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El Blog de Leningrad Garrotxa: Argelaguer - Tortellà - Montagut i Oix - Sales de Llierca - Sant Jaume de Llierca

20/07/2008 GMT 1

Els treballadors gironins afronten la crisi econòmica endeutats

lejarza @ 11:49

Els treballadors gironins afronten la crisi econòmica endeutats. Les dades de la sucursal núm. 1 del Banc Central Europeu, “Banc d'Espanya“, diu que el deute privat gironí -empresaris i treballadors- amb els Bancs i Caixes arriba als 25.049 milions €, un nou màxim històric, els crèdits de les entitats financeres de Girona a les administracions públiques, Ajuntaments, Diputació de Girona (sous dels politics), Generalitat de Catalunya, etc..., el deute total arriba als1 de Maig 2008 Argelaguer Girona Garrotxa Olot 25.648 milions €., un creixement interanual del 12,5%, el deute d´Empresaris i Treballadors de Girona s'ha incrementat en uns 2.800 milions € en només un any, la quantia dels compromisos amb bancs i caixes d'estalvis de crèdit es va incrementar en diversos moments a un ritme superior al 21 per cent interanual. La mitjana dels darrers cincs anys indica creixements superiors al 30% anual del volum de crèdit. El deute dels treballadors gironis coincideix amb un context de dificultats econòmiques, crisi financera i final del "boom cementero de la patronal gironina".

Pel que fa als treballadors, les dades de la sucursal “Banc d'Espanya” posen de manifest que el seu endeutament ha arribat als 887.426 milions €, el 10,6 per cent més, el 74 per cent del deute dels treballadors gironins, corespón a la hipoteca, finançament d'habitatge. Vall del Llierca Garrotxa

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On nobis, sed ómnibus Sigillum Militum Xpist

Comentarios(6) »

  1. Plan de choque... ¡pero a favor de los trabajadores! .-En medio de grandilocuentes discursos de los politicos sobre la “igualdad”, en estos años los jóvenes, las mujeres y los trabajadores catalanes han visto acrecentar las desigualdades y son ahora, en época de crisis, los grandes perjudicados.

    Los mismos que se forraron a costa de los trabajadores, los mismos capitalistas que privatizaron el beneficio, vienen ahora a “socializar la crisis”. Como hacen cada vez que la economía capitalista catalana entra en crisis, vienen a pedir “el sacrificio de todos”, vienen a reclamar “apretarse el cinturón”. Su cinismo no tiene límites, porque mientras crece el desempleo y la carestía de la vida, ellos no dejan ¡ni en medio de la crisis! de seguir obteniendo beneficios millonarios. Los grupos de Bancos y “Caixas” que operan en España obtuvieron un beneficio neto de 18.877,4 millones de € en 2007, lo que supone un incremento del 19,82 % en comparación con el ejercicio anterior (Informe de la Asociación de la Banca Española, AEB).

    Hoy, los trabajadores no necesitamos una contrarreforma laboral, sino una contratación fija y un verdadero plan de choque para que la crisis no la paguemos los trabajadores; debe empezarse por acabar con ese miserable salario mínimo de 600 €, el más bajo de Europa después de Portugal, que condena a quien lo cobra a la precariedad más absoluta. ¡Salario Mínimo interprofesional de 1.200 € ! Las pensiones mínimas no deben, bajar en ningún caso, del salario mínimo y no como ahora, que más de la mitad son inferiores a él.

    Ante la subida de precios, de la que se benefician las grandes petroleras y monopolios, los intermediarios y los grandes centros de distribución, hay que exigir la congelación de precios de los productos básicos para los trabajadores de Gerona (alimentos, gas, luz..).

    No se puede vivir decentemente sin tener derecho a una vivienda digna. Ni se puede aceptar que la “solución” sea dar subvenciones millonarias a los promotores para construir nuevas viviendas. Un verdadero plan de choque debe de una vez parar los pies a los especuladores, poniendo a disposición de la sociedad esos tres millones de viviendas vacías, creando un parque público de viviendas e imponiendo por Ley un Alquiler Social (LAS) que no exceda del 20% del salario medio. PSUC

    Ante el crecimiento del paro, hay que exigir un plan de medidas urgentes, promoviendo un plan de obras públicas y sociales para construir hospitales, escuelas, guarderías, centros sociales y otros equipamientos; todo ello ha de ser público, nunca privado, que den repuesta a las necesidades populares, a la par que cree empleo. Luchar contra el desempleo exige parar el fraude que representan las deslocalizaciones de empresas, que llevan a miles de trabajadores a la calle, después de haber disfrutado estas empresas, en la gran mayoría de los casos, de subvenciones y beneficios fiscales millonarios por parte de los politicos.

    Hay que apoyar las reivindicaciones de maestros, estudiantes, empleados públicos y usuarios para paralizar las medidas de privatización de los servicios públicos básicos como la educación, la sanidad o el transporte, deben materializarse en la exigencia de derogación de la Ley 15/97 que permite la privatización de la sanidad y que fue votada por CiU, PP y el PSOE.
    Girona Olot

    Plan de choque... ¡pero a favor de los trabajadores! | 20-07-2008 - 11:57:51 GMT 1 #

  2. Comunicat de la plantilla de SIMÓN: Contra el despido de 80 trabajadores de SIMON S.A.

    La empresa SIMON,S.A. ha presentado un expediente de regulación de empleo. que afecta a 80 trabajadores, del total de 149 que trabajan en el centro situado en la calle Sancho de Avila de Barcelona.

    Los trabajadores estamos totalmente en desacuerdo con este expediente, por considerar que está provocado principalmente por la externalización de la producción del centro, que se lleva a cabo desde hace un tiempo, con el objetivo de reducir costes a cambio de generar empleo precario y salarios de miseria.

    La empresa quiere aprovechar estos momentos de crisis del sector de la construcción, para deshacerse de una plantilla que, en su mayoria, tiene una antigüedad de entre 30 y 40 años, y cumplir su objetivo de cerrar sus centros en Barcelona.
    SIMON,S.A. es una empresa que pertenece a SIMON HOLDING, empresa catalana que se está expandiendo por todo el mundo, deslocalizando el trabajo de sus centros en Catalunya y abriendo otros en paises como China, Marruecos, Polonia e India. Aunque sus argumentos son los de abrir nuevos mercados, en realidad su único objetivo es aumentar sus beneficios, sin ningún escrúpulo, a costa de la sobreexplotación de los trabajadores de esos paises.

    Julio de 2008.

    Comunicat de la plantilla de SIMÓN: Contra el despido de 80 trabajadores de SIMON S.A. | 20-07-2008 - 12:30:33 GMT 1 #

  3. Deslocalizaciones: Adiós a la industria:
    Son empresas que en su mayoría llegaron antes de los años 90 atraídas por los bajos costes españoles. Los grupos españoles de sectores maduros como textil, metal o alimentación también se llevan sus fábricas.

    Braun, Lear, Mercedes Benz, Samsung, Philips… y así hasta más de 450 empresas cerraron, sólo entre los y 2007, sus plantas en España para trasladar la producción a países con mano de obra más económica. Según datos de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), estas operaciones afectaron a más de 85.000 trabajadores, pero la lista sigue abierta y el goteo no cesa: esta misma semana, por ejemplo, el fabricante de casquillos para bombillas Vitri anunció el recorte de 60 puestos de trabajo en su fábrica de Torelló, en Osona, como parte del proceso de deslocalización a Eslovaquia de parte de su actividad.

    Catalunya se ha convertido, con diferencia, en la comunidad más afectada por este fenómeno: un estudio de la Fundación Ortega y Gasset revela que la mitad de los puestos de trabajo perdidos en España por las deslocalizaciones entre el 2003 y 2007 fueron en Catalunya. Las deslocalizaciones afectan especialmente a empresas multinacionales con sede central en otros países distintos a España: según Funcas, las empresas de capital extranjero son responsables del 62% de las fugas empresariales y del 79% del empleo afectado por las mismas, aunque la fundación asegura que la tendencia está ralentizándose. Según Funcas, en los próximos años podría darse una retirada de capital extranjero de la economía española especialmente en sectores considerados maduros como el cuero, el calzado, la madera y los muebles, pero auguran que la destrucción de empleo que se generará se verá compensada por la expansión de las plantillas de otras empresas y por la entrada de otras actividades manufactureras.

    Cuando una empresa anuncia su intención de trasladarse a otro país, la reacción de las administraciones públicas del territorio afectado suele variar en función de su color político o, incluso, del momento electoral en el que encuentre. En algunos casos las propias administraciones han llegado a pedir el boicot a los productos de la empresa que anuncia el cierre. Un caso pionero en España fue, en este sentido, el cierre de Gillette en 1994 de su fábrica en Alcalá de Guadaira (Sevilla): desde la Diputación de Sevilla hasta el entonces presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, fuero varios los políticos que defendieron el boicot a esta marca, lo que generó airadas críticas desde el sector empresarial. Uno de los políticos que reconoció haber dejado de afeitarse con Gillette fue el socialista Josep Maria Rañé, quien durante su mandato como conseller de Treball i Indústria de la Generalitat se enfrentó, entre otras, a las deslocalizaciones de Philips, Samsung y Braun. En los tres casos Rañé apoyó, de forma más o menos evidente, el boicot a estas multinacionales, aunque en todos los casos la presión no sirvió de nada y las empresas marcharon sin contemplaciones. Alemania defendió los intereses de la germana Braun, pero hace unos meses fue el gobierno de este país quien promovió un boicot, en este caso a Nokia: varios ministros y altos cargos, con el beneplácito de la canciller liberal Angela Merkel, anunciaron que cambiarían de móvil en protesta por el cierre de su planta en Bochum y el despido de unos 2.300 empleados.

    Los expertos aseguran, no obstante, que las administraciones públicas deben mantener un papel más neutral ante las deslocalizaciones y advierten que más vale prevenir que curar. "Lo más importante que pueden hacer los gobiernos es intentar hacer atractivo el territorio para que las empresas no se marchen y además lleguen otras nuevas. - explica Francisco Longo, director del Instituto de Dirección y Gestión Pública de ESADE-. Cada territorio debe competir con lo que tiene: en el caso español tenemos unos costes laborales más altos que otros países pero a cambio podemos ofrecer infraestructuras o valores de proximidad, por ejemplo. Si la decisión ya está tomada, lo máximo que pueden hacer las administraciones públicas es utilizar su poder para intentar minimizar el impacto, por ejemplo retardando la marcha o promoviendo una ocupación alternativa".

    Gregorio Izquierdo, director del Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos, señala que, aunque las causas de la deslocalización "son estructurales y no coyunturales", en épocas de crisis como la actual "se pueden acelerar estos procesos porque las empresas necesitan ajustar su capacidad productiva, comenzando por las localizaciones menos rentables". Izquierdo apunta que, ante este panorama, "más que poner trabas a las empresas que quieran irse, lo que deben hacer las administraciones es reflexionar en qué se han equivocado y crear un marco más competitivo". La receta para ello, apunta Izquierdo, pasa por "liberalizar el mercado del suelo, rebajar el impuesto de sociedades y las cotizaciones empresariales y flexibilizar el mercado laboral".

    En este sentido Joaquim Solà, profesor de la Universitat de Barcelona, recuerda que "las empresas van allí donde las condiciones les sean más favorables: por eso vinieron a España entre los años 70 y 90, en lugar de irse a Francia o Alemania, y por eso se están marchando ahora a África o a Europa del Este. A cada país le corresponde pasar por este proceso en algún momento". Por eso, Solà rechaza de plano adoptar medidas de presión como un posible boicot: "Si para alterar este movimiento lógico del capital que se está dando en todas partes, se toman medidas de fuerza que la empresa identifica como hostiles, la señal que se está enviando al resto de empresas del mundo es que si invierten en aquel país tendrán facilidad para instalarse pero muchos problemas para deslocalizarse - recuerda el profesor-. Debe ponderarse mucho este tipo de actuaciones porque pueden acabar siendo perjudiciales para el país. Longo, por su parte, recuerda que "los gobiernos no están para hacer boicots y este tipo de estrategias les genera un gran desprestigio. Son gestos de cara a la galería, para contentar a la opinión pública, y más propios de un populismo político que de una política seria". Camil Ros, responsable de política sectorial deUGT de Catalunya, defiende en cambio que "cuando se produce una injusticia con los trabajadores todas las movilizaciones son posibles" y reivindica un endurecimiento de la ley para que las deslocalizaciones no se planteen como un ERE sino como un despido improcedente, de forma que la indemnización a los empleados afectados sea de al menos 45 días de sueldo por año trabajado, y no 20.

    En algunos casos, las empresas reclaman a las administraciones inversiones para evitar su traslado. "Es lógico intentar una negociación pero siempre poniendo unos límites para no llegar a un chantaje constante por parte de la empresa", advierte Solà. Longo recuerda además que "cuando un Gobierno da ayudas a una empresa para que no se vaya está intentando solucionar un problema particular con el dinero de todos los contribuyentes, por lo que en cada caso deberá analizarse si realmente vale la pena. Cuanto más grave sea el impacto social y económico de la deslocalización sobre el territorio más justificada estará la inversión pero hay que tener en cuenta que esto no resuelve el problema, sólo lo pospone".

    Una medida que los expertos sí consideran lícita es que, si una empresa decide cerrar para trasladarse a otro país, las administraciones le reclamen las ayudas que le concedieron para instalarse. Así ha ocurrido en el caso de Nokia, a quien el gobierno alemán reclamó la devolución de más de 40 millones de euros. Solà señala que de esta forma pueden evitarse situaciones como las que se han dado en España con algunas empresas que, al cerrar, "han obtenido una gran plusvalía por la venta de terrenos financiados con dinero público".

    Joan Enric Ricart, profesor de IESE y autor de un estudio sobre deslocalizaciones, recuerda que España "tiene perdida la batalla de los costes" industriales y apunta que la estrategia debería ser llevar estas actividades a otros países para mantener aquí sólo las de mayor valor añadido, como Mango, que no fabrica ropa en Catalunya pero mantiene aquí sus centros de diseño y marketing, entre otros.

    Esto es precisamente lo que intentó la Generalitat cuando Braun anunció el cierre de su planta de Esplugues: pedir a la multinacional que mantuviera en Catalunya al personal de I+ D de la planta, aunque los intentos resultaron infructuosos. Antonio Jesús Márquez, uno de los cientos de trabajadores que perdieron su empleo por la deslocalización de Braun, recuerda que la plantilla se enteró del cierre "por la prensa" y se muestra escéptico con el papel que desempeñaron las administraciones públicas en la negociación: "No sé si hicieron poco o mucho, pero está claro que no hicieron lo suficiente".

    La Vanguardia.

    14 de julio de 2008.

    Deslocalizaciones: Adiós a la industria | 20-07-2008 - 12:41:20 GMT 1 #

  4. Crisis económica y financiera liberal, por Fernando G. Jaén Coll.
    Nou Treball PSUC:

    La que seguramente pasará a la historia económica como la «crisis de las subprimes» (hipotecas concedidas en Estados Unidos a quienes difícilmente podrán pagarlas completamente, y que en España también se ha dado bajo otras variantes, tales como la concesión por encima del valor del bien hipotecado), debiera arrojar una moraleja para los asalariados de bajo nivel de renta y poca seguridad en su empleo, al igual que la tiene para los poderosos, pero ni harán caso éstos ni se la aplicarán aquéllos. Imbuidos los primeros de una ficción de derechos (en particular, el de poseer una vivienda en propiedad), presos de la codicia los segundos. Atrapados ambos en esta crisis simbióticamente (pues unos y otros han sacado provecho por encima de sus solas posibilidades, aunque unos se lleven el trozo del león y otros el del ratón), será fácil, una vez más, ayudar desde el Gobierno a los ricos con el dinero de todos y con la coartada obrera, asustados los asalariados (a mil sueldos de distancia de los altos ejecutivos y empresarios) por el fantasma del paro que se puede derivar de la debacle en el sector de la construcción y el pavor a la guadaña del embargo de bienes.

    Excesos hipotecarios (responsabilidad de los ciudadanos, no se olvide, aunque éstos pretendieran envolver sus sueños propietarios bajo el manto de un derecho invocado sin justificación económica, con cargo a lo que entre todos hay que pagar), excesos alimentados por créditos falsamente complacientes (responsabilidad de los bancos privados y, al menos en España, de esos cuasi bancos camuflados que son las antiguas cajas de ahorro), nutridos éstos por el disimulo de burócratas al servicio del poder alojados en los bancos centrales (queda por ver si la rebaja del tipo de interés es achacable a la responsabilidad del sistema de bancos centrales considerados mundialmente, habiendo como hay dedos acusadores). Severo traspiés han producido, y ya veremos si acaba en batacazo.

    Excesos hipotecarios se han dado en varios países en los años recientes (Estados Unidos, Reino Unido, España,?), cebados por el ansia compradora irreflexiva de muchísimos ciudadanos y un somero ?por no decir ignorante? cálculo económico con su puntito de ilusoria justificación especuladora (extendida entre toda la población y no sólo entre los ricos. Recuérdese lo dicho por Adam Smith en su Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones: ?Todos los hombres sobrevaloran sus posibilidades de éxito e infravaloran las de fracaso?). La experiencia de la burbuja inmobiliaria y financiera en Japón, que todavía se arrastra (Akio Hayashiya, director de la Agència Catalana d?Inversions en Tokio, aludía recientemente a que los precios de los pisos en Tokio se habían deshinchado hasta un 90% desde el estallido de la burbuja), de nada ha servido, so pretexto de que entonces los balances de los bancos se vieron involucrados y ahora no se decía antes de estallar la crisis. Curiosamente, los miríficos expertos financieros no se percataron, hasta que la burbuja explosionó, de que ahora los balances bancarios han quedado manchados por la diseminación en forma de títulos negociados en base a las hipotecas, cuando no directamente por estas mismas, y ahora ya hemos asistido al rescate por el Banco de Inglaterra y luego por el Gobierno, del banco Northern Rock en el muy liberal Reino Unido; a la intervención del Estado alemán para salvar de la quiebra al IKB; o a la intervención disimulada de la Reserva Federal americana para hacer comprar el banco Bear Stearns antes de que desapareciera. Quedan por citar no pocos bancos afectados gravemente de los que la prensa se ha hecho eco, y otros que han realizado operaciones de captación de fondos, pretendiendo que creyéramos que eran operaciones normales, como es el caso español (en el que el papel opaco del Banco de España y del ministro de economía, Solbes, remachando el ?aquí no pasa nada?, mientras las inmobiliarias van cayendo y los bancos y cajas de ahorros buscando el auxilio del dinero fresco del Banco central europeo, viéndose este en la necesidad de elevar la voz dados los volúmenes solicitados por la banca española).

    El origen de la crisis hay que situarlo en Estados Unidos, y sus datos muestran los excesos (véase Informe sobre la conjuntura econòmica Núm. 116, 21-IX-2007.Caixa de Catalunya): Las solicitudes de hipotecas para compra de viviendas aumentaron de 5,5 millones en el año 1995 hasta 11,7 millones en el año 2005 y 10,6 millones en el 2006; mientras las destinadas a refinanciación, saltaron de 2,7 millones en 1995 a 15,9 millones en 2005 y 14,0 millones en 2006. El porcentaje de los créditos hipotecarios sobre el Producto interior bruto (PIB) era 45,1% en el año 1995, 70,9% en el 2005 y 74,1% en el 2006; expresado en porcentaje sobre la renta disponible, que fue un 61,6% en el año 1995, alcanzó el 102,6% en el 2006. El porcentaje de la deuda sobre la renta disponible pasaba de 93,6% en 1995 a 140,1% en el año 2006.

    Si de las hipotecas (mercado primario) pasamos al mercado secundario de créditos hipotecarios mediante la emisión de bonos de titularización hipotecaria (MBS), su volumen representaba, en porcentaje sobre el PIB, un 25,9% en el año 1995, situándose en el año 2005 en el 41,7% y al año siguiente, 2006, era ya el 43%. De éstos, la parte subprime alcanzaba el 21,9% en el año 2006, cuando era sólo el 7,5% en promedio anual durante el periodo 1995-2003. Téngase en cuenta que la morosidad de las hipotecas subprime, medida en porcentaje sobre el total de préstamos morosos, ascendía al 14,3% en el año 2007, mientras que las hipotecas de calidad prime sólo presentaban una morosidad del 2,66% en ese mismo año.

    La expectativa de un aumento del precio de la vivienda, cual zanahoria a la vista del asno, y unos tipos de interés nominales relativamente bajos, reforzaban la vana ilusión de que se podía adquirir una vivienda o, al menos, intentarlo sin riesgo (pensamiento primero) o incluso ganar algunos dineros mediante la venta, si las circunstancias impedían pagar la cuota de la hipoteca (pensamiento segundo, cuando ya se conocen algunas realizaciones); y ¿por qué no aplicarse directamente a la compra y venta rápida, con ganancia de plusvalía? (pensamiento tercero, alcanzada la seguridad de que las transacciones prosiguen su curso alcista). En el caso español, las concesiones de hipotecas por importes que cubrían el coste de la vivienda incluidos los gastos, el mobiliario, la boda y el coche, y se consideraban garantizadas por el rápido aumento del valor de la vivienda hipotecada. El fluir de la liquidez mundial permitía alimentar las ansias compradoras de unos y los beneficios de otros, incorporando mano de obra inmigrada (cuyo coste social se reparte entre todos, en tanto los beneficios derivados de su menor coste laboral, es aprovechado sólo por los empresarios, en acertada jugada manipuladora de sentimientos obreros de solidaridad mal concebida).

    En una economía idílica como lo es la concepción liberal, el mercado debiera ajustar los desequilibrios; sin embargo, no disponiendo de esa pureza modélica en la realidad, preciso era que aquellos que tienen la encomienda de vigilar la marcha de la economía y sus desequilibrios, y a los que se retribuye por ello abundantemente, advirtieran lo que estaba sucediendo y tomaran las medidas reconductoras adecuadas. Por su especial relevancia y por la autonomía respecto del poder político de la que algunos de estos gozan, podemos circunscribir tales responsabilidades a los Bancos centrales de los principales países del mundo, particularmente en la actual crisis, la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo.

    Estamos asistiendo a las iniciales y perniciosas consecuencias de una crisis, liberal por su causa, pues se ha dejado actuar libremente a los mecanismos del mercado en precios y cantidades antes de subir como la espuma y deshincharse el soufflé. Así ha sido en el sector inmobiliario (en toda su cadena de arrastre industrial: construcción y sus materiales, la industria auxiliar y la complementaria), como también lo ha sido en el sector financiero (desde bancos, cajas de ahorro y chiringuitos de préstamo hasta los mercados bursátiles). Liberal ha sido también la complacencia de los organismos públicos (nominal y legalmente públicos, pero condescendientes con el poder privado). Por el contrario, se pide una salvación pública, no de los bienes y derechos de los ciudadanos comunes y corrientes, sino de las empresas y bancos, de sus accionistas y administradores, y ello, como es tan natural, en nombre del bien común, ese bien que no contempla la economía liberal.
    PSUC, Partit Socialista Unificat de Catalunya

    Crisis económica y financiera liberal | 21-07-2008 - 06:50:00 GMT 1 #

  5. La deuda de las constructoras es tres veces superior a su valor en bolsa, por Mariano Guindal / Mar Díaz-Varela
    La Vanguardia.

    Las cañas parecen haberse tornado lanzas. Cuando el dinero era fácil y barato, parecía lógico que las constructoras aprovecharan su enorme capacidad de endeudamiento para apalancarse con el fin de diversificar su negocio y despegarse de un ciclo económico que después de catorce años de crecimiento ininterrumpido empezaba a agotarse. Sin embargo, cuando las condiciones del mercado financiero han cambiado, las constructoras han quedado estranguladas por su elevada deuda. Esto les está obligando a vender con prisas para pagar lo que deben; de lo contrario, se enfrentan al temido concurso voluntario de acreedores.

    La teoría del apalancamiento fue aplaudida desde el Gobierno hasta la CNMV, pasando por el secretario general de la UGT, Cándido Méndez. Era el nacimiento de un nuevo capitalismo en España: unos empresarios estaban siendo capaces de trasladar la riqueza que estaba produciendo el ladrillo a la industria.

    El Gobierno se había quedado sin instrumentos para evitar la entrada de capital extranjero, ya que la estrategia diseñada por el anterior equipo gubernamental, liderado por Rodrigo Rato, había sido declarado ilegal por la UE por no respetar la libre circulación de capitales en la zona euro.

    Por tanto, que Sacyr Vallehermoso con Luis del Rivero comprara el 20% de Repsol era perfecto, tanto como la compra del 25% de Endesa por parte de Acciona y el pacto con Enel para frenar a los alemanes. También se aplaudió la entrada de ACS en Fenosa y posteriormente en su rival Iberdrola. El sistema energético español había quedado blindado ante los tiburones extranjeros.

    La fórmula diseñada por el equipo del Banco Santander era perfecta. El banco proporcionaba la financiación necesaria para afrontar la inversión, como aval se ponían las acciones adquiridas y los intereses del crédito se pagaban con los dividendos que repartieran las energéticas. El único fleco era que si las acciones bajaban del precio pactado habría que provisionar las minusvalías y en la mayor parte de los casos se ponían como aval las propias acciones de las constructoras. Durante los dos o tres primeros años del gran apalancamiento la teoría funcionó como un reloj.

    Pero todo se fue al traste por las dichosas hipotecas basura. Las subprime fueron la espoleta de la crisis financiera internacional. La consecuencia es que el dinero se retiró y el dinero fácil ha desaparecido para siempre. Esto significa que el precio del dinero se ha disparado.

    La segunda consecuencia es que han confluido la crisis financiera, el fuerte aumento del precio energético y el crac inmobiliario, lo que ha provocado el derrumbe de la bolsa. Las energéticas españolas han acumulado pérdidas en lo que va de año del 25% y las constructoras, de más del 30%. Los constructores, además, cometieron un error de manual. Todos se financiaron a corto, que era más barato que a largo plazo. El resultado es que antes de fin de año vence un tercio de la deuda asumida.

    Si no hubiera habido restricciones crediticias, la renovación habría sido automática. Pero las cosas han cambiado y bancos y cajas quieren cobrar porque necesitan liquidez para hacer frente al vencimiento de su propia deuda. No hay dinero para refinanciarse y cuando lo encuentran es muy caro. Es decir, la teoría de que los dividendos pagan el servicio de la deuda ya no vale.

    Esto ha llevado a una situación en que las constructoras están entre la espada y la pared. Las seis grandes que cotizan ACS, FCC, Acciona, Ferrovial, Sacyr y OHL deben en conjunto 94.821 millones (datos al cierre del primer trimestre), lo que significa tres veces más de lo que valen en bolsa, que en conjunto sube a 35.000 millones, según los precios de cierre del viernes. Su patrimonio neto se limita a 27.000 millones.

    Ante esta situación, sólo les queda una posibilidad: desandar el camino. Sacyr, gracias al apoyo del Gobierno, pudo vender sin perder demasiado Eiffage, lo que le dio un balón de oxígeno para mantenerse en Repsol. Florentino Pérez ha anunciado que pone en venta Fenosa porque antes de fin de año le vence el crédito que le dio Emilio Botín para su compra. La familia Entrecanales en Acciona está planteando la ruptura con Enel para cobrar las plusvalías que por contrato se garantizó en la operación. Ferrovial está vendiendo activos para aguantar la aventura aeroportuaria. Ahora resulta que FCC es la que mejor situación relativa tiene por haber sido la más torpe... Aunque el que más claro lo tenía era el ex ministro de Hacienda Juan Manuel Villar Mir, que dijo aquello de "zapatero, a tus zapatos".

    La deuda de las constructoras es tres veces superior a su valor en bolsa | 25-07-2008 - 06:25:24 GMT 1 #

  6. Girona destrueix 10.000 llocs de treball:
    L´atur s'ha incrementat a la demarcació de Girona de 900 persones durant el segon trimestre del 2008, fins arribar als 38.100 aturats, respecte al primer trimestre del 2008, segons les dades de l'Enquesta de la Població Activa (EPA) que elabora l'Institut Nacional d'Estadística i que s'han publicat aquest dijous. En termes interanuals, el nombre d'aturats s'ha incrementat en 10.700, cosa que suposa un increment del 39%. La taxa d'atur a la demarcació de Girona s'ha fixat en el 9,80%, la més alta de Catalunya, però inferior a la del primer trimestre de l'any, quan va arribar al 9,90%. A Catalunya la taxa d´atur se situa en el 7,62% i a l´Estat puja fins al 10,44%, la més alta des del quart trimestre de 2004.
    L'atur afecta 19.400 homes a Girona durant el segon trimestre del 2008, cosa que suposa 1.300 persones més que el primer trimestre i 6.200 més que fa un any. La taxa d'atur masculina és ara del 8,67%. Pel que fa a les dones, l'atur ha arribat a 18.700 durant el segon trimestre de l'any, contra les 19.100 dels tres primers mesos de l'any, i les 14.200 del segon trimestre del 2007. La taxa d'atur femenina és de l'11,3%, una mica més baixa que el primer trimestre, quan era de l'11,9%.

    Destrucció d´ocupació
    El nombre d'ocupats a la demarcació de Girona és de 350.900, dels quals 204.400 són homes i 146.500 són dones. Ara fa un any, Girona comptava amb 360.900 ocupats, cosa que suposa que les empreses de la demarcació han destruït 10.000 llocs de treball en només un any. Certifiquen així les darreres dades d´afiliació internauals a la Seguretat Social, que ja apuntaven una lleugera reducció del nombre de treballadors amb alta laboral a les comarques gironines.
    L´anàlisi per sectors mostra unes importants oscil·lacions en diferents sectors, però especialment en l´Agricultura, que segons experts consultats cal atribuir a l´escassa mostra de l´enquesta realitzada per l´INE. No obstant, constata la destrucció d´ocupació a la construcció (2.400 ocupats menys) i la indústria (3.300 ocupats menys). Pel que fa al sector serveis, aquesta és l´única branca productiva que guanya ocupació, passant dels 212.800 treballadors de fa un any als 216.900 d´ara.
    Tot i la pujada de l´atur, Girona es manté com una de les demarcacions amb major taxa de l´activitat de tot l´Estat (64,95%), per darrere de Balears i Madrid.

    Girona destrueix 10.000 llocs de treball | 25-07-2008 - 07:07:12 GMT 1 #

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