Argelaguer Vall del Llierca
Uniò Argelagense Informació Municipal

28/02/2008 GMT 1

Alta cocina electoral: engrudo de lentejas contra ladrillo de garbanzos.

lejarza @ 10:01

Javier Mestre: Alta cocina electoral: engrudo de lentejas contra ladrillo de garbanzos .-Los candidatos a presidente del gobierno de España de las dos caras del PPOE, el poli bueno Zapatero y el poli malo Rajoy, escenificaron el lunes 25 de febrero ante toda España y parte del mundo un diálogo que Ionesco, el maestro del teatro del absurdo, perfectamente firmaría si no fuera por los problemas de ZP con la concordancia gramatical y las preposiciones y el mal gusto lacrimógeno del falso gallego.

¿Cómo pelearse sin discutir nada en absoluto? Mucho ruido y pocas nueces, porque tras la gresca asomaba un acuerdo profundo, de fondo, en todo. Curiosamente, Rajoy reprochó a Zapatero la crisis económica que nos cae encima y lo acusó de no hacer nada, mientras se atribuía el crecimiento económico de los años de su mandato. En lo que ambos partidos están completamente de acuerdo es en la constitucionalidad intocable del capitalismo y en la consiguiente política económica neoliberal, que hace de la crisis una lotería: mala suerte si te cae en la legislatura en la que tú gobiernas. Si la economía crece o decrece, si aumenta o disminuye el paro, si se produce más o menos, son detalles que se deciden lejos de la Moncloa y el parlamento… hace mucho tiempo ya que el PPOE renunció a toda posibilidad de intervención del Estado en el gobierno de la Economía, de modo que es absurdo exigir responsabilidades a los presidentes del Gobierno acerca de la coyuntura económica.

¿Cómo insultarse por nada? A pesar de las lenguas de trapo, la torpeza lingüística, el gesto afectado del pésimo actor… se tensó el ambiente como la cuerda de una guitarra desafinada. Rajoy acusaba a Zapatero de negociar ¡políticamente! con ETA y Zapatero recordaba a Rajoy que Aznar llamó a ETA “movimiento de liberación nacional” cuando la tregua de entonces. Pero resulta que están los dos de acuerdo en las ilegalizaciones de partidos políticos, y las instrumentalizan electoralmente cultivando un españolismo violento –ese que se permite la tortura, o el encarcelamiento por pertenencia a ETA de quienes no saben que pertenecen a ETA-. Rajoy disparó a Zapatero instrumentalizando políticamente a las víctimas del terrorismo, o por lo menos a las que reaccionan a su tragedia personal enrolándose en la extrema derecha. Y Zapatero no se acordó, cómo se iba a acordar, de las víctimas que alzaron voces como la de Ernest Lluch a favor del diálogo y la resolución negociada del conflicto. Rajoy machacó a Zapatero acusándolo… ¡de conversar con ETA! ¡El diálogo como acusación! Y Zapatero no defendió que hay que hablar, buscar el entendimiento para verdaderamente resolver los problemas… políticos, sino que se limitó a exigir que lo dejaran en paz en materia de política antiterrorista, como él hizo cuando era oposición a Aznar, aunque se lesionaran todos los derechos, se torturara o se criminalizara a las personas pacíficas: la verdad, el actual Presidente del Gobierno demostró más lealtad al PPOE que su oponente. Rajoy clamó al cielo porque España se derrumba: qué disparate, que los ciudadanos de tal o cual territorio quieran tener el derecho a decidir. ¡Por Dios, ¿cómo van a aspirar a tener derecho a decidir si España se derrumba?! Zapatero respondía, en ese monólogo a dos voces, hablando una y otra vez de unidad de España, España más cohesionada que nunca, España, España, España.

¿Y cómo competir a ver quién es, en el fondo, más racista? Españolitos prejuiciosos, esos que protestáis porque le han dado una beca a una familia rumana o marroquí que gana la mitad que vosotros: tranquilos, el PPOE os dará siempre la razón. Rajoy, con su contrato de integración para inmigrantes en la mano, acusó al gobierno de la duplicación del número de tarjetas de residencia en España durante su mandato… ¡A Rajoy lo molesta que haya muchos inmigrantes legales! Claro que Zapatero presumió de haber hecho más de doscientas mil devoluciones de personas… ¡al hambre y la desesperación! Dijo que de ahí procedían y luego hizo alarde de un sonoro aumento de repatriaciones en la legislatura. ¿No se indignó nadie cuando Zapatero invocó los supuestos incrementos de la ayuda al desarrollo? Se refería a la vergonzosa gira del ministro de exteriores por el centro de África, en la que ofrecía dinero a cambio de que la Guardia Civil patrulle extraterritorialmente. ¿Ha cambiado lo más mínimo la angustiosa situación de Senegal, Ghana o Sierra Leona? ¿Un poquitito siquiera? Si Rajoy quiso emular el estilo neofascista de Sarkozy, su compañero del PPOE no se quedó atrás por mucho que dulcificara su eficacia policial con la promesa de llegar algún día al otrora famoso 0,7% de ayuda al tercer mundo, o adoptara la pose de poli bueno cuando, con su discurso, dio dignidad humana a los inmigrantes… legales, claro.

Como cierre del debate, un defensor de los intereses de los ricos se solidarizaba con las estrecheces por las que han de pasar los pobres en la crisis sin proponer ni una sola medida concreta (probablemente impondrían más contención salarial para frenar la inflación, menos impuestos a los poderosos para estimular la economía), mientras intentaba conjugar capitalismo y orgullo españolista con un discurso sacado de Heidi y pronunciado con el soniquete del consultorio sentimental de Elena Francis. El otro defensor de los intereses de los ricos hacía apología de sus incentivos fiscales regresivos, de la política de superávit fiscal y contención del gasto público o de la concertación social de más sacrificios y explotación de los trabajadores… al tiempo que entonaba un “España va bien” que, no por casualidad, se hizo famoso en boca de su antecesor y también, cómo no, militante del PPOE, don José María Aznar. Todo resultó muy bonito, muy de circo.

“No me ha servido para nada este debate. Probablemente seguiré los próximos cuatro años cobrando setecientos euros y sin poder conseguir una vivienda”. Tras horas de teletontería, por fin alguien dijo algo. Era un chico andaluz que se coló en el típico grupo de jóvenes insulsos que convocó una cadena de televisión para comentar el debate. Mientras el periodista le arrebataba, con prisa, el micrófono, el chaval intentaba decir que no pensaba votar a ninguno de los dos candidatos porque nada iban a hacer para ayudarle.

Esta es la democracia de la que tanto presumen los líderes políticos españoles y que pretenden que sea ejemplo exportable para, por ejemplo, Cuba: las elecciones como comida castrense en la que sólo se puede elegir entre engrudo de lentejas y ladrillo de garbanzos: imposible evitar la indigestión.

PD: Patético Llamazares: Mientras tanto, Gaspar Llamazares, enfundado en un jersey gris de enfant terrible, escenificaba su disgusto por haber sido excluido del debate. Se quejaba del fomento del bipartidismo mientras las encuestas están pronosticando un batacazo electoral de Izquierda Unida porque se va a imponer el voto útil. Por miedo a favorecer al PP y su discurso neofascista, miles de pardillos votarán al PSOE y su discurso algo menos neofascista. Total, IU ha funcionado todo este tiempo como apéndice del PSOE, apoyo oportuno y barato, compañero de trinchera frente a la amenazante derecha…

Llamazares se dedica a decir en los mítines que va a gobernar con el PSOE y los votantes piensan: bueno, para que Llamazares pueda gobernar con el PSOE, primero tendrá que ganar el PSOE las elecciones, y si votamos a IU ganará el PP. De ahí la pataleta del máximo responsable del proceso de desimplantación social acelerada que sufre Izquierda Unida. Como ha hecho casa común de la izquierda con el PSOE, se ha convertido en legitimador del bipartidismo al trazar la orilla a la derecha del PSOE y no a la derecha de la izquierda, como intentó hacer Anguita. Cuando PRISA te trata bien… será por algo.

***

...sobresalen las subidas de la pera de agua (18,7%) y las judías verdes (17%). También se encarecieron la carne de pollo fresco (10,3%), la merluza (8%), las sardinas (11,5%), el chicharro (10,2%) y las manzanas (10%). La ensalada se ha puesto por las nubes, pues los tomates y la cebolla se han encarecido en el último año un 2,6% y un 32%, respectivamente.

La tortilla de patatas de las vacaciones

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Comentarios(3) »

1. El sistema electoral de carácter proporcional (con correcciones mayoritarias) que transforma el número de votos en número de escaños al Congreso de los Diputados permite que partidos "pequeños" como IU, CiU, ERC o PNV consigan representación parlamentaria y cierto poder a la hora de decidir qué partido formará gobierno. Como es evidente, el peso de los partidos pequeños depende en última instancia del apoyo que reciben en las elecciones. Éste podría verse reducido el próximo 9 de marzo si los partidos mayoritarios (el PP y el PSOE) consiguen apelar con éxito al "voto útil" en unos comicios que se presentan como extremadamente reñidos.

   El voto útil dañará probablemente más a IU que a ningún otro partido. Esto es así porque, si bien este partido tiene una plataforma ideológica más extrema que el PSOE, en una posible segunda dimensión (el nacionalismo) las posiciones de estos dos partidos no son muy diferentes. No es difícil imaginar a votantes habituales de IU dando apoyo a Zapatero por miedo a una victoria de Rajoy. En cambio, para los votantes de CiU, ERC o PNV, ninguno de los dos partidos principales puede sustituir lo que sus plataformas electorales abogan en el ámbito de las políticas de identidad nacional y/o de descentralización del estado. En Cataluña, por ejemplo, la candidata del PSOE Carme Chacón no se percibe como una fiel representante de los intereses catalanistas en Madrid -entre otras razones porqué procede de la facción considerada más "centralista" del PSC-.

   Si bien en España la ideología parece importar más que el nacionalismo a la hora de decidir el voto en las elecciones, lo último no queda fuera de la ecuación. Esto es así especialmente en contextos de crispación en torno a la cuestión identitaria -como lo fue la última legislatura de José María Aznar-, donde el nacionalismo toma gran relevancia electoral. Respecto a las próximas elecciones, habrá que ver si en Cataluña la insatisfacción con las políticas del gobierno central en temas de infraestructuras tienen el mismo efecto péndulo que benefició tanto a partidos como ERC en las elecciones de 2004. No está claro que la puesta en marcha del AVE Madrid-Barcelona pueda hacer cicatrizar profundas heridas en un plazo tan corto de tiempo.

   Laia Balcells: Nacionalismo periférico y voto útil. | 28-02-2008 - 14:53:45 GMT 1 #

2. Servicio Andaluz de Salud Comité de Empresa de PAU Aseos Urbanos:
   Sevilla, 21 de agosto 2008 BOJA núm. 166 Página núm. 53
   CONSEJERÍA DE EMPLEO
   ORDEN de 11 de agosto de 2008, por la que se
   garantiza el funcionamiento del servicio público que
   presta la empresa PAU Aseos Urbanos S.A., que presta
   servicios de limpieza en los colegios de la localidad de
   La Línea de la Concepción (Cádiz), mediante el establecimiento
   de servicios mínimos.
   Por el Comité de Empresa de PAU Aseos Urbanos, en
   nombre y representación de los trabajadores de la empresa
   PAU Aseos Urbanos, S.A., que presta sus servicios en La Línea
   de la Concepción (Cádiz), ha sido convocada huelga de
   forma indefinida a partir de las 00,00 horas del próximo día
   18 de agosto de 2008 y que, en su caso, podrá afectar a todos
   los trabajadores de la mencionada empresa.
   Si bien la Constitución, en su artículo 28.2, reconoce a
   los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
   intereses, también contempla la regulación legal del establecimiento
   de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
   de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
   del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de
   Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos de
   huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o de
   reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas necesarias
   a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.
   El Tribunal Constitucional, en sus Sentencias 11, 26 y
   33/1981, 51/1986 y 27/1989, ha sentado la doctrina en materia
   de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
   de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente
   por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.
   De lo anterior, resulta la obligación de la Administración
   de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
   la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
   razonable proporción entre los servicios a imponer a los huelguistas
   y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos,
   evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
   un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo procurando
   que el interés de la comunidad sea perturbado por la
   huelga solamente en términos razonables».
   Es claro que la empresa PAU Aseos Urbanos, S.A., que
   presta servicios de limpieza en los colegios de la localidad de
   La Línea de la Concepción (Cádiz), presta un servicio esencial
   para la comunidad, cual es el mantenimiento de la salubridad,
   y por ello la Administración se ve compelida a garantizar dicho
   servicio esencial mediante la fijación de servicios mínimos,
   por cuanto que la falta de salubridad en la citada localidad,
   colisiona frontalmente con el derecho a la salud proclamado
   en el artículo 43 de la Constitución Española.
   Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto,
   a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar los
   servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto último
   posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
   aplicables, artículos 28.2, y 43 de la Constitución; artículo
   10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo
   63.5 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real
   Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo de 26 de
   noviembre de 2002, Decreto del Presidente 10/2008, de 19
   de abril, de las Vicepresidencias y sobre reestructuración de
   Consejerías, Decreto del Presidente 13/2008, por el que se
   designan Consejeros y Consejeras de la Junta de Andalucía y
   la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,
   D I S P O N E M O S
   Artículo 1. La situación de huelga convocada por los trabajadores
   de la empresa PAU Aseos Urbanos, S.A., que presta
   servicios de limpieza en los colegios de la localidad de La Línea
   de la Concepción (Cádiz), convocada con carácter indefinida
   a partir de las 00,00 horas, del día 18 de agosto de 2008
   y que, en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores de
   la mencionada empresa, deberá ir acompañada del mantenimiento
   de los servicios mínimos que figuran en el Anexo de la
   presente Orden.
   Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
   del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
   esenciales mínimos determinados, serán considerados ilegales
   a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
   de 4 de marzo.
   Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limitación
   alguna de los derechos que la normativa reguladora de
   la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco
   respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la
   motiven.
   Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
   día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
   Sevilla, 11 de agosto de 2008.- El Consejero, P.A. (Orden
   de 22.7.2008), la Secretaria General Técnica, Lourdes Medina
   Varo.
   A N E X O
   Servicios mínimos:
   - A partir del próximo día 1 de septiembre de 2008, inclusive:
   Un trabajador/a en su jornada habitual, por cada centro
   escolar/colegio público, para la limpieza diaria de los comedores
   y cocinas —si los hubiere—, y para la de los aseos existentes
   en los mismos.
   - Durante el mes de agosto, los referidos servicios mínimos
   serían efectivos en el hipotético caso de que se realizara
   algún tipo de actividad educativa y/o académica en los centros
   escolares afectados.
   CONSEJERÍA DE SALUD
   RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2008, de la Dirección
   General de Personal y Desarrollo Profesional del
   Servicio Andaluz de Salud, sobre el procedimiento para
   la tramitación de expedientes de reconocimiento de
   servicios previos al personal estatutario fijo y de reconocimiento
   de servicios prestados al personal estatutario
   temporal que presta servicios en el Servicio Andaluz
   de Salud.
   Las instrucciones que se dictaron mediante la Circular SC
   1/2001, de 18 de mayo, sobre procedimiento de tramitación
   de expedientes de reconocimiento de servicios previos, tenían
   la finalidad de unificar criterios sobre los procedimientos a seguir
   para la aplicación de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre,
   en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, y a la luz de las
   prescripciones del Real Decreto 1181/1989, de 29 de septiembre.
   Desde su entrada en vigor, se ha promulgado el Estatuto
   Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud
   (Ley 55/2003, de 16 de diciembre) y el Estatuto Básico del
   Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de abril), en cuyo artículo
   25.2, Retribuciones del personal interino se establece
   que se le reconocerán los trienios correspondientes a los
   servicios prestados antes de su entrada en vigor y que tendrán
   efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor
   del mismo.
   Dadas las diferentes clases de personal estatutario, conviene
   precisar la consideración de personal interino, atendiendo
   para ello a la regulación contenida en el citado Estatuto
   Básico del Empleado Público. Así, su artículo 10 define al personal
   interino como aquel que por razones expresamente justificadas
   de necesidad y urgencia es nombrado como tal para
   el desempeño de funciones propias de funcionario de carrera,
   cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
   a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible
   su cobertura por funcionarios de carrera.
   b) La sustitución transitoria de los titulares.
   c) La ejecución de programas de carácter temporal.
   d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo
   de seis meses, dentro de un período de doce meses.
   En este sentido, por tanto, pueden entenderse englobados
   los tres tipos de nombramiento de personal estatutario
   temporal definidos en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
   por la que se aprueba el Estatuto Marco del personal estatutario
   de los servicios de salud, es decir, nombramiento de
   carácter interino, de carácter eventual y de sustitución.
   A pesar del tiempo transcurrido, las normas legales específicas
   tienen plena vigencia, si bien en aras a dar un mayor
   impulso y celeridad en la tramitación de los expedientes
   de reconocimiento de servicios previos, parece conveniente
   simplificar y racionalizar los trámites para su resolución, de
   conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26
   de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
   Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, máxime
   cuando los recientes procedimientos de consolidación de empleo
   habidos en el ámbito de los Servicios de Salud han generado
   que sean muchos los profesionales que han consolidado
   su empleo temporal en empleo definitivo y, por tanto, candidatos
   a solicitar y obtener los beneficios contenidos en la Ley
   70/1978, de 26 de diciembre.
   Por todo ello, esta Dirección General de acuerdo con todo
   lo anterior, en ejercicio de las competencias que le atribuye
   el Decreto 193/2008, de 6 de mayo (BOJA del 9), por el que
   se establece la estructura orgánica básica de la Consejería
   de Salud y del Servicio Andaluz de Salud; y de conformidad
   con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 30/1992, de 26
   de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
   Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dicta las
   siguientes
   I N S T R U C C I O N E S
   Primera. Normas de aplicación.
   A) En los expedientes de reconocimientos de servicios
   previos al personal estatutario fijo son de aplicación las siguientes
   normas legales y de procedimiento:
   a) Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de servicios previos
   en la Administración Pública.
   b) Real Decreto 1181/1989, de 29 de septiembre, por el
   que se dictan normas de aplicación de la Ley 70/1978, de
   26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en
   la Administración Pública al personal estatutario del Instituto
   Nacional de la Salud, de aplicación supletoria al personal estatutario
   del Servicio Andaluz de Salud.
   c) La presente Resolución.
   B) En los expedientes de reconocimientos de servicios
   al personal que tenga la condición de estatutario temporal se
   aplicarán las siguientes normas legales y de procedimiento:
   a) Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de servicios previos
   en la Administración Pública.
   b) Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
   Público.
   c) Real Decreto 1181/1989, de 29 de septiembre, por el
   que se dictan normas de aplicación de la Ley 70/1978, de 26
   de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración
   Pública al personal estatutario del Instituto Nacional
   de la Salud, de aplicación supletoria al personal estatutario
   del Servicio Andaluz de Salud, en aquello que no contradiga lo
   establecido en la citada Ley 7/2007.
   d) La presente Resolución.
   Segunda. Ámbito de aplicación.
   La presente Resolución será de aplicación:
   A) A todo el personal que tenga la condición de estatutario
   fijo que en el momento de formular su solicitud ocupe
   plaza perteneciente a las plantillas de los Centros e Instituciones
   del Servicio Andaluz de Salud.
   B) Al personal que tenga la condición de estatutario temporal
   que presta sus servicios en los Centros e Instituciones
   del Servicio Andaluz de Salud.
   Tercera. Competencia.
   La resolución de los expedientes corresponderá a la persona
   titular de la Dirección Gerencia de los Distritos Sanitarios,
   de la Dirección Gerencia de las Áreas de Gestión Sanitaria y
   Hospitalarias y a la Direcciones de los Centros Regionales de
   Transfusión Sanguínea, por delegación del Director General de
   Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud,
   donde esté adscrito el personal estatutario que lo solicite.
   Cuarta. Solicitudes.
   1. El procedimiento se iniciará únicamente previa solicitud
   del personal a que se refiere la Instrucción Segunda. En
   ningún caso el procedimiento se iniciará de oficio.
   2. Las solicitudes de reconocimiento de servicios previos
   se presentarán por alguno de los siguientes medios:
   a) En el Registro Telemático de la Junta de Andalucía, al
   que se accederá desde la web del Servicio Andaluz de Salud
   (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). Por esta
   vía quedarán automáticamente registradas las solicitudes sin
   necesidad de presentarlas en soporte «papel». Sólo se admitirá
   el acceso a la inscripción telemática con el certificado
   digital de clase 2CA emitido por la Real Fábrica de Moneda
   y Timbre o mediante el Documento Nacional de Identidad electrónico
   (DNIe) expedido por la Dirección General de la Policía
   (Ministerio del Interior).
   b) Oficinas de Registro de los Centros Sanitarios donde
   el personal presta sus servicios. La solicitud en soporte papel
   se presentará preferentemente en la oficina de Registro donde
   el personal estatutario preste sus servicios, sin perjuicio de
   lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
   noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
   y del Procedimiento Administrativo Común.
   3. En caso de que el interesado, fijo o temporal, opte la
   presentación en soporte papel, la solicitud de reconocimiento
   de servicios se ajustará al modelo Anexo II (personal estatutario
   fijo) o al Anexo II. Bis (personal estatutario temporal) que
   se acompaña a la presente Resolución y podrán descargarse
   de la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
   es/servicioandaluzdesalud), junto a las certificaciones
   a las que se hace referencia la Instrucción Quinta.1,
   según corresponda.
   4. Los interesados únicamente podrán presentar sus solicitudes
   por uno de los medios a los que hace referencia el
   apartado dos anterior.
   5. Inicialmente, el personal estatutario incluido en el ámbito
   de aplicación de la presente Resolución que a la entrada
   en vigor de la misma o durante el plazo que se establece a
   continuación, se encuentre en la situación de servicio activo,
   dispondrá de un plazo máximo de seis meses para solicitar el
   reconocimiento de los servicios prestados. Finalizado el plazo
   máximo establecido anteriormente las solicitudes se podrán
   presentar, según lo establecido en esta Resolución, de forma
   permanente.
   Quinta. Certificaciones.
   1. Las certificaciones de los servicios cuyo reconocimiento
   se solicita deberán ajustarse a los modelos que figuran
   como Anexo I y Anexo I.Bis a esta Resolución.
   2. Asimismo, cuando en el Centro de Gestión actuante se
   encuentren documentos o certificaciones imprescindibles para
   la resolución de los expedientes distintos a los contenidos en
   el apartado anterior, no será necesario presentarlos nuevamente,
   de acuerdo con el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de
   26 de noviembre.
   Sexta. Servicios computables.
   1. Los servicios cuyo reconocimiento procede efectuar
   son los indistintamente prestados en cualquiera de las Administraciones
   Públicas, ya sea en régimen de vinculación administrativa
   o laboral, excepto aquellos que tuvieran el carácter
   de prestaciones personales obligatorias.
   2. Los períodos de tiempo en la situación administrativa
   de excedencia para el cuidado de familiares, excedencia por
   violencia de género y servicios especiales, serán computables
   a efectos de trienios.
   3. También será objeto de cómputo, a efectos de trienios,
   el período de prestación de servicios en las Administraciones
   Públicas de los Estados miembros de la Unión Europea previos
   al ingreso o reingreso en los correspondientes Cuerpos,
   Escalas, Clases o Categorías de cualesquiera Administraciones
   Públicas, excepto aquellos que tuvieran el carácter de
   prestaciones obligatorias.
   El cómputo establecido en el párrafo anterior será así
   mismo de aplicación a los servicios prestados en la Administración
   Pública de aquellos Estados a los que, en virtud de
   Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y
   ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de
   trabajadores en los términos en que ésta se halla definida en
   el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
   Séptima. Cómputo de los servicios.
   1. Los servicios previos solicitados cuyo reconocimiento
   sea posible por reunir los requisitos antedichos, se acumularán
   por orden cronológico y se sumarán unos a otros fijando
   los vencimientos de los trienios allí donde se completen cada
   tres años de prestación de servicios. Si todos los servicios sumados
   no llegan a completar un trienio, los servicios serán
   reconocidos. El período sobrante a los tres años, se acumulará
   a efectos de cómputo para el perfeccionamiento de un
   nuevo trienio. En el caso de personal estatutario temporal los
   servicios se reconocerán y abonarán, siempre y cuando dicho
   personal se encuentre en la situación administrativa de servicio
   activo en el momento en que realice su solicitud.
   2. Cuando el solicitante haya prestado servicios de diferentes
   categorías estatutarias o hubiera pertenecido fuera del
   ámbito de las Instituciones Sanitarias de los Servicios de Salud
   a más de un Cuerpo, Escala o plaza, los servicios así prestados
   se computarán conforme a la categoría estatutaria o al
   valor correspondiente al nivel de proporcionalidad del Cuerpo,
   Escala o Plaza, cuyas funciones fuesen análogas, que correspondan
   a las funciones que se desempeñaba precisamente
   el día en que se hubiera perfeccionado el trienio o trienios a
   que dé lugar el reconocimiento de servicios previos, con independencia
   de que durante los tres años de cada trienio se
   hubieran desempeñado funciones correspondientes a diversas
   categorías o niveles de proporcionalidad.
   3. Ningún período de tiempo podrá ser computado más
   de una vez, aun cuando durante el mismo el interesado hubiera
   prestado servicios simultáneos en una o más esferas de la
   misma Administración o Administraciones Públicas diferentes.
   Octava. Reconocimiento de trienios.
   Los trienios serán reconocidos de conformidad con los
   vencimientos a que se refiere la instrucción anterior, aplicándose
   cada uno al grupo de clasificación (A, B, C, D, E), en el
   que se prestaron los servicios coincidentes con cada vencimiento
   (día del perfeccionamiento del trienio, aunque el grupo
   resultante, bien por la categoría estatutaria desempeñada
   o bien por el nivel de proporcionalidad del Cuerpo, Escala o
   plaza con funciones análogas, sea distinto al grupo de clasificación
   que corresponda a la plaza).
   Novena. Efectos económicos.
   1. Los efectos económicos de los trienios reconocidos y
   solicitados dentro del plazo de los seis meses establecido en la
   instrucción cuarta, apartado cinco, de la presente Resolución,
   serán desde el día 13 de mayo de 2007, fecha de entrada en
   vigor de la Ley 7/2007, si bien se abonarán proporcionalmente
   al período de tiempo trabajado desde la citada fecha y según
   el valor y número de trienios reconocidos en cada ejercicio.
   2. Finalizado el plazo de seis meses indicado en el apartado
   anterior, los efectos económicos de los trienios reconocidos
   se extenderán, en el supuesto que correspondiera el
   abono de atrasos, al período anterior en un año a la fecha de
   presentación de la solicitud, y ello con el límite, en su caso, de
   la fecha de perfeccionamiento del trienio.
   Décima. Resolución.
   La Resolución del expediente se deberá materializar en
   documento que responda a los modelos que figuran como
   Anexos III, III.A), III.bis) y III.bis.A), a la presente Resolución.
   Undécima. Exención de nuevos reconocimientos de antigüedad.
   No será necesario efectuar ningún nuevo reconocimiento
   de antigüedad, cuando el personal al que se refiere la presente
   Resolución:
   - Tome posesión como personal estatutario fijo, y ya viniera
   percibiendo sus trienios como personal estatutario temporal.
   - Tome posesión como personal estatutario temporal, y ya
   viniera percibiendo sus trienios en una relación anterior.
   Duodécima. Fiscalización previa.
   El reconocimiento de servicios a los que se refieren las
   presentes Instrucciones está sometido al tramité de fiscalización
   previa por parte de la respectiva Intervención.
   Decimotercera. Validez.
   Las instrucciones contenidas en la presente Resolución
   entrarán en vigor a partir del primer día del mes siguiente al
   de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
   sin perjuicio de que los efectos económicos derivados de
   la misma sean los indicados en la Instrucción novena.
   Disposición derogatoria.
   Cuando entre en vigor la presente Resolución dejará de
   tener efectos la Circular SC 1/2001, de 18 de mayo, sobre
   procedimiento de tramitación de expedientes de reconocimiento
   de servicios previos.
   Sevilla, 8 de julio de 2008.- El Director General, Rafael
   Burgos Rodríguez.

   Servicio Andaluz de Salud Comité de Empresa de PAU Aseos Urbanos | 26-09-2008 - 11:25:50 GMT 1 #

3. El Plan África, la política migratoria española de «nueva generación» y la guerra contra los pobres, por Eduardo Romero :
   LA INVASIÓN DE EUROPA
   Cuando el Consejo de Ministros del Gobierno de España, en mayo de 2006,
   aprobó el Plan de Acción para el África Subsahariana, el Plan África, lo hizo al
   calor de la guerra contra los cayucos. Dicha guerra, como todas las guerras,
   acontece en dos planos paralelos. En el plano material, la guerra son vallas, sistemas
   de vigilancia por satélite, patrulleras, centros de internamiento y, por supuesto,
   naufragios y miles de muertes. En el plano discursivo, y desde este lado
   de la valla, la guerra es lo que la sociedad española ve y escucha sentada frente
   al televisor. En primer lugar, la guerra contra los cayucos deja de ser una
   guerra para convertirse en una tragedia humanitaria. La militarización de la
   frontera es, por tanto, una misión humanitaria, destinada a salvar vidas con el
   apoyo de prudentes organizaciones como Cruz Roja. En segundo lugar, la
   guerra, que ha dejado —una vez más— de serlo, pretende responder a un problema,
   a una grave amenaza: se trata —cómo no— de la peligrosa avalancha
   de inmigrantes africanos que nos invaden por nuestra frontera sur.
   Los medios de comunicación que nos alertan de la llegada de decenas de
   miles de inmigrantes no consideran, sin embargo, que millones de turistas estén
   invadiendo Canarias; tampoco lo es que la OTAN realice maniobras en sus
   aguas.Todo lo contrario: el crecimiento y competitividad de la economía canaria
   exigen —en esta dinámica capitalista de la acumulación por la acumulación—
   que los diez millones de visitas turísticas se conviertan, cuanto antes, en

   doce millones; y que Canarias aproveche su «renta de situación»1 para erigirse
   como plataforma logística —del mejor postor— para las políticas de intervención
   económica, política y militar en África. Éstas son las formas de contribuir
   al crecimiento económico, es decir, a los beneficios privados de las empresas
   constructoras y turísticas, a la creación de empleo precario y a la destrucción
   del territorio y sus ecosistemas.
   Sin el triunfo del discurso mediático de la invasión, la guerra contra los cayucos
   y el Plan África serían injustificables. El miedo a la avalancha, aderezado
   con unas ciertas dosis de humanitarismo, sirve de coartada de lo que realmente
   es la política española —y europea— en África. Es decir, la lucha contra
   la inmigración ilegal justifica la verdadera invasión: la de las multinacionales
   occidentales y los Gobiernos a su servicio.
   La grandilocuencia discursiva de la política exterior del PSOE —«el liderazgo
   español, tanto en Europa como en África, en materia de cooperación
   migratoria ha sido indiscutible»2— ofrece una imagen de autonomía que no se
   compadece con la realidad. La enésima invasión de África no está dirigida —
   afortunadamente— por el Gobierno español. El relato gubernamental se
   mueve, en realidad, entre dos discursos que, en su impostura, se convierten en
   complementarios. Por una parte, proclama y reclama un escenario internacional
   más multipolar, en el marco del un —supuesto— consenso euroafricano
   que pone en relación las migraciones y el desarrollo3. Ello permite apelar incluso
   a una —supuesta— vocación solidaria de la sociedad española como una
   de las principales motivaciones de la política exterior.

   Por otra parte, el Plan África se suma con entusiasmo a la cruzada antiterrorista,
   avalando la nueva estrategia estadounidense de despliegue militar en el
   continente y estableciendo una segunda relación: la que conecta la lucha contra
   la inmigración ilegal con la lucha contra el terrorismo. La contribución a la
   «guerra contra el terror» no se expresa, por cierto, con la timidez de quien no
   se atreve a contradecir al más poderoso; por el contrario, el ministro de Asuntos
   Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, ejerció de anfitrión en
   Madrid —faltaría más— de la Mesa Redonda Ministerial sobre legislación
   antiterrorista en África Occidental y Central. Moratinos relacionó la lucha
   «contra las mafias de la inmigración irregular» con los objetivos del evento,
   dada «la vinculación existente entre terrorismo, narcotráfico y otras formas de
   crimen organizado».
   1. Adán Martín (presidente del Gobierno canario), «Inauguración del IV Seminario sobre África Subsahariana».
   2. Bernardino León, Acta de la Reunión Constitutiva de la Mesa para África, 23 de abril de 2007.
   3. Las Conferencias Euroafricanas de Migración y Desarrollo de Rabat (julio de 2006) y Trípoli (noviembre de
   2006) escenificaron este supuesto consenso, tan fraudulento como el «consenso mundial» —liderado por el G-8,
   el FMI y el BM— en la lucha contra la pobreza.

   A pesar de las apariencias, el discurso humanitario y el antiterrorista no pertenecen
   a planteamientos incompatibles entre sí, sino que forman parte de una
   misma estrategia recolonizadora. De hecho, el Gobierno español los sintetiza
   al establecer la relación entre terrorismo y pobreza:
   La creciente difusión de ideologías extremistas, que tienen especial predicamento
   en sectores de la población sumidos en la pobreza, ofrece las condiciones
   para temer que diversas regiones de África —en particular el Sahel y el
   Cuerno de África— puedan convertirse en zonas de refugio, apoyo logístico y
   entrenamiento tanto para grupos terroristas autóctonos como para grupos foráneos,
   y que la región se convierta asimismo en lugar de captación de nuevos
   reclutas. (Plan África, p. 21)
   Este encadenamiento de relaciones entre pobreza, inmigración y terrorismo
   puede conducir —y de hecho, conduce— a un razonamiento instrumental y
   éticamente aterrador, si nuestra democrática sociedad se atreve a mirarse en el
   espejo: si la pobreza es el caldo de cultivo de la inmigración ilegal hacia Europa
   y del terrorismo, combatámosla. Pero no lo hagamos por una cuestión de
   justicia —reparar las consecuencias del colonialismo y el neocolonialismo—;
   ni siquiera es necesario que establezcamos una motivación humanitaria para
   este combate. La pobreza, los pobres, que hace un momento, de este lado de la
   valla y del televisor, no eran nuestro problema, ahora sí lo son: quizás miles,
   millones de esos africanos y africanas que nos muestran en pantalla decidan
   invadir Canarias en un cayuco; o quizás nuestros gasoductos y oleoductos —
   e incluso nuestros rallys— corran peligro de ser destruidos por los —pobres—
   terroristas.
   SEGURIDAD ENERGÉTICA, «LUCHA CONTRA EL TERROR»
   Y MILITARIZACIÓN DE LA FRONTERA
   Si algo podemos destacar del Plan África, ciertamente, es la transparencia con
   la que muestra la macabra síntesis entre las diversas luchas que el Gobierno
   español pretende liderar —contra la pobreza, contra la inmigración ilegal,
   contra el terrorismo— y los intereses de nuestras multinacionales. «España
   tiene un amplio y lucrativo mercado para productos pesqueros», «resulta prioritario
   garantizar un nivel adecuado de abastecimiento del mercado español,
   así como la actividad de las empresas armadoras de pesca y del sector naviero
   ». «El Gobierno español, consciente de las necesidades energéticas de nuestra
   economía, llevará a cabo las acciones adecuadas para apoyar la ción de las empresas españolas en la explotación de los recursos de hidrocarburos
   de África»4.
   Apelar —como hace el Plan— al apacible idilio entre los intereses españoles
   y el desarrollo sostenible de los países africanos es, una vez más, ocultar la violencia
   que permite el permanente expolio de sus recursos. Violencia que se
   concreta, súbitamente, cada vez que la explosión de un oleoducto en Nigeria
   —país de especial interés energético para España— mata a quienes tratan de
   robar un poco de combustible para cocinar y calentarse, mientras miles de
   millones de barriles de petróleo salen cada día del país, dejando tras de sí contaminación
   a gran escala, enfermedades e inseguridad alimentaria.Violencia
   que se personifica en los pescadores senegaleses o mauritanos que se juegan la
   vida para llegar a Europa, una vez que la pesca artesanal ha quebrado por la
   competencia de los barcos europeos y la enorme sobreexplotación a la que someten
   los caladeros.
   La historia de subordinación colonial y neocolonial de África es borrada de
   un plumazo. Según el Gobierno español, «África ha quedado al margen de la
   globalización»5. Causas endógenas —corrupción, Estados débiles, fronteras
   porosas, ausencia de democracia, crecimiento demográfico desbocado— son
   presentadas en el Plan como explicación de la miseria de la mayoría de la población,
   así como de la degradación de los ecosistemas.
   Sin embargo, los datos aportados —participación marginal en el PIB mundial,
   cifras «irrelevantes» de comercio interafricano y de participación en el
   comercio mundial— no demuestran esa supuesta desconexión de África de la
   globalización, que sirve a los apologetas del capitalismo para defender que la
   solución es lograr mayores niveles de integración en el mercado mundial. Como
   señala Samir Amin, los países africanos ya están integrados en el mercado
   mundial, hasta tal punto que la proporción de sus exportaciones respecto al
   PIB es de un 45%: paradójicamente, la región más marginada, nos dice Amin,
   es también la más integrada. Pero su integración —los millones de africanos y
   africanas esclavizados, el reparto y explotación colonial del pastel africano, la
   nueva subordinación neocolonial— ha sido brutal y destructiva.
   Este continente aparentemente marginado ofrece oportunidades de inversiones
   enormemente lucrativas al capital transnacional y, en una coyuntura
   mundial caracterizada por la creciente competencia por fuentes de abastecimiento
   energético, África, y especialmente regiones como el Golfo de Guinea,
   adquieren una gran importancia geoestratégica. La extracción de los recursos
   africanos no sólo no necesita de fuertes estructuras sociales, económicas y po-
   4. Íbid, pp. 88 y 91.
   5. Íbid, p. 17.
   líticas, sino que trata de debilitar o destruir las existentes. Las únicas funciones
   de los Estados deben ser garantizar la seguridad y las infraestructuras de
   transporte para facilitar la salida del petróleo, del gas, de los diamantes, del
   oro, del coltán, de los monocultivos agrarios de exportación, etc. Los planes de
   ajuste estructural promovidos por las instituciones financieras internacionales
   han creado el clima adecuado para hacer negocios y para matar de hambre y
   enfermedades a buena parte de la población.

   La consecuencia directa de estas políticas es, en el medio rural, la crisis de la
   agricultura campesina y el enorme éxodo hacia las ciudades. La modernización
   de la agricultura y las políticas de ayuda al desarrollo han significado la
   marginación de la producción campesina de autosubsistencia, la única capaz
   de garantizar la soberanía y seguridad alimentarias, y el impulso de los monocultivos
   comerciales para la exportación. El nuevo negocio de los agrocombustibles
   —más pan para los coches y más hambre para los pobres6— revela contundentemente
   esta dinámica. El enorme éxodo rural hacia las ciudades implica
   movimientos migratorios infinitamente más importantes que las migraciones
   africanas hacia Europa, aunque estos últimos no los echan por la tele.
   El vertiginoso crecimiento urbano —paralelo a la privatización de los servicios
   básicos y a la contención del gasto público impuestos por el Fondo Monetario
   Internacional y el Banco Mundial— ha provocado una enorme degradación
   de las condiciones de vida en las ciudades. La inmensa mayoría de las personas
   están condenadas a luchar por su supervivencia diaria en la economía
   sumergida. Las mujeres africanas, tanto en el campo como en la ciudad, sostienen
   la crisis sobre sus espaldas, intensificando sus cargas de trabajo para luchar
   por la subsistencia de sus familias. Mike Davis, en su libro Planeta de ciudades
   miseria, analiza la enorme concentración de pobreza urbana en África
   del Oeste y, en general, en todas las periferias:
   Así pues, las ciudades del futuro se encuentran lejos del cristal y del acero con
   que las imaginaban generaciones anteriores de urbanistas: la realidad nos
   presenta un panorama de ladrillo sin cocer, paja, plástico reutilizado, bloques
   de cemento y tablones de madera. En lugar de ciudades de luz elevándose hacia
   el cielo, la mayor parte del mundo urbano del siglo XXI se mueve en la
   miseria, rodeado de contaminación, desechos y podredumbres. De hecho, los
   1.000 millones de habitantes que ocupan las áreas urbanas hiperdegradadas,
   podrían mirar con envidia las ruinas de las sólidas viviendas de barro de Çatal
   Hüyük levantadas en Anatolia en el alba de la vida urbana hace nueve mil
   años.
   6. Pilar Galindo, «Pan para los coches y hambre para los pobres» en www.nodo50.org/caes.
   En estas ciudades y pueblos, donde la extensión de la miseria y el crecimiento
   de las tasas de beneficio de las multinacionales son dos caras de la misma
   moneda, se implanta la militarización contra los inmigrantes ilegales y contra
   los terroristas. Los pobres pueden morirse, pero hay que evitar que pongan
   en peligro nuestra opulencia.
   Así, el interés de España en «el terreno de la seguridad» se concentra en tres
   zonas del litoral africano: «el triángulo compuesto por Cabo Verde, Mauritania
   y Senegal, como extensión del eje de Canarias»; Guinea Ecuatorial y el Golfo de
   Guinea; y el sureste del continente, en particular Angola, Namibia y Sudáfrica.A
   este interés se añade la especial atención al Sahel «por razón de su proximidad
   geográfica» como lugar de potencial implantación de redes terroristas.
   No parece fruto de la casualidad —sino más bien un síntoma de subordinación—
   que los proyectos antiterroristas del Plan África (2006) en el Sahel sigan
   dócilmente los pasos de la Pan-Sahel Iniciative (2003) de Estados Unidos,
   que tenía como objetivo equipar, entrenar y coordinar unidades antiterroristas
   en Mauritania, Mali, Níger y Chad. Esta Iniciativa Pansaheliana (PSI) fue sustituida
   y ampliada por la Trans-Saharan Counter Terrorism Initiative que, además
   de incrementar sus fondos, incluye también a Marruecos, Argelia, Túnez,
   Ghana, Nigeria y Senegal.
   La intención de crear un comando militar unificado del ejército norteamericano
   en el continente, el AFRICOM, forma parte de la toma de posiciones para
   controlar las enormes reservas energéticas africanas. Muchos países han expresado
   su oposición a los planes militares norteamericanos y han rechazado
   ser sede del AFRICOM, a pesar de la presión del presidente Bush en su gira
   africana de febrero de 2008. Sin embargo, tras la negativa de países como Argelia
   o Nigeria, Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con Marruecos para
   instalar este mando militar en la ciudad de Tan Tan, en la frontera de Marruecos
   con el Sáhara Occidental, frente al archipiélago canario.A cambio de importantes
   beneficios económicos y de fortalecer su posición contra la independencia
   del pueblo saharaui, Marruecos accede a que Estados Unidos ocupe
   una posición con diversos objetivos geoestratégicos: por un lado, potenciar su
   «lucha contra el terrorismo», como excusa para controlar los complejos energéticos
   del noroeste africano y la red de gasoductos que atraviesan el Sahara y
   el Sahel; por otro lado, garantizar el tránsito de los superpetroleros que rodean
   el continente procedentes del Golfo Pérsico para abastecer Europa. Este
   control de las rutas petroleras se completa con la base militar creada por Estados
   Unidos en Djibouti, en 2002, estratégicamente situada en el paso del Mar
   Rojo, por donde circula la cuarta parte de la producción mundial de petróleo7.
   7. Cf. Pedro Canales, «El Pentágono instala su Mando militar para África en el sur de Marruecos», en www.rebe

   Los intereses petroleros de las empresas españolas de hidrocarburos y nuestra
   seguridad energética tampoco son ajenos, evidentemente, a las prioridades
   militares del Plan África. De hecho, la infantería de Marina española participó
   en maniobras conjuntas en la zona junto con ejércitos africanos, marines norteamericanos
   y la OTAN8. La inseguridad en el Golfo de Guinea, sin embargo,
   lejos de relacionarse con el enorme expolio de los recursos energéticos del país
   por las grandes multinacionales, parece derivarse, según el Plan África, de
   «conflictos interétnicos, que han desembocado en graves estallidos de violencia
   en algunas regiones como el Delta del Níger» o «de la radicalización religiosa
   »9. Probablemente las empresas españolas del sector pesquero se sentirán
   mucho más tranquilas gracias al interés securitario del Plan África en el sureste
   del continente, aunque la presencia de estas empresas sea sinónimo, para
   la población de Namibia, de inseguridad alimentaria a gran escala.
   La intensificación de la guerra contra los cayucos exige también la militarización
   de las costas de Mauritania, Senegal y Cabo Verde. Con apoyo europeo,
   dicho despliegue se amplía sucesivamente a través de la Agencia Europea de
   Fronteras Exteriores (FRONTEX), obligando a la búsqueda de rutas cada vez
   más peligrosas para evitar los múltiples dispositivos de control, muchos de los
   cuales traspasan la frontera para realizarse en propio territorio africano. Es el
   caso de Mauritania, que firmó un acuerdo de inmigración con España en el
   año 2003, en el que se comprometía a aceptar repatriaciones de sus nacionales
   y de quienes, procedentes de otros países, hubieran transitado por territorio
   mauritano10. El Gobierno español ha enviado buques, helicópteros y guardias
   civiles para apoyar a Mauritania, ya que este país «se enfrenta con enormes dificultades
   a la hora de controlar a los recalcitrantes inmigrantes ilegales en su
   territorio»11. En operaciones marítimas conjuntas con España, Mauritania ha
   lion.org; y René Naba: «El reparto de la tarta africana. Africom, Recamp y Eufor: Occidente frente a China en
   África», en www.socialismo-o-barbarie.org.
   8. Ángeles Maestro, «En el corazón de las tinieblas. Nigeria: lucha de clases», en www.rebelion.org.
   9. Plan África, p. 121.
   10. En el artículo 13 del Acuerdo de Cotonou, firmado por la Unión Europea y los países ACP (África, Caribe
   y Pacífico), en el año 2000, se apuntaba ya la estrategia de firmar este tipo de acuerdos migratorios bilaterales.
   En Cotonou se abre «la perspectiva de establecer, cuando proceda, una política de prevención» de la inmigración
   ilegal y, sobre todo, se establece el compromiso mutuo de aceptar repatriaciones. La simetría entre Europa y África
   en la formulación del compromiso —ambas partes aceptan las repatriaciones de sus nacionales— es comparable
   a su pretensión —igualmente simétrica en su formulación y asimétrica en sus consecuencias— de adecuar
   las relaciones económicas y comerciales a los dictados de la OMC, impulsando la libertad de comercio y de capitales.
   Contra el desarrollo de estas iniciativas mediante Acuerdos de Asociación Económica (EPAs por sus
   siglas en inglés) se han producido importantes movilizaciones populares y el rechazo de muchos Gobiernos africanos
   en la última Cumbre Euroafricana de Lisboa, en diciembre de 2007.
   11. Citado en «Miles de inmigrantes en Mauritania, a la espera de embarcarse hacia Canarias», en http://www.
   afrol.com/es/articulos/22360, como parte de un comunicado hecho público durante la visita a Mauritania del secretario
   de Estado español para Asuntos Exteriores, Bernardino León, y el secretario de Estado para Seguridad,
   Antonio Camacho.

   interceptado y expulsado a miles de estos obstinados inmigrantes procedentes
   de otros países africanos, lo que ha obligado a los cayucos a adentrarse mucho
   más en alta mar para evitar su detección.Además, en abril de 2006, el Gobierno
   español financió —con fondos de la Unión Europea— la construcción de un
   centro de detención en Nouadhibou, en el que se hacinan los inmigrantes detenidos.
   Este centro podría ser solamente el primero, puesto que se ha planteado
   la posibilidad de construir otros en ciudades como Zouerate, Nouakchott,
   Rosso y Kaédi12.
   La efectividad de los controles, tanto en la frontera como en propio territorio
   africano, ha provocado un importante descenso del número de personas
   llegadas a Canarias en cayuco a lo largo del año 2007. Gabriele del Grande pone
   cifras a la masacre en el Mediterráneo y en el Atlántico y nos muestra las verdaderas
   consecuencias de esta política:
   El número de llegadas a Canarias ha caído en picado: un 75% menos en los
   primeros nueve meses del año, pero desde Dakar siguen zarpando.Y siguen
   muriendo. Para evitar las patrullas de Frontex navegan 300 millas mar adentro
   y a veces pasan 12 días en alta mar con grandísimo riesgo. Así lo indican
   las graves condiciones de deshidratación e hipotermia con que suelen llegar
   cada vez más a menudo los emigrantes a Las Palmas. El pasado seis de noviembre,
   una de las piraguas fue socorrida en La Güera, en el confín entre
   Mauritania y Sahara occidental.Vagaba a la deriva desde hacía tres semanas
   con una avería en el motor.A bordo había 101 pasajeros.A los otros 56 que
   habían zarpado con ellos desde Ziguinchor, Senegal, veinte días antes, los habían
   arrojado al mar ya cadáveres. Es preocupante el aumento de las víctimas
   en los últimos meses. 113 en diciembre, 200 en octubre y 119 en noviembre.Y
   nadie sabe cuántos son los naufragios fantasmas, que se producen en pleno
   océano y no quedan recogidos en la prensa, como el de octubre, cuyo único
   eco fue el funeral colectivo celebrado en Kolda, Senegal, por las familias de
   más de 150 desaparecidos en el mar. (Informe de diciembre de 2007 de Fortress
   Europe)
   LA POLÍTICA MIGRATORIA DE «NUEVA GENERACIÓN»
   Sin centenares de miles de inmigrantes sin derechos sociales, laborales y políticos,
   es decir, sin papeles, obligados a aceptar salarios míseros y pésimas
   12.Ver Asociación pro Derechos Humanos De Andalucía: Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2006,
   pp. 19-20.
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   El Plan África | Eduardo Romero
   condiciones de vida, la economía española perdería competitividad.También
   afectaría a nuestra competitividad que otros millones de personas —con
   menguantes derechos sociales y laborales— pudieran negarse a aceptar contratos
   indignos. Por mucho que nos lo repitan, es radicalmente falso que el
   crecimiento y la competitividad de la economía española, nuestra economía,
   tengan como consecuencia la mejora de las condiciones de vida del conjunto
   de la población.
   Hemos comprobado como el Gobierno de turno —sea del PSOE o del PP—
   ha manejado la legislación de extranjería para garantizar la existencia de un
   importante número de inmigrantes sin papeles que alimenten la economía sumergida,
   así como la presencia de inmigrantes con papeles explotados legalmente.

   Suficientemente amenazados por la legislación13, se pretende que su
   conflictividad laboral tienda a cero y su sumisión a infinito. La política migratoria
   no es, por tanto, una política de cierre de fronteras, sino que utiliza la
   frontera para generar diferentes intensidades de vulnerabilidad, en un círculo
   vicioso de inseguridad jurídica y precariedad laboral14.
   En la campaña electoral para las elecciones generales del 9 de marzo de
   2008 el líder del PP, Mariano Rajoy, lanzó, a cara de perro, propuestas electorales
   para seleccionar a los inmigrantes por su afinidad cultural y su formación
   profesional, así como para obligarles «a integrarse», mientras exigía la expulsión
   de toda persona inmigrante que cometiera delitos y la prohibición por ley
   de las regularizaciones extraordinarias. El PSOE, por su parte, se esforzó en
   publicitar los méritos contraídos por el Gobierno en el endurecimiento de la
   política migratoria. Así, el presidente Zapatero anunció que el Gobierno había
   realizado doscientas mil repatriaciones más que el último Gobierno del Partido
   Popular15, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, presentó el
   Balance de la lucha contra la inmigración ilegal 2007, en el que se felicitaba, entre
   otras cuestiones, del incremento de los efectivos policiales, de los cuantiosos
   fondos dedicados al despliegue de Frontex en el Atlántico y el Mediterráneo,
   y de la contribución europea a la militarización de la frontera.
   Un viejo refrán inglés dice que cuando dos ladrones se agarran de los pelos,
   siempre ocurre algo bueno. Y, en efecto, la estrepitosa y apasionada reyerta
   entre las dos fracciones de la clase dominante en torno a cuál de las dos ex-
   13. Por ejemplo, mediante la obligación periódica de renovar un permiso de residencia condicionado a tener un
   contrato de trabajo.
   14. Ver capítulo «La vida en la frontera: internamiento y expulsiones» en este mismo libro.
   15. En realidad, el Ministerio del Interior informa de 111.978 repatriaciones más en la legislatura de gobierno
   del PSOE, aunque en los debates televisivos siempre conviene engordar los datos, sobre todo si se trata de recalcar
   la capacidad del Gobierno para detener, confinar y expulsar inmigrantes.
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   plotaba más desvergonzadamente al obrero, fue de un lado y de otro la partera
   de la verdad. (Karl Marx, El Capital, Libro I, p. 844)
   Sin embargo, a pesar de la evidente continuidad entre la política migratoria
   de los dos partidos mayoritarios, el Gobierno socialista sostiene un discurso
   mucho más ambiguo: es capaz de detener, repatriar y encerrar a más inmigrantes
   que ningún otro Gobierno anterior —y, además, se siente orgulloso de
   ello—, mientras el presidente Zapatero defiende que la inmigración debe resolverse
   «con la cabeza, pero también con el corazón».
   La síntesis entre la lucha contra la inmigración ilegal y la dimensión humanitaria
   de la cuestión se solventa, en el Plan África, con el impulso de los Acuerdos
   Marco de Cooperación Migratoria y Readmisión, también llamados de
   «nueva generación» o de «segunda generación». Frente «al estrecho e ineficaz
   modelo de los antiguos acuerdos, que estaban exclusivamente centrados en la
   readmisión, [los nuevos se caracterizarían por] estar inspirados en un enfoque
   global y equilibrado de la inmigración como factor positivo de desarrollo»16.
   Este nuevo enfoque se concreta en que la aceptación de las repatriaciones supondrá
   contrapartidas para los países africanos firmantes, que verán incrementada
   la ayuda al desarrollo —para «incentivar el arraigo» de la población—
   y podrán gestionar la firma de contratos en origen para acceder de forma
   legal al mercado de trabajo español.
   De nuevo en esta cuestión asistimos al uso sistemáticamente fraudulento de
   un discurso que, proponiendo una visión más integral del problema de la inmigración,
   oculta el sentido real de la política española en África. El verdadero
   nexo entre migración y desarrollo recogido en estos acuerdos es el de la condicionalidad
   de la ayuda; como defiende Mariano Rajoy, «hay que ayudar al que
   quiera colaborar». Qué mejor manera de garantizar la aceptación de las repatriaciones
   que vincular la ayuda al desarrollo, las condonaciones de deuda externa
   o la admisión de cupos de inmigrantes legales a que los países africanos
   se subordinen a las políticas migratorias impuestas desde España, colaborando
   en el control de las fronteras y permitiendo la injerencia española en territorio
   africano.
   En todo caso, la comparación entre los nuevos acuerdos firmados a lo largo
   del año 2007 —con Cabo Verde, con Gambia, con Guinea Conakry— y acuerdos
   anteriores, como el ya citado con Mauritania, en 2003, delata la desaparición
   de artículos como el de «Garantías de derechos humanos» que, al menos
   formalmente, prohibía el recurso «a la fuerza indebida, tortura ni tratos crue-
   16. Declaraciones de Miguel Ángel Moratinos en la Conferencia sobre Migraciones y Desarrollo de Trípoli en
   noviembre de 2006.
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   El Plan África | Eduardo Romero
   les, inhumanos o degradantes»; prohibición, por cierto, que es pisoteada por el
   Protocolo de actuación en las repatriaciones y en el traslado de detenidos por
   vía aérea y/o marítima, elaborado por el Gobierno español para facilitar la represión
   policial de las personas repatriadas.
   En realidad, la lectura de los acuerdos de nueva generación debería comenzarse
   por el final, pues incluyen un anexo titulado «Procedimiento y garantías
   para la readmisión de personas», cuyo objetivo es ensanchar lo más posible, de
   forma muy detallada, las formas de acreditar la nacionalidad de las personas a
   las que se quiere repatriar17. Este anexo, junto a las medidas destinadas a fortalecer
   los controles fronterizos y la presencia española en los países africanos
   mediante «apoyo» y «asistencia técnica», es el verdadero contenido de
   los acuerdos.
   Nuestra política de inmigración tiene un principio: sólo pueden venir y quedarse
   los que puedan trabajar de acuerdo con la ley. Es decir, lucha con firmeza
   contra la inmigración ilegal. Y eso hay que hacerlo en tres frentes. Primero,
   que no salgan de sus países de origen personas empujadas por la desesperación.
   Segundo, que el control de fronteras impida la entrada de inmigrantes
   que no tengan un contrato de trabajo garantizado.Y, tercero, que se pueda
   devolver a los países de origen a las personas que entran ilegalmente aquí.
   Esto sólo es posible mediante la firma de acuerdos con los países de origen.
   Hemos firmado una decena de acuerdos con países fundamentalmente del
   África subsahariana. (Rodríguez Zapatero, declaraciones en el debate
   electoral del 3 de marzo de 2008)
   17. «Así, cada Parte contratante [así denomina el acuerdo a España y al país africano firmante] readmitirá en
   su territorio, sin formalidad alguna, a toda persona que no tenga o haya dejado de tener derecho a entrar, permanecer
   o residir en el territorio de la Parte contratante requirente y que esté en posesión de un pasaporte, o
   una carta de identidad, u otro documento de viaje internacionalmente reconocidos, válidos y en vigor. Si no es
   así, la nacionalidad podrá acreditarse por medio de: a) certificados de nacionalidad que puedan atribuirse claramente
   a una persona; b) pasaportes nacionales caducados de cualquier tipo; c) documentos de identidad, incluidos
   los temporales y provisionales; d) documentos oficiales en los que se indique la nacionalidad de la persona
   que se trate; e) libreta de inscripción marítima y tarjeta de servicio de patrón; f) cualquier otro documento
   reconocido por la Parte contratante requerida que permita determinar la identidad de esa persona. En el caso
   de presentación de uno de estos documentos, aunque estén caducados, se podrá realizar la repatriación, expidiendo
   un documento de viaje en el que figure la nacionalidad de la persona repatriada.
   »Podrá acreditarse “un principio de prueba de la nacionalidad” a través de la fotocopia de cualquiera de los documentos
   enumerados, así como a través del permiso de conducción y el certificado de nacimiento. En este caso,
   el supuesto país de origen tendrá que realizar en el plazo máximo de tres días una entrevista a fin de confirmar
   dicha nacionalidad. Se expedirá un documento de viaje válido por treinta días.
   »En el caso de que la persona no disponga de los documentos necesarios u otras pruebas para determinar su nacionalidad,
   pero existan elementos que hagan posible presumirla, la persona será entrevistada en el plazo máximo
   de tres días por los agentes diplomáticos o consulares de su hipotético país de origen, que tendrán que informar
   en el plazo máximo de otros tres días del resultado de la entrevista. Si se confirma la nacionalidad de la persona
   se expedirá un documento de viaje válido por treinta días.»
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   El Gobierno español ha desarrollado en los dos últimos años un intenso despliegue
   diplomático que ha tenido como resultado la firma de múltiples acuerdos
   de «cooperación», de «política migratoria» y de «lucha contra el crimen
   organizado». La «decena de acuerdos» que el Gobierno dice haber firmado
   oculta que solamente Gambia, Guinea Conakry y Cabo Verde han aceptado
   estos tratados de «nueva generación». Algunos países —como Mauritania o
   Nigeria— se rigen por acuerdos anteriores, mientras que otros —como Senegal—
   se han resistido a firmarlo. Evidentemente, aceptar las repatriaciones de
   compatriotas que han arriesgado su vida y sus escasos recursos para llegar a
   Europa genera un amplio rechazo popular.
   Sin embargo, ante las intensas presiones del Gobierno español —viaje a Dakar
   del presidente Zapatero incluido—, el Gobierno senegalés ha aceptado
   miles de repatriaciones desde septiembre de 2006, a cambio de condonaciones
   de deuda, incremento de la ayuda al desarrollo y contratación en origen de
   trabajadores y trabajadoras senegalesas. Además, España y Senegal han firmado
   un Acuerdo Marco de Cooperación (octubre de 2006), otro para la repatriación
   de menores (diciembre de 2006) y un acuerdo de cooperación en materia
   de lucha contra la delincuencia organizada (diciembre de 2006). Los partidos
   de la oposición denunciaron a lo largo de la campaña electoral, en febrero
   de 2007, el carácter de los compromisos asumidos por el presidente senegalés
   en materia de inmigración.
   El importante despliegue del Gobierno español en el continente africano se
   complementa con el flagrante incumplimiento de los compromisos de seguimiento
   y evaluación del Plan África. El propio Plan establece que, con carácter
   anual, la Dirección General de Política Exterior con el Mediterráneo, Oriente
   Próximo y África elevará a la consideración del ministro de Asuntos Exteriores
   y Cooperación un informe global sobre el grado de ejecución del Plan, que
   a su vez será presentado ante el Consejo de Ministros. También establece el
   compromiso de un informe final que ha de servir de base para la elaboración
   de un II Plan África 2009-2011. Los informes de los años 2006 y 2007 o no existen
   o nunca han sido publicados. Si nos atenemos a la información del Ministerio
   de Asuntos Exteriores, la Mesa para África, cuya creación se propone en el
   Plan como foro de diálogo con participación de la sociedad civil, se ha reunido
   una sola vez, en abril de 2007, para constituirse. De todos modos, vista cuál es
   la representación de la sociedad civil —entre la que podemos destacar a la
   CEOE, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio o el Real Instituto Elcano—,
   quizás sea preferible que no se reúna más.

   Mientras tanto, el presidente
   Zapatero ya anuncia, en su discurso de investidura (8 de abril de 2008)
   un nuevo Plan África 2008-2012.
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   El Plan África | Eduardo Romero
   AYUDA AL DESARROLLO E INTERNACIONALIZACIÓN
   DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
   Los Gobiernos enarbolan el incremento de la ayuda al desarrollo como aspecto
   fundamental de las negociaciones: como prueba de buenas intenciones por
   parte del Gobierno español y como justificación de la aceptación de las repatriaciones
   por parte de los Gobiernos africanos. Sin embargo, la condicionalidad
   de la ayuda al desarrollo no se reduce a la imposición de determinadas políticas
   migratorias, sino que se trata de una de las herramientas más importantes
   en la estrategia occidental recolonizadora. El propio Plan Director de Cooperación
   2005-2008 reconoce «la influencia de intereses comerciales y geoestratégicos
   » en la extensión y sistematización de la ayuda al desarrollo hacia
   América Latina, a partir de los años ochenta del siglo XX18. La ayuda contribuyó
   a generar las condiciones para el desembarco de las multinacionales españolas
   en la segunda colonización de Latinoamérica.
   El importante incremento de estos programas en África es, de nuevo, expresión
   de los intereses del capital español en el continente. Continuemos con el
   ejemplo de Senegal, país que sufre las consecuencias del ajuste estructural impulsado
   por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Las condonaciones
   de deuda aprobadas en los últimos años han tenido como contrapartida
   la liberalización económica y la privatización de importantes empresas
   estatales. Los monocultivos de exportación —especialmente el cacahuete—
   han provocado el empobrecimiento de los suelos y la desertificación, la marginación
   de los cultivos de subsistencia y la dependencia campesina de los precios
   del mercado mundial. El crecimiento de las ciudades y la degradación de las
   condiciones de vida, especialmente en Dakar, ha sido enorme en las últimas
   décadas. La importancia de la pesca artesanal para la vida de un importante
   sector de la población ha sido arruinada por las empresas europeas, especialmente
   españolas.
   Conviene contrastar las siempre piadosas palabras de los proyectos de ayuda
   al desarrollo con los menos contemplativos informes dirigidos al empresariado
   español. Para ello acudimos al Informe Económico y Comercial Senegal
   2006, elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Dakar:
   «el perfil de Senegal para el empresario español es fundamentalmente el de
   proveedor de recursos naturales (pesca y fosfatos, también hierro en forma de
   chatarra)»19. Si el Plan África establece el apoyo a la modernización del sector
   18. Dicho Plan presenta la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID, 1998) como el marco
   adecuado para establecer la relación que deben tener la política de cooperación, la política exterior y de seguridad
   y la política comercial.
   19. http://www.comercio.es/tmpDocsCanalPais/53060E2494A6987378D94F147CDABF5F.pdf
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   pesquero como uno de los principales objetivos de la ayuda al desarrollo, el informe
   anuncia a los empresarios las oportunidades de inversión en la comercialización
   de productos de la pesca (desde barcos a refrigeradores o piezas para
   motores). Si el Plan prioriza la construcción de infraestructuras, el informe
   anuncia la gran oportunidad para la venta de todo tipo de material de construcción
   ante la enorme cantidad de obras públicas previstas con financiación
   internacional.
   Esta identificación de la ayuda al desarrollo con los intereses empresariales
   tiene su expresión más descarnada en los créditos FAD, préstamos vinculados
   a la compra de mercancías españolas para fomentar la internacionalización de
   nuestras empresas. Este tipo de créditos fueron aprobados por el Gobierno de
   España como contrapartida al reforzamiento de la lucha contra la inmigración
   irregular en Mauritania y Senegal20.
   LOS CONTRATOS EN ORIGEN: LA FANTASÍA DE LA INMIGRACIÓN LEGAL Y
   ORDENADA21
   Incluso más allá del estrepitoso ruido electoral, es enorme el consenso respecto
   a que la política migratoria debe promover una inmigración legal y ordenada
   que contribuya al crecimiento de la economía española, poniendo a
   disposición del mercado de trabajo la mano de obra que éste necesita. Como
   los sindicatos mayoritarios han abrazado sin fisuras la defensa de la competitividad
   y hacen apología del capitalismo, no nos debe extrañar que, ellos también,
   defiendan la «exigencia contundente» a los países africanos para que
   asuman el reconocimiento y la repatriación de sus ciudadanos llegados de manera
   irregular. Esta contundencia pretende evitar «el desorden de los flujos
   migratorios» que, según Comisiones Obreras, «promueve actitudes extremas
   en parte de la sociedad de acogida del tipo “papeles para todos” o “fuera los
   inmigrantes”»22.
   Defender esta adecuación de los flujos migratorios a las necesidades del
   mercado, en vez de impugnar un orden social, económico y político que obliga
   20. La falta de transparencia en su uso provocó la acusación al presidente senegalés, Abdoulaye Wade, de haberse
   quedado con los 20 millones de euros concedidos por el Gobierno español.Ver «Los créditos FAD en oposición
   a la ayuda al desarrollo» en VV. AA., La ilegitimidad de los créditos FAD.Treinta años de historia.
   21. Agradezco a Luis Ocaña (Sindicato de Obreros del Campo), Xabier Aboi (Confederación Sindical Galega)
   y Manolo Camaño (Central Unitaria de Traballadores de Galicia) las experiencias y análisis que hemos compartido,
   muy útiles para la elaboración de este epígrafe.
   22. Ver CC.OO.: «Inmigración y mercado de trabajo. Propuestas para la ordenación de los flujos migratorios».
   Esta equidistancia respecto a quienes exigen derechos para todas y todos y quienes llaman a la expulsión del colectivo
   inmigrante se parece demasiado a la de quienes equiparan al movimiento antifascista con la ultraderecha
   violenta, xenófoba y racista.
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   a las personas inmigrantes a huir de sus lugares de origen para tratar de sobrevivir,
   es puro artificio. Como ya hemos dicho, no es inmigración legal y ordenada
   lo que necesita nuestro mercado de trabajo, sino desarraigo y ausencia de
   derechos que provoquen sumisión y faciliten la explotación. La realidad, tozudamente,
   se ha encargado de demostrarlo, obligando a la mayoría de las personas
   inmigrantes, en el mejor de los casos, a pasar por una etapa de ilegalidad
   antes de obtener un trabajo precario pero legal. La contratación en origen, lejos
   de resolver el problema, es un instrumento de extensión de la precariedad
   y, en muchos casos, implica el camino inverso: de la legalidad de un contrato de
   temporada a la clandestinidad después de sufrir el despido o abandonar el trabajo
   ante las promesas incumplidas de unas condiciones dignas.
   En los años 2006 y 2007, unos 18.000 inmigrantes23 han sido devueltos en
   vuelos de repatriación con destino a Dakar y Saint Louis24. Una de las contrapartidas
   por esta colaboración es la contratación en origen de trabajadores y
   trabajadoras de Senegal. Los acuerdos firmados en el último trimestre del
   2006 —que no concretaban una cifra de contrataciones— se ampliaron con el
   Memorándum de entendimiento de noviembre de 2007, que establece la contratación
   de dos mil senegaleses para el sector pesquero y setecientas senegalesas
   para la recolección de la fresa.
   A pesar de que la apuesta por una inmigración legal y ordenada se presenta
   envuelta de una apariencia novedosa, se trata de un discurso repetido permanentemente
   en la última década, en la que millones de inmigrantes, mientras
   tanto, alimentaron la economía sumergida en sectores como la construcción, el
   trabajo asistencial, el turismo y la hostelería. Tampoco es novedosa la contratación
   en origen, aunque sí lo es su utilización como compensación a los países
   africanos que colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal. Estos contratos
   son para trabajos de temporada, con una duración máxima de nueve meses.
   Por tanto, las personas contratadas están obligadas a volver a Senegal al final
   de ese período.
   La existencia o no de papeles no es el único instrumento para la explotación
   del colectivo inmigrante. «¿Para qué contratar ilegales si se puede, legalmente,
   pagar una miseria a inmigrantes senegaleses, ghaneses, indonesios o malayos
   contratados en origen?», señala Manolo Camaño, de la Central Unitaria de
   Traballadores (CUT) de Galicia respecto a las condiciones de trabajo del colectivo
   inmigrante en el sector pesquero. Esta inmigración de ida y vuelta se ha
   revelado como una poderosa herramienta para responder a las necesidades
   23. Gabriele del Grande, Informe Fortaleza Europea Diciembre de 2007.
   24. Según cifras del Ministerio del Interior, se ha expulsado en vuelos de repatriación a 40.787 personas en la
   legislatura 2004-2008 (hasta diciembre de 2007), frente a 14.397 personas en la última legislatura de gobierno del
   Partido Popular.
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   del mercado de trabajo, es decir, para la reducción de costes exigida por la lógica
   aplastante de la competitividad.Veamos cómo se ha concretado esta aparente
   armonía entre oferta y demanda en el caso de la fresa en Huelva25.
   La provincia es la principal productora mundial de fresa.Aunque la tendencia
   es al aumento de la superficie media de las explotaciones, la mayoría son
   pequeñas, con un tamaño menor de cinco hectáreas. La modernización del sector
   ha sido el instrumento de las grandes multinacionales de la distribución para
   controlar todo el proceso productivo. Las explotaciones pequeñas ven cómo
   crecen continuamente los costes de producción —ante la necesidad de incorporar
   más insumos en un proceso de producción cada vez más intensivo— y
   su dependencia tecnológica26 y financiera. En estas circunstancias, la única estrategia
   de los empresarios de la fresa para mejorar su competitividad es la reducción
   de los costes de la fuerza de trabajo:
   No obstante, y a pesar de la disminución del margen de beneficio que se está
   produciendo, el cultivo de fresa continúa deparando ganancias a los empresarios
   onubenses. El empresario local no se «cruza de brazos» ante estas circunstancias
   y para contrarrestar esta situación ha utilizado como instrumento
   de mejora de sus ganancias tanto la disminución de los costes del trabajo como
   la intensificación del uso de los recursos naturales. [...] la opción elegida
   por los empresarios locales ante la presión del capital global ha sido clara: aumentar
   el grado de explotación del trabajo y la naturaleza. (Óscar Jurado, «El
   fenómeno económico de la fresa de Huelva», en Qué hace esa fresa en tu
   mesa, pp. 108-109)

   Es importante comprender las determinaciones «objetivas» de las decisiones
   de los empresarios onubenses: si quieres seguir siendo empresario del sector,
   tienes que intensificar la explotación de jornaleros y jornaleras. Analizar
   esta lógica nos evita caer en la pobreza de análisis sindicales que atribuyen a
   los «empresarios desaprensivos» la obtención de «beneficios ilícitos e ilegítimos
   » a través de la explotación del colectivo de inmigrantes sin papeles, mientras
   advierten de los perjuicios que esto supone para el «empresariado honesto
   »27.
   25. La mayor parte de la información y de los análisis recogidos a continuación sobre el sector de la fresa en la
   provincia de Huelva proceden del libro ¡Qué hace esa fresa en tu mesa! La situación de l@s trabajadores de la
   fresa en Huelva, coeditado por Atrapasueños Editorial, Sindicato de Obreros del Campo (SOC),Autonomía Sur,
   Oficina de Derechos Sociales de Sevilla, CAES y Universidad Libre para la Construcción Colectiva.
   26. Los plantones proceden de California y pasan por un período de vivero en Valladolid.
   27.Ver CC.OO.: «Inmigración y mercado de trabajo. Propuestas para la ordenación de los flujos migratorios»,
   pp. 12-13.
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   La precarización de las condiciones de trabajo provoca, desde finales de los
   años ochenta, pero sobre todo a partir de mediados de los noventa, la sustitución
   de jornaleros y jornaleras andaluzas por inmigrantes magrebíes y de África
   Subsahariana. La explotación legal de este colectivo —mediante el peor
   convenio del campo, junto al de Almería, de todo el Estado español— se complementa
   con la explotación ilegal de inmigrantes sin papeles. Coincidiendo
   con el incremento de la capacidad organizativa del colectivo inmigrante, que
   exige derechos laborales y sociales a través de encierros y otras movilizaciones,
   se empieza a desarrollar la contratación en origen de inmigrantes —mayoritariamente
   mujeres polacas y rumanas— como estrategia de marginación y expulsión
   del mercado de trabajo de los inmigrantes más organizados y reivindicativos.
   Miles de ellos —magrebíes, subsaharianos, portugueses— se encontrarán
   entonces sin trabajo ni vivienda, por lo que se verán obligados a instalarse
   en chabolas.
   La contratación en origen crece desde los 7.000 contratos en 2002 hasta los
   31.000 en 2006. La incorporación de Polonia y Rumanía a la Unión Europea
   ha supuesto la disminución de la presencia de trabajadoras rumanas y polacas,
   lo que ha obligado a los empresarios a buscar contratos en origen en otros países,
   poniendo de nuevo la vista en África. Así, en 2007 se sustituyó a miles de
   mujeres rumanas por trabajadoras marroquíes. En 2008, los contratos en origen
   serán casi cuarenta mil, con trabajadoras procedentes de Marruecos (16.200),
   Rumanía (12.000), Bulgaria (4.000), Polonia (3.500), Ucrania (3.000), Senegal
   (750) y Filipinas (270). Como los propios empresarios y las agencias gubernamentales
   reconocen, en la selección se prioriza la contratación de mujeres con
   cargas familiares, pues se considera que es una garantía de sumisión y de que
   volverán a su país al final de la temporada. Se las contrata por nueve meses
   (plantación y recogida) o por cuatro o cinco (sólo recogida). En la mayoría de
   los casos, son alojadas en casas construidas dentro de las propias fincas.Viven
   hacinadas y aisladas, expuestas al control por parte del empresario de los espacios
   y tiempos ajenos a la jornada laboral.
   La apuesta por la contratación en origen de trabajadoras senegalesas, además
   de una forma de presión del Gobierno español para la aceptación de repatriaciones,
   se inserta en esta nueva estrategia patronal. En los primeros días
   de marzo de 2008 varios vuelos han trasladado a 744 trabajadoras a Huelva.
   Las autoridades políticas y empresariales han mostrado su entusiasmo, como
   no podía ser menos. Para el embajador de España en Senegal, Fernando Morán,
   se trata de «una demostración más del compromiso de los Gobiernos de
   España y Senegal de fomentar la emigración legal frente a una opción ilegal».
   Para el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Fresas
   de Huelva, Freshuelva, José Manuel Romero, las mujeres «vienen muy convirus_
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   tentas y va a ser una experiencia muy interesante». Sus palabras resumen la
   estrategia patronal: «las vimos trabajar en Senegal y se van a adaptar perfectamente
   a nuestro clima y a nuestra forma de hacer las cosas».
   La campaña onubense de la fresa nos muestra, con un ejemplo concreto, que
   la armónica adecuación entre oferta y demanda de trabajo, argumento utilizado
   para reclamar una inmigración legal y ordenada que responda a las necesidades
   del mercado, es una fabulación:
   ... hasta la economía política comprende que producir una población excedentaria
   relativa, esto es, excedentaria respecto a la necesidad media de valorización
   del capital, es una condición vital de la industria moderna. (Karl
   Marx, El Capital, Libro I, pp. 788-789)
   Los empresarios freseros de Huelva necesitan un volumen de fuerza de trabajo
   disponible muy superior a las necesidades medias, para movilizarla durante
   los períodos punta de campaña (cada año más reducidos) o ante la demanda
   puntual de un gran volumen de fresas por parte de las empresas distribuidoras.
   Ésta es una de las razones por las que contratan en origen a un número
   de trabajadoras muy elevado. Pero hay otro motivo: el excedente de fuerza
   de trabajo generado otorga un enorme poder a los empresarios para incumplir
   sistemáticamente el convenio y para presionar a las trabajadoras, exigiendo
   elevados rendimientos, ya que pueden escoger cada día quién trabaja y
   quién no. Los impagos de horas extras, días trabajados interrumpidos por las
   condiciones climáticas o días festivos, saltándose el convenio, se convierten en
   la norma, a costa de la ya de por sí mísera legalidad.
   La condena de una parte de la clase obrera al ocio forzoso mediante el exceso
   de trabajo impuesto a otra parte, y viceversa, se convierte en medio de enriquecimiento
   del capitalista singular y, a la vez, acelera la producción del ejército
   industrial de reserva en una escala acorde con el progreso de la acumulación
   social. (Karl Marx, El Capital, Libro I, pp. 792)
   El aparente equilibrio entre oferta y demanda de trabajo oculta, por tanto,
   una realidad generada a la medida de las necesidades del mercado: jornaleros
   y jornaleras autóctonas, en un contexto de elevadas tasas de paro y de emigración
   forzosa de la población en busca de empleo en otras zonas del Estado o
   de la Unión Europea; trabajadoras de ida y vuelta, aisladas y sometidas, ansiosas
   por trabajar el mayor número de días posible antes de verse obligadas a regresar
   a su país; e inmigrantes sin papeles, sin ningún tipo de derecho, víctimas
   de una explotación aún mayor, movilizados en aquellos momentos en los que
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   son necesarios como fuerza de trabajo suplementaria. Todas estas personas
   constituyen una fuerza de trabajo disponible, subordinada y vulnerable.
   No nos pueden extrañar, por tanto, las múltiples denuncias públicas de las
   condiciones de trabajo de inmigrantes contratados en los países de origen. Pero
   el ejemplo de la fresa onubense no es, ni mucho menos, el único. Recientemente,
   el Sindicato de Obreros del Campo de Almería denunció condiciones
   laborales de auténtica esclavitud de 75 trabajadores senegaleses contratados
   en origen, en septiembre de 2007, para un período de nueve meses. El sindicato,
   que ha denunciado a Coexphal (Asociación Provincial de Empresarios Cosecheros-
   Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Almería) y a la empresa
   Hortalizas del Almanzora de Pulpí por despido improcedente de nueve
   de los trabajadores, relata además el incumplimiento sistemático de las condiciones
   pactadas en Dakar: la empresa descontó del primer sueldo el pago del
   billete de avión, a pesar de la promesa de cubrirlo; el salario recibido es muy
   inferior al estipulado por el Convenio del Campo; los trabajadores senegaleses
   pagan 120 euros por un alojamiento en el que comparten habitación hasta siete
   personas, no hay calefacción y se encuentran aislados, a tres kilómetros del
   centro de salud más próximo; cada día deben realizar cien kilómetros en autobús
   hasta la explotación agrícola; denuncian, además, acoso laboral y amenazas,
   el secuestro de sus pasaportes por la empresa durante los dos primeros
   meses y las intimidaciones de la Guardia Civil tras la convocatoria de una jornada
   de huelga. Las pésimas condiciones de vida provocan que muchos acaben
   en la clandestinidad por despido o abandono del trabajo.

   La historia se repite en el sector pesquero. En Galicia, entre enero y julio de
   2007, se incrementó un 11,8% el número de trabajadores extranjeros inscritos
   en el Régimen Especial del Mar, a pesar de que el número de afiliados totales
   en el sector descendió. Este dato revela el proceso de sustitución de la fuerza
   de trabajo autóctona que, ante las míseras condiciones laborales, busca otros
   empleos. Sin embargo, colectivos de trabajadores inmigrantes cualificados y
   con amplia experiencia —como los marroquíes— están siendo, a su vez, sustituidos
   por trabajadores ghaneses, indonesios o malayos, más baratos y mansos.
   El acuerdo con Senegal supondrá un mayor número de contrataciones procedentes
   de este país, que pasarán a formar parte del «escandaloso» escenario
   actual, en palabras de Xabier Aboi, de la Confederación Sindical Galega
   (CIG), que denuncia además el papel de las empresas de contratación, que se
   lucran poniendo a disposición de los empresarios a inmigrantes con sueldos inferiores
   a los trescientos euros.
   La política migratoria española de nueva generación esconde en su seno una
   violencia contra la población africana nada novedosa: el expolio de sus recurvirus_
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   sos, la explotación laboral a ambos lados de la valla, el crimen cotidiano en la
   frontera; «si ahora llegan menos inmigrantes es porque mueren más», afirma
   Brigitte Espuche, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
   La crítica de esta política es probablemente necesaria pero es, seguro, insuficiente.
   El poder constituyente del capital —que ha creado una sociedad de
   centros comerciales, móviles y comida basura que se traga o destruye cada día
   el alimento, el agua y el combustible de las sociedades africanas— no parece
   anunciar la subversión de las multitudes, que continúan viendo los cayucos,
   cada día, por la televisión.
   La lucha por la dignidad —de las personas inmigrantes que sufren la explotación,
   la represión y la muerte, pero sobre todo de nuestras opulentas sociedades
   indignas, capaces de contemplar, impasibles, cómo el océano se convierte
   en una fosa común— no pasa, en nuestra opinión, por pisar el acelerador de
   la movilidad, exigiendo un absoluto, individual e ilimitado derecho a la libertad
   de movimientos —ejercido sin contemplaciones por millones de turistas
   europeos—, sino por garantizar la soberanía y la seguridad alimentarias de todas
   las personas. Esta reivindicación básica —que desaparezca el capitalismo
   para que la alimentación, la salud y la vida sean un derecho para todos los seres
   humanos— es un horizonte al que no podemos renunciar en nuestras luchas
   concretas.
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   virus_frontera_sur_14_08_08 20.08.2008 11:55 Uhr Seite

   El Plan África, la política migratoria española de «nueva generación» y la guerra contra los pobres | 25-10-2008 - 18:38:39 GMT 1 #

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