
Esta supuesta (y no existente) superioridad de EEUU sobre la UE-15 queda incluso más cuestionada cuando se compara EEUU con países específicos de la UE-15. En realidad, la tasa de crecimiento económico anual promedio de EEUU (1,9%) desde los años ochenta ha sido inferior a Austria 2,1%, Bélgica 1,9%, Irlanda 6,6%, Holanda 2,4%, Portugal 3%, España 2,4% y Dinamarca 1,8%. Todos estos países tienen un gasto social más extenso que EEUU, y la polarización de las rentas es menos acentuada que en EEUU.
¿Es Estados Unidos más rico que la UE-15?
Cuando se considera la renta per cápita podemos concluir que el PIB per cápita de EEUU era ya 36.102 dólares en el año 2000 (cuando se escribió la estrategia de Lisboa, que tenía como objetivo hacer de Europa la entidad económica más competitiva del mundo) inferior a Dinamarca 44.740$, Suecia 37.870$, Alemania 37.150$, Finlandia 36.659$ y Austria 38.477$. Todos estos países tienen una dimensión social más extendida y unas desigualdades menores que EEUU. Es sólo cuando, en lugar de dólares per cápita se utilizan unidades de poder de compra, que EEUU está en el número uno de países ricos. Pero ello se debe a que el sistema de homologación de la moneda que se utiliza para medir la renta en unidades de compra discrimina aquellos sectores públicos que no están en el mercado y que no contabilizan cuando se calculan las unidades de compra que se basan sobre el precio de lo que se compra y vende y mide la capacidad adquisitiva en el mercado. Si estos servicios públicos (sanidad, educación, etc.) se pusieran en la cesta de la compra donde se calcula el valor de los productos comparables, entonces la renta de EEUU sería menor que en gran número de países de la UE-15.
La situación social de EEUU en comparación con la UE-15
Los indicadores sociales son, en general, peores en EEUU que en la UE, aún cuando la variabilidad de tales indicadores en EEUU es menor que la existente dentro de la totalidad de la UE. Las desigualdades sociales son mayores en EEUU (el nivel de renta de la decila superior es 5,45 veces mayor que el nivel de renta de la decila inferior) que en la UE (4,13 veces), aún cuando las diferencia regionales en EEUU sean menos acentuadas que las diferencias entre estados de la UE. Ello es consecuencia de la ausencia de un gobierno europeo con los recursos que tiene el gobierno federal de EEUU para redistribuir recursos entre estados, punto que elaboro en este artículo. Un tanto semejante ocurre con la pobreza, mayor en EEUU que en el promedio de la UE pero con menor variabilidad en EEUU que en la UE.
En cuanto al desempeño educativo, el nivel de conocimiento de matemáticas en EEUU es de los más bajos de la OECD junto con los países del sur de la UE. La tasa de encarcelamiento en EEUU es la más alta de la OECD (724 prisioneros por cada 100.000 habitantes),siendo los países nórdicos de la UE los que tienen tasas menores.
La tasa de movilidad (porcentaje de personas en las dos decilas inferiores de renta que suben a otras decilas superiores durante un año) es en EEUU de las más bajas en la OECD, más bajas que en la mayoría de países de la UE, incluyendo los países del sur de la UE que son los menos movibles dentro de la UE-15 (la UE-15 es el único grupo de países de la UE donde se ha hecho tal estudio).
Ni que decir tiene que hay otros indicadores sociales (porcentaje de licenciados y diplomados universitarios, porcentaje de estudiantes en formación profesional, recursos públicos en el sistema educativo y otros) que tienen grandes implicaciones económicas y que EEUU tiene mejores indicadores que la UE-15. Pero, en general, EEUU tiene una gran polarización social, con escasa movilidad vertical, que dificulta la igualdad de oportunidades para los sectores con menos recursos. El “sueño estadounidense” fue y continúa siendo una realidad, pero se limita predominantemente a los hijos de inmigrantes de clase media y trabajadora cualificada. Pero incluso tal sueño se ha comenzado a diluir. El 46% de las familias estadounidenses no cree que sus hijos vivirán mejor que sus padres. Tal porcentaje es menor en la UE-15 (un 36%).
Las rigideces en el mercado laboral estadounidense son consecuencia de la privatización del estado del bienestar estadounidense.
No existe plena conciencia, en círculos económicos de la UE, de los costes económicos que suponen para EEUU la privatización de su estado del bienestar. La crisis económica de Estados Unidos (a diferencia de la crisis financiera) se debe en gran parte a la privatización de las transferencias y servicios que en la Unión Europea son públicos. El caso de la sanidad es un ejemplo de ello. El hecho de que el 62% de estadounidenses consigan su cobertura sanitaria a través del aseguramiento sanitario privado, financiado por los empresarios y trabajadores en su lugar de trabajo (negociando la cobertura a base de los muy descentralizados convenios colectivos) añade una gran rigidez en los mercados de trabajo estadounidenses, pues los trabajadores son reacios a cambiar de puestos de trabajo, porque pueden perder o ver su cobertura sanitaria (para él o ella y su familia) disminuida. Este sistema de financiación a través del lugar de trabajo se estableció a partir de la Taft-Harley Act, y ha sido durante muchos años un sistema de control de la fuerza del trabajo por parte del empresariado. Cuando un trabajador pierde su trabajo, pierde su salario y la cobertura sanitaria de él o ella y su familia. De ahí que EEUU tenga el número de días laborales perdidos debido a huelgas más bajo de la OECD. El trabajador se lo piensa dos veces antes de enfrentarse con el empresario
Pero tal sistema ha repercutido negativamente en los costes empresariales, haciendo las empresas menos competitivas. Hoy el coste de cobertura de aseguramiento sanitario privado significa un gravamen muy acentuado al empresariado. General Motors se gasta más en cubrir los costes sanitarios de sus empleados que en la compra de cualquier componente de la producción del automóvil, situación que no encuentra homologación en ningún otro país. El coste por coche es de 1.500 dólares. Toyota, en Japón, sin embargo, gasta sólo 97 dólares por coche para el mismo objetivo (pagando en impuestos en lugar de en pólizas de aseguramiento privado). De ahí que el Presidente Obama haya definido como objetivo prioritario el cambiar este sistema, pues está dañando la competitividad económica de EEUU. Cuando estuve trabajando con la Sra. Hillary Clinton en la Casa Blanca, en su reforma sanitaria, un objetivo era precisamente el desligar el aseguramiento de la ciudadanía de su lugar de trabajo, universalizando el derecho de asistencia al sistema sanitario. Los elevados costes que la privatización del sistema sanitario le está representando a la economía estadounidense explican que las empresas manufactureras y exportadoras más importantes de EEUU estén hoy apoyando elementos de la reforma del Presidente Obama.
Los límites de la estrategia de Lisboa: El error de sus supuestos.
El error de la estrategia de Lisboa fue asumir que Europa era menos competitiva que EEUU, definiendo como objetivo de tal estrategia el alcanzar el nivel de eficiencia y competitividad de EEUU.
Lo que se ignoraba en tal declaración era que muchos países de la UE ya eran más eficientes que EEUU. Si consideramos la productividad por hora trabajada en EEUU como el punto de referencia (100) vemos que varios países europeos tenían ya una productividad mayor (el año que tal estrategia se aprobó) que EEUU: Francia 103, Austria 109, Bélgica 110, Holanda 106, Noruega (que no es miembro de la UE) 136. Lo mismo ocurre en cuanto al crecimiento anual de la productividad. En EEUU, el crecimiento anual promedio durante el periodo 2000-2007 ha sido de un 1,4%, semejante o menor que en muchos países de la UE: Alemania 1,2%, Gran Bretaña 2,3%, Francia 1,1%, Austria 1,8%, Bélgica 1,7%, Dinamarca 1,4%, Finlandia 2,9%, Holanda 4,1 %, España 1,9% y Suecia 2,6%.
Las diferencias con EEUU no eran en productividad y crecimiento de la productividad: eran en el número de trabajadores (más alto en EEUU que en la Unión Europea, excepto en los países escandinavos) y en el número de horas trabajadas por trabajador. Esto último era consecuencia, en gran parte, de que el número de vacaciones era mayor en la mayoría de países europeos que en EEUU, consecuencia de una mayor fuerza de los sindicatos en Europa que en EEUU. En realidad, si la población activa en la mayoría de países de la UE fuera tan elevada como en EEUU y el número de horas trabajadas por año en la UE fuera muy semejante al de EEUU, el PIB por habitante de la UE sería superior al de EEUU, como señalo en un apartado anterior. El problema pues, no es tanto el de competitividad sino el de participación en la fuerza laboral, aún cuando una postura sostenible es que las poblaciones europeas han preferido tener más tiempo libre a tener un mayor nivel de riqueza.
El error de asumir que los mercados laborales en Europa son rígidos y son los responsables del elevado desempleo en la UE-15, mayor que en EEUU.
De nuevo, la situación es más compleja de lo que esta tesis apunta. Es cierto que como promedio, la UE-15 ha tenido un desempleo mayor que EEUU en la mayoría de años durante el periodo 1980-2005. Pero no fue así durante el periodo 1950-1980, cuando el desempleo era mayor en EEUU que en el promedio de los países que más tarde pasarían a ser los países de la UE-15. Durante este periodo 1950-1980, los mercados laborales europeos eran ya más rígidos que los estadounidenses y a pesar de ello el desempleo era menor. Es más, los mercados laborales europeos se han ido flexibilizando, perdiendo rigidez durante el periodo 1980-2005, precisamente durante el periodo en que el desempleo ha ido aumentando sobrepasando el desempleo de EEUU. Es difícil, por lo tanto, sostener la tesis de que el problema radica en la rigidez de los mercados laborales.
Es más, varios países de la UE-15 tienen mayor flexibilidad en sus mercados laborales (Dinamarca es uno de ellos), y tienen desempleos menores que EEUU. La flexibilidad laboral tiene cuatro dimensiones: 1) movilidad de un sector de empleo a otro, 2) movilidad de un territorio a otro, 3) movilidad de un puesto de trabajo a otro y 4) movilidad de entrada y salida del mercado de trabajo. Existen, por lo tanto, varios tipos de flexibilidad, y por lo tanto, de rigideces. No todas ellas están relacionadas. EEUU es muy móvil en movilidad 4, pero no tanto en movilidades 1, 2 y 3, y ello como consecuencia de que el trabajador estadounidense recibe sus beneficios sociales (como el aseguramiento privado sanitario) a través de su lugar de trabajo. Ello implica que cuando el trabajador pierde su puesto de trabajo, pierde no sólo su salario sino la cobertura sanitaria suya y de su familia. Ello añade una enorme rigidez en el mercado de trabajo. Adjunto un artículo donde hablo de este tema.
Las políticas macroeconómicas explican el mayor desempleo en la UE.
En la discusión sobre las causas del desempleo se está dando excesiva importancia en Europa a los comportamientos de los mercados laborales y poca importancia a las políticas macro económicas, muy distintas en la UE de las que se han seguido en EEUU. El Pacto de Estabilidad ha considerado siempre como un tema prioritario el de controlar el déficit público, lo cual podía ser razonable en tiempos de expansión, pero, como dije antes, obstaculiza la respuesta fiscal en momentos de recesión. Si a esta circunstancia se suma la prioridad del Banco Central Europeo de controlar la inflación (como objetivo principal), entonces puede entenderse como la tasa de crecimiento económico en el periodo 1980-2005 ha sido menor en el promedio de la UE-15 que en el periodo 1950-1980. De ahí que el desempleo en la UE-15 haya sido mayor en el periodo 1980-2005 que en el periodo 1950-1980.
En EEUU, la política fiscal ha sido mucho más activa, de manera que el promedio del déficit del gobierno federal (del periodo 1980-2005) ha sido un 3,8%. Y un objetivo también primordial del Federal Reserve Board ha sido el estimular el crecimiento económico. Los intereses bancarios del Federal Reserve Board han sido menores, en general, que los del Banco Central Europeo. La respuesta a la crisis actual refleja también esta situación. Como dije antes, el gobierno federal de EEUU se está gastando un 5,8% del PIB en estímulo económico (con un déficit federal de un 13% del PIB). En la UE-15 el déficit promedio es un 3,8% del PIB y el estímulo económico promedio de los países de la UE-15 es un 3,6% del PIB.
La necesidad de unos Estados Unidos de Europa como condición del desarrollo de la Europa Social.
A esta situación se añade una estructura político administrativa en la UE muy diferente a EEUU y que no alcanza a ser como unos Estados Unidos de Europa, es decir, un Estado Federal, lo cual dificulta enormemente la respuesta colectiva. El Estado Federal tiene un mandato de reducir las desigualdades entre los estados. De ahí que haya menos desigualdades interregionales en EEUU que en la UE-15. La diferencia, por ejemplo, en los niveles de desempleo entre el menos elevado (Massachussets 5,2%) y el más elevado (Alabama 9%) en EEUU es mucho menor que entre el más elevado (Polonia 21%) y el menos elevado (Suecia 4,2%) en Europa. El gobierno federal es altamente intervencionista (como decía el Ministro de Defensa del Gobierno Reagan, “el gobierno federal es el que tiene la política industrial más avanzada de todos los países desarrollados, a través del gasto militar”), y su gasto representa el 19% del PIB. El gasto redistributivo y estimulante en la UE-15 (1,2%) es mucho menor. Ni que decir tiene que es mejor utilizado en la UE-15 que en EEUU. Pero la cantidad es sustancialmente mayor. De ahí que el futuro de la Europa Social dependa, en gran parte, no sólo de su democratización sino también de su futura estructuración, creándose una Europa más federal y más democrática, en las líneas de los Estados Unidos de Europa que, siendo muy distinto al de EEUU de ahora, tendrá elementos comunes. Sin tal estructura, el futuro social es cuestionable.
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra. Ex Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Barcelona. Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University. Director del Observatorio Social de España.
Conferencia en las Jornadas “Europa ante la crisis: Perspectivas de la Presidencia Española en la UE”. Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Santander, 27 agosto 2009
La crisis financiera y económica y su impacto en los sistemas de proteccion social europeos | 30-08-2009 - 05:32:59 GMT 1 #