Unión Progreso y Democrácia (UPyD): Programa Electoral, Elecciones Generales España 2008. Regeneración democrática
Unión Progreso y Democrácia (UPyD): Programa Electoral, Elecciones Generales España 2008. Este deterioro tiene dos causas fundamentales. Una es el auge de los particularismos territoriales. Los partidos nacionalistas y los líderes territoriales de los propios partidos nacionales están procediendo, por la vía de las reformas estatutarias, a la transformación del modelo autonómico constitucional en un modelo confederal insolidario e insostenible. La otra son los particularismos partidistas. Los dos grandes partidos están llevado la vida política española a unos niveles de sectarismo desconocidos desde la superación de la dictadura y compiten por poner las instituciones al servicio de sus intereses. Ambos tipos de particularismo, que se refuerzan mutuamente, amenazan con convertir una sociedad ideológica y geográficamente plural en una sociedad fragmentada. Consideramos que la solución a este deterioro no está un mero cambio de gobierno o de mayoría parlamentaria. La situación política que atraviesa España ha puesto de manifiesto la necesidad de reformas constitucionales y legales que refuercen las instituciones comunes frente a los intentos, cada vez más agresivos, de debilitarlas o subordinarlas a las cúpulas de los partidos políticos. Estas reformas no van a ser impulsadas ni por los dos grandes partidos ni por los partidos nacionalistas. Sólo una fuerza política nueva que haga de la regeneración democrática una prioridad puede posibilitar las reformas que permitan superar los déficits democráticos de nuestro sistema político. PRINCIPIOS BÁSICOS Los principios básicos de nuestras propuestas de regeneración democrática son: 1. Los titulares de los derechos y libertades democráticos son los ciudadanos. En consecuencia, todas las medidas de regeneración democrática estarán orientadas a la defensa de los derechos civiles, que en ningún caso podrán ser sacrificados en aras de supuestos derechos colectivos. 2. Todos los españoles son iguales en derechos y deberes. En España conviven ciudadanos con identidades diversas, sean éstas de tipo ideológico, lingüístico, cultural, territorial, religioso, sexual, etc. Para que esta convivencia en libertad e igualdad sea posible es preciso que las instituciones y las administraciones públicas se abstengan de intentar imponer una determinada identidad, sea de la naturaleza que sea, que vaya más allá de la ciudadanía común, la adhesión a los valores y reglas de la democracia y el cumplimiento de las leyes. De ahí que el laicismo, entendido en este sentido amplio, sea esencial a la regeneración democrática que postulamos. 3. El fundamento de la convivencia democrática es el respeto a la ley. Es por ello un objetivo central de nuestra propuesta de regeneración democrática el fortalecimiento de los instrumentos que obligan a los responsables políticos a cumplir y hacer cumplir las leyes y que evitan que la aplicación o no de éstas pueda subordinarse a intereses políticos coyunturales, y menos aún a negociaciones con grupos terroristas. 4. La soberanía reside en los ciudadanos. Los partidos políticos deben ser instrumentos que hagan posible la participación ciudadana en los asuntos públicos. La regeneración democrática tendrá como uno de sus objetivos devolver a la ciudadanía parte del poder ahora detentado por las burocracias de los partidos y garantizar que el voto de todos los ciudadanos tenga el mismo valor. PROPUESTAS Las líneas de actuación del proyecto de regeneración democrática de UPyD son las siguientes: 1. Defender las libertades individuales y la igualdad de los españoles frente a todo tipo de imposición o discriminación identitaria. 2. Implantar un sistema electoral justo. 3. Reforzar al división de poderes. 4. Otras medidas de profundización democrática. 1. Más libertad, más igualdad La libertad de pensamiento es uno de los pilares de la convivencia democrática en una sociedad plural. Por ello el Estado deberá proteger el derecho de los ciudadanos a la libre expresión y defensa de sus opiniones, siempre que se hagan con respeto a las leyes y, en particular, sin recurrir a la violencia o abogar por ella. La sociedad española es una sociedad plural y la convivencia democrática en igualdad exige un respeto escrupuloso de ese pluralismo. Todos los ciudadanos españoles deberán tener garantizados constitucionalmente los mismos derechos y deberes. Las administraciones públicas deberán abstenerse de incurrir en ningún tipo de adoctrinamiento ideológico. La política cultural oficial y, especialmente, el currículum educativo deberán ser neutrales entre las distintos sistemas de pensamiento o de creencias compatibles con los valores democráticos y entre los diversos sentimientos de identidad comunitaria. La libertad de pensamiento o la igualdad entre los españoles están siendo menoscabadas por diversas vías, ente las que cabe destacar tres: las políticas nacionalistas, el vigente régimen de semiconfesionalidad y los intentos de imponer “memorias históricas” oficiales. 1.1. Igualdad de todos los españoles Frente al “nacionalismo obligatorio” promovido por las administraciones autonómicas, y no sólo las gobernadas por partidos nacionalistas, UPyD defenderá reformas legales y acciones de gobierno basadas en los siguientes principios: a. Los ciudadanos residentes en cualquier parte del territorio nacional tendrán los mismos derechos y obligaciones, sin que puedan ser discriminados por proceder de otras partes de España. b. Los poderes públicos deberán proteger la igualdad de derechos y oportunidades de los ciudadanos sin discriminación alguna basada en sus sentimientos de pertenencia o identidad comunitaria. Esta igualdad sólo puede estar garantizada si dichos poderes adoptan una posición de neutralidad en cuestiones identitarias. En consecuencia, toda política orientada al adoctrinamiento en materia de identidad comunitaria deberá considerarse una intromisión ilegítima de los poderes públicos en el ámbito privado y un atentado contra la libertad de pensamiento. En particular, el adoctrinamiento político nacionalista debe quedar excluido del currículum educativo y la política cultural oficial. c. Todas las lenguas deberán ser reconocidas en pie de igualdad en los territorios en que sean oficiales, sin que el uso de una u otra pueda ser motivo de discriminación en ningún ámbito, incluidos el educativo y el cultural. Los hablantes de las lenguas son los individuos, por lo que no deberá poder establecerse, entre las lenguas cooficiales, diferencias entre lenguas “propias” y meramente “oficiales”. En particular, ninguna lengua que sea oficial en un territorio podrá ser considerada por los poderes públicos una lengua extranjera o extraña. Las políticas llamadas de “normalización lingüística” deberán respetar el derecho de los ciudadanos a elegir la lengua en la que desean expresarse, tanto en el ámbito público como en el privado. Ninguna medida de protección o fomento de una lengua podrá conllevar merma de derechos de los hablantes de otra. 1.2. Libertad de conciencia Parte esencial de la libertad de conciencia es la libertad religiosa. Dicha libertad sólo puede estar plenamente garantizada si hay una separación estricta entre el Estado y las diferentes confesiones religiosas. Por ello proponemos superar tanto el régimen de semiconfesionalidad actualmente vigente en España como el régimen de multiconfesionalidad que se trata de implantar desde posiciones supuestamente progresistas. Estos principios se concretan en las siguientes medidas: a. La sustitución de los actuales acuerdos entre España y el b. Sin perjuicio de las subvenciones que puedan recibir las numerosas asociaciones religiosas que realizan una importante labor social o las actividades de naturaleza u origen religioso de interés cultural general, ninguna organización o actividad religiosa deberá ser financiada por el Estado. c. Ninguna materia confesional deberá formar parte del currículum educativo. d. Salvo que concurran razones de tipo histórico-artístico, no podrá haber símbolos religiosos en edificios públicos y, por norma general, los representantes públicos deberán abstenerse de participar en calidad de tales en actos de naturaleza religiosa. 1.3. Concordia nacional La transición democrática, contra lo que a menudo se afirma, no se basó en el olvido del pasado, sino, por el contrario, en el recuerdo de la guerra civil y la dictadura. Dicho recuerdo explica en buena medida el apoyo que la gran mayoría de los españoles dieron a las fuerzas políticas que apostaron por la reconciliación nacional y el consenso constitucional. UPyD reivindica la transición democrática frente a los intentos de deslegitimarla y de proyectar sobre la España democrática del siglo XXI las divisiones que la propia transición permitió superar. En coherencia con lo anterior, UPyD defenderá: a. El fomento de la investigación y el estudio rigurosos de la historia reciente de España frente a los revisionismos pseudohistóricos de cualquier signo. b. La dignificación de las víctimas de la guerra civil y la represión de la dictadura que no hayan obtenido un justo reconocimiento. c. La dignificación de las víctimas del terrorismo. 2. Un sistema electoral justo Un sistema electoral justo debe conceder el mismo valor al voto de todos los ciudadanos, sea cual sea su lugar de residencia y sea cual sea su opción política. La Constitución Española establece que los miembros del Congreso de los Diputados deber ser elegidos por un sistema electoral proporcional. Sin embargo, el sistema de elección de los Diputados vigente no es proporcional, puesto que sitúa en clara desventaja a los partidos minoritarios de ámbito nacional, en beneficio de los partidos mayoritarios y de los partidos de ámbito autonómico. El resultado es una distorsión de la voluntad ciudadana que concede a los partidos nacionalistas una sobrerrepresentación injusta al tiempo que opciones políticas con un voto ciudadano mucho mayor quedan infrarrepresentadas. Unión Progreso y Democracia promoverá la reforma de la Ley Electoral y, si es preciso, de la Constitución, para instaurar un sistema electoral en el que se cumpla el principio democrático de que el voto de cada ciudadano tenga el mismo valor. 3. Separación de poderes La división de poderes es consustancial a la democracia. Uno de los aspectos más alarmantes de la actual situación política son los intentos, cada vez más agresivos, de subordinar el poder judicial a los partidos políticos. Por otra parte, la reducción de los parlamentarios a meros ejecutores de las decisiones de los líderes de los partidos es uno de los males crónicos de nuestro sistema político. Uno de los aspectos fundamentales de nuestra propuesta de regeneración democrática será la defensa de la separación de poderes. 3.1. Imperio de la ley El respeto y el cumplimiento de las leyes tanto por parte de los gobernantes como de los gobernados es la condición de posibilidad de toda convivencia civilizada. Es imprescindible para ello que las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley sean realmente independientes, acabando con la escandalosa subordinación actual de éstas al gobierno o a los partidos políticos. a. Reforzar la independencia del poder judicial. El sistema vigente de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial hace que éstos se comporten cada vez más como delegados de los partidos políticos y que la fidelidad al partido que los propone prevalezca sobre la competencia y profesionalidad en su elección. El uso perverso que los partidos han hecho de sus prerrogativas en esta materia hace necesario implantar un nuevo sistema en el que los miembros del CGPJ sean elegidos con criterios profesionales, sin interferencias de los partidos políticos y sin repartos de cuotas entre éstos. b. Reforzar al independencia del Tribunal Constitucional. Al igual que sucede con el CGPJ, el sistema de designación de los miembros del TC y el uso perverso que los partidos hacen de sus competencias en esta materia está transformando un tribunal que debería ser independiente en una tercera cámara en la que los magistrados aparecen cada vez más alineados con los grupos políticos que propusieron su nombramiento. Dada la importancia extrema que muchas de las decisiones del TC tienen para el futuro de nuestro sistema político, es preciso modificar el sistema de elección de los magistrados aboliendo el actual sistema de cuotas. c. Consolidar la unidad del sistema judicial. La independencia del poder judicial no sólo está amenazada en España por los partidos nacionales y el gobierno de la Nación de subordinarlo al poder político. Estamos asistiendo también al intento por parte de gobiernos autonómicos y de partidos nacionalistas de someterlo en sus territorios fragmentando el sistema judicial en diversos sistemas independientes. Frente a estos intentos, proponemos mantener las competencias del Tribunal Supremo y preservar la independencia de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas frente a los intentos de intromisión de los gobiernos y parlamentos autónomos. d. Autonomía de la Fiscalía. El cumplimiento de la ley es un derecho de los ciudadanos, no una prerrogativa del Gobierno. La persecución de los delitos no puede estar supeditada a los intereses coyunturales del gobierno o la mayoría parlamentaria de turno. La experiencia reciente y no tan reciente demuestra que los Fiscales Generales del Estado anteponen con frecuencia en asuntos muy graves los intereses del Gobierno que los nombra a los intereses de las víctimas de los delitos, con el consiguiente desamparo de éstas. Esta quiebra del principio de legalidad sólo podrá evitarse reformando el sistema de elección y las funciones del Fiscal General del Estado en el sentido de garantizar su autonomía. e. Restauración de la acción popular. La legislación vigente impide que en la mayoría de los procesos judiciales pueda ejercerse la acción popular si no interviene la fiscalía. Ello equivale a conceder a la fiscalía la posibilidad de impedir que los ciudadanos obtengan el amparo de los tribunales de justicia en los presuntos delitos de los que no sean víctimas directas. Esto deja a la ciudadanía indefensa frente a numerosas violaciones de la ley, especialmente las cometidas o toleradas por los gobiernos. Por ello proponemos reformas legales que permitan el ejercicio de la acción popular sin posibilidad de veto por parte de la fiscalía. f. Similares medidas deberán adoptarse para garantizar la independencia y la profesionalidad del resto de los órganos encargados de garantizar a la ciudadanía el respeto a la legalidad, como el Tribunal de Cuentas y los Órganos Reguladores de carácter económico, eliminando su dependencia del poder ejecutivo. El sistema político diseñado por la Constitución es de democracia parlamentaria. No obstante, dicho sistema se implantó en un contexto de proliferación de partidos y de debilidad de éstos. Era una prioridad razonable en el momento de la transición democrática favorecer la consolidación de un sistema de partidos. Por esa razón, el sistema político que se estableció estuvo orientado al fortalecimiento de los partidos políticos con más apoyo ciudadano. A lo largo de las tres últimas décadas, el sistema vigente ha tenido el efecto de otorgar a las cúpulas de los partidos un poder excesivo. La subordinación de los parlamentarios a las cúpulas partidistas hace que las Cortes no funcionen como un verdadero Parlamento deliberativo. Los diputados de la mayoría parlamentaria son meros ejecutores de las propuestas gubernamentales o de los acuerdos a los que el Gobierno haya llegado con los líderes de otros grupos. Tanto en los grupos de la mayoría como en los de la oposición, la obediencia ciega a las consignas partidarias prevalece sobre el vínculo con los electores, los programas electorales, los principios ideológicos del propio partido y las propias convicciones. Los debates no son parte de un proceso deliberativo, sino actos de propaganda para justificar decisiones adoptadas o pactadas previamente por los líderes de los respectivos grupos. Frente a este estado de cosas, UPyD considera necesario reforzar la independencia del poder legislativo respecto al ejecutivo y la autonomía de los parlamentarios frente a las consignas partidarias, a fin de implantar en España un régimen verdaderamente parlamentario. Para ello promoverá reformas orientadas a la dinamizar del Parlamento y a restablecer el vínculo de los representantes políticos con sus representados. a. La implantación de sistemas electorales de listas abiertas que refuercen la autonomía de los parlamentarios respecto a las burocracias de los partidos y restablezcan el vínculo con los representados. b. La separación de la elección de los presidentes de los gobiernos (nacional y autonómicos) y de los alcaldes para reforzar la independencia de los poderes ejecutivo y legislativo y para prevenir pactos de gobierno postelectorales que desvirtúen o tergiversen la voluntad ciudadana. c. La reforma del Senado para transformarla en una verdadera cámara de representación territorial, en coherencia con lo que establece la Constitución. 4. Otras medidas democratizadoras Además de las ya mencionadas, Unión Progreso y Democracia promoverá otras medidas orientadas a prevenir los abusos de poder, la interferencias ilegítimas de intereses privados en las decisiones políticas y el uso partidista de las instituciones y los recursos públicos. A título de ejemplo pueden citarse las siguientes: a. La limitación de mandatos. b. Sistemas más rigurosos de incompatibilidades entre cargos públicos y negocios privados. c. Democratización interna de los partidos, instaurando la obligatoriedad de la elección directa por los afiliados (“primarias”) de los candidatos a los principales puestos de responsabilidad política. Asimismo se reforzará la protección judicial de los afiliados frente a expulsiones arbitrarias. d. Controles más rigurosos de la financiación de los partidos y de su autonomía con respecto a los grandes poderes económicos. Se reconocerá al propio contribuyente la posibilidad de decidir qué formación política recibirá la parte de sus impuestos destinada a la financiación de los partidos. e. Democratización de la información. Una de las asignaturas pendientes de nuestra democracia es el establecimiento de unos medios de comunicación públicos independientes. Para ello proponemos: i. Reformar los sistemas de elección de los consejos de administración y de los directores de los medios de comunicación de titularidad pública, tanto nacionales como autonómicos o locales, para evitar que éstos sigan siendo instrumentos de propaganda gubernamental. ii. Crear órganos reguladores independientes de las telecomunicaciones que eviten favoritismos o persecuciones CONCLUSIÓN Las medidas de regeneración democrática que proponemos no tienen carácter doctrinario. No están orientadas a la imposición de un programa ideológico o de partido, sino a fortalecer las instituciones estableciendo unas reglas de juego más justas y acordes con los principios básicos de un estado democrático de derecho. Algunas de las propuestas exigen reformas legales que requieren de acuerdos amplios, por lo que deben interpretarse como propuestas abiertas a un consenso lo más amplio, transversal e inclusivo posible, que deberá ser debatido entre los partidos representados en el Parlamento, la ciudadanía y los colectivos sociales concernidos. Esto es especialmente cierto de las medidas que exigen reformas constitucionales (que, por su trascendencia, son objeto, al igual que la reforma de la Ley Electoral, de un capítulo específico). Pero para que este necesario debate llegue siquiera a plantearse, es preciso que en el futuro Parlamento esté presente un partido que, como Unión Progreso y Democracia, se comprometa a adoptar la regeneración democrática como eje de su acción política. .(Barcelona Girona Lleida Tarragona Lerida Gerona Madrid Bilbao Valencia, Congreso Cortes Corts España Senado Congrès Senat) 9M 9-M Vota 
Regeneración democrática. INTRODUCCIÓN: Unión Progreso y Democracia es, ante todo y sobre todo, un partido democrático. Por ello la prioridad absoluta de su propuesta a la ciudadanía española es el fortalecimiento de nuestra democracia.
Desde UPyD hacemos un balance muy positivo de la transición democrática que culminó en la aprobación de la Constitución de 1978. Las tres décadas de régimen constitucional han hecho posible que España haya alcanzado unas cotas de libertad, igualdad, prosperidad y prestigio internacional sin precedentes. No obstante, contemplamos con alarma el deterioro de la calidad de la democracia que se está produciendo en los últimos años.
El Estado deberá fomentar el conocimiento del ordenamiento jurídico, especialmente de la Constitución, los Derechos Humanos y los principios antropológicos, morales y políticos en que se fundamentan los regímenes democráticos. Deberá fomentar los lazos de solidaridad entre los españoles entre sí, con independencia de su lugar de residencia, fortuna, sexo, ideología política, lengua materna, religión o cualquier otra condición, y de los españoles con el resto de los ciudadanos de la Unión Europea. Parte esencial de esa necesaria pedagogía democrática debe ser el respeto a los símbolos de nuestro sistema constitucional.
Estado Vaticano por acuerdos de cooperación con la Iglesia Católica española. Es un anacronismo que asuntos internos de España sean regulados a través de un tratado internacional.
(Por su importancia y complejidad, este punto es objeto de un capítulo específico del Programa Electoral, por lo que no se desarrolla aquí.)
Para ello proponemos las siguientes medidas:
3.2. Democracia parlamentaria
Con este fin, Unión Progreso y Democracia, además de las reformas urgentes del sistema electoral para establecer una mayor proporcionalidad, promoverá un debate con todas las fuerzas políticas orientado a: partidistas en las concesiones de licencias a los medios de comunicación privados.
iii. Introducir restricciones y controles más estrictos de las campañas de publicidad institucional para garantizar que se utilizan exclusivamente como servicio público y evitar su uso meramente propagandístico.
Meneame
del.icio.us
ARGELAGUER Juan R. Lejarza
Unió Progresso i Democrácia (UPyD): Programa Electoral, Eleccions Generals Espanya 2008.
Regeneració democràtica. INTRODUCCIÓ: Unió Progresso i Democràcia és, davant tot i sobretot, un partit democràtic. Per això la prioritat absoluta de la seva proposta a la ciutadania espanyola és el fortalecimiento de la nostra democràcia.
Des d'UPyD fem un balanç molt positiu de la transició democràtica que va culminar en l'aprovació de la Constitució de 1978. Les tres dècades de règim constitucional han fet possible que Espanya hagi aconseguit unes cotes de llibertat, igualtat, prosperitat i prestigi internacional sense precedents. No obstant, contemplem amb alarma la deterioració de la qualitat de la democràcia que s'està produint en els últims anys.
Aquesta deterioració té dues causes fonamentals. Una és l'auge dels particularismos territorials. Els partits nacionalistes i els líders territorials dels propis partits nacionals estan procedint, per la via de les reformes estatutàries, a la transformació del model autonòmic constitucional en un model confederal insolidario i insostenible. L'altra són els particularismos partidistes. Els dos grans partits estan dut la vida política espanyola a uns nivells de sectarisme desconeguts des de la superació de la dictadura i competeixen per posar les institucions al servei dels seus interessos. Ambdós tipus de particularismo, que es reforcen mútuament, amenacen amb convertir una societat ideològica i geográficamente plural en una societat fragmentada.
Considerem que la solució a aquesta deterioració no està un mer canvi de govern o de majoria parlamentària. La situació política que travessa Espanya ha posat de manifest la necessitat de reformes constitucionals i legals que reforcin les institucions comunes enfront dels intents, cada vegada més agressius, de debilitarlas o subordinar-les a les cúpules dels partits polítics. Aquestes reformes no van a ser impulsades ni pels dos grans partits ni pels partits nacionalistes. Només una força política nova que faci de la regeneració democràtica una prioritat pot possibilitar les reformes que permetin superar els dèficits democràtics del nostre sistema polític.
PRINCIPIS BÀSICS
Els principis bàsics de les nostres propostes de regeneració democràtica són:
1. Els titulars dels drets i llibertats democràtics són els ciutadans. En conseqüència, totes les mesures de regeneració democràtica estaran orientades a la defensa dels drets civils, que en cap cas podran ser sacrificats en honor de supòsits drets col·lectius.
2. Tots els espanyols són iguals en drets i deures. A Espanya conviuen ciutadans amb identitats diverses, siguin aquestes de tipus ideològic, lingüístic, cultural, territorial, religiós, sexual, etc. Perquè aquesta convivència en llibertat i igualtat sigui possible cal que les institucions i les administracions públiques s'abstinguin d'intentar imposar una determinada identitat, sigui de la naturalesa que sigui, que vagi més enllà de la ciutadania comuna, l'adhesió als valors i regles de la democràcia i el compliment de les lleis. Per aquest motiu el laïcisme, entès en aquest sentit ampli, sigui essencial a la regeneració democràtica que postulamos.
3. El fonament de la convivència democràtica és el respecte a la llei. És per això un objectiu central de la nostra proposta de regeneració democràtica el fortalecimiento dels instruments que obliguen als responsables polítics a complir i fer complir les lleis i que eviten que l'aplicació o no d'aquestes pugui subordinar-se a interessos polítics coyunturales, i menys encara a negociacions amb grups terroristes.
4. La sobirania resideix en els ciutadans. Els partits polítics han de ser instruments que facin possible la participació ciutadana en els assumptes públics. La regeneració democràtica tindrà com un dels seus objectius retornar a la ciutadania parteix del poder ara detentado per les burocràcies dels partits i garantir que el vot de tots els ciutadans tingui el mateix valor.
PROPOSTES
Les línies d'actuació del projecte de regeneració democràtica d'UPyD són les següents:
1. Defensar les llibertats individuals i la igualtat dels espanyols enfront de tot tipus d'imposició o discriminació identitaria.
2. Implantar un sistema electoral just.
3. Reforçar al divisió de poders.
4. Altres mesures de profundización democràtica.
1. Més llibertat, més igualtat
La llibertat de pensament és un dels pilars de la convivència democràtica en una societat plural. Per això l'Estat haurà de protegir el dret dels ciutadans a la lliure expressió i defensa de les seves opinions, sempre que es facin amb respecte a les lleis i, en particular, sense recórrer a la violència o advocar per ella.
L'Estat haurà de fomentar el coneixement de l'ordenament jurídic, especialment de la Constitució, els Drets Humans i els principis antropológicos, morals i polítics en què es fonamenten els règims democràtics. Haurà de fomentar els llaços de solidaritat entre els espanyols entre si, amb independència del seu lloc de residència, fortuna, sexe, ideologia política, llengua materna, religió o qualsevol altra condició, i dels espanyols amb la resta dels ciutadans de la Unió Europea. Part essencial d'aquesta necessària pedagogia democràtica ha de ser el respecte als símbols del nostre sistema constitucional.
La societat espanyola és una societat plural i la convivència democràtica en igualtat exigeix un respecte escrupolós d'aquest pluralismo. Tots els ciutadans espanyols haurien de tenir garantits constitucionalment els mateixos drets i deures. Les administracions públiques haurien d'abstenir-se d'incórrer en cap tipus d'adoctrinamiento ideològic. La política cultural oficial i, especialment, el currículum educatiu haurien de ser neutrales entre les distints sistemes de pensament o de creences compatibles amb els valors democràtics i entre els diversos sentiments d'identitat comunitària.
La llibertat de pensament o la igualtat entre els espanyols estan sent menoscabadas per diverses vies, ens les quals cap destacar tres: les polítiques nacionalistes, el vigent règim de semiconfesionalidad i els intents d'imposar ?memòries històriques? oficials.
1.1. Igualtat de tots els espanyols
Enfront del ?nacionalisme obligatori? promogut per les administracions autonòmiques, i no només les governades per partits nacionalistes, UPyD defensarà reformes legals i accions de govern basades en els següents principis:
a. Els ciutadans residents arreu del territori nacional tindran els mateixos drets i obligacions, sense que puguin ser discriminats per procedir d'altres parts d'Espanya.
b. Els poders públics haurien de protegir la igualtat de drets i oportunitats dels ciutadans sense discriminació alguna basada en els seus sentiments de pertinença o identitat comunitària. Aquesta igualtat només pot estar garantida si dits poders adopten una posició de neutralidad en qüestions identitarias. En conseqüència, tota política orientada a l'adoctrinamiento en matèria d'identitat comunitària haurà de considerar-se una intromissió ilegítima dels poders públics en l'àmbit privat i un atemptat contra la llibertat de pensament. En particular, l'adoctrinamiento polític nacionalista ha de quedar exclòs del currículum educatiu i la política cultural oficial.
c. Totes les llengües haurien de ser reconegudes en peu d'igualtat en els territoris en què siguin oficials, sense que l'ús d'una o una altra pugui ser motiu de discriminació en cap àmbit, inclosos l'educatiu i el cultural. Els hablantes de les llengües són els individus, pel que no haurà de poder establir-se, entre les llengües cooficials, diferències entre llengües ?pròpies? i merament ?oficials?. En particular, cap llengua que sigui oficial en un territori podrà ser considerada pels poders públics una llengua estrangera o estranya. Les polítiques cridades de ?normalització lingüística? haurien de respectar el dret dels ciutadans a triar la llengua en la qual desitgen expressar-se, tant en l'àmbit públic com en el privat. Cap mesura de protecció o foment d'una llengua podrà comportar minva de drets dels hablantes d'una altra.
1.2. Llibertat de consciència
Parteix essencial de la llibertat de consciència és la llibertat religiosa. Dita llibertat només pot estar plenament garantida si hi ha una separació estricta entre l'Estat i les diferents confessions religioses. Per això proposem superar tant el règim de semiconfesionalidad actualment vigent a Espanya com el règim de multiconfesionalidad que es tracta d'implantar des de posicions suposadament progressistes.
Aquests principis es concreten en les següents mesures:
a. La substitució dels actuals acords entre Espanya i l'Estat Vaticà per acords de cooperació amb l'Església Catòlica espanyola. És un anacronisme que assumptes interns d'Espanya siguin regulats a través d'un tractat internacional.
b. Sense perjudici de les subvencions que puguin rebre les nombroses associacions religioses que realitzen una important labor social o les activitats de naturalesa o origen religiós d'interès cultural general, cap organització o activitat religiosa haurà de ser finançada per l'Estat.
c. Cap matèria confesional haurà de formar part del currículum educatiu.
d. Tret que concorrin raons de tipus històric-artístic, no podrà haver-hi símbols religiosos en edificis públics i, per norma general, els representants públics haurien d'abstenir-se de participar en qualitat de tals en actes de naturalesa religiosa.
1.3. Concòrdia nacional
La transició democràtica, contra el que sovint s'afirma, no es va basar en l'oblit del passat, sinó, pel contrari, en el record de la guerra civil i la dictadura. Dit record explica en bona mesura el suport que la gran majoria dels espanyols van donar a les forces polítiques que van apostar per la reconciliación nacional i el consens constitucional. UPyD reivindica la transició democràtica enfront dels intents de deslegitimarla i de projectar sobre l'Espanya democràtica del segle XXI les divisions que la pròpia transició va permetre superar.
En coherència amb l'anterior, UPyD defensarà:
a. El foment de la investigació i l'estudi rigorosos de la història recent d'Espanya enfront dels revisionismos pseudohistóricos de qualsevol signe.
b. La dignificación de les víctimes de la guerra civil i la repressió de la dictadura que no hagin obtingut un just reconeixement.
c. La dignificación de les víctimes del terrorisme.
2. Un sistema electoral just
Un sistema electoral just ha de concedir el mateix valor al vot de tots els ciutadans, sigui com sigui el seu lloc de residència i sigui com sigui la seva opció política. La Constitució Espanyola estableix que els membres del Congrés dels Diputats haver de ser triats per un sistema electoral proporcional. No obstant això, el sistema d'elecció dels Diputats vigent no és proporcional, ja que situa en clar desavantatge als partits minoritaris d'àmbit nacional, en benefici dels partits majoritaris i dels partits d'àmbit autonòmic. El resultat és una distorsió de la voluntat ciutadana que concedeix als partits nacionalistes una sobrerrepresentación injusta al mateix temps que opcions polítiques amb un vot ciutadà molt major queden infrarrepresentadas.
Unió Progresso i Democràcia promourà la reforma de la Llei Electoral i, si cal, de la Constitució, per a instaurar un sistema electoral en el qual es compleixi el principi democràtic que el vot de cada ciutadà tingui el mateix valor.
(Per la seva importància i complexitat, aquest punt és objecte d'un capítol específic del Programa Electoral, pel que no es desenvolupa aquí.)
3. Separació de poders
La divisió de poders és consustancial a la democràcia. Un dels aspectes més alarmants de l'actual situació política són els intents, cada vegada més agressius, de subordinar el poder judicial als partits polítics. Per una altra part, la reducció dels parlamentaris a mers ejecutores de les decisions dels líders dels partits és un dels mals crònics del nostre sistema polític. Un dels aspectes fonamentals de la nostra proposta de regeneració democràtica serà la defensa de la separació de poders.
3.1. Imperi de la llei
El respecte i el compliment de les lleis tant per part dels governants com dels governats és la condició de possibilitat de tota convivència civilitzada. És imprescindible per a això que les institucions encarregades de vetllar pel compliment de la llei siguin realment independents, acabant amb l'escandalosa subordinación actual d'aquestes al govern o als partits polítics.
Per a això proposem les següents mesures:
a. Reforçar la independència del poder judicial. El sistema vigent de designació dels membres del Consell General del Poder Judicial fa que aquests es comportin cada vegada més com delegats dels partits polítics i que la fidelitat al partit que els proposa prevalgui sobre la competència i professionalitat en la seva elecció. L'ús pervers que els partits han fet dels seus prerrogativas en aquesta matèria fa necessari implantar un nou sistema en el qual els membres del CGPJ siguin triats amb criteris professionals, sense interferències dels partits polítics i sense repartiments de quotes entre aquests.
b. Reforçar a l'independència del Tribunal Constitucional. Igual que succeeix amb el CGPJ, el sistema de designació dels membres del TC i l'ús pervers que els partits fan de les seves competències en aquesta matèria està transformant un tribunal que hauria de ser independent en una tercera càmera en la qual els magistrats apareixen cada vegada més alineats amb els grups polítics que van proposar el seu nomenament. Donada la importància extrema que moltes de les decisions del TC tenen per al futur del nostre sistema polític, cal modificar el sistema d'elecció dels magistrats aboliendo l'actual sistema de quotes.
c. Consolidar la unitat del sistema judicial. La independència del poder judicial no només està amenaçada a Espanya pels partits nacionals i el govern de la Nació de subordinar-ho al poder polític. Estem assistint també a l'intent per part de governs autonòmics i de partits nacionalistes de sotmetre-ho en els seus territoris fragmentando el sistema judicial en diversos sistemes independents. Enfront d'aquests intents, proposem mantenir les competències del Tribunal Suprem i preservar la independència dels Tribunals Superiors de Justícia de les Comunitats Autònomes enfront dels intents d'intromissió dels governs i parlaments autònoms.
d. Autonomia de la Fiscalia. El compliment de la llei és un dret dels ciutadans, no una prerrogativa del Govern. La persecució dels delictes no pot estar supeditada als interessos coyunturales del govern o la majoria parlamentària de torn. L'experiència recent i no tan recent demostra que els Fiscals Generals de l'Estat anteponen amb freqüència en assumptes molt greus els interessos del Govern que els nomena als interessos de les víctimes dels delictes, amb el consegüent desemparo d'aquestes. Aquesta fallida del principi de legalitat només podrà evitar-se reformant el sistema d'elecció i les funcions del Fiscal General de l'Estat en el sentit de garantir la seva autonomia.
i. Restauració de l'acció popular. La legislació vigent impedeix que en la majoria dels processos judicials pugui exercir-se l'acció popular si no intervé la fiscalia. Això equival a concedir a la fiscalia la possibilitat d'impedir que els ciutadans obtinguin l'empara dels tribunals de justícia en els presumptes delictes dels quals no siguin víctimes directes. Això deixa a la ciutadania indefensa enfront de nombroses violacions de la llei, especialment les comeses o tolerades pels governs. Per això proposem reformes legals que permetin l'exercici de l'acció popular sense possibilitat de veto per part de la fiscalia.
f. Similars mesures haurien d'adoptar-se per a garantir la independència i la professionalitat de la resta dels òrgans encarregats de garantir a la ciutadania el respecte a la legalitat, com el Tribunal de Comptes i els Òrgans Reguladors de caràcter econòmic, eliminant la seva dependència del poder executiu.
3.2. Democràcia parlamentària
El sistema polític dissenyat per la Constitució és de democràcia parlamentària. No obstant, dit sistema es va implantar en un context de proliferació de partits i de debilitat d'aquests. Era una prioritat raonable en el moment de la transició democràtica afavorir la consolidació d'un sistema de partits. Per aquesta raó, el sistema polític que es va establir va estar orientat al fortalecimiento dels partits polítics amb més suport ciutadà.
Al llarg de les tres últimes dècades, el sistema vigent ha tingut l'efecte d'atorgar a les cúpules dels partits un poder excessiu. La subordinación dels parlamentaris a les cúpules partidistes fa que les Corts no funcionin com un veritable Parlament deliberativo. Els diputats de la majoria parlamentària són mers ejecutores de les propostes governamentals o dels acords als quals el Govern hagi arribat amb els líders d'altres grups. Tant en els grups de la majoria com en els de l'oposició, l'obediència cega a les consignes partidàries preval sobre el vincle amb els electors, els programes electorals, els principis ideològics del propi partit i les pròpies conviccions. Els debats no són part d'un procés deliberativo, sinó actes de propaganda per a justificar decisions adoptades o pactades prèviament pels líders dels respectius grups.
Enfront d'aquest estat de coses, UPyD considera necessari reforçar la independència del poder legislatiu respecte a l'executiu i l'autonomia dels parlamentaris enfront de les consignes partidàries, a fi d'implantar a Espanya un règim veritablement parlamentari. Per a això promourà reformes orientades a la dinamizar del Parlament i a restablir el vincle dels representants polítics amb els seus representats.
A aquest efecte, Unió Progresso i Democràcia, a més de les reformes urgents del sistema electoral per a establir una major proporcionalidad, promourà un debat amb totes les forces polítiques orientat a:
a. La implantació de sistemes electorals de llistes obertes que reforcin l'autonomia dels parlamentaris respecte a les burocràcies dels partits i restableixin el vincle amb els representats.
b. La separació de l'elecció dels presidents dels governs (nacional i autonòmics) i dels alcaldes per a reforçar la independència dels poders executiu i legislatiu i per a prevenir pactes de govern postelectorales que desvirtúen o tergiversen la voluntat ciutadana.
c. La reforma del Senat per a transformar-la en una veritable càmera de representació territorial, en coherència amb el que estableix la Constitució.
4. Altres mesures democratizadoras
A més de les ja esmentades, Unió Progresso i Democràcia promourà altres mesures orientades a prevenir els abusos de poder, la interferències ilegítimas d'interessos privats en les decisions polítiques i l'ús partidista de les institucions i els recursos públics. A títol d'exemple poden citar-se les següents:
a. La limitació de mandats.
b. Sistemes més rigorosos d'incompatibilidades entre càrrecs públics i negocis privats.
c. Democratización interna dels partits, instaurant l'obligatorietat de l'elecció directa pels afiliats (?primàries?) dels candidats als principals posats de responsabilitat política. Així mateix es reforçarà la protecció judicial dels afiliats enfront d'expulsions arbitrarias.
d. Controls més rigorosos del finançament dels partits i de la seva autonomia pel que fa als grans poders econòmics. Es reconeixerà al propi contribuent la possibilitat de decidir quina formació política rebrà la part dels seus impostos destinada al finançament dels partits.
i. Democratización de la informació. Una de les assignatures pendents de la nostra democràcia és l'establiment d'uns mitjans de comunicació públics independents. Per a això proposem:
i. Reformar els sistemes d'elecció dels consells d'administració i dels directors dels mitjans de comunicació de titularitat pública, tant nacionals com autonòmics o locals, per a evitar que aquests segueixin sent instruments de propaganda governamental.
ii. Crear òrgans reguladors independents de les telecomunicacions que evitin favoritismos o persecucions partidistes en les concessions de llicències als mitjans de comunicació privats.
iii. Introduir restriccions i controls més estrictes de les campanyes de publicitat institucional per a garantir que s'utilitzen exclusivament com servei públic i evitar el seu ús merament propagandístico.
CONCLUSIÓ
Les mesures de regeneració democràtica que proposem no tenen caràcter doctrinario. No estan orientades a la imposició d'un programa ideològic o de partit, sinó a enfortir les institucions establint unes regles de joc més justes i concordes amb els principis bàsics d'un estat democràtic de dret. Algunes de les propostes exigeixen reformes legals que requereixen d'acords amplis, pel que han d'interpretar-se com propostes obertes a un consens el més ampli, transversal i inclusivo possible, que haurà de ser debatut entre els partits representats en el Parlament, la ciutadania i els col·lectius socials concernits. Això és especialment cert de les mesures que exigeixen reformes constitucionals (que, per la seva transcendència, són objecte, igual que la reforma de la Llei Electoral, d'un capítol específic). Però perquè aquest necessari debat arribi si més no a plantejar-se, cal que en el futur Parlament estigui present un partit que, com Unió Progresso i Democràcia, es comprometi a adoptar la regeneració democràtica com eix de la seva acció política. .(Barcelona Girona Lleida Tarragona Lerida Girona Madrid Bilbao València, Congrés Tallis Corts Espanya Senat Congrès Senat) 9M 9-M Vota
Unió Progreso i Democrácia (UPiD: Programa Electoral, Elecciones Generales España 2008. Regeneració democràtica | 13-02-2008 - 15:32:51 GMT 1 #
Programa Electoral INDICE
Programa Electoral INDICE | 17-02-2008 - 17:20:33 GMT 1 #
En campaña electoral, cuando todavía no eran gobierno los gobernantes actuales pidieron el voto prometiendo, entre otras cosas, la reforma de la Ley Electoral, (Ley cuya elaboración la llevó a cabo la UCD, con la que ganó, y cuya base se integró en la Constitución) para que el reparto de escaños fuese proporcional al número de votos. Pero no lo han hecho, mantienen una Ley Injusta y favorecedora, descaradamente, de la ultraderecha. Y no hacen una Ley Electoral Democrática porque así pueden llamar al “voto útil”. Bipartido, lengua bífida, dos caras, cara a cara. Mal asunto si tienen que recurrir a una Ley Antidemocrática que elaboraron los franquistas que se hacían pasar por demócratas: Herrero de Miñón declaró no hace mucho en una emisora de radio de alcance estatal que él diseñó, junto con otros beneficiarios, una Ley Electoral que perjudicara al Partido Comunista. Herrero de Miñón añadió que dicha Ley Electoral tenía una finalidad básica: evitar a toda costa un buen resultado del PCE. La Ley se había creado para impedir que este partido pudiera tener un grupo parlamentario con la fuerza política que se pensaba podía alcanzar. Y así ocurre que por el arte de birlibirloque antidemocrático al PP, teniendo menos votos, se le asignan más diputados. Pero también hay otra palabra dada: Calvo Sotelo, ex presidente de gobierno, declaró a la misma emisora que viendo el ascenso de los comunistas “se financió a los socialistas”. ¿Cara a Cara?
Antoni Castells: Reforma de la Ley Electoral | 26-02-2008 - 09:17:55 GMT 1 #
UPyD explica cuáles serán los temas que llevará al Congreso. La bandera que enarbolará será la reforma de la Ley Electoral:
La Ley Electoral actual es injusta y nos hemos comprometido a cambiarla para cumplir un principio de igualdad, que es un artículo de la Constitución innegociable. La Constitución establece que los ciudadanos tenemos derecho a elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones. Cuando el resultado electoral provoca que con los mismos votos un partido tenga un escaño y el otro tenga seis, a ese partido político, en este caso el nuestro, se le niega un derecho pasivo a ser elegido en igualdad de condiciones. A nosotros nos ha costado un escaño 336.000 votos, y al PSOE una media de 50.000.
Denuncia que al bipartidismo no le interesa reforma una ley que les protege de terceros partidos:
Al PSOE y al PP puede que no les interese cambiar la Ley Electoral, pero el debate está en la calle. Y cuando los ciudadanos siguen a alguien que enarbola una bandera que consideran justa, los partidos se tienen que plegar.
UPyD: Al PSOE y al PP puede que no les interese cambiar la Ley Electoral | 18-03-2008 - 10:30:00 GMT 1 #
Un español un Voto Congreso de los Diputados: Por una Comisión para la Reforma del Sistema Electoral
Los resultados de estas elecciones generales han puesto de manifiesto con toda crudeza una realidad: nuestra ley electoral es abiertamente injusta y dudosamente constitucional. Sus consecuencias vulneran, en los hechos, el principio constitucional de proporcionalidad.
Un español un Voto
Congreso de los Diputados: Por una Comisión para la Reforma del Sistema Electoral | 19-03-2008 - 08:40:35 GMT 1 #