Unión Progreso y Democrácia (UPyD): Programa Electoral, Elecciones Generales España 2008. POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES; I. POLÍTICA MACROECONÓMICA
Unión Progreso y Democrácia (UPyD): Programa Electoral, Elecciones Generales España 2008. POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES; I. POLÍTICA Ese modelo de crecimiento económico fue iniciado por el Partido Popular durante su primera legislatura. En ese momento pudo estar justificado como método de salida de la crisis que se había desencadenado en 1992 y del estancamiento posterior. Sin embargo, no es un modelo equilibrado, ni sostenible a largo plazo. El PSOE ha incurrido en la responsabilidad de mantenerlo, sin reformas sustanciales, durante los últimos cuatro años. Así se ha llegado a la situación actual de agotamiento del modelo, como señalan los datos referidos a los indicadores de confianza de los consumidores y empresarios, de venta de automóviles, de consumo de cemento o de evolución del precio de las viviendas usadas. La década de crecimiento de que ha disfrutado la economía española se ha sustentado en la fortaleza del consumo de las familias, por el lado de la demanda, y en el sector de la construcción, por el de la oferta, impulsados ambos por los bajos tipos de interés —que han facilitado el endeudamiento— y por el espectacular incremento del precio de la vivienda. Familias y empresas han gastado por encima de su renta, acumulando en el proceso una considerable deuda. Hoy ya no es posible llegar más lejos a partir de estos fundamentos. UPyD ofrece en su programa económico un modelo alternativo al de los dos partidos aludidos, más sólido y viable a largo plazo. UPyD puede diferenciarse tanto de PP como de PSOE, al no haber tenido responsabilidades en la génesis de los problemas actuales, cuando la desaceleración de la economía desmiente con los hechos el discurso triunfalista del PSOE y evidencia el malestar y la incertidumbre que viven los ciudadanos. I. POLÍTICA MACROECONÓMICA UN MODELO DE CRECIMIENTO CON DEMASIADAS INCERTIDUMBRES La economía española ha tenido un buen comportamiento durante los últimos diez años. Durante este periodo nuestra economía se ha beneficiado de un intenso crecimiento: la tasa media anual de crecimiento del PIB real se ha situado en el 3,8%, muy por encima de la registrada para el conjunto de la UME, que fue del 2,2%, o la de Estados Unidos, del 3.2 %. Al mismo tiempo se ha estrechado la diferencia entre el PIB per cápita español con respecto a la media de la UME, situándose España en la actualidad por encima de la media para los 27 países comunitarios. El desempleo, medido en base a la definición armonizada, ha descendido desde un 19,5 % registrado en 1994, hasta el actual 8 % para el tercer trimestre de 2007, reducción acompañada de una fuerte elevación de la tasa de actividad. El consumo privado creció a una tasa próxima al 4% anual, siendo del 2 % en la zona euro para el mismo periodo. La deuda pública se ha reducido desde un 68,1 % sobre el PIB en 1996, hasta un 39,7 % a finales de 2006. Sin embargo, tras las grandes cifras macroeconómicas del modelo de crecimiento que ha seguido la economía española, se esconden incertidumbres y sombras que, unidas a la actual intensificación de la dinámica de desaceleración, ponen en duda la sostenibilidad del crecimiento y el propio modelo económico que lo ha sustentado. Veamos las más relevantes: Las familias están fuertemente endeudadas y el poder adquisitivo de los salarios apenas ha aumentado en diez años. La participación de los asalariados en la riqueza nacional cada vez es menor. El endeudamiento ha pasado del 45 por 100 de la Renta Bruta Disponible en 1996 al 125 por 100 en 2006. La capacidad de ahorro de las familias ha disminuido y se encuentran en una mala situación para hacer frente a las subidas de los tipos de interés. Según la OCDE, el salario medio real en España aumentó un 1,95 por 100 de media anual durante el periodo 1990-1995, en tanto que disminuyó un 0,5 por 100 entre 1995 y 2000 y cayó un 0,3 por 100 de media anual entre el 2000 y el 2005. Según los datos del INE para 2006, las rentas salariales representaron el 46,4 por 100 del PIB, lo que supone 3,2 puntos menos que hace diez años. Se ha producido un aumento de la presión fiscal y el aumento de los impuestos no ha servido para mejorar la distribución de la renta. El aumento de la presión fiscal se produce, principalmente, debido a que las bases impositivas no se han revisado con la inflación. La OCDE calcula que, en España, la presión fiscal ha pasado del 34,7 por 100 del PIB en 2004 al 36,7 por 100 en 2006. Como consecuencia, se ha reducido la renta disponible por los ciudadanos y ha empeorado su nivel de bienestar El aumento de impuestos ha supuesto un incremento de las desigualdades económicas entre los españoles. De este modo, de acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice que se utiliza para medir la desigualdad, el Índice de Gini, ha aumentado de 30,7 en 2004 a 31,1 en 2006. Visto de otra manera, si el primero de esos años la renta del 20 por 100 de la población más rica era, en promedio, 5,1 veces mayor que la del 20 por 100 de la población más pobre, en el año 2006 esa desproporción había aumentado hasta 5,3. El precio de la vivienda en España se ha triplicado durante la década que ha durado la burbuja inmobiliaria, provocando una peligrosa sobredimensión del sector de la construcción. Ese aumento de los precios ha excluido a amplios colectivos de ciudadanos, especialmente a los jóvenes, del acceso a una vivienda digna. Se estima que un joven español debe usar el 69 por 100 de su sueldo para pagar la hipoteca por adquisición de una vivienda. En el caso añadido que sea mujer, este porcentaje se eleva al 77,7 por 100. El sector de la construcción ocupa al 13 por 100 del empleo en España y genera el 18,5 por 100 del PIB. Ambos porcentajes duplican, aproximadamente, la media europea. Antes de 1997, en España se construían entre 200.000 y 250.000 viviendas nuevas cada año. En 2005, se construyeron 800.000, más que el total combinado de Alemania, Francia e Italia. El mercado de trabajo presenta elevadas tasas de temporalidad y dualidad, la productividad está prácticamente estancada en todos los sectores. Pese a la reducción del desempleo observada en los últimos años, España todavía mantiene unos niveles de empleo insuficientes. El crecimiento del empleo se ha producido con una escasa contribución del progreso tecnológico: la creación de empleo ha sido mayor en los sectores de baja intensidad tecnológica, esto es, los menos competitivos, y se ha beneficiado de una intensa moderación de los costes laborales. Así, durante el periodo 1996-2000, el coste laboral unitario creció a una tasa anual media del 2,3 por 100, en tanto el deflactor del PIB (i.e., la inflación) lo hizo a una tasa del 2,9 por 100. En el periodo 2001-2006, el crecimiento medio del coste laboral unitario fue de 2,75 por 100, en tanto que el crecimiento medio del deflactor del PIB fue del 4,01%. A la actual situación del mercado de trabajo español han contribuido varios factores: en primer lugar, el modelo económico seguido por la economía española se ha basado fundamentalmente en sectores de baja productividad y protegidos de la competencia internacional —fundamentalmente, construcción y servicios de bajo valor añadido—. En dichos sectores se han producido enormes excedentes brutos de explotación que en nada han contribuido a la estabilidad de precios. Este modelo de crecimiento es difícilmente sostenible, y su sesgo sectorial explica la baja tasa de crecimiento de la productividad y con ello de la competitividad. En segundo lugar, en un contexto de mayor competencia internacional y movilidad de los factores de producción, el empleo se ha vuelto más volátil y la oferta de trabajo más heterogénea —mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo así como de los inmigrantes—. Como consecuencia, el actual diseño de la cobertura de la protección por desempleo no tiene efectos homogéneos sobre el conjunto de la población al tiempo que resulta ser insuficiente para los más desfavorecidos. Las empresas, por otro lado, deben hacer frente a un contexto de mayor intensidad en la competencia sin disponer de un mercado de trabajo lo suficientemente flexible que les permita adaptarse a un entorno cambiante. En tercer lugar, las distintas reformas del mercado de trabajo que se han llevado a cabo en la última década no han sido capaces de proporcionar el suficiente nivel de seguridad a los trabajadores para dotarles de más estabilidad en sus condiciones de empleo, ni tampoco han dotado a las empresas de la suficiente flexibilidad. Por el contrario, en el mejor de los casos, esas reformas han supuesto un incremento de la flexibilidad a costa de un empeoramiento de la seguridad, cuando no se ha reducido la seguridad sin contribuir significativamente a la flexibilidad. Así, las reformas realizadas en el mercado de trabajo por los distintos gobiernos han sido parciales y, por tanto, sin tener en cuenta los efectos opuestos que las distintas medidas puedan tener sobre la flexibilidad y la seguridad. En ausencia de reformas de fondo, las empresas se han dotado de flexibilidad mediante la contratación temporal, con efectos muy negativos sobre la productividad. El diferencial de inflación con respecto a la zona euro se amplía erosionando seriamente la competitividad de la economía española. El diferencial de inflación actual se sitúa por encima de un punto porcentual con respecto a la zona del euro. Ello significa que la inflación española es más de 1,4 veces superior a la europea, de manera que no puede considerarse un mero mecanismo de ajuste dentro de la zona monetaria del euro. Un diferencial de inflación tan amplio señala que la relación de España con la zona euro no puede considerarse similar a las relaciones que tradicionalmente han tenido las Comunidades Autónomas con el resto del país, y que, por tanto, el desequilibrio del sector exterior es a todas luces excesivo. En definitiva, el diferencial de inflación refleja el deterioro de la relación real de intercambio entre los bienes y servicios españoles en relación con los del resto de la zona. La persistencia de tal inflación diferencial indica la existencia de características estructurales de la economía española ligadas a los mecanismos de fijación de precios y salarios que hacen que el ajuste vía precios sea muy lento, con importantes distorsiones sobre la capacidad competitiva de la economía: las exportaciones españolas, al ser de un nivel tecnológico medio, dependen crucialmente de los precios para poder competir. Como se ha señalado anteriormente, el modelo de crecimiento español se ha basado fundamentalmente en el sector servicios, junto al de la construcción. Los precios del sector servicios presentan una mayor rigidez, varían con menor frecuencia. El que los precios de los servicios se caractericen por un proceso de ajuste sistemáticamente más largo, podría generar divergencias importantes y persistentes entre las tasas de inflación. El control de la inflación exige por tanto medidas que España refleja cada vez unos peores índices de competitividad internacional, y como consecuencia acumula un enorme déficit exterior, la deuda externa se ha disparado y la inversión extranjera directa encuentra cada vez menos atractivo nuestro país. Tradicionalmente, el sector exterior de la economía española ha tenido un efecto anticíclico sobre el crecimiento económico. Lo novedoso de la situación actual es el largo periodo de crecimiento económico compatible con elevadísimos déficit externos. Este extenso periodo de crecimiento no se podría entender sin la integración de España en la zona euro, que ha permitido compatibilizar el déficit externo con altos niveles de tipo de cambio y tipos de interés excepcionalmente bajos. Esta situación, que podría considerarse ventajosa, ha tenido su lado oscuro en el crecimiento tendencial del déficit externo el cual, en condiciones tradicionales, hubiera producido una devaluación del tipo de cambio y un aumento del tipo de interés, lo que se hubiera traducido en una fuerte contracción de la demanda interna, acompañada de una reducción del déficit exterior reduciendo el desequilibrio. La existencia de un sector exterior fuertemente deficitario, combinado con un superávit de las Administraciones Públicas, ha generado un elevadísimo endeudamiento del sector privado de la economía, i.e. familias y empresas. Esta debilidad externa, además de ser un indicador de un crecimiento desequilibrado, expone a nuestro país a sufrir, en mayor grado que otros, los efectos negativos de las crisis financieras internacionales, como en el caso de la actual crisis internacional del crédito. Se estima que la necesidad de financiación de la economía española puede situarse en torno al 10 por 100 del PIB. En el contexto actual de crisis crediticia implicará una disminución en la concesión de préstamos, un endurecimiento de sus condiciones y, por tanto, una reducción del consumo y del PIB. Los primeros síntomas de la crisis financiera ya se empiezan a sentir: ralentización del crecimiento, aumento de la inflación y del desempleo. Esta nueva coyuntura amenaza con transformar el círculo virtuoso en el que estaba instalada la economía española, con el punto oscuro del déficit exterior, en un círculo vicioso, en el que a la caída del consumo y el PIB, sigan la del empleo y los ingresos fiscales. La prestigiosa institución World Economic Forum, en su indicador general de competitividad, señala que, en 2006, España ocupaba el puesto 31 entre 125 países evaluados. Ese puesto estaba por debajo del de los principales países europeos. Y lo que es peor, desde 2001 España ha perdido ocho puestos. La participación española en el comercio mundial se ha dio reduciendo hasta el actual 1,8 por 100. Además, España cuenta con una escasa presencia en los mercados de mayor crecimiento, como China, India o el Este de Europa. El déficit exterior alcanzó el 8,5 por 100 del PIB en 2006, con un montante de 83.000 millones de euros, el segundo más elevado del mundo en términos absolutos después del de Estados Unidos —que, en porcentaje de su PIB, supone sólo el 5,5 por 100—. Hasta septiembre de 2007, el déficit exterior español se ha elevado al 9,8 por 100 del PIB. España ha acumulado una considerable deuda externa. La Posición de Inversión Internacional Neta (PII) ha pasado de registrar una deuda del 25 por 100 del PIB en 2000 a otra del 58 por 100 del PIB en 2006. La deuda acumulada con el exterior está en torno a los 700.000 millones de euros, existiendo dudas razonables de su sostenibilidad, más aún en el actual contexto de restricciones al crédito en los mercados internacionales consecuencia de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos. Además, como ya se ha señalado, la participación española en el comercio mundial se ha venido reduciendo desde el 2001, lo cual pone en duda también la capacidad de la economía para devolver lo prestado. Si en el período 2000–2003, las inversiones extranjeras alcanzaron un promedio de 33.300 millones de euros al año, en la legislatura actual tan sólo se han obtenido 18.700 millones anuales. Esta caída de más del 40 por 100 en la inversión extranjera afecta severamente al equilibrio exterior de la economía española. El intenso crecimiento de la economía española se ha beneficiado de las transferencias comunitarias, cuya disminución ha repercutido negativamente en las inversiones públicas, especialmente en las regiones de menor desarrollo. Las transferencias comunitarias supusieron una aportación neta del 1 por 100 del PIB hasta el momento en que se produjo la ampliación europea. Desde entonces, debido a que los nuevos socios de la Unión Europea tienen un menor nivel de renta que el español, la cuantía de los fondos estructurales y de cohesión que llegan a España se ha reducido drásticamente. La economía española ha crecido en parte debido al fuerte aumento de la mano de obra extranjera; ésta se enfrenta actualmente a la fragilidad del modelo de crecimiento, de manera que si la construcción u otros sectores demandantes de trabajo poco cualificado reducen su actividad, las condiciones de vida de los inmigrantes pueden empeorar sensiblemente. De los 500.000 extranjeros residentes en España en el año 1995, que significaban poco más del 1 por 100 de la población, se ha pasado a cerca de 4.150.000 en 2006, un 9,2 por 100 de la población total. La Encuesta de Población Activa del INE muestra que, en el tercer trimestre de 2007, la tasa de paro de los extranjeros es del 11,8 por 100, cuando la de los españoles se sitúa en el 7,4 por 100. El sistema tributario presenta importantes distorsiones y grava fuertemente las rentas salariales en comparación con las no salariales. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) —que representa el 62 por 100 de los impuestos directos y el 35 por 100 del conjunto total de los impuestos pagados por los españoles— es un impuesto que grava fundamentalmente los salarios. Debido a su deficiente diseño, las rentas mixtas de los profesionales y empresarios, así como una buena parte de las rentas del capital, se encuentran insuficientemente gravadas. Los declarantes con tramos de renta entre 21.000 y 60.000 euros, que representan el 22 por 100 de los contribuyentes, aportan el 48 por 100 de la recaudación total por el IRPF, en tanto que los contribuyentes en el tramo superior a 60.000 euros, sólo contribuyen con el 2 por 100 del total. En conclusión, España ha seguido un modelo de crecimiento basado en sectores protegidos de la competencia internacional y de bajo valor añadido, un crecimiento lastrado por la continua pérdida de competitividad y con el riesgo de que los desequilibrios, de mantenerse la situación, se corrijan vía desaceleración de la actividad y destrucción de empleo, con evidentes efectos negativos sobre la renta de las familias, especialmente las menos favorecidas. Dado que España se encuentra integrada en la zona euro, las decisiones sobre el tipo de interés están en manos del Banco Central Europeo y el tipo de cambio depende, a su vez, del tipo de interés y de las balanzas comerciales agregadas de los países que componen el grupo. Las únicas políticas económicas que el Gobierno puede manejar son las de carácter microeconómico, mejorando la eficiencia en el funcionamiento de los mercados, así como la política fiscal a través de los presupuestos y sus decisiones acerca de los ingresos y gastos públicos. Para UPyD los objetivos centrales de política macroeconómica deben ser los siguientes: • Mantener una elevada actividad económica, mejorando los niveles actuales de ocupación sin deteriorar aún mas las cuentas exteriores. • Reducir el diferencial de inflación con los países de la zona euro, lo que tendrá un impacto significativo en la mejora del déficit externo, en la actividad económica y en la distribución de la renta. • Mejorar la equidad de la distribución de la renta tanto personal como espacial, reduciendo las elevadas diferencias que se observan tanto entre personas como entre comunidades. La inflación en España esta fuertemente correlacionada por el lado de la oferta con la evolución de los costes laborales unitarios que a su vez dependen de la evolución de los salarios y de la productividad por ocupado. Para UPyD, que pretende mantener y mejorar la capacidad adquisitiva de los salarios reales, es la productividad no aparente de la ocupación —es decir la que no esta generada por la reducción de empleo— la que debe ser incentivada mediante políticas de largo plazo con mayor inversión en I+D, mejora urgente del sistema educativo y supresión de las barreras que un sistema autonómico caótico está imponiendo a los trabajadores, los bienes y los servicios. Por el lado de la demanda, el desequilibrio entre oferta y demanda de bienes y servicios, es un factor que en el corto plazo incide en el diferencial de inflación. La reducción del diferencial de inflación tendría un efecto muy positivo sobre el sector exterior. UPyD se adhiere a la idea de que el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos constituye un principio general de actuación de las Administraciones Públicas. Con la premisa del equilibrio presupuestario, la política fiscal se enfrenta a la necesidad de hacer frente a una caída de actividad económica y del empleo. Por ello, debe combinar el sostenimiento o incluso el alivio de la presión fiscal con la restricción del gasto público, singularmente en los capítulos consuntivos del presupuesto. Mejorar la distribución de la renta, tanto personal como espacial, significa luchar contra la desigualdad y, de forma especial, contra la pobreza. La desigualdad en la percepción de rentas guarda una estrecha relación con el desempleo y, en menor medida, con la inflación. Esa desigualdad puede ser corregida a través de la política social; sin embargo, en España el gasto social es relativamente débil y, ya desde los años noventa, apenas ha favorecido la corrección de las desigualdades. En este sentido, en la última legislatura, el PSOE no se ha anotado ningún logro en esta materia y, como antes se ha señalado, la desigualdad ha aumentado. Asimismo, el gobierno del PSOE no ha conseguido ningún avance en la reducción de la pobreza y ésta sigue afectando al 19,9 por 100 de los españoles. Por ello, la política fiscal de UPyD irá dirigida a mantener la actividad económica y reducir los desequilibrios macroeconómicos, así como a aminorar las diferencias de renta entre los españoles. SEIS PROPUESTAS PARA UN CRECIMIENTO EQUILIBRADO Y 1. Reforma fiscal: una tributación menos gravosa para los salarios. • Reducción de la presión fiscal por el IRPF al nivel de 2004 mediante una indexación generalizada de las bases impositivas. Ello supone un beneficio para todos los ciudadanos, con independencia de su nivel de renta. Además, en una coyuntura de bajo crecimiento en la demanda de consumo, supondrá un alivio para ésta. Se estima que esta reducción en el IRPF implicará un coste recaudatorio de unos 6.200 millones de €. Para no incurrir en déficit presupuestario, tal coste puede compensarse mediante la supresión de las transferencias implícitas en la estimación del Cupo Vasco (2.060 millones de €) y de la Aportación Navarra (644 millones de €), la reducción a la mitad de los gastos publicitarios del Estado (150 millones de €), la supresión de los programas presupuestarios establecidos con fines electoralistas —cheque bebé, vivienda verde, alquiler de vivienda, ampliación de prestaciones sanitarias— o de compensación a los partidos nacionalistas de Cataluña, País Vasco y Galicia (3.037 millones de €), la reducción de la subvención del Estado a RTVE (300 millones de €) y la racionalización de la Administración Central y la supresión de las Diputaciones Provinciales (120 millones de €). • Convergencia en la tributación de las retribuciones salariales y no salariales. • Simplificación del IRPF para evitar la desnaturalización que sufren las bases imponibles debido al complicado entramado de deducciones y bonificaciones aplicables que generan distorsiones en el impuesto. • Mejora en la lucha contra el fraude y sobre el control de las rentas no salariales. • Reducción del incentivo a la huída del IRPF de quienes pueden acogerse legalmente a la figura de persona jurídica y tributar su rendimiento por el Impuesto de Sociedades. • Mejora de la tributación de los planes privados de pensiones. 2. Política y consolidación fiscales: un gasto público productivo. No gastar más, gastar mejor. • Establecimiento de objetivos de consolidación fiscal plurianuales. • Modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para incluir una cláusula por la que el déficit permitido de acuerdo a la regla fiscal establecida no pueda financiar consumo privado sino, necesariamente, inversión pública que conlleve un retorno futuro. Introducir además la regla de que el superávit público deba emplearse para resolver los problemas estructurales de la economía española —falta de competitividad, déficit tecnológico, mejora del sistema educativo, mercado de trabajo segmentado y con escasa movilidad— y no para financiar gastos consuntivos, como consecuencia del gasto demandado por el cada vez más complejo e intricado sistema autonómico, al que se le ha añadido, la reforma de los estatutos autonómicos. • Creación de un órgano independiente y autónomo de fiscalización del gasto público que controle la cuantía del gasto público y naturaleza del mismo. • Reducción del gasto público corriente mediante la supresión de organismos innecesarios o redundantes, entre ellos, los Ministerios de Vivienda y Cultura, en la Administración Central, y las Diputaciones Provinciales, en la Local, y de funciones superpuestas entre las diferentes Administraciones, el ajuste en el tamaño y funciones de RTVE, limitando su actividad a la información, la difusión cultural y el acceso al medio de los grupos sociales, o la disminución de las campañas publicitarias del Estado. • Mejora de la eficiencia del gasto público mediante la creación de un órgano independiente de evaluación de las políticas públicas cuyos dictámenes serán remitidos al Parlamento. 3. Reforma del mercado de trabajo: más flexibilidad y más seguridad. • Introducir reformas globales en el mercado de trabajo que permitan mejorar la relación de intercambio entre flexibilidad y seguridad y que no fomenten el intercambio de flexibilidad por estabilidad. • Flexibilizar el mercado de trabajo reduciendo la intervención pública en las extinciones de empleo y la excesiva judicialización de las relaciones laborales, si bien, flexibilización debe entenderse como un concepto más amplio y no limitado únicamente a las facilidades a disposición de las empresas a la contratación o despido de trabajadores. • Aumentar la eficiencia de la protección por desempleo con un mejor diseño de las prestaciones y de sus cuantías. • Mejorar el cruce desempleado-vacante mediante el uso de políticas activas. • Mejorar la estabilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo. • Reestructurar la negociación colectiva, ligando más los incrementos salariales a la productividad. Indiciar los salarios a la inflación media anual y no a la de un mes concreto para atenuar el efecto pro-cíclico de las cláusulas de revisión salarial sobre la evolución de los precios. • Creación de un organismo independiente de evaluación de las políticas públicas de empleo. • Mejorar la flexibilidad horaria de los trabajadores. 4. Lucha contra la inflación: recuperar competitividad y poder adquisitivo, liberalización sin subida de precios. • Introducir mayor competencia en el sector servicios, incluidos los servicios públicos. • Ligar los incrementos en los precios administrados a mejoras del servicio y no emplear tales incrementos como instrumentos recaudatorios. • Asignación al Banco de España de la responsabilidad de establecer anualmente la previsión oficial de inflación. Esa previsión la anunciará, al finalizar el mes de octubre, el Gobernador del Banco de España, haciendo públicos los supuestos y estudios en los que se fundamenta, así como el dictamen que, sobre el tema, emita el Servicio de Estudios. Al final de cada año, el Gobernador comparecerá en el Congreso de los Diputados para explicar las causas de los errores de previsión en los que hubiera incurrido. • Promover una correcta liberalización de los mercados al tiempo que se mejora la regulación de los mismos para evitar prácticas anticompetitivas y colusivas que se trasladen a incrementos de precios. • Aumentar la capacidad sancionadora de los órganos supervisores de los mercados. 5. Fomento de la productividad: hacia una economía competitiva. • Aumentar el gasto en I+D+i, favoreciendo la conexión entre investigación universitaria y empresa, para incrementar la productividad total de los factores. • Supresión de las barreras que un sistema autonómico caótico está imponiendo a los trabajadores y las empresas. 6. Mejorar la equidad y distribución de la renta. • Mejorar la equidad de la distribución de la renta tanto personal como espacial, reduciendo las elevadas diferencias que se observan tanto entre personas como entre comunidades. • Eliminación de políticas demagógicas de reparto de prebendas a determinados grupos sociales, de utilización de las inversiones públicas para contentar a los partidos nacionalistas o de creación de ayudas que benefician a unos pocos a costa de todos los demás que tienen que financiarlas. La subasta electoralista de ventajas y canonjías es incompatible con la estabilidad macroeconómica. .(Barcelona Girona Lleida Tarragona Lerida Gerona Madrid Bilbao Valencia, Congreso Cortes Corts España Senado Congrès Senat) 
MACROECONÓMICA UN MODELO DE CRECIMIENTO CON DEMASIADAS INCERTIDUMBRES: Los españoles afrontamos las próximas elecciones generales dentro de un clima económico lleno de incertidumbre. En los últimos meses hemos asistido a la elevación de los tipos de interés, a un repunte muy acusado de la tasa de inflación y, en general, a un empeoramiento de nuestras perspectivas para el futuro. Ello no es sino el resultado del agotamiento del modelo de crecimiento que ha caracterizado a la economía española durante la última década.
El mercado de trabajo presenta una clara dualidad, esto es, está segmentado en dos grupos de trabajadores claramente diferenciados, aquellos con trabajos seguros y bien remunerados, y aquellos en condiciones precarias y con bajos salarios. Ligado al problema de dualidad está el de la temporalidad, España presenta una tasa de temporalidad del 34 por 100, muy por encima de la media europea que se sitúa en torno al 15 por 100. A esto, cabe añadir una desigual e ineficiente cobertura de la protección social, así como una baja tasa de crecimiento de la productividad. Menos del 9 por 100 de los trabajadores españoles dispone de horario flexible, frente al 23 por 100 de media en nuestros socios comunitarios. En estas condiciones, la conciliación de la vida familiar y profesional se hace muy difícil. introduzcan mayor competitividad en el sector servicios, incluidos los servicios públicos. La medidas de liberalización deben ir precedidas de una reestructuración de los órganos supervisores de los mercados que impida prácticas colusivas o anticompetitivas que se trasladen a subidas de precios. Mayor competencia, una política fiscal saneada así como un mercado de trabajo menos rígido constituyen los pilares de la política económica de control de la inflación.UNA POLÍTICA MACROECONÓMICA PARA EL FUTURO.
EQUITATIVO
• Incentivar la movilidad geográfica y reducir las trabas a la movilidad entre Comunidades Autónomas.• Mejorar la calidad de la educación y de la formación en el puesto de trabajo.
• Atraer la inversión extranjera directa hacia los sectores de media y alta tecnología.
Meneame
del.icio.us
ARGELAGUER Juan R. Lejarza
Unió Progresso i Democrácia (UPyD): Programa Electoral, Eleccions Generals Espanya 2008.
POLÍTIQUES ECONÒMIQUES I SOCIALS; I. POLÍTICA MACROECONÓMICA UN MODEL DE CREIXEMENT AMB MASSA INCERTESES:
Els espanyols afrontem les pròximes eleccions generals dintre d'un clima econòmic ple d'incertesa. En els últims mesos hem assistit a l'elevació dels tipus d'interès, a un repunte molt acusat de la taxa d'inflació i, en general, a un empitjorament de les nostres perspectives per al futur. Això no és sinó el resultat de l'esgotament del model de creixement que ha caracteritzat a l'economia espanyola durant l'última dècada.
Aquest model de creixement econòmic va ser iniciat pel Partit Popular durant la seva primera legislatura. En aquest moment va poder estar justificat com mètode de sortida de la crisi que s'havia desencadenat en 1992 i de l'estancamiento posterior. No obstant això, no és un model equilibrat, ni sostenible a llarg termini. El PSOE ha incorregut en la responsabilitat de mantenir-ho, sense reformes substancials, durant els últims quatre anys. Així s'ha arribat a la situació actual d'esgotament del model, com assenyalen les dades referides als indicadors de confiança dels consumidors i empresaris, de venda d'automòbils, de consum de ciment o d'evolució del preu dels habitatges usats.
La dècada de creixement que ha gaudit l'economia espanyola s'ha sustentat en la fortalesa del consum de les famílies, pel costat de la demanda, i en el sector de la construcció, pel de l'oferta, impulsats ambdós pels baixos tipus d'interès ?que han facilitat l'endeutament? i per l'espectacular increment del preu de l'habitatge. Famílies i empreses han gastat per sobre de la seva renda, acumulant en el procés un considerable deute. Avui ja no és possible arribar més lluny a partir d'aquests fonaments.
UPyD ofereix en el seu programa econòmic un model alternatiu al dels dos partits al·ludits, més sòlid i viable a llarg termini. UPyD pot diferenciar-se tant de PP com de PSOE, al no haver tingut responsabilitats en la génesis dels problemes actuals, quan la desaceleración de l'economia desmenteix amb els fets el discurs triunfalista del PSOE i evidencia el malestar i la incertesa que viuen els ciutadans.
I. POLÍTICA MACROECONÓMICA UN MODEL DE CREIXEMENT AMB MASSA INCERTESES
L'economia espanyola ha tingut un bon comportament durant els últims deu anys. Durant aquest període la nostra economia s'ha beneficiat d'un intens creixement: la taxa mitja anual de creixement del PIB real s'ha situat en el 3,8%, molt per sobre de la registrada per al conjunt de la UME, que va ser del 2,2%, o la d'Estats Units, del 3.2 %. Al mateix temps s'ha estret la diferència entre el PIB per cápita espanyol pel que fa a la mitjana de la UME, situant-se Espanya en l'actualitat per sobre de la mitjana per als 27 països comunitaris. L'atur, mesurat sobre la base de la definició armonizada, ha descendit des d'un 19,5 % registrat en 1994, fins a l'actual 8 % per al tercer trimestre de 2007, reducció acompanyada d'una forta elevació de la taxa d'activitat. El consum privat va créixer a una taxa pròxima al 4% anual, sent del 2 % en la zona euro per al mateix període. El deute públic s'ha reduït des d'un 68,1 % sobre el PIB en 1996, fins a un 39,7 % a la fi de 2006.
No obstant això, després de les grans xifres macroeconómicas del model de creixement que ha seguit l'economia espanyola, s'amaguen incerteses i ombres que, unides a l'actual intensificación de la dinàmica de desaceleración, posen en dubte la sostenibilitat del creixement i el propi model econòmic que ho ha sustentat. Vegem les més rellevants:
Les famílies estan fortament endeutades i el poder adquisitiu dels salaris tot just ha augmentat en deu anys. La participació dels asalariados en la riquesa nacional cada vegada és menor.
L'endeutament ha passat del 45 per 100 de la Renda Bruta Disponible en 1996 al 125 per 100 en 2006. La capacitat d'estalvi de les famílies ha disminuït i es troben en una mala situació per a fer enfront de les pujades dels tipus d'interès.
Segons l'OCDE, el salari mig real a Espanya va augmentar un 1,95 per 100 de mitjana anual durant el període 1990-1995, mentre que va disminuir un 0,5 per 100 entre 1995 i 2000 i va caure un 0,3 per 100 de mitjana anual entre el 2000 i el 2005.
Segons les dades de l'INE per a 2006, les rendes salarials van representar el 46,4 per 100 del PIB, el que suposa 3,2 punts menys que fa deu anys.
S'ha produït un augment de la pressió fiscal i l'augment dels impostos no ha servit per a millorar la distribució de la renda.
L'augment de la pressió fiscal es produeix, principalment, a causa de que les bases impositives no s'han revisat amb la inflació. L'OCDE calcula que, a Espanya, la pressió fiscal ha passat del 34,7 per 100 del PIB en 2004 al 36,7 per 100 en 2006. Com conseqüència, s'ha reduït la renda disponible pels ciutadans i ha empitjorat el seu nivell de benestar
L'augment d'impostos ha suposat un increment de les desigualtats econòmiques entre els espanyols. D'aquesta manera, d'acord amb la informació publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'índex que s'utilitza per a mesurar la desigualtat, l'Índex de Gini, ha augmentat de 30,7 en 2004 a 31,1 en 2006. Vist d'una altra manera, si el primer d'aquests anys la renda del 20 per 100 de la població més rica era, en promedio, 5,1 vegades major que la del 20 per 100 de la població més pobra, en l'any 2006 aquesta desproporción havia augmentat fins a 5,3.
El preu de l'habitatge a Espanya s'ha triplicat durant la dècada que ha durat la bombolla immobiliària, provocant una perillosa sobredimensión del sector de la construcció.
Aquest augment dels preus ha exclòs a amplis col·lectius de ciutadans, especialment als joves, de l'accés a un habitatge digne. S'estima que un jove espanyol ha d'usar el 69 per 100 del seu sou per a pagar la hipoteca per adquisició d'un habitatge. En el cas afegit que sigui dona, aquest percentatge s'eleva al 77,7 per 100.
El sector de la construcció ocupa al 13 per 100 de l'ocupació a Espanya i genera el 18,5 per 100 del PIB. Ambdós percentatges dupliquen, aproximadament, la mitjana europea. Abans de 1997, a Espanya es construïen entre 200.000 i 250.000 habitatges nous cada any. En 2005, es van construir 800.000, més que el total combinat d'Alemanya, França i Itàlia.
El mercat de treball presenta elevades taxes de temporalitat i dualidad, la productivitat està pràcticament estancada en tots els sectors.
Malgrat la reducció de l'atur observada en els últims anys, Espanya encara manté uns nivells d'ocupació insuficients. El creixement de l'ocupació s'ha produït amb una escassa contribució del progrés tecnològic: la creació d'ocupació ha estat major en els sectors de baixa intensitat tecnològica, això és, els menys competitius, i s'ha beneficiat d'una intensa moderació dels costos laborals. Així, durant el període 1996-2000, el cost laboral unitari va créixer a una taxa anual mitjana del 2,3 per 100, en tant el deflactor del PIB (i.i., la inflació) ho va fer a una taxa del 2,9 per 100. En el període 2001-2006, el creixement mig del cost laboral unitari va ser de 2,75 per 100, mentre que el creixement mig del deflactor del PIB va ser del 4,01%.
El mercat de treball presenta una clara dualidad, això és, està segmentado en dos grups de treballadors clarament diferenciats, aquells amb treballs segurs i bé remunerats, i aquells en condicions precàries i amb baixos salaris. Lligat al problema de dualidad està el de la temporalitat, Espanya presenta una taxa de temporalitat del 34 per 100, molt per sobre de la mitjana europea que se situa entorn del 15 per 100. A això, cap afegir una desigual i ineficiente cobertura de la protecció social, així com una baixa taxa de creixement de la productivitat. Menys del 9 per 100 dels treballadors espanyols disposa d'horari flexible, enfront del 23 per 100 de mitjana en els nostres socis comunitaris. En aquestes condicions, la conciliació de la vida familiar i professional es fa molt difícil.
A l'actual situació del mercat de treball espanyol han contribuït diversos factors: en primer lloc, el model econòmic seguit per l'economia espanyola s'ha basat fonamentalment en sectors de baixa productivitat i protegits de la competència internacional ?fonamentalment, construcció i serveis de baix valor afegit?. En dits sectors s'han produït enormes excedentes bruts d'explotació que en gens han contribuït a l'estabilitat de preus. Aquest model de creixement és difícilment sostenible, i el seu sesgo sectorial explica la baixa taxa de creixement de la productivitat i amb això de la competitivitat.
En segon lloc, en un context de major competència internacional i mobilitat dels factors de producció, l'ocupació s'ha tornat més volátil i l'oferta de treball més heterogènia ?major participació de la dona en el mercat de treball així com dels immigrants?. Com conseqüència, l'actual disseny de la cobertura de la protecció per atur no té efectes homogenis sobre el conjunt de la població al mateix temps que resulta ser insuficient per als més desfavorits. Les empreses, d'altra banda, han de fer enfront d'un context de major intensitat en la competència sense disposar d'un mercat de treball el suficientment flexible que els permeti adaptar-se a un entorn cambiante.
En tercer lloc, les distintes reformes del mercat de treball que s'han dut a terme en l'última dècada no han estat capaces de proporcionar el suficient nivell de seguretat als treballadors per a dotar-los de més estabilitat en les seves condicions d'ocupació, ni tampoc han dotat a les empreses de la suficient flexibilitat. Pel contrari, en el millor dels casos, aquestes reformes han suposat un increment de la flexibilitat a costa d'un empitjorament de la seguretat, quan no s'ha reduït la seguretat sense contribuir significativamente a la flexibilitat. Així, les reformes realitzades en el mercat de treball pels distints governs han estat parcials i, per tant, sense tenir en compte els efectes oposats que les distintes mesures puguin tenir sobre la flexibilitat i la seguretat. En absència de reformes de fons, les empreses s'han dotat de flexibilitat mitjançant la contractació temporal, amb efectes molt negatius sobre la productivitat.
El diferencial d'inflació pel que fa a la zona euro s'amplia erosionando seriosament la competitivitat de l'economia espanyola.
El diferencial d'inflació actual se situa per sobre d'un punt percentual pel que fa a la zona de l'euro. Això significa que la inflació espanyola és més de 1,4 vegades superior a l'europea, de manera que no pot considerar-se un mer mecanisme d'ajust dintre de la zona monetària de l'euro. Un diferencial d'inflació tan ampli assenyala que la relació d'Espanya amb la zona euro no pot considerar-se similar a les relacions que tradicionalment han tingut les Comunitats Autònomes amb la resta del país, i que, per tant, el desequilibri del sector exterior és a totes llums excessiu. En definitiva, el diferencial d'inflació reflecteix la deterioració de la relació real d'intercanvi entre els béns i serveis espanyols en relació amb els de la resta de la zona.
La persistencia de tal inflació diferencial indica l'existència de característiques estructurals de l'economia espanyola lligades als mecanismes de fixació de preus i salaris que fan que l'ajust via preus sigui molt lent, amb importants distorsions sobre la capacitat competitiva de l'economia: les exportacions espanyoles, a l'ésser d'un nivell tecnològic mig, depenen crucialmente dels preus per a poder competir.
Com s'ha assenyalat anteriorment, el model de creixement espanyol s'ha basat fonamentalment en el sector serveis, al costat del de la construcció. Els preus del sector serveis presenten una major rigidesa, varien amb menor freqüència. El qual els preus dels serveis es caracteritzin per un procés d'ajust sistemàticament més llarg, podria generar divergencias importants i persistentes entre les taxes d'inflació.
El control de la inflació exigeix per tant mesures que introdueixin major competitivitat en el sector serveis, inclosos els serveis públics. La mesures de liberalización han d'anar precedides d'una reestructuració dels òrgans supervisores dels mercats que impedeixi pràctiques colusivas o anticompetitivas que es traslladin a pujades de preus. Major competència, una política fiscal saneada així com un mercat de treball menys rígid constitueixen els pilars de la política econòmica de control de la inflació.
Espanya reflecteix cada vegada uns pitjors índexs de competitivitat internacional, i com conseqüència acumula un enorme dèficit exterior, el deute extern s'ha disparat i la inversió estrangera directa troba cada vegada menys atractiu el nostre país.
Tradicionalment, el sector exterior de l'economia espanyola ha tingut un efecte anticíclico sobre el creixement econòmic. El nou de la situació actual és el llarg període de creixement econòmic compatible amb elevadísimos dèficit externs. Aquest extens període de creixement no es podria entendre sense la integració d'Espanya en la zona euro, que ha permès compatibilitzar el dèficit extern amb alts nivells de tipus de canvi i tipus d'interès excepcionalment baixos. Aquesta situació, que podria considerar-se avantatjosa, ha tingut el seu costat fosc en el creixement tendencial del dèficit extern el qual, en condicions tradicionals, hagués produït una devaluación del tipus de canvi i un augment del tipus d'interès, el que s'hagués traduït en una forta contracción de la demanda interna, acompanyada d'una reducció del dèficit exterior reduint el desequilibri.
L'existència d'un sector exterior fortament deficitari, combinat amb un superàvit de les Administracions Públiques, ha generat un elevadísimo endeutament del sector privat de l'economia, i.i. famílies i empreses. Aquesta debilitat externa, a més de ser un indicador d'un creixement desequilibrat, exposa al nostre país a sofrir, en major grau que uns altres, els efectes negatius de les crisis financeres internacionals, com en el cas de l'actual crisi internacional del crèdit. S'estima que la necessitat de finançament de l'economia espanyola pot situar-se entorn del 10 per 100 del PIB. En el context actual de crisi creditícia implicarà una disminució en la concessió de préstecs, un endurecimiento de les seves condicions i, per tant, una reducció del consum i del PIB. Els primers símptomes de la crisi financera ja es comencen a sentir: ralentización del creixement, augment de la inflació i de l'atur. Aquesta nova conjuntura amenaça amb transformar el cercle virtuós en el qual estava instal·lada l'economia espanyola, amb el punt fosc del dèficit exterior, en un cercle vicioso, en el qual a la caiguda del consum i el PIB, segueixin la de l'ocupació i els ingressos fiscals.
La prestigiosa institució World Economic Forum, en el seu indicador general de competitivitat, assenyala que, en 2006, Espanya ocupava el lloc 31 entre 125 països avaluats. Aquest lloc estava per sota el dels principals països europeus. I el que és pitjor, des de 2001 Espanya ha perdut vuit llocs. La participació espanyola en el comerç mundial s'ha va donar reduint fins a l'actual 1,8 per 100. A més, Espanya conta amb una escassa presència en els mercats de major creixement, com Xina, Índia o l'Est d'Europa.
El dèficit exterior va aconseguir el 8,5 per 100 del PIB en 2006, amb un muntant de 83.000 milions d'euros, el segon més elevat del món en termes absoluts després del d'Estats Units ?que, en percentatge del seu PIB, suposa només el 5,5 per 100?. Fins a setembre de 2007, el dèficit exterior espanyol s'ha elevat al 9,8 per 100 del PIB.
Espanya ha acumulat un considerable deute extern. La Posició d'Inversió Internacional Neta (PII) ha passat de registrar un deute del 25 per 100 del PIB en 2000 a una altra del 58 per 100 del PIB en 2006. El deute acumulat amb l'exterior està entorn dels 700.000 milions d'euros, existint dubtes raonables de la seva sostenibilitat, més encara en l'actual context de restriccions al crèdit en els mercats internacionals conseqüència de les hipoteques d'alt risc a Estats Units. A més, com ja s'ha assenyalat, la participació espanyola en el comerç mundial s'ha vingut reduint des del 2001, la qual cosa posa en dubte també la capacitat de l'economia per a retornar el prestat.
Si en el període 2000?2003, les inversions estrangeres van aconseguir un promedio de 33.300 milions d'euros a l'any, en la legislatura actual tan només s'han obtingut 18.700 milions anuals. Aquesta caiguda de més del 40 per 100 en la inversió estrangera afecta severamente a l'equilibri exterior de l'economia espanyola.
L'intens creixement de l'economia espanyola s'ha beneficiat de les transferències comunitàries, la disminució de les quals ha repercutit negativament en les inversions públiques, especialment en les regions de menor desenvolupament.
Les transferències comunitàries van suposar una aportació neta del 1 per 100 del PIB fins al moment en què es va produir l'ampliació europea. Des de llavors, a causa de que els nous socis de la Unió Europea tenen un menor nivell de renda que l'espanyol, la quantia dels fons estructurals i de cohesió que arriben a Espanya s'ha reduït drásticamente.
L'economia espanyola ha crescut en part a causa del fort augment de la mà d'obra estrangera; aquesta s'enfronta actualment a la fragilitat del model de creixement, de manera que si la construcció o altres sectors demandants de treball poc qualificat redueixen la seva activitat, les condicions de vida dels immigrants poden empitjorar sensiblement.
Dels 500.000 estrangers residents a Espanya en l'any 1995, que significaven poc més del 1 per 100 de la població, s'ha passat a prop de 4.150.000 en 2006, un 9,2 per 100 de la població total.
L'Enquesta de Població Activa de l'INE mostra que, en el tercer trimestre de 2007, la taxa d'atur dels estrangers és del 11,8 per 100, quan la dels espanyols se situa en el 7,4 per 100.
El sistema tributari presenta importants distorsions i grava fortament les rendes salarials en comparació de les no salarials.
L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) ?que representa el 62 per 100 dels impostos directes i el 35 per 100 del conjunt total dels impostos pagats pels espanyols? és un impost que grava fonamentalment els salaris. A causa del seu deficient disseny, les rendes mixtes dels professionals i empresaris, així com una bona part de les rendes del capital, es troben insuficientment gravadas. Els declarantes amb trams de renda entre 21.000 i 60.000 euros, que representen el 22 per 100 dels contribuents, aporten el 48 per 100 de la recaptació total per l'IRPF, mentre que els contribuents en el tram superior a 60.000 euros, només contribueixen amb el 2 per 100 del total.
En conclusió, Espanya ha seguit un model de creixement basat en sectors protegits de la competència internacional i de baix valor afegit, un creixement lastrado per la contínua pèrdua de competitivitat i amb el risc que els desequilibris, de mantenir-se la situació, es corregeixin via desaceleración de l'activitat i destrucció d'ocupació, amb evidents efectes negatius sobre la renda de les famílies, especialment les menys afavorides.
UNA POLÍTICA MACROECONÓMICA PER Al FUTUR.
Atès que Espanya es troba integrada en la zona euro, les decisions sobre el tipus d'interès estan en mans del Banc Central Europeu i el tipus de canvi depèn, al seu torn, del tipus d'interès i de les balances comercials agregades dels països que componen el grup. Les úniques polítiques econòmiques que el Govern pot manejar són les de caràcter microeconómico, millorant l'eficiència en el funcionament dels mercats, així com la política fiscal a través dels pressupostos i les seves decisions sobre els ingressos i despeses públiques. Per a UPyD els objectius centrals de política macroeconómica han de ser els següents:
? Mantenir una elevada activitat econòmica, millorant els nivells actuals d'ocupació sense deteriorar encara mes els comptes exteriors.
? Reduir el diferencial d'inflació amb els països de la zona euro, el que tindrà un impacte significatiu en la millora del dèficit extern, en l'activitat econòmica i en la distribució de la renda.
? Millorar l'equitat de la distribució de la renda tant personal com espacial, reduint les elevades diferències que s'observen tant entre persones com entre comunitats.
La inflació a Espanya aquesta fortament correlacionada pel costat de l'oferta amb l'evolució dels costos laborals unitaris que al seu torn depenen de l'evolució dels salaris i de la productivitat per ocupat. Per a UPyD, que pretén mantenir i millorar la capacitat adquisitiva dels salaris reals, és la productivitat no aparent de l'ocupació ?és a dir la qual no aquesta generada per la reducció d'ocupació? la qual ha de ser incentivada mitjançant polítiques de llarg termini amb major inversió en I D, millora urgent del sistema educatiu i supressió de les barreres que un sistema autonòmic caòtic està imposant als treballadors, els béns i els serveis.
Pel costat de la demanda, el desequilibri entre oferta i demanda de béns i serveis, és un factor que en el curt termini incideix en el diferencial d'inflació. La reducció del diferencial d'inflació tindria un efecte molt positiu sobre el sector exterior.
UPyD s'adhereix a la idea que l'equilibri pressupostari entre ingressos i despeses constitueix un principi general d'actuació de les Administracions Públiques. Amb la premissa de l'equilibri pressupostari, la política fiscal s'enfronta a la necessitat de fer enfront d'una caiguda d'activitat econòmica i de l'ocupació. Per això, ha de combinar el sosteniment o fins i tot l'alleugeriment de la pressió fiscal amb la restricció de la despesa pública, singularmente en els capítols consuntivos del pressupost.
Millorar la distribució de la renda, tant personal com espacial, significa lluitar contra la desigualtat i, de forma especial, contra la pobresa. La desigualtat en la percepció de rendes guarda una estreta relació amb l'atur i, en menor mesura, amb la inflació. Aquesta desigualtat pot ser corregida a través de la política social; no obstant això, a Espanya la despesa social és relativament feble i, ja des dels anys noranta, tot just ha afavorit la correcció de les desigualtats. En aquest sentit, en l'última legislatura, el PSOE no s'ha anotat cap assoliment en aquesta matèria i, com abans s'ha assenyalat, la desigualtat ha augmentat. Així mateix, el govern del PSOE no ha aconseguit cap avanç en la reducció de la pobresa i aquesta segueix afectant al 19,9 per 100 dels espanyols.
Per això, la política fiscal d'UPyD anirà dirigida a mantenir l'activitat econòmica i reduir els desequilibris macroeconómicos, així com a aminorar les diferències de renda entre els espanyols.
SIS PROPOSTES PER A UN CREIXEMENT EQUILIBRAT I EQUITATIVO
1. Reforma fiscal: una tributació menys gravosa per als salaris.
Reducció de la pressió fiscal per l'IRPF al nivell de 2004 mitjançant una indexación generalitzada de les bases impositives. Això suposa un benefici per a tots els ciutadans, amb independència del seu nivell de renda. A més, en una conjuntura de baix creixement en la demanda de consum, suposarà un alleugeriment per a aquesta. S'estima que aquesta reducció en l'IRPF implicarà un cost recaudatorio d'uns 6.200 milions de €. Per a no incórrer en dèficit pressupostari, tal cost pot compensar-se mitjançant la supressió de les transferències implícitas en l'estimació del Contingent Basc (2.060 milions de €) i de l'Aportació Navarra (644 milions de €), la reducció a la meitat de les despeses publicitàries de l'Estat (150 milions de €), la supressió dels programes pressupostaris establerts amb fins electoralistes ?xec bebé, habitatge verd, lloguer d'habitatge, ampliació de prestacions sanitàries? o de compensació als partits nacionalistes de Catalunya, País Basc i Galícia (3.037 milions de €), la reducció de la subvenció de l'Estat a RTVE (300 milions de €) i la racionalización de l'Administració Central i la supressió de les Diputacions Provincials (120 milions de €).
-Convergència en la tributació de les retribucions salarials i no salarials.
-Simplificación de l'IRPF per a evitar la desnaturalización que sofreixen les bases imposables a causa del complicat entramado de deduccions i bonificacions aplicables que generen distorsions en l'impost.
- Millora en la lluita contra el frau i sobre el control de les rendes no salarials.
-Reducció de l'incentiu a la huída de l'IRPF de qui poden acollir-se legalment a la figura de persona jurídica i tributar el seu rendiment per l'Impost de Societats.
-Millora de la tributació dels plans privats de pensions.
2. Política i consolidació fiscals: una despesa pública productiva. No gastar més, gastar millor.
- Establiment d'objectius de consolidació fiscal plurianuals.
- Modificació de la Llei d'Estabilitat Pressupostària per a incloure una clàusula per la qual el dèficit permès d'acord a la regla fiscal establerta no pugui finançar consum privat sinó, necessàriament, inversió pública que comporti una tornada futura. Introduir a més la regla que el superàvit públic hagi d'emprar-se per a resoldre els problemes estructurals de l'economia espanyola ?falta de competitivitat, dèficit tecnològic, millora del sistema educatiu, mercat de treball segmentado i amb escassa mobilitat? i no per a finançar despeses consuntivos, com conseqüència de la despesa demandada pel cada vegada més complex i intricado sistema autonòmic, al que se li ha afegit, la reforma dels estatuts autonòmics.
-Creació d'un òrgan independent i autònom de fiscalización de la despesa pública que controli la quantia de la despesa pública i naturalesa del mateix.
- Reducció de la despesa pública corrent mitjançant la supressió d'organismes innecessaris o redundantes, entre ells, els Ministeris d'Habitatge i Cultura, en l'Administració Central, i les Diputacions Provincials, en la Local, i de funcions superpuestas entre les diferents Administracions, l'ajust en la grandària i funcions de RTVE, limitant la seva activitat a la informació, la difusió cultural i l'accés al mitjà dels grups socials, o la disminució de les campanyes publicitàries de l'Estat.
- Millora de l'eficiència de la despesa pública mitjançant la creació d'un òrgan independent d'avaluació de les polítiques públiques els dictàmens de les quals seran remesos al Parlament.
3. Reforma del mercat de treball: més flexibilitat i més seguretat.
- Introduir reformes globals en el mercat de treball que permetin millorar la relació d'intercanvi entre flexibilitat i seguretat i que no fomentin l'intercanvi de flexibilitat per estabilitat.
- Flexibilitzar el mercat de treball reduint la intervenció pública en les extincions d'ocupació i l'excessiva judicialización de les relacions laborals, si bé, flexibilización ha d'entendre's com un concepte més ampli i no limitat únicament a les facilitats a la disposició de les empreses a la contractació o acomiadament de treballadors.
- Augmentar l'eficiència de la protecció per atur amb un millor disseny de les prestacions i de les seves quanties.
- Millorar l'encreuament aturat-vacant mitjançant l'ús de polítiques actives.
- Incentivar la mobilitat geogràfica i reduir les traves a la mobilitat entre Comunitats Autònomes.
- Millorar l'estabilitat del sistema de pensions a mig i llarg termini.
- Reestructurar la negociació col·lectiva, lligant més els increments salarials a la productivitat. Indiciar els salaris a la inflació mitja anual i no a la d'un mes concret per a atenuar l'efecte pro-cíclico de les clàusules de revisió salarial sobre l'evolució dels preus.
- Creació d'un organisme independent d'avaluació de les polítiques públiques d'ocupació.
- Millorar la flexibilitat horària dels treballadors.
4. Lluita contra la inflació: recuperar competitivitat i poder adquisitiu, liberalización sense pujada de preus.
- Introduir major competència en el sector serveis, inclosos els serveis públics.
- Lligar els increments en els preus administrats a millores del servei i no emprar tals increments com instruments recaudatorios.
- Assignació al Banc d'Espanya de la responsabilitat d'establir anualment la previsió oficial d'inflació. Aquesta previsió l'anunciarà, al finalitzar el mes d'octubre, el Governador del Banc d'Espanya, fent públics els supòsits i estudis en els quals es fonamenta, així com el dictamen que, sobre el tema, emeti el Servei d'Estudis. Al final de cada any, el Governador compareixerà en el Congrés dels Diputats per a explicar les causes dels errors de previsió en els quals hagués incorregut.
- Promoure una correcta liberalización dels mercats al mateix temps que es millora la regulació dels mateixos per a evitar pràctiques anticompetitivas i colusivas que es traslladin a increments de preus.
- Augmentar la capacitat sancionadora dels òrgans supervisores dels mercats.
5. Foment de la productivitat: cap a una economia competitiva.
- Augmentar la despesa en I D i, afavorint la connexió entre investigació universitària i empresa, per a incrementar la productivitat total dels factors.
- Millorar la qualitat de l'educació i de la formació en el lloc de treball.
- Supressió de les barreres que un sistema autonòmic caòtic està imposant als treballadors i les empreses.
- Atreure la inversió estrangera directa cap als sectors de mitjana i alta tecnologia.
6. Millorar l'equitat i distribució de la renda.
- Millorar l'equitat de la distribució de la renda tant personal com espacial, reduint les elevades diferències que s'observen tant entre persones com entre comunitats.
- Eliminació de polítiques demagógicas de repartiment de prebendas a determinats grups socials, d'utilització de les inversions públiques per a acontentar als partits nacionalistes o de creació d'ajudes que beneficien a uns pocs a costa de tots els altres que han de finançar-les. La subhasta electoralista d'avantatges i canonjías és incompatible amb l'estabilitat macroeconómica. .(Barcelona Girona Lleida Tarragona Lerida Girona Madrid Bilbao València, Congrés Tallis Corts Espanya Senat Congrès Senat)
Unió Progreso i Democrácia (UPiD: Programa Electoral, Elecciones Generales España 2008. POLÍTIQUES ECONÒMIQUES I SOCIALS; I. POLÍTICA MACROECONÓMICA U | 13-02-2008 - 15:19:51 GMT 1 #
Programa Electoral INDICE
Programa Electoral INDICE | 17-02-2008 - 17:21:45 GMT 1 #