Unión Progreso y Democrácia (UPyD): Programa Electoral, Elecciones Generales España 2008. POLÍTICAS PÚBLICAS Y EL ARTE DE GOBERNAR
Unión Progreso y Democrácia (UPyD): Programa Electoral, Elecciones Generales España 2008. Tal vez ello no sea ajeno al deterioro paulatino que se observa en la gestión y dirección de la Administración y políticas públicas. Existe una clara falta de visión estratégica, de evaluación de riesgos y cargas administrativas que supone tal o cual decisión (o su ausencia) o de la mejor manera (si resulta posible) de llevarla a efecto. La agenda viene marcada por intereses a menudo coyunturales (conseguir el apoyo parlamentario de cierto partido nacionalista) o de corte propagandista o electoralista (creación de nuevos ministerios, “cheque bebé”, 400€) y llama la atención que ciertos problemas de calado (emigración ilegal, Prestige, 11-M) sigan “sorprendiendo” a los gobernantes de turno con el pie cambiado. Las amenazas y riesgos en una sociedad compleja y globalizada son cada vez más altos y la tarea de adelantarse y prevenirlos no tiene color político, es sencillamente un bien social común. En este mismo sentido, se viene utilizando el BOE como instrumento de “marketing” político, inundando nuestro ordenamiento de un exceso regulatorio a todas luces excesivo e ineficaz, cuando no claramente contraproducente (bajo el axioma de “cuantas más leyes y decretos aprobemos más parecerá que hemos trabajado”) sin prestar atención a la necesidad, claridad, viabilidad e impacto de cada norma ni evaluar de si se aplican y de qué modo las que están en vigor. En cuanto a la organización y los recursos humanos los últimos años tampoco han despejado muchas dudas respecto a qué modelo se pretende para nuestra Administración pública. Cada gobierno improvisa un tanto en esta materia ignorando la opinión de los propios funcionarios y empleados públicos, y cuando actúa se limita a proponer reformas puramente cosméticas o de “marketing” público, sin un plan de calado que logre motivar al personal y sacar lo mejor de nuestros servicios públicos. La privatización, directa o indirecta, no puede ser la piedra filosofal que arregle todos los problemas, pues no se debe renunciar a que lo público sea ejemplo de eficacia y responsabilidad. Las nuevas Agencias que se han creado para gestionar servicios públicos no pueden convertirse en una vía para incrementar gastos (incluidos salarios) o para disfrazar la externalización de servicios. Es cierto que en la pasada legislatura se ha aprobado un “Estatuto básico del empleado público”, pero también que se limita en gran medida a dar carta de naturaleza a lo que ya había (i.e. consagrando la diferencia salarial entre territorios), abrir nuevos interrogantes (i.e. la paulatina equiparación de funciones del personal laboral y el funcionario) y dejar problemas apenas apuntados, como la de una “posible” política de directivos públicos profesionales. Por último, se ha prestado tal vez excesiva atención a problemas competenciales o a posibles intereses particulares o de grupo, olvidándose de que el debate de quién quiere tener la competencia debe quedar subordinado al análisis de cómo se puede prestar el mejor servicio posible a los ciudadanos sin renunciar a que el Estado asuma la responsabilidad, en su caso, de evaluar y garantizar un nivel mínimo de calidad en todo el territorio. 2.- Propuestas a) Unos Gobernantes capacitados y que tomen en serio su Los partidos políticos deben comprometerse a garantizar que sus dirigentes y candidatos obtienen la adecuada formación y experiencia en la dirección y gestión de los asuntos públicos. El Estado cooperará a esa misión proporcionando una oferta formativa permanentemente actualizada y de alto nivel. b) Necesidad de una visión estratégica Resulta imprescindible integrar una visión estratégica en el diseño de políticas públicas y en general en la acción de gobierno, que establezca y revise periódicamente escenarios a corto, medio y largo plazo. Se propone la creación de un órgano de prospectiva y estrategia dependiente de Presidencia del Gobierno. c) Una política legislativa y una toma de decisiones viables y sin “ocurrencias” Una política legislativa que prime la calidad a la cantidad, donde el Gobierno elabore las normas que resultan necesarias y vele por que se apliquen y sean eficaces las que ya existen. Toda nueva propuesta normativa deberá contar con un estudio previo de necesidad y de impacto sobre la realidad social, económica y medioambiental. Esta misma exigencia se aplicará a toda otra decisión o propuesta relevante, eliminando así las “ocurrencias” de la esfera pública. La reciente Agencia de evaluación de políticas públicas y calidad de los servicios pasará a depender conjuntamente del Parlamento y del Gobierno y prestará especial atención a la política legislativa, ejerciendo sus funciones de forma directa y con independencia. d) Una organización del Gobierno racional y sin improvisaciones La Ley volverá a determinar el nombre y las competencias de cada departamento ministerial; el Presidente del Gobierno tendrá plena capacidad para asignar las vicepresidencias, en su caso, a los departamentos ministeriales que considere oportuno, y para nombrar ministros sin cartera con funciones específicas no asignadas a ningún departamento [Esta nueva Ley supondría la modificación del actual art. 2.2 j) de la Ley del Gobierno]. e) Una Administración profesional, transparente, responsable, evaluable, eficiente y eficaz Una adecuada separación Administración-política es una garantía para la democracia. Ello es compatible con ser muy exigentes con la mejora constante de la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios públicos, así como en la garantía de unas condiciones de acceso objetivas y rigurosas. Este es el modelo por otra parte que defiende nuestra Constitución [“una Administración Pública que sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (art. 103.1)]. f) Aumentar el control, la transparencia y la rendición de cuentas Proponemos que se habilite un acceso gratuito (teléfono, Internet, correo electrónico y ordinario) para que cualquier ciudadano pueda hacer llegar denuncias de malfuncionamiento o posible corrupción, debiendo garantizarse la confidencialidad del proceso. Ello requerirá reforzar las Inspecciones Generales de Servicios, asegurando una eficaz coordinación con el Defensor del Pueblo. Cada órgano administrativo (de entidad relevante) estará obligado a rendir cuentas de su gestión, al menos, elaborando un informe anual que será presentado ante la sociedad, la prensa y enviado al Parlamento g) Hacia una profesionalización de los directivos públicos De acuerdo con lo previsto en el art. 13 del Estatuto básico, se propone articular una función directiva profesional en la Administración General del Estado, independiente y separada de la política, que tenga la función de dirigir las organizaciones públicas. Los directivos públicos deben ser evaluados en su actuación y rendir cuentas por ella, pero también contar con la necesaria dignidad y garantías en el ejercicio de sus funciones. h) Un gran pacto nacional sobre el modelo de Administración pública como bien social común Hay cuestiones que obedecen a una lógica de partido y de opciones políticas, pero lo esencial del diseño de la maquinaria pública y su mejor forma de actuación pertenece al grupo de materias que trascienden la política partidista, y que deben gozar de consenso como un bien común para evitar que sea objeto de vaivenes por el mero hecho de que un nuevo partido llega al Gobierno. "Los españoles nos merecemos unos Gobernantes responsables que se tomen en serio su trabajo y una Administración pública eficaz y eficiente a la que se reconozca su valor como bien social común y que responda a nuestras necesidades y expectativas” (posible añadido) “Una Administración pública que no genere colas innecesarias para cumplir un deber como es renovar el DNI; una Administración que no planifique mal las obras públicas grandes y pequeñas; una Administración implacable con los casos de corrupción; una Administración que ejerza adecuadamente sus labores de supervisión sobre las empresas que ejecutan obras públicas o prestan servicios al ciudadano para evitar apagones y otros desastres; una Administración que se adelante a los problemas y no que le sorprendan mientras está en otra cosa; una Administración que asuma responsabilidades por sus fallos, empezando por el nivel político que debe ser consciente de sus obligaciones como autoridad pública; una Administración dirigida por verdaderos profesionales, que actúe con transparencia y que se evalúe para mejorar permanente su actuación; una Administración donde el debate de quién quiere tener la competencia quede subordinado al análisis de cómo se puede prestar el mejor servicio posible a los ciudadanos. .(Barcelona Girona Lleida Tarragona Lerida Gerona Madrid Bilbao Valencia, Congreso Cortes Corts España Senado Congrès Senat) 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y EL ARTE DE GOBERNAR. 1. Diagnóstico de la situación: Gobernar es, además de una enorme responsabilidad, un “arte” al que los partidos tradicionales le prestan escasa atención, pues preocupados por ganar votos olvidan que, de tener éxito, su función social consistirá en contribuir al mejor gobierno de los asuntos públicos. De este “olvido” luego pagan los platos rotos los ciudadanos que ven con asombro cómo quienes acceden a altas responsabilidades de dirección, sin experiencia ni formación previas, cometen errores de principiantes, dan bandazos inexplicables y no saben rodearse de buenos equipos. trabajo:3.- Posible resumen para tríptico
Meneame
del.icio.us
ARGELAGUER Juan R. Lejarza
Unió Progresso i Democrácia (UPyD): Programa Electoral, Eleccions Generals Espanya 2008.
POLÍTIQUES PÚBLIQUES I L'ART DE GOVERNAR. 1. Diagnòstic de la situació:
Governar és, a més d'una enorme responsabilitat, un ?art? al que els partits tradicionals li presten escassa atenció, doncs preocupats per guanyar vots obliden que, de tenir èxit, la seva funció social consistirà a contribuir al millor govern dels assumptes públics. D'est ?oblit? després paguen els plats trencats els ciutadans que veuen amb sorpresa com qui accedeixen a altes responsabilitats d'adreça, sense experiència ni formació prèvies, cometen errors de principiantes, donen bandades inexplicables i no saben envoltar-se de bons equips.
Tal vegada això no sigui aliè a la deterioració paulatina que s'observa en la gestió i adreça de l'Administració i polítiques públiques. Existeix una clara falta de visió estratègica, d'avaluació de riscos i càrregues administratives que suposa tal o com decisió (o la seva absència) o de la millor manera (si resulta possible) de dur-la a efecte. L'agenda ve marcada per interessos sovint coyunturales (aconseguir el suport parlamentari de cert partit nacionalista) o de tall propagandista o electoralista (creació de nous ministeris, ?xec bebé?, 400?) i crida l'atenció que certs problemes de calat (emigració il·legal, Prestige, 11-M) segueixin ?sorprenent? als governants de torn amb el peu canviat. Les amenaces i riscos en una societat complexa i globalizada són cada vegada més alts i la tasca d'avançar-se i prevenir-los no té color polític, és senzillament un ben social comú.
En aquest mateix sentit, es ve utilitzant el BOE com instrument de ?màrqueting? polític, inundant el nostre ordenament d'un excés regulatorio a totes llums excessiu i ineficaç, quan no clarament contraproducente (sota l'axioma de ?quantes més lleis i decrets aprovem més semblarà que hem treballat?) sense prestar atenció a la necessitat, claredat, viabilitat i impacte de cada norma ni avaluar de si s'apliquen i de quina manera les quals estan en vigor.
Quant a l'organització i els recursos humans els últims anys tampoc han buidat molts dubtes respecte a quin model es pretén per a la nostra Administració pública. Cada govern improvisa un tant en aquesta matèria ignorant l'opinió dels propis funcionaris i empleats públics, i quan actua es limita a proposar reformes purament cosmètiques o de ?màrqueting? públic, sense un pla de calat que assoleixi motivar al personal i treure el millor dels nostres serveis públics. La privatització, directa o indirecta, no pot ser la pedra filosofal que arregli tots els problemes, doncs no s'ha de renunciar al fet que el públic sigui exemple d'eficàcia i responsabilitat. Les noves Agències que s'han creat per a gestionar serveis públics no poden convertir-se en una via per a incrementar despeses (inclosos salaris) o per a disfressar l'externalización de serveis.
És cert que en la passada legislatura s'ha aprovat un ?Estatut bàsic de l'empleat públic?, però també que es limita en gran mesura a donar carta de naturalesa al que ja hi havia (i.i. consagrant la diferència salarial entre territoris), obrir nous interrogants (i.i. la paulatina equiparació de funcions del personal laboral i el funcionari) i deixar problemes tot just apuntats, com la d'una ?possible? política de directius públics professionals.
Finalment, s'ha prestat tal vegada excessiva atenció a problemes competenciales o a possibles interessos particulars o de grup, oblidant-se que el debat de qui vol tenir la competència ha de quedar subordinat a l'anàlisi de com es pot prestar el millor servei possible als ciutadans sense renunciar al fet que l'Estat assumeixi la responsabilitat, en el seu cas, d'avaluar i garantir un nivell mínim de qualitat en tot el territori.
2.- Propostes
a) Uns Governants capacitats i que prenguin en seriós el seu treball
Els partits polítics han de comprometre's a garantir que els seus dirigents i candidats obtenen l'adequada formació i experiència en l'adreça i gestió dels assumptes públics. L'Estat cooperará a aquesta missió proporcionant una oferta formativa permanentment actualitzada i d'alt nivell.
b) Necessitat d'una visió estratègica
Resulta imprescindible integrar una visió estratègica en el disseny de polítiques públiques i en general en l'acció de govern, que estableixi i revisi periòdicament escenaris a curt, mig i llarg termini. Es proposa la creació d'un òrgan de prospectiva i estratègia depenent de Presidència del Govern.
c) Una política legislativa i una pren de decisions viables i sense ?ocurrències?
Una política legislativa que prevalgui la qualitat a la quantitat, on el Govern elabori les normes que resulten necessàries i veges-li per que s'apliquin i siguin eficaces les quals ja existeixen. Tota nova proposta normativa haurà de contar amb un estudi previ de necessitat i d'impacte sobre la realitat social, econòmica i mediambiental. Aquesta mateixa exigència s'aplicarà a tota una altra decisió o proposta rellevant, eliminant així les ?ocurrències? de l'esfera pública.
La recent Agència d'avaluació de polítiques públiques i qualitat dels serveis passarà a dependre conjuntament del Parlament i del Govern i prestarà especial atenció a la política legislativa, exercint les seves funcions de forma directa i amb independència.
d) Una organització del Govern racional i sense improvisacions
La Llei tornarà a determinar el nom i les competències de cada departament ministerial; el President del Govern tindrà plena capacitat per a assignar les vicepresidencias, en el seu cas, als departaments ministerials que consideri oportú, i per a nomenar ministres sense cartera amb funcions específiques no assignades a cap departament [Aquesta nova Llei suposaria la modificació de l'actual art. 2.2 j) de la Llei del Govern].
i) Una Administració professional, transparent, responsable, evaluable, eficient i eficaç
Una adequada separació Administració-política és una garantia per a la democràcia. Això és compatible amb ser molt exigents amb la millora constant de la qualitat, eficàcia i eficiència dels serveis públics, així com en la garantia d'unes condicions d'accés objectives i rigoroses. Aquest és el model per una altra part que defensa la nostra Constitució [?una Administració Pública que serveix amb objetividad els interessos generals i actua d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentración i coordinació, amb submissió plena a la Llei i al Dret (art. 103.1)].
f) Augmentar el control, la transparència i la rendición de comptes
Proposem que s'habiliti un accés gratuït (telèfon, Internet, correu electrònic i ordinari) perquè qualsevol ciutadà pugui fer arribar denúncies de malfuncionamiento o possible corrupció, havent de garantir-se la confidencialitat del procés. Això requerirà reforçar les Inspeccions Generals de Serveis, assegurant una eficaç coordinació amb el Defensor del Poble.
Cada òrgan administratiu (d'entitat rellevant) estarà obligat a rendir comptes de la seva gestió, almenys, elaborant un informe anual que serà presentat davant la societat, la premsa i enviat al Parlament
g) Cap a una profesionalización dels directius públics
D'acord amb el previst en l'art. 13 de l'Estatut bàsic, es proposa articular una funció directiva professional en l'Administració General de l'Estat, independent i separada de la política, que tingui la funció de dirigir les organitzacions públiques. Els directius públics han de ser avaluats en la seva actuació i rendir comptes per ella, però també contar amb la necessària dignitat i garanties en l'exercici de les seves funcions.
h) Un gran pacte nacional sobre el model d'Administració pública com bé social comuna
Hi ha qüestions que obeeixen a una lògica de partit i d'opcions polítiques, però l'essencial del disseny de la maquinària pública i la seva millor forma d'actuació pertany al grup de matèries que trascienden la política partidista, i que han de gaudir de consens com un ben comú per a evitar que sigui objecte de vaivenes pel mer fet que un nou partit arriba al Govern.
3.- Possible resum per a tríptic
"Els espanyols ens mereixem uns Governants responsables que es prenguin en seriós el seu treball i una Administració pública eficaç i eficient a la qual es reconegui el seu valor com bé social comú i que respongui a les nostres necessitats i expectatives?
(possible afegit)
?Una Administració pública que no generi cues innecessàries per a complir un haver de com és renovar el DNI; una Administració que no planifiqui malament les obres públiques grans i petites; una Administració implacable amb els casos de corrupció; una Administració que exerceixi adequadament les seves labors de supervisió sobre les empreses que executen obres públiques o presten serveis al ciutadà per a evitar apagades i altres desastres; una Administració que s'avanci als problemes i no que li sorprenguin mentre està en una altra cosa; una Administració que assumeixi responsabilitats per les seves fallades, començant pel nivell polític que ha de ser conscient de les seves obligacions com autoritat pública; una Administració dirigida per veritables professionals, que actuï amb transparència i que s'avaluï per a millorar permanent la seva actuació; una Administració on el debat de qui vol tenir la competència quedi subordinat a l'anàlisi de com es pot prestar el millor servei possible als ciutadans. .(Barcelona Girona Lleida Tarragona Lerida Girona Madrid Bilbao València, Congrés Tallis Corts Espanya Senat Congrès Senat)
Unió Progreso i Democrácia (UPiD: Programa Electoral, Elecciones Generales España 2008. POLÍTIQUES PÚBLIQUES I L\'ART DE GOVERNAR | 13-02-2008 - 08:26:19 GMT 1 #
Programa Electoral INDICE
Programa Electoral INDICE | 17-02-2008 - 17:42:54 GMT 1 #