Unión Progreso y Democrácia (UPyD): Programa Electoral, Elecciones Generales España 2008. POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES. II. POLÍTICA DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD
Unión Progreso y Democrácia (UPyD): Programa Electoral, Elecciones Generales España 2008. POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES. II. POLÍTICA DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD: Los españoles afrontamos Ese modelo de crecimiento económico fue iniciado por el Partido Popular durante su primera legislatura. En ese momento pudo estar justificado como método de salida de la crisis que se había desencadenado en 1992 y del estancamiento posterior. Sin embargo, no es un modelo equilibrado, ni sostenible a largo plazo. El PSOE ha incurrido en la responsabilidad de mantenerlo, sin reformas sustanciales, durante los últimos cuatro años. Así se ha llegado a la situación actual de agotamiento del modelo, como señalan los datos referidos a los indicadores de confianza de los consumidores y empresarios, de venta de automóviles, de consumo de cemento o de evolución del precio de las viviendas usadas. La década de crecimiento de que ha disfrutado la economía española se ha sustentado en la fortaleza del consumo de las familias, por el lado de la demanda, y en el sector de la construcción, por el de la oferta, impulsados ambos por los bajos tipos de interés —que han facilitado el endeudamiento— y por el espectacular incremento del precio de la vivienda. Familias y empresas han gastado por encima de su renta, acumulando en el proceso una considerable deuda. Hoy ya no es posible llegar más lejos a partir de estos fundamentos. UPyD ofrece en su programa económico un modelo alternativo al de los dos partidos aludidos, más sólido y viable a largo plazo. UPyD puede diferenciarse tanto de PP como de PSOE, al no haber tenido responsabilidades en la génesis de los problemas actuales, cuando la desaceleración de la economía desmiente con los hechos el discurso triunfalista del PSOE y evidencia el malestar y la incertidumbre que viven los ciudadanos. II. POLÍTICA DE DESRROLLO Y COMPETITIVIDAD La estabilidad macroeconómica es el marco en el que ha de realizarse una política de promoción del desarrollo económico basada en la continua mejora de la competitividad. España debe converger en niveles de renta con los países más avanzados de la Unión Europea y ello requiere un esfuerzo sostenido de crecimiento a largo plazo. Tal esfuerzo sólo se podrá mantener si España mejora sustancialmente su competitividad internacional. Y, por tanto, si las bases de esa competitividad, los factores que la determinan, se ven reforzadas. El esfuerzo principal de la política económica debe centrarse en corregir las debilidades estructurales de la economía española. De este modo, es posible corregir el modelo de crecimiento de tal manera que se amplíe su base hacia industrias y servicios de alto nivel tecnológico. La economía española requiere para su desarrollo una mayor complejidad productiva, una integración creciente entre la industria y los servicios, y una mejor base tecnológica. SEIS PROPUESTAS PARA UNA POLÍTICA DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD El Capital Humano, que se deriva esencialmente de la educación en todos los niveles —desde la escuela infantil hasta la universidad—, se considera actualmente como un elemento esencial para el desarrollo económico, de manera que, con la tecnología y las infraestructuras, es uno de los factores que más inciden en el crecimiento a largo plazo. Los países que ostentan el liderazgo en la economía mundial son los que, desde hace muchos años, han sostenido un esfuerzo continuado en la educación y han establecido un sistema educativo de calidad que toma en consideración los conocimientos y el esfuerzo, incentivando la excelencia entre los estudiantes. En España existe un notable retraso en cuanto al sistema educativo. Las reformas emprendidas en el pasado, principalmente a raíz del establecimiento de la ESO, han resultado en un fracaso notorio. Los niveles de conocimiento de los alumnos de secundaria y bachillerato son bajos, y el fracaso escolar muy elevado, tal como se ha puesto de relieve en los informes internacionales de mayor reputación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en un reciente informe, señala que sólo el 72 por 100 de los alumnos españoles logran el título de la ESO, el Bachillerato o la FP. Este porcentaje se sitúa diez puntos por debajo de la media de los países desarrollados. El fracaso escolar es alarmante. Por su parte, la Unión Europea (UE) destaca que, en España, el 30 por 100 de los jóvenes de entre 18 y 24 años abandona los estudios sin completar su formación, cuando la media de la UE es de sólo el 15,3 por 100. Y, a su vez, el Informe PISA de la OCDE ha señalado, en su última edición, que el nivel de las habilidades y conocimientos adquiridos por los estudiantes de 15 años es, para España, inferior al promedio de las naciones que forman esa organización, ocupando nuestro país el puesto 40 en el área de Ciencias, el 41 en la de Matemáticas y el 44 en la de Lectura. En España hay pocos alumnos que lleguen al nivel de excelencia y muchos que tan sólo alcanzan un nivel mediocre. Ello repercute en sus posibilidades de ocupar empleos que requieren cualificaciones elevadas. Y también incide negativamente en la economía nacional, pues condiciona el todavía bajo nivel de productividad de muchas de las actividades industriales y de servicios. En UPyD la educación es un área prioritaria de actuación: • UPyD promoverá una reforma educativa en todos los niveles con la finalidad de reducir drásticamente el fracaso escolar y mejorar el nivel de conocimientos medios de los estudiantes españoles. Para ello, se comprometerán los recursos presupuestarios necesarios a fin de mejorar las instalaciones, favorecer la cualificación del profesorado y aumentar su nivel retributivo. En otra parte del programa se hace referencia a los planteamientos organizativos y a los fundamentos que defendemos para el sistema educativo, por lo que no es necesario insistir aquí en ellos. Una educación de calidad, atenta al mérito y a los conocimientos de los alumnos, que no excluya a nadie por sus recursos económicos, requiere que el Estado vuelva a hacerse cargo de todas las competencias en esta materia. Y necesita, además, el compromiso de toda la sociedad para aportar la financiación necesaria. Por ello, a lo largo de la legislatura deberá alcanzarse el nivel promedio de gasto educativo de la UE, lo que supone un incremento equivalente al 0,25 por 100 del PIB cada año. • Una atención singular debe prestarse a la Formación Profesional. En ella ha de insistirse en la actualización permanente de las materias que se imparten en función de los avances en la tecnología. Y, teniendo en cuanta, la desaparición de los grados medios en el ámbito universitario, debe extenderse la posibilidad de llegar a un nivel equivalente desde la Formación Profesional. En el caso de las Fuerzas Armadas, la formación profesional debe ser un elemento básico de la formación de los soldados, adaptando las enseñanzas a las titulaciones civiles homologadas de este nivel educativo. La seguridad laboral es también esencial para evitar las pérdidas de Capital Humano. Los accidentes laborales, además de afectar a los individuos, son también una fuente de importantes pérdidas económicas y de rebajas en la productividad. La política de prevención de riesgos tiene que fortalecerse por medio de: • Una mejora en los medios y actividad de la Inspección de Trabajo. La plantilla de inspectores de trabajo debe duplicarse, pasando de las 500 plazas actuales a 1.000 en el final de la legislatura. En las nuevas plazas se incorporarán especialistas en higiene industrial, ergonomía, psicosociología laboral y medicina del trabajo. • Y una mejor formación de los trabajadores en la materia, incluyendo las asignaturas de prevención de riesgos y medidas de protección tanto en todos los cursos de Formación Profesional, como en todos los estudios universitarios de ingeniería, arquitectura y otras carreras técnicas. Asimismo, el Ministerio de Trabajo facilitará recursos a las Universidades que impartan postgrados en prevención de riesgos laborales homologados por dicha Administración. 2. Reforzar el Capital Tecnológico: una política para la I+D y la Innovación España no es, desde hace ya mucho tiempo, un país de bajos Sin embargo, es claro que la I+D, a pesar de los avances que se han logrado en las tres últimas décadas en orden a crear un sistema de innovación, constituye uno de los principales temas pendientes de resolver en el sistema productivo español. El gasto en I+D en términos absolutos y el esfuerzo innovador como porcentaje de la renta nacional han ido aumentando en los últimos años, pero todavía España mantiene un retraso importante comparado con los países europeos. Así, en 2006 el gasto en I+D se situó en el 1,2 por 100 del PIB, por debajo del 1,84 por 100 que corresponde al promedio de la Unión Europea. Ese retraso es singularmente acusado en el ámbito empresarial, pues en cambio las actividades científicas son homologables con la pauta europea. Además, existe una dependencia tecnológica creciente del extranjero porque la demanda de conocimientos tecnológicos aumenta más rápidamente que la generación de tecnologías nacionales. Con respecto a la actual política de I+D+i se pueden resaltar dos aspectos. Primero, aunque es verdad que el gobierno del PSOE ha aumentado sustancialmente el esfuerzo en este tipo de políticas —el gasto público en I+D ha aumentado en un 25 por 100 anual durante la legislatura—, estas políticas se orientan principalmente hacia el sector científico y académico. Por otra parte, mientras que el apoyo al la I+D científica se basa en subvenciones otorgadas a los centros académicos, las políticas orientadas a la empresa se concretan sobre todo en la concesión de préstamos reembolsables cuyo coste para el Estado es reducido. Este es el motivo por el que, en términos de gasto público, sólo un 19 por 100 de los recursos se destinen a las empresas, mientras que el 81 por 100 se oriente hacia los organismos de investigación de las Administraciones Públicas o las Universidades. Dicho de otro modo, mientras que desde el punto de vista financiero existe una política científica fuerte, la política tecnológica es más bien débil. El segundo aspecto a resaltar es que la forma en que se distribuyen las ayudas públicas a la I+D+i debilita claramente el impacto de la política científica y tecnológica. Por un lado, no existe una jerarquización clara de las ayudas para campos muy concretos y específicos basada en un estudio de necesidades y oportunidades futuras. El sistema de distribución de las ayudas y la fragmentación de las convocatorias con su sistema de selección correspondiente, ha convertido la política de I+D+i en un “café para todos”. Por otro lado, no se manejan de forma adecuada los criterios de calidad, lo que hace que, en muchos programas, la financiación se distribuya entre los grupos de investigación o las empresas mejor situadas en el mercado político; es decir, entre los agentes que realizan un esfuerzo importante para capturar la voluntad de los gestores de los programas de I+D o innovación. Esta es la razón por la cual, en UPyD abogamos por establecer un sistema de financiación de la I+D+i que asegure la meritocracia en la distribución de las ayudas que se dirigen tanto hacia el sector privado como al público. A lo anterior se añade que la formación de los investigadores se encuentra, en general, desvinculada del sector productivo. Y también que existe una gran precariedad en la carrera profesional de los investigadores. En España sigue existiendo un aislamiento importante entre la universidad y el sector productivo. Por un lado, planificar una carrera de investigador en el sistema público de I+D está lleno de obstáculos e incertidumbre. Por otro, la carrera investigadora en el sector privado resulta más reconfortante —especialmente para los ingenieros—, pero se desarrolla al margen de la universidad. Teniendo en cuenta estos elementos, en UPyD proponemos un cambio importante en la orientación de las políticas científicas y tecnológicas. En el ámbito científico que se desarrolla en las universidades y organismos de investigación las medidas a adoptar son las siguientes: • Establecimiento de prioridades y objetivos del Plan Nacional de I+D. En los últimos años se ha aumentado de forma sustancial el presupuesto de la política científica, pero no se ha resuelto una definición clara de prioridades y objetivos. El Plan Nacional de I+D+i es una acumulación de iniciativas y aportaciones presupuestarias de diversas unidades de la administración pública estatal, que carece de jerarquización y convierte a la política científica en un sistema de reparto de recursos presupuestarios entre grupos de intereses. Para evitar este problema, entendemos que una comisión de los investigadores de mayor prestigio elabore un informe en el que, teniendo en cuenta el estado de la ciencia, se propongan prioridades de gasto que orienten a los investigadores hacia los intereses del país. • Asignación y distribución de los fondos. Hacia una “meritocracia”. Los fondos públicos deben financiar preferentemente las actividades de los grupos de investigación, o de los centros en los que éstos trabajan, teniendo en cuenta el curriculum de los solicitantes. Dicho curriculum debe normalizarse de tal manera que sus diferentes elementos puedan puntuarse con un criterio uniforme para todos los participantes. De este modo, sólo los méritos acumulados, medidos por un baremo transparente, y su evolución temporal se han de tener en cuenta en las decisiones de financiación de las actividades científicas. Adicionalmente, una parte de los fondos se destinará a la financiación de proyectos orientados por las prioridades del Plan, al sostenimiento de las instalaciones científicas o a la utilización de las grandes instalaciones de esta naturaleza. En cuanto a la formación de los investigadores, para corregir la precariedad e inseguridad de su carrera profesional y atraer hacia ella a los graduados con mayor nivel académico, las medidas a adoptar son: • Incentivos económicos. Las becas de formación de personal de investigación deben mejorarse tanto en su cuantía como en su progresión anual, a medida que los investigadores completan las fases de su formación. A esas becas pueden suceder contratos de incorporación a las plantillas profesionales de profesores e investigadores por tiempo limitado y sujetos a evaluación de méritos y resultados. • Mejora de la calidad y flexibilidad de los programas del doctorado, conectándolos con las necesidades del sistema productivo y sujetando sus resultados a una evaluación externa. Por otra parte, en el campo de las actividades tecnológicas de las empresas se hace necesario mejorar la financiación pública de los proyectos de I+D e innovación con las siguientes medidas: • Perfeccionar el sistema de incentivos fiscales a la I+D+i, desburocratizando su concesión y suprimiendo la intervención de la administración en la determinación de los proyectos que pueden ser objeto de desgravación. • Asignación al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) de toda la actividad crediticia de la Administración del Estado orientada a la financiación de proyectos empresariales de I+D+i. • Creación de un programa de subvenciones a los salarios de los empleados en I+D+i. Este instrumento ha sido ampliamente utilizado en el caso de Alemania pero apenas se han aplicado en España. Sus ventajas estriban en que facilita la actividad investigadora en empresas de todos los tamaños; permite subvencionar a las empresas que realizan actividades irregulares de I+D+i; resulta de utilidad para las empresas que debido al secreto o por razones de competencia no quieren o no pueden presentar sus actividades en un proyecto con el riesgo correspondiente; permite la contratación temporal de personal para I+D+i; y sirve como puente financiero para la transición de las actividades entre un programa o proyecto de I+D y otro. 3. Impulsar la Sociedad de la Información La sociedad de la información, término con el que se alude a la difusión y empleo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, constituye uno de los ejes principales del cambio tecnológico y de su influencia sobre el desarrollo económico. Una buena parte de las ganancias de productividad en los países avanzados se encuentra asociada, en los últimos años, a dichas tecnologías, lo que las convierte en un elemento esencial del crecimiento económico. La sociedad de la información, más allá de las inversiones en equipos informáticos y software, se soporta de una forma crucial sobre el acceso a Internet por medio de las conexiones de banda ancha. Por ello, ese acceso constituye la principal limitación a la que se enfrenta la difusión de las tecnologías de la información. España presenta en este campo un retraso considerable. La OCDE cuantifica esas conexiones en casi 7,5 millones para España; es decir, 17 por cada cien habitantes, por debajo del promedio de la organización —18,8 por 100 habitantes— y muy inferior a la de los países líderes que duplican esa cifra. La principal limitación a la que se enfrentan los usuarios españoles de Internet es el elevado coste de las conexiones. Además, en España las velocidades de conexión son, por lo general, bajas debido a que la tecnología más extendida, el ADSL, es más lenta que el cable. Por tanto, para favorecer la extensión de la sociedad de la información en España se debe actuar tanto en lo referente a los precios como al empleo del cable de fibra óptica. Las políticas a desarrollar son: • La prestación de servicios públicos gratuitos de acceso a Internet vía Wi–Fi. Un acceso de esta naturaleza, a una velocidad relativamente baja, puede favorecer la difusión del empleo de las tecnologías de la información, especialmente entre los jóvenes, sin afectar al mercado de prestaciones elevadas en el que operan las empresas privadas. A su vez, la existencia de un segmento gratuito en el mercado constituirá un incentivo para que los proveedores privados de acceso a Internet ofrezcan servicios de alta calidad a precios más bajos que los actuales. Los servicios públicos gratuitos de acceso a Internet pueden • La extensión de las redes de cable óptico con el objetivo de que, en un plazo de diez años, se llegue a conectar la totalidad de la población. Se persigue que todos los hogares, centros públicos, centros de enseñanza e investigación cuenten con conexión de fibra óptica en 2018. Para ello, se creará una Agencia nacional para la Sociedad de la Información que elabore los planes de infraestructura, fije los objetivos a corto plazo y gestione un programa de subvenciones que cofinancien entre el 50 y el 80 por 100 de las inversiones de las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y particulares en instalaciones de fibra óptica. El coste total del programa se estima en 1.500 millones de €, a razón de 150 millones anuales. 4. Infraestructuras para el desarrollo La política de construcción de infraestructuras productivas y sociales se considera un elemento esencial para el crecimiento de la economía, no sólo por el efecto directo que la acumulación de este tipo de capital tiene sobre la producción de los elementos que lo constituyen, sino porque favorecen la cohesión de la sociedad y vertebran y articulan el mercado interno. Esa política se ha enfrentado en España, durante los últimos años, a duras y estériles polémicas impulsadas desde los partidos nacionalistas, primero, y desde las elites locales de los partidos nacionales —el PP y el PSOE—, después. Se ha discutido, así, acerca del reparto territorial de las inversiones, aplicando dudosos criterios de imputación regional del gasto público correspondiente y sustentando la falsa idea de la existencia de déficits o deudas históricas en esta materia. Y también se ha extendido en algunas Comunidades Autónomas un afán pernicioso por hacer exclusivo el uso de determinados recursos naturales —singularmente el agua— que sólo pueden ponerse en valor mediante la construcción de las infraestructuras que favorecen su explotación. En UPyD rechazamos de manera radical estos planteamientos: ni hay deudas históricas ni es reconocible la exclusividad de cualquier región en el uso de los recursos naturales que alberga su geografía. Las obras de infraestructura deben planificarse y ejecutarse siguiendo criterios de racionalidad económica, buscando mejorar la eficiencia del sistema productivo, la integración del mercado nacional y la cohesión social. Cualquier criterio de reparto territorial del presupuesto del Estado impuesto como precio a un apoyo político es rechazable. Y también es rechazable que se busque aislar la utilización de los recursos naturales dentro de los espacios regionales bajo la falsa idea de que esos recursos pertenecen solo a sus habitantes. UPyD propugna la búsqueda del consenso en el desarrollo de los grandes planes infraestructurales. Un consenso apoyado en dictámenes técnicos, estudios de viabilidad y costes, evaluación de alternativas y valoración de los impactos ambientales. Y un consenso, también, que no excluye la afirmación de la exclusividad en la competencia estatal en lo que atañe a las grandes redes de transporte, comunicaciones, recursos hidráulicos, puertos y aeropuertos. Las prioridades que, en esta materia, consideramos, son las siguientes: • Completar dentro de la legislatura la red de autovías, tanto por lo que se refiere a los ejes radiales, como a los transversales. • Avanzar sustancialmente en la red de alta velocidad y altas prestaciones ferroviarias, completando el eje Madrid–Comunidad Valenciana, el eje transversal del Mediterráneo y progresando en las conexiones de las regiones del norte de España con Valladolid, así como iniciando la apertura de un eje transpirenaico central a través de Canfranc. • Resolver la cuestión del agua y adoptar decisiones racionales en materia de planificación y ejecución de trasvases, preservando la cobertura de las necesidades a largo plazo de las cuencas de origen y dando satisfacción a las carencias de las cuencas mediterráneas. Para reforzar el modelo productivo y favorecer las ganancias de competitividad se requiere, además de las mejoras en el capital humano, tecnológico e infraestructural a las que se ha aludido, un amplio nivel de libertad económica, de manera que los incentivos que proporciona el mercado no se vean distorsionados por la intervención de las Administraciones Públicas. Ello es compatible con la existencia de actuaciones correctoras de los fallos de mercado por parte de las autoridades económicas, ni con la sujeción de las transacciones a reglas transparentes o, en determinados sectores, a la vigilancia de órganos reguladores independientes. En España se ha progresado durante las últimas décadas en la libertad de mercado, pero aún subsisten elementos de intervención de difícil justificación y, sobre todo, deficiencias institucionales en los órganos reguladores por su sometimiento a la interferencia del gobierno. Ello ha sido singularmente relevante durante la última legislatura, en la que el PSOE ha supeditado a sus intereses políticos la actuación de esos órganos. Y, por otra parte, no se han realizado las reformas legislativas necesarias para mejorar su eficacia. En UPyD entendemos que una mayor libertad económica y una mejor configuración institucional de los mercados favorecen la diversificación y complejidad del sistema productivo, mejoran la productividad y, en definitiva, tienen un efecto positivo sobre el desarrollo económico. Y, para ello, en España es necesario adoptar las siguientes medidas: • Reforma de los órganos reguladores del mercado para fortalecer su autonomía y profesionalidad. El Tribunal de Defensa de la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de la Energía y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones deben integrarse por profesionales altamente cualificados con una amplia experiencia en el campo correspondiente. Para asegurar que sus actuaciones no se vean supeditadas al poder político, su mandato no debe ser renovable, a la vez que su duración deba superar la de una legislatura. Su selección se hará por mayoría cualificada del Congreso de los Diputados entre candidatos sometidos a un examen previo de idoneidad y que no hayan sido vetados por al menos cincuenta diputados. Para dicho examen, la Mesa del Congreso recabará el informe de las Reales Academias, los Centros Universitarios de mayor prestigio y los Colegios Profesionales competentes en razón de la materia regulada. • Incremento de la competencia en el mercado interior mediante la supresión de trabas administrativas en los sectores del taxi, transporte de viajeros y oficinas de farmacia. Supresión de los acuerdos sobre honorarios en los Colegios Profesionales, singularmente entre los Registradores y Notarios. • Ampliación de los horarios comerciales en orden a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. • Atención preferente a la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Fiscalía. Supresión del canon digital. • Supresión de los obstáculos a la movilidad geográfica de los trabajadores derivados de las exigencias del conocimiento de los idiomas regionales como mérito preferente en el acceso a los empleos del sector público o de las empresas concesionarias de servicios públicos, así como de las normas discriminatorias sobre ayudas públicas en razón del lugar de nacimiento de los solicitantes. • Creación de una Comisión de Vigilancia de las Contrataciones Públicas con competencia sobre la supervisión de las licitaciones de obras y contratos a proveedores, para evitar las prácticas proteccionistas en el ámbito autonómico. • Elaboración por el Ministerio de Economía de un Catálogo de Regulaciones Administrativas de las Comunidades Autónomas con relación a las actividades agrarias, industriales y de servicios, con el fin de realizar un proceso de armonización legislativa en esas materias. 6. Fomento de la iniciativa empresarial Las empresas representan el elemento central de una economía basada en el libre mercado, y como tales merecen especial atención por parte de la política económica. En consecuencia, es necesario adoptar medidas destinadas a impulsar la creación de nuevas empresas —de forma destacada las de base tecnológica— como medio para garantizar la creación de empleo, la competitividad y, por el ende, el crecimiento económico. En el caso español el desarrollo y aplicación de instrumentos para el fomento de la iniciativa empresarial resultan, si cabe, más acuciantes que en otros países de la UE, habida cuenta de que los jóvenes sólo se plantean en un porcentaje muy reducido la posibilidad de crear una empresa propia. El análisis de este problema permite apuntar dos vías complementarias para paliar esta situación: • El desarrollo de medidas destinadas a crear y difundir una • También es necesario aligerar y acelerar los procedimientos necesarios para crear una empresa. En concreto, España continúa siendo uno de los países de la Unión Europea en los que resulta más difícil y costoso —tanto en tiempo como en dinero— establecerse como empresario. Así, mientras que en la Unión Europea se requiere, en media, un período de veinte días con una media de seis trámites para dar de alta una empresa, en España estos números ascienden, respectivamente, a 47 días y diez trámites. Valga aducir, a modo de comparación, los ejemplos de los Estados Unidos —cinco días y cinco trámites—, o el de Dinamarca —cuyo modelo económico ha resultado ejemplar a lo largo de la última década— que ha sido capaz de reducir el proceso de creación de una empresa a tan sólo tres trámites que se realizan en cinco días. Esta mayor duración del proceso de creación empresarial en nuestro país ha hecho que España haya retrocedido diez puestos en el ranking internacional —ha pasado del 108 al 118— y se refleja, por ende, en un coste medio muy superior al de nuestros vecinos comunitarios. En términos relativos, el coste de apertura de un negocio en España es, en media, del 165,5 por ciento de los ingresos netos en tanto que la media de la OCDE es del 5,3 por ciento. En vista de estos resultados, desde UPyD propugnamos una política que, además de apoyar e incentivar el espíritu empresarial, flexibilice y dinamice el proceso de creación de empresas. Con este fin proponemos un sistema de registro de empresas en el que la carga probatoria recaiga en las Administraciones Públicas, de manera que sean éstas las responsables de verificar el cumplimiento de los diversos requisitos exigidos en cada momento por la Ley. A su vez, deberán rebajarse las tasas a pagar en este proceso y habrán de reducirse el número de trámites y la excesiva dilación temporal que implica el registro mercantil y la obtención de la licencia municipal. .(Barcelona Girona Lleida Tarragona Lerida Gerona Madrid Bilbao Valencia, Congreso Cortes Corts España Senado Congrès Senat) 9M 9-M Vota 
las próximas elecciones generales dentro de un clima económico lleno de incertidumbre. En los últimos meses hemos asistido a la elevación de los tipos de interés, a un repunte muy acusado de la tasa de inflación y, en general, a un empeoramiento de nuestras perspectivas para el futuro. Ello no es sino el resultado del agotamiento del modelo de crecimiento que ha caracterizado a la economía española durante la última década.
1. Aumentar el Capital Humano: la mejora de la formación y de la seguridad de los trabajadores salarios capaz de competir por el reducido precio de sus exportaciones. Además, al integrarse en la zona del euro no cuenta con la posibilidad de realizar devaluaciones monetarias como forma de restaurar la competitividad. En estas circunstancias, es preciso contar con otros factores para sostener esta última. La I+D y la innovación es uno de ellos.
• Nuevos Institutos de Investigación: Institutos asociados. Las estructuras de las Universidades y de la mayoría de los Organismos Públicos de Investigación son inflexibles y poco dinámicas. Para superar esta situación, siguiendo el modelo alemán de Institutos Asociados, proponemos crear un nuevo tipo de Institutos de Investigación que se financian básicamente mediante proyectos. Para el arranque de los Institutos experimentales y para llegar a una masa critica y autosuficiente se deben financiar en un primer momento mediante ayudas extraordinarias tanto por parte de a las administraciones publicas como por otros posibles implicados como las empresas. Aunque después de un periodo de cinco a diez años las ayudas públicas deben sustituirse por un modelo de autofinanciación mediante proyectos y contratos con terceros: un 50 por 100 después de cinco años, aumentado un 10 por 100 anual en el siguiente quinquenio. Este enfoque de autofinanciación implica que la selección de proyectos debe encuadrarse en aquellos tipos de proyectos con interés social-económico de las potenciales agentes financieras. Lo que conllevará unas líneas de investigación que, de forma complementaria, exijan calidad científica y utilidad pragmática para el sistema productivo
• Formación continúa para el personal investigador y el profesorado universitario. La financiación de cursos de formación para el profesorado y la formación continua de los investigadores debe extenderse más allá de la etapa en la que éstos son becarios. Los fondos correspondientes han de orientarse a la formación en técnicas avanzadas, aprendizaje de idiomas y estancias en centros internacionales de prestigio.
ofrecerse a partir de redes urbanas de gestión municipal —explotadas o no por concesionarios privados— en cuya financiación se comprometen recursos estatales que complementan los aportados por los Ayuntamientos. El coste de un programa de esta naturaleza se estima en 75 millones de € anuales.5. Las reformas estructurales que se requieren para cambiar el modelo productivo cultura de la iniciativa empresarial entre los jóvenes, singularmente entre los estudiantes. La experiencia de otros países europeos apunta a la conveniencia de establecer “cátedras de creación de empresas” tanto en las universidades como en los institutos, además de implementar instrumentos de apoyo en el proceso de creación de una empresas no ya en su etapa inicial, sino, ante todo, en las fases previas a ésta. Asimismo, en los planes de estudios universitarios se admitirá que los proyectos finales de carrera —obligatorios en los nuevos grados universitarios europeos— puedan ser planes de negocio desarrollados con la perspectiva de la creación de una empresa.
Meneame
del.icio.us
ARGELAGUER Juan R. Lejarza
Unió Progresso i Democrácia (UPyD): Programa Electoral, Eleccions Generals Espanya 2008.
POLÍTIQUES ECONÒMIQUES I SOCIALS. II. POLÍTICA DE DESENVOLUPAMENT I COMPETITIVITAT:
Els espanyols afrontem les pròximes eleccions generals dintre d'un clima econòmic ple d'incertesa. En els últims mesos hem assistit a l'elevació dels tipus d'interès, a un repunte molt acusat de la taxa d'inflació i, en general, a un empitjorament de les nostres perspectives per al futur. Això no és sinó el resultat de l'esgotament del model de creixement que ha caracteritzat a l'economia espanyola durant l'última dècada.
Aquest model de creixement econòmic va ser iniciat pel Partit Popular durant la seva primera legislatura. En aquest moment va poder estar justificat com mètode de sortida de la crisi que s'havia desencadenat en 1992 i de l'estancamiento posterior. No obstant això, no és un model equilibrat, ni sostenible a llarg termini. El PSOE ha incorregut en la responsabilitat de mantenir-ho, sense reformes substancials, durant els últims quatre anys. Així s'ha arribat a la situació actual d'esgotament del model, com assenyalen les dades referides als indicadors de confiança dels consumidors i empresaris, de venda d'automòbils, de consum de ciment o d'evolució del preu dels habitatges usats.
La dècada de creixement que ha gaudit l'economia espanyola s'ha sustentat en la fortalesa del consum de les famílies, pel costat de la demanda, i en el sector de la construcció, pel de l'oferta, impulsats ambdós pels baixos tipus d'interès ?que han facilitat l'endeutament? i per l'espectacular increment del preu de l'habitatge. Famílies i empreses han gastat per sobre de la seva renda, acumulant en el procés un considerable deute. Avui ja no és possible arribar més lluny a partir d'aquests fonaments.
UPyD ofereix en el seu programa econòmic un model alternatiu al dels dos partits al·ludits, més sòlid i viable a llarg termini. UPyD pot diferenciar-se tant de PP com de PSOE, al no haver tingut responsabilitats en la génesis dels problemes actuals, quan la desaceleración de l'economia desmenteix amb els fets el discurs triunfalista del PSOE i evidencia el malestar i la incertesa que viuen els ciutadans.
II. POLÍTICA DE DESRROLLO I COMPETITIVITAT
L'estabilitat macroeconómica és el marc en el qual ha de realitzar-se una política de promoció del desenvolupament econòmic basada en la contínua millora de la competitivitat. Espanya ha de converger en nivells de renda amb els països més avançats de la Unió Europea i això requereix un esforç sostingut de creixement a llarg termini.
Tal esforço només es podrà mantenir si Espanya millora sustancialmente la seva competitivitat internacional. I, per tant, si les bases d'aquesta competitivitat, els factors que la determinen, es veuen reforçades. L'esforç principal de la política econòmica ha de centrar-se a corregir les debilitats estructurals de l'economia espanyola. D'aquesta manera, és possible corregir el model de creixement de tal manera que s'ampliï la seva base cap a indústries i serveis d'alt nivell tecnològic. L'economia espanyola requereix per al seu desenvolupament una major complexitat productiva, una integració creixent entre la indústria i els serveis, i una millor base tecnològica.
SIS PROPOSTES PER A UNA POLÍTICA DE DESENVOLUPAMENT I COMPETITIVITAT
1. Augmentar el Capital Humà: la millora de la formació i de la seguretat dels treballadors
El Capital Humà, que es deriva esencialmente de l'educació en tots els nivells ?des de l'escola infantil fins a la universitat?, es considera actualment com un element essencial per al desenvolupament econòmic, de manera que, amb la tecnologia i les infraestructures, és un dels factors que més incideixen en el creixement a llarg termini. Els països que ostenten el lideratge en l'economia mundial són els quals, des de fa molts anys, han sostingut un esforç continuat en l'educació i han establert un sistema educatiu de qualitat que pren en consideració els coneixements i l'esforç, incentivant l'excel·lència entre els estudiants.
A Espanya existeix un notable retard quant al sistema educatiu. Les reformes empreses en el passat, principalment arran de l'establiment de l'AIXÒ, han resultat en un fracàs notori. Els nivells de coneixement dels alumnes de secundària i batxillerat són baixos, i el fracàs escolar molt elevat, tal com s'ha posat de relleu en els informes internacionals de major reputación.
L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), en un recent informe, assenyala que només el 72 per 100 dels alumnes espanyols assoleixen el títol de l'AIXÒ, el Batxillerat o la FP. Aquest percentatge se situa deu punts per sota la mitjana dels països desenvolupats. El fracàs escolar és alarmant. Per la seva banda, la Unió Europea (UE) destaca que, a Espanya, el 30 per 100 dels joves d'entre 18 i 24 anys abandona els estudis sense completar la seva formació, quan la mitjana de la UE és de només el 15,3 per 100. I, al seu torn, l'Informe TREPITJA de l'OCDE ha assenyalat, en la seva última edició, que el nivell de les habilitats i coneixements adquirits pels estudiants de 15 anys és, per a Espanya, inferior al promedio de les nacions que formen aquesta organització, ocupant el nostre país el lloc 40 en l'àrea de Ciències, el 41 en la de Matemàtiques i el 44 en la de Lectura. A Espanya hi ha pocs alumnes que arribin al nivell d'excel·lència i molts que tan només aconsegueixen un nivell mediocre. Això repercuteix en les seves possibilitats d'ocupar ocupacions que requereixen qualificacions elevades. I també incideix negativament en l'economia nacional, doncs condiciona l'encara sota nivell de productivitat de moltes de les activitats industrials i de serveis.
En UPyD l'educació és un àrea prioritària d'actuació:
? UPyD promourà una reforma educativa en tots els nivells amb la finalitat de reduir drásticamente el fracàs escolar i millorar el nivell de coneixements mitjos dels estudiants espanyols. Per a això, es comprometran els recursos pressupostaris necessaris a fi de millorar les instal·lacions, afavorir la qualificació del professorat i augmentar el seu nivell retributiu.
En una altra part del programa es fa referència als plantejaments organizativos i als fonaments que defensem per al sistema educatiu, pel que no és necessari insistir aquí en ells. Una educació de qualitat, atempta al mèrit i als coneixements dels alumnes, que no exclogui a ningú pels seus recursos econòmics, requereix que l'Estat torni a fer-se càrrec de totes les competències en aquesta matèria. I necessita, a més, el compromís de tota la societat per a aportar el finançament necessari. Per això, al llarg de la legislatura haurà d'aconseguir-se el nivell promedio de despesa educativa de la UE, el que suposa un increment equivalent al 0,25 per 100 del PIB cada any.
Una atenció singular ha de prestar-se a la Formació Professional. En ella ha d'insistir-se en l'actualització permanent de les matèries que s'imparteixen en funció dels avanços en la tecnologia. I, tenint en quanta, la desaparició dels graus mitjos en l'àmbit universitari, ha d'estendre's la possibilitat d'arribar a un nivell equivalent des de la Formació Professional.
En el cas de les Forces Armades, la formació professional ha de ser un element bàsic de la formació dels soldats, adaptant els ensenyaments a les titulacions civils homologades d'aquest nivell educatiu.
La seguretat laboral és també essencial per a evitar les pèrdues de Capital Humà. Els accidents laborals, a més d'afectar als individus, són també una font d'importants pèrdues econòmiques i de rebaixes en la productivitat. La política de prevenció de riscos ha d'enfortir-se per mitjà de:
Una millora en els mitjans i activitat de la Inspecció de Treball. La plantilla d'inspectors de treball ha de duplicar-se, passant de les 500 places actuals a 1.000 en el final de la legislatura. En les noves places s'incorporaran especialistes en higiene industrial, ergonomía, psicosociología laboral i medicina del treball.
I una millor formació dels treballadors en la matèria, incloent les assignatures de prevenció de riscos i mesures de protecció tant en tots els cursos de Formació Professional, com en tots els estudis universitaris d'enginyeria, arquitectura i altres carreres tècniques. Així mateix, el Ministeri de Treball facilitarà recursos a les Universitats que imparteixin postgrados en prevenció de riscos laborals homologats per dita Administració.
2. Reforçar el Capital Tecnològic: una política per a la I D i la Innovació
Espanya no és, des de fa ja molt temps, un país de baixos salaris capaç de competir pel reduït preu de les seves exportacions. A més, a l'integrar-se en la zona de l'euro no conta amb la possibilitat de realitzar devaluaciones monetàries com forma de restaurar la competitivitat. En aquestes circumstàncies, cal contar amb altres factors per a sostenir aquesta última. La I D i la innovació és un d'ells.
No obstant això, és clar que la I D, malgrat els avanços que s'han assolit en les tres últimes dècades amb vista a crear un sistema d'innovació, constitueix un dels principals temes pendents de resoldre en el sistema productiu espanyol. La despesa en I D en termes absoluts i l'esforç innovador com percentatge de la renda nacional han anat augmentant en els últims anys, però encara Espanya manté un retard important comparat amb els països europeus. Així, en 2006 la despesa en I D es va situar en el 1,2 per 100 del PIB, per sota el 1,84 per 100 que correspon al promedio de la Unió Europea. Aquest retard és singularmente acusat en l'àmbit empresarial, doncs en canvi les activitats científiques són homologables amb la pauta europea. A més, existeix una dependència tecnològica creixent de l'estranger perquè la demanda de coneixements tecnològics augmenta més ràpidament que la generació de tecnologies nacionals.
Pel que fa a l'actual política d'I D i es poden ressaltar dos aspectes. Primer, encara que és veritat que el govern del PSOE ha augmentat sustancialmente l'esforç en aquest tipus de polítiques ?la despesa pública en I D ha augmentat en un 25 per 100 anual durant la legislatura?, aquestes polítiques s'orienten principalment cap al sector científic i acadèmic. Per una altra part, mentre que el suport al la I D científica es basa en subvencions atorgades als centres acadèmics, les polítiques orientades a l'empresa es concreten sobretot en la concessió de préstecs reembolsables el cost dels quals per a l'Estat és reduït. Aquest és el motiu pel qual, en termes de despesa pública, només un 19 per 100 dels recursos es destinin a les empreses, mentre que el 81 per 100 s'orienti cap als organismes d'investigació de les Administracions Públiques o les Universitats. Dit d'una altra manera, mentre que des del punt de vista financer existeix una política científica forta, la política tecnològica és més bé feble.
El segon aspecte a ressaltar és que la forma en què es distribueixen les ajudes públiques a la I D i debilita clarament l'impacte de la política científica i tecnològica. D'una banda, no existeix una jerarquización clara de les ajudes per a camps molt concrets i específics basada en un estudi de necessitats i oportunitats futures. El sistema de distribució de les ajudes i la fragmentación de les convocatòries amb el seu sistema de selecció corresponent, ha convertit la política d'I D i en un ?cafè per a tots?. D'altra banda, no es manegen de forma adequada els criteris de qualitat, el que fa que, en molts programes, el finançament es distribueixi entre els grups d'investigació o les empreses millor situades en el mercat polític; és a dir, entre els agents que realitzen un esforç important per a capturar la voluntat dels gestors dels programes d'I D o innovació. Aquesta és la raó per la qual, en UPyD advoquem per establir un sistema de finançament de la I D i que asseguri la meritocracia en la distribució de les ajudes que es dirigeixen tant cap al sector privat com al públic.
A l'anterior s'afegeix que la formació dels investigadors es troba, en general, desvinculada del sector productiu. I també que existeix una gran precarietat en la carrera professional dels investigadors. A Espanya segueix existint un aïllament important entre la universitat i el sector productiu. D'una banda, planificar una carrera d'investigador en el sistema públic d'I D està ple d'obstacles i incertesa. Per un altre, la carrera investigadora en el sector privat resulta més reconfortant ?especialment per als enginyers?, però es desenvolupa al marge de la universitat.
Tenint en compte aquests elements, en UPyD proposem un canvi important en l'orientació de les polítiques científiques i tecnològiques. En l'àmbit científic que es desenvolupa en les universitats i organismes d'investigació les mesures a adoptar són les següents:
Establiment de prioritats i objectius del Pla Nacional d'I D. En els últims anys s'ha augmentat de forma substancial el pressupost de la política científica, però no s'ha resolt una definició clara de prioritats i objectius. El Pla Nacional d'I D i és una acumulació d'iniciatives i aportacions pressupostàries de diverses unitats de l'administració pública estatal, que manca de jerarquización i converteix a la política científica en un sistema de repartiment de recursos pressupostaris entre grups d'interessos.
Per a evitar aquest problema, entenem que una comissió dels investigadors de major prestigi elabori un informe en el qual, tenint en compte l'estat de la ciència, es proposin prioritats de despesa que orientin als investigadors cap als interessos del país.
Assignació i distribució dels fons. Cap a una ?meritocracia?. Els fons públics han de finançar preferentemente les activitats dels grups d'investigació, o dels centres en els quals aquests treballen, tenint en compte el curriculum dels sol·licitants. Dit curriculum ha de normalitzar-se de tal manera que els seus diferents elements puguin puntuar-se amb un criteri uniformi para tots els participants. D'aquesta manera, només els mèrits acumulats, mesurats per un barem transparent, i la seva evolució temporal s'han de tenir en compte en les decisions de finançament de les activitats científiques.
Addicionalment, una part dels fons es destinarà al finançament de projectes orientats per les prioritats del Pla, al sosteniment de les instal·lacions científiques o a la utilització de les grans instal·lacions d'aquesta naturalesa.
Nous Instituts d'Investigació: Instituts associats. Les estructures de les Universitats i de la majoria dels Organismes Públics d'Investigació són inflexibles i poc dinàmiques. Per a superar aquesta situació, seguint el model alemany d'Instituts Associats, proposem crear un nou tipus d'Instituts d'Investigació que es financen bàsicament mitjançant projectes. Per a l'arrencada dels Instituts experimentals i per a arribar a una massa critica i autosuficient s'han de finançar en un primer moment mitjançant ajudes extraordinàries tant per part de les administracions publiques com per altres possibles implicats com les empreses. Encara que després d'un període de cinc a deu anys les ajudes públiques han de substituir-se per un model d'autofinanciación mitjançant projectes i contractes amb tercers: un 50 per 100 després de cinc anys, augmentat un 10 per 100 anual en el següent quinquenio. Aquest enfocament d'autofinanciación implica que la selecció de projectes ha d'encuadrarse en aquells tipus de projectes amb interès social-econòmic de les potencials agents financeres. El que comportarà unes línies d'investigació que, de forma complementària, exigeixin qualitat científica i utilitat pragmática per al sistema productiu
Quant a la formació dels investigadors, per a corregir la precarietat i inseguretat de la seva carrera professional i atreure cap a ella als graduats amb major nivell acadèmic, les mesures a adoptar són:
Incentius econòmics. Les beques de formació de personal d'investigació han de millorar-se tant en la seva quantia com en la seva progressió anual, a mesura que els investigadors completen les fases de la seva formació. A aquestes beques poden succeir contractes d'incorporació a les plantilles professionals de professors i investigadors per temps limitat i subjectes a avaluació de mèrits i resultats.
Formació continua per al personal investigador i el professorat universitari. El finançament de cursos de formació per al professorat i la formació contínua dels investigadors ha d'estendre's més enllà de l'etapa en la qual aquests són becaris. Els fons corresponents han d'orientar-se a la formació en tècniques avançades, aprenentatge d'idiomes i estades en centres internacionals de prestigi.
Millora de la qualitat i flexibilitat dels programes del doctorat, connectant-los amb les necessitats del sistema productiu i subjectant els seus resultats a una avaluació externa.
Per una altra part, en el camp de les activitats tecnològiques de les empreses es fa necessari millorar el finançament públic dels projectes d'I D i innovació amb les següents mesures:
Perfeccionar el sistema d'incentius fiscals a la I D i, desburocratizando la seva concessió i suprimint la intervenció de l'administració en la determinació dels projectes que poden ser objecte de desgravación.
Assignació al Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) de tota l'activitat creditícia de l'Administració de l'Estat orientada al finançament de projectes empresarials d'I D i.
Creació d'un programa de subvencions als salaris dels empleats en I D i.
Aquest instrument ha estat àmpliament utilitzat en el cas d'Alemanya però tot just s'han aplicat a Espanya. Els seus avantatges estriban en què facilita l'activitat investigadora en empreses de totes les grandàries; permet subvencionar a les empreses que realitzen activitats irregulars d'I D i; resulta d'utilitat per a les empreses que a causa del secret o per raons de competència no volen o no poden presentar les seves activitats en un projecte amb el risc corresponent; permet la contractació temporal de personal per a I D i; i serveix com pont financer per a la transició de les activitats entre un programa o projecte d'I D i un altre.
3. Impulsar la Societat de la Informació
La societat de la informació, terme amb el qual s'al·ludeix a la difusió i ocupació de les tecnologies de la informació i les telecomunicacions, constitueix un dels eixos principals del canvi tecnològic i de la seva influència sobre el desenvolupament econòmic. Una bona part dels guanys de productivitat en els països avançats es troba associada, en els últims anys, a dites tecnologies, el que les converteix en un element essencial del creixement econòmic.
La societat de la informació, més enllà de les inversions en equips informàtics i programari, se suporta d'una forma crucial sobre l'accés a Internet per mitjà de les connexions de banda ampla. Per això, aquest accés constitueix la principal limitació a la qual s'enfronta la difusió de les tecnologies de la informació. Espanya presenta en aquest camp un retard considerable. L'OCDE cuantifica aquestes connexions en gairebé 7,5 milions per a Espanya; és a dir, 17 per cada cent habitants, per sota el promedio de l'organització ?18,8 per 100 habitants? i molt inferior a la dels països líders que dupliquen aquesta xifra. La principal limitació a la qual s'enfronten els usuaris espanyols d'Internet és l'elevat cost de les connexions. A més, a Espanya les velocitats de connexió són, pel general, baixes a causa de que la tecnologia més estesa, l'ADSL, és més lenta que el cable.
Per tant, per a afavorir l'extensió de la societat de la informació a Espanya s'ha d'actuar tant referent als preus com a l'ocupació del cable de fibra òptica. Les polítiques a desenvolupar són:
La prestació de serveis públics gratuïts d'accés a Internet via Wi?Fi. Un accés d'aquesta naturalesa, a una velocitat relativament baixa, pot afavorir la difusió de l'ocupació de les tecnologies de la informació, especialment entre els joves, sense afectar al mercat de prestacions elevades en el qual operen les empreses privades. Al seu torn, l'existència d'un segment gratuït en el mercat constituirà un incentiu perquè els proveïdors privats d'accés a Internet ofereixin serveis d'alta qualitat a preus més baixos que els actuals.
Els serveis públics gratuïts d'accés a Internet poden oferir-se a partir de xarxes urbanes de gestió municipal ?explotades o no per concessionaris privats en el finançament del qual es comprometen recursos estatals que complementen els aportats pels Ajuntaments. El cost d'un programa d'aquesta naturalesa s'estima en 75 milions de ? anuals.
L'extensió de les xarxes de cable òptic amb l'objectiu que, en un termini de deu anys, s'arribi a connectar la totalitat de la població. Es persegueix que totes les llars, centres públics, centres d'ensenyament i investigació contin amb connexió de fibra òptica en 2018.
Per a això, es crearà una Agència nacional per a la Societat de la Informació que elabori els plans d'infraestructura, fixi els objectius a curt termini i gestioni un programa de subvencions que cofinancien entre el 50 i el 80 per 100 de les inversions de les Comunitats Autònomes, Ajuntaments i particulars en instal·lacions de fibra òptica. El cost total del programa s'estima en 1.500 milions de ?, a raó de 150 milions anuals.
4. Infraestructures per al desenvolupament
La política de construcció d'infraestructures productives i socials es considera un element essencial per al creixement de l'economia, no només per l'efecte directe que l'acumulació d'aquest tipus de capital té sobre la producció dels elements que ho constitueixen, sinó perquè afavoreixen la cohesió de la societat i vertebran i articulen el mercat intern.
Aquesta política s'ha enfrontat a Espanya, durant els últims anys, a dures i estèrils polèmiques impulsades des dels partits nacionalistes, primer, i des de les elites locals dels partits nacionals ?el PP i el PSOE?, després. S'ha discutit, així, sobre el repartiment territorial de les inversions, aplicant dubtosos criteris d'imputació regional de la despesa pública corresponent i sustentant la falsa idea de l'existència de dèficits o deutes històrics en aquesta matèria. I també s'ha estès en algunes Comunitats Autònomes un afany perniciós per fer exclusiu l'ús de determinats recursos naturals ?singularmente l'aigua? que només poden posar-se en valor mitjançant la construcció de les infraestructures que afavoreixen la seva explotació. En UPyD rebutgem de manera radical aquests plantejaments: ni hi ha deutes històrics ni és reconocible l'exclusivitat de qualsevol regió en l'ús dels recursos naturals que alberga la seva geografia.
Les obres d'infraestructura han de planificar-se i executar-se seguint criteris de racionalidad econòmica, buscant millorar l'eficiència del sistema productiu, la integració del mercat nacional i la cohesió social. Qualsevol criteri de repartiment territorial del pressupost de l'Estat imposat com preu a un suport polític és rechazable. I també és rechazable que es busqui aïllar la utilització dels recursos naturals dintre dels espais regionals sota la falsa idea que aquests recursos pertanyen solament als seus habitants.
UPyD propugna la recerca del consens en el desenvolupament dels grans plans infraestructurales. Un consens apoyado en dictàmens tècnics, estudis de viabilitat i costos, avaluació d'alternatives i valoració dels impactes ambientals. I un consens, també, que no exclou l'afirmació de l'exclusivitat en la competència estatal en el que atañe a les grans xarxes de transport, comunicacions, recursos hidràulics, ports i aeroports.
Les prioritats que, en aquesta matèria, considerem, són les següents:
Completar dintre de la legislatura la xarxa d'autovies, tant pel que es refereix als eixos radials, com als transversales.
Avançar sustancialmente en la xarxa d'alta velocitat i altes prestacions ferroviàries, completant l'eix Madrid?Comunitat Valenciana, l'eix transversal del Mediterrani i progressant en les connexions de les regions del nord d'Espanya amb Valladolid, així com iniciant l'obertura d'un eix transpirenaico central a través de Canfranc.
Resoldre la qüestió de l'aigua i adoptar decisions racionals en matèria de planificació i execució de transvasis, preservant la cobertura de les necessitats a llarg termini de les cuencas d'origen i donant satisfacció a les manques de les cuencas mediterrànies.
5. Les reformes estructurals que es requereixen per a canviar el model productiu
Per a reforçar el model productiu i afavorir els guanys de competitivitat es requereix, a més de les millores en el capital humà, tecnològic i infraestructural a les quals s'ha al·ludit, un ampli nivell de llibertat econòmica, de manera que els incentius que proporciona el mercat no es vegin distorsionados per la intervenció de les Administracions Públiques. Això és compatible amb l'existència d'actuacions correctoras de les fallades de mercat per part de les autoritats econòmiques, ni amb la subjecció de les transaccions a regles transparents o, en determinats sectors, a la vigilància d'òrgans reguladors independents.
A Espanya s'ha progressat durant les últimes dècades en la llibertat de mercat, però encara subsisteixen elements d'intervenció de difícil justificació i, sobretot, deficiències institucionals en els òrgans reguladors per la seva submissió a la interferència del govern. Això ha estat singularmente rellevant durant l'última legislatura, en la qual el PSOE ha supeditat als seus interessos polítics l'actuació d'aquests òrgans. I, per una altra part, no s'han realitzat les reformes legislatives necessàries per a millorar la seva eficàcia.
En UPyD entenem que una major llibertat econòmica i una millor configuració institucional dels mercats afavoreixen la diversificación i complexitat del sistema productiu, milloren la productivitat i, en definitiva, tenen un efecte positiu sobre el desenvolupament econòmic. I, per a això, a Espanya és necessari adoptar les següents mesures:
Reforma dels òrgans reguladors del mercat per a enfortir la seva autonomia i professionalitat. El Tribunal de Defensa de la Competència, la Comissió Nacional del Mercat de Valors, la Comissió Nacional de l'Energia i la Comissió Nacional de Telecomunicacions han d'integrar-se per professionals altament qualificats amb una àmplia experiència en el camp corresponent. Per a assegurar que les seves actuacions no es vegin supeditades al poder polític, el seu mandat no ha de ser renovable, alhora que la seva durada hagi de superar la d'una legislatura. La seva selecció es farà per majoria qualificada del Congrés dels Diputats entre candidats sotmesos a un examen previ d'idoneïtat i que no hagin estat vetats per almenys cinquanta diputats. Per a dit examen, la Taula del Congrés recaptarà l'informe de les Reals Acadèmies, els Centres Universitaris de major prestigi i els Col·legis Professionals competents en raó de la matèria regulada.
Increment de la competència en el mercat interior mitjançant la supressió de traves administratives en els sectors del taxi, transport de viatgers i oficines de farmàcia. Supressió dels acords sobre honoraris en els Col·legis Professionals, singularmente entre els Registradors i Notaris.
Ampliació dels horaris comercials amb vista a facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar.
Atenció preferent a la protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial en l'actuació dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat i de la Fiscalia. Supressió del cànon digital.
Supressió dels obstacles a la mobilitat geogràfica dels treballadors derivats de les exigències del coneixement dels idiomes regionals com mèrit preferent en l'accés a les ocupacions del sector públic o de les empreses concessionàries de serveis públics, així com de les normes discriminatòries sobre ajudes públiques en raó del lloc de naixement dels sol·licitants.
Creació d'una Comissió de Vigilància de les Contractacions Públiques amb competència sobre la supervisió de les licitacions d'obres i contractes a proveïdors, per a evitar les pràctiques proteccionistas en l'àmbit autonòmic.
Elaboració pel Ministeri d'Economia d'un Catàleg de Regulacions Administratives de les Comunitats Autònomes en relació amb les activitats agràries, industrials i de serveis, amb la finalitat de realitzar un procés d'armonización legislativa en aquestes matèries.
6. Foment de la iniciativa empresarial
Les empreses representen l'element central d'una economia basada en el lliure mercat, i com tals mereixen especial atenció per part de la política econòmica. En conseqüència, és necessari adoptar mesures destinades a impulsar la creació de noves empreses ?de forma destacada les de base tecnològica? com mig per a garantir la creació d'ocupació, la competitivitat i, per l'ende, el creixement econòmic.
En el cas espanyol el desenvolupament i aplicació d'instruments per al foment de la iniciativa empresarial resulten, si cap, més acuciantes que en altres països de la UE, tenint en compte que els joves només es plantegen en un percentatge molt reduït la possibilitat de crear una empresa pròpia.
L'anàlisi d'aquest problema permet apuntar dues vies complementàries per a pal·liar aquesta situació:
El desenvolupament de mesures destinades a crear i difondre una cultura de la iniciativa empresarial entre els joves, singularmente entre els estudiants. L'experiència d'altres països europeus apunta a la conveniència d'establir ?càtedres de creació d'empreses? tant en les universitats com en els instituts, a més d'implementar instruments de suport en el procés de creació d'una empreses no ja en la seva etapa inicial, sinó, davant tot, en les fases prèvies a aquesta. Així mateix, en els plans d'estudis universitaris s'admetrà que els projectes finals de carrera ?obligatoris en els nous graus universitaris europeus? puguin ser plans de negoci desenvolupats amb la perspectiva de la creació d'una empresa.
També és necessari aligerar i accelerar els procediments necessaris per a crear una empresa. En concret, Espanya continua sent un dels països de la Unió Europea en els quals resulta més difícil i costós ?tant en temps com en diners establir-se com empresari. Així, mentre que en la Unió Europea es requereix, en mitjana, un període de vint dies amb una mitjana de sis tràmits per a donar d'alta una empresa, a Espanya aquests nombres ascendeixen, respectivament, a 47 dies i deu tràmits. Valgui adduir, a manera de comparança, els exemples dels Estats Units ?cinc dies i cinc tràmits?, o el de Dinamarca ?el model econòmic del qual ha resultat exemplar al llarg de l'última dècada? que ha estat capaç de reduir el procés de creació d'una empresa a tan només tres tràmits que es realitzen en cinc dies.
Aquesta major durada del procés de creació empresarial en el nostre país ha fet que Espanya hagi retrocedit deu llocs en el rànquing internacional ?ha passat del 108 al 118? i es reflecteix, per tant, en un cost mig molt superior al dels nostres veïns comunitaris. En termes relatius, el cost d'obertura d'un negoci a Espanya és, en mitjana, del 165,5 per cent dels ingressos nets mentre que la mitjana de l'OCDE és del 5,3 per cent.
En vista d'aquests resultats, des d'UPyD propugnem una política que, a més d'apoyar i incentivar l'esperit empresarial, flexibilitzi i dinamice el procés de creació d'empreses. A aquest efecte proposem un sistema de registre d'empreses en el qual la càrrega probatoria recaigui en les Administracions Públiques, de manera que siguin aquestes les responsables de verificar el compliment dels diversos requisits exigits en cada moment per la Llei. Al seu torn, haurien de rebaixar-se les taxes a pagar en aquest procés i haurien de reduir-se el nombre de tràmits i l'excessiva dilació temporal que implica el registre mercantil i l'obtenció de la llicència municipal. .(Barcelona Girona Lleida Tarragona Lerida Girona Madrid Bilbao València, Congrés Tallis Corts Espanya Senat Congrès Senat) 9M 9-M Vota
Unió Progreso i Democrácia (UPiD: Programa Electoral, Elecciones Generales España 2008. POLÍTIQUES ECONÒMIQUES I SOCIALS. II. POLÍTICA DE DESENVOLUPAM | 13-02-2008 - 12:26:27 GMT 1 #
Programa Electoral INDICE
Programa Electoral INDICE | 17-02-2008 - 17:22:56 GMT 1 #
Me gustaría dejar un pequeño comentario acerca del supuesto "personal en formacion investigador" que lo he sufrido personalmente. Soy doctora en ciencias físicas y trabajo en investigación y por fin, con 31 años tuve mi primer contrato de trabajo (qué jubilo!). Hablar de incentivos económicos de las becas de formación de personal de investigación, demuestra un desconcocimiento de la realidad: primer error, quien realiza una tesis doctoral, no es un estudiante (para llegar aqui ya estudió durante 17 años y ya esta en una edad de independizarse y procrear, no?) Realizar la tesis doctoral es un trabajo que contribuye al baremo con el que se mide la productividad del centro de investigación, eso es con publicaciones ciéntificas, patentes etc. Como tal debe de estar regulado con las obligaciones y derechos mediante un contrato laboral (como en Alemania, donde trabajo actualmente). No es hipocrita tener a esas personas trabajando para los "avances e innovación tecnológica" con un instrumento legal llamado "beca" sin las mínimas garantías sociales???
Esther Barrena | 01-03-2008 - 21:44:55 GMT 1 #