Manifestación contra el Plan Bolonia
Barcelona, 6 de marzo, Manifestación contra el Plan Bolonia.- Han pasado 6 años desde la aprobación de la LOU, desarrollada y retocada en el 2007, y muchos de los efectos de su aplicación –que fueron denunciados unitariamente por estudiantes, profesores, rectores y trabajadores en el 2001- ya se están haciendo realidad. El último paso del Ministerio representa un salto cualitativo: la aprobación del Real Decreto sobre la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias que elimina las actuales licenciaturas y diplomaturas, e instaura el modelo de división “Grado-Máster-Doctorado”. Este RD establece el Grado como formación general básica con contenidos devaluados, sin casi atribuciones ni especializaciones, que quedan reservadas para los Postgrados. Año tras año, la comunidad estudiantil ha persistido en denunciar el ataque sin precedentes a la enseñanza pública que supone la aplicación de las leyes educativas (LOU y LOE), como herramientas de la mercantilización de la enseñanza, es decir, tratando a la educación como una mercancía más y no como un derecho social. Y como una mercancía cualquiera ha sido negociada en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), mediante el Acuerdo General de Comercio y Servicios, y la patronal europea. En la Universidad, la mercantilización se está llevando a cabo mediante la aplicación de la LOU (Ley Orgánica de Universidades) –complementada con la LUC (Ley de Universidades de Catalunya) y el Real Decreto- que pretenden implantar el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El proceso de Bolonia supone un cambio radical en el modelo universitario: privatiza, mercantiliza y elitiza la enseñanza superior. Esta profunda transformación claramente neoliberal se concreta en: 2. Las grandes empresas entran a los organismos de dirección de las universidades. 3. La enseñanza crítico-científica es reemplazada por programas de estudio y de investigación al servicio de los intereses de las multinacionales, concebidos para adiestrar trabajadores. 4. Se crean organismos externos a la comunidad universitaria que evalúan universidades, titulaciones y profesorado, estableciendo rankings que potencian la competitividad y la desaparición de las carreras poco “rentables”. 5. La enseñanza superior en catalán se margina, no se garantiza, y se discrimina a favor de las lenguas más rentables en virtud de los criterios de competitividad empresarial y no del beneficio social. 6. El segundo ciclo se mercantiliza, haciendo másters con los mismos contenidos, pero triplicando el precio y sin programa de becas (que se sustituyen por becas-préstamo –a devolver al finalizar la carrera), mientras que al Grado carece de especialización –a pesar de la subida de tasas y matrículas-, y está destinado a un mercado de trabajo flexible y precario. 7. Los nuevos créditos europeos (ECTS) aumentan considerablemente el volumen de trabajo por parte del estudiantado –trabajo que además debemos pagar- y exigen la dedicación a tiempo completo. El establecimiento de los ECTS conduce a una producción intelectual estandarizada y sin criterios de calidad, bajo la mal denominada evaluación continuada. 8. La carga docente para el profesorado se incrementa sin que se refleje en la mejora de sus condiciones laborales. 9. La carga de tareas por el personal de administración y servicios se incrementa sin que se le reconozca la categoría laboral. 10. La precariedad laboral y los contratos irregulares se institucionalizan, debido a la carencia de financiación pública y la congelación de la ampliación del capítulo de personal, pese a las necesidades objetivas de los servicios: mediante falsas becas que sustituyen contratos; contratas que no reflejan la carga laboral real; el no reconocimiento de categorías;... 11. Servicios básicos de la universidad (publicaciones, reprografía, restauración, servicio de informática...) se externalizan a un precio más caro, con una notable caída de la calidad del servicio por los usuarios, en beneficio exclusivo de las grandes empresas monopolísticas (OCE, Grupo Soteras...) La aplicación de la LOU y la LUC también requiere del protagonismo y la responsabilidad de las universidades, por hacer realidad este desmantelamiento de la universidad publica, la degradación de los contenidos, de la calidad docente y de estudio y la erosión progresiva de las condiciones de trabajo por el conjunto de sus trabajadores. Por tal de situarse al primer lugar de una carrera competitiva sin un horizonte claro, las universidades están desarrollando deprisa y corriendo las directrices del Ministerio y de la Generalitat sin el menor asomo de consideración hacia los estudiantes y trabajadores, sin el espíritu crítico que las debería caracterizar. Entendemos que el alcance de la LOU y de la construcción del EEES en los términos descritos, no es una reforma que quiera dar a la universidad un papel responsable hacia la sociedad, ni que quiera ofrecer la posibilitad de aprender y calificarse independientemente del origen social de los estudiantes, ni que quiera convertir la universidad en un lugar de trabajo digno. Todo lo contrario: es una reforma al servicio de la patronal catalana, española y europea; es una reforma que quiere hacer negocio sobre las espaldas de los trabajadores y restringir el acceso de los estudiantes de clase trabajadora a la educación superior. Insistimos en que el proceso de Bolonia no está implantado todavía y que para hacerlo es necesario que cada Estado apruebe leyes para su aplicación, puesto que la UE no tiene competencias en materia educativa (Tratado Constitutivo Comunidad Europea. Arte.149.4). Por esto luchamos por la derogación de la LOU, la LUC y los Reales Decretos para parar el EEES. Como ya hemos dicho, el proceso de Bolonia limitará enormemente el acceso a la universidad. Por este motivo la enseñanza secundaria debe sufrir también una importante transformación, que se basa en la implantación de Itinerarios destinados a crear mano de obra barata y que excluyen la posibilitad de acceder a la universidad. La Ley Orgánica de Educación (LOE) y la Ley Catalana de Educación (LEC) aumenta los privilegios y las subvenciones a la privada, en perjuicio de la pública, y equipara ante la ley a los centros públicos y concertados, permitiendo que a la hora de implantar los itinerarios cada instituto pueda escoger la ruta que prefiera. En la práctica esto equivale a la segregación de los estudiantes, puesto que los centros privados se dedicarán principalmente a los itinerarios que van a la universidad, mientras que los públicos tenderán a convertirse en centros de menor nivel, con una enseñanza de baja calidad dirigida a un mercado laboral precario. La enseñanza pública ha degenerado enormemente en los últimos años y todo el mundo está de acuerdo que es necesario un cambio. Sin embargo, las actuales reformas son lo contrario de lo que necesita un sistema educativo de calidad. Por esto exigimos la paralización del proceso de Bolonia, la derogación de las leyes de educación y que se abra un proceso democrático y abierto de debate donde participen paritariamente estudiantes, personal docente, investigadores y trabajadores de administración y servicios, y que contemple: 2. Programas de becas que garanticen condiciones óptimas de estudio (comedor, transporte, materiales, movilidad, vivienda...) 3. Una universidad realmente pública y al servicio de la transformación social –que introduzca valores crítico-científicos, solidarios, de cooperación, no sexistas, no clasistas...- y no como correa de transmisión de los intereses y de la socialización de los costes de la empresa privada. 4. Una financiación pública solvente que permita el normal funcionamiento de la universidad sin ceder al chantaje de la patronal, y sin tener que obligar al endeudamiento a los estudiantes. 5. Unas condiciones de trabajo dignas que permitan desarrollar servicios y actividad docente y de investigación de calidad. Ante las elecciones españolas del próximo 9 de marzo no podemos olvidar que los principales responsables de profundizar la privatización encubierta de la enseñanza pública han sido los dos últimos gobiernos: el del PP, por aprobar la LOU y el del PSOE por no cumplir su promesa electoral de derogarla y por continuar este camino con el Real Decreto, correspondido por el gobierno de la Generalitat (PSC, ERC, ICV-EUiA). Tres días antes de las elecciones estatales, queremos denunciar a todos los partidos políticos institucionales sin excepción (PSOE, PP, ERC, IU, ICV, CIU, PNV...) por haber votado en el parlamento español a favor del actual proceso de privatización, mercantilización y elitización de la universidad pública.
Por todo esto, la Plataforma Movilizadora en Defensa de la Universidad Pública (PMDUP) –formada por las Asambleas de Facultades y los sindicados de estudiantes AEP y SEPC-, convocamos unas jornadas de lucha estudiantil con manifestación central en Barcelona para el día 6 de Marzo. También hacemos un llamamiento a profesores, becarios, investigadores, personal de administración y servicios, a la totalidad de la comunidad estudiantil y, en general, a toda la sociedad a participar y apoyar a esta lucha que nos afecta a todos. 
1. La financiación pública se sustituye gradualmente por la inversión privada.1. Estudios dignos, en catalán y gratuitos para todo el mundo.
Meneame
del.icio.us
ARGELAGUER Juan R. Lejarza
PER LA GRATUÏTAT, L’EQUITAT I LA QUALITAT DEL SISTEMA EDUCATIU CCOO de Catalunya exigim el compliment del Pacte Nacional per l’Educació i una Llei que desenvolupi els seus continguts i rebutgem el projecte de Llei del Conseller Maragall A Catalunya tenim un model educatiu dualitzat i segmentat entre centres públics i privats concertats que comporta més i majors diferenciacions i discriminacions entre l’alumnat escolaritzat, segons la seva situació social, econòmica, cultural i de necessitats educatives.
El Pacte Nacional per l’Educació va significar trobar el consens entre els diversos agents de la comunitat educativa per trencar amb aquest model educatiu segmentat, amb la definició d’un únic servei públic educatiu format per tots els centres sostinguts amb fons públics (públics i privats concertats) amb els mateixos deures i obligacions per tal de garantir la cohesió social i l’equitat, la igualtat d’oportunitats de l’alumnat de les dues xarxes educatives i la qualitat educativa.
LA FUTURA LLEI CATALANA D’EDUCACIÓ HA DE RECOLLIR EN EL SEU CONTINGUT ELS COMPORMISSOS DEL PACTE NACIONAL
CCOO creiem que la llei catalana d’educació ha de servir per:
Avançar en la creació d’un únic servei públic educatiu format per tots els centres que reben fons públics, amb igualtat de drets i obligacions. Això significa acabar amb la situació de dualització i segmentació del sistema educatiu català que segrega l’alumnat en funció del seu origen, del nivell d’ingressos de les famílies i del nivell educatiu dels alumnes.
Garantir la gratuïtat real de l’ensenyament obligatori fins als 16 anys, acabant amb les quotes obligatòries que avui paguen les famílies que opten pels centres privats concertats.
Afavorir la implicació de les famílies i la seva participació amb l’obertura de centres en horaris no lectius, amb la seva participació activa en la vida escolar i promocionant el paper de les “Ampes”.
Desenvolupar altres aspectes de l’educació que van més enllà de l’ensenyament obligatori: educació de 0 a 3 anys, activitats de lleure educatiu, formació professional, educació al llarg de la vida, projectes educatius de ciutat o poble...
Garantir la igualtat de drets laborals i professionals de tots els professionals dels centres que formen part del servei públic educatiu, siguin públics o privats concertats.
Planificar l’oferta educativa des de la proximitat del territori amb corresponsabilitat entre administració educativa i local i capacitat per actuar sobre els centres sostinguts amb fons públics per evitar la segregació escolar i potenciar l’equitat, la cohesió social i la qualitat educativa per a tothom.
Garantir l’aplicació dels compromisos econòmics del Pacte nacional i, en especial, el d’incrementar la inversió en educació fins al 6% del Producte Interior Brut (actualment un 2%) per situar-nos al mateix nivell que altres països del nostre entorn i altres CCAA de l’Estat.
LA PROPOSTA DE LA CONSELLERIA NO RECULL ELS PRINCIPIS DE GRATUÏTAT DE L’ENSENYAMENT OBLIGATORI I OBRE LA PORTA A LA GESTIÓ PRIVADA DE CENTRES PÚBLICS.
El document de bases de la Llei d’Educació de Catalunya no desenvolupa els aspectes centrals del Pacte Nacional per l’Educació i, en alguns aspectes, el contradiu. El Departament d’Educació proposa una llei que només fa propostes sobre la gestió de centres públics, renuncia al control, l’ordenació i la planificació sobre l’escola privada concertada i no planteja canvis en l’administració educativa per acabar amb un model rígid i centralitzat. El document de bases de la conselleria:
1. S’oblida de l’objectiu d’un únic Servei públic educatiu i posa les bases per consolidar un sistema educatiu dualitzat, entre centres públics i concertats, que mantindrà la segmentació de l’alumnat i la seva selecció per part dels titulars dels centres privats concertats.
2. No planteja cap mesura per avançar en la garantia de la gratuïtat de l’ensenyament obligatori i, en canvi, consolida el copagament per part de les famílies dels centres concertats i obre les portes a la gestió privada de centres públics.
3. Pretén que la necessitat de més places fruit de l’increment dels alumnes en els propers anys (especialment en secundaria) no sigui coberta per l’ensenyament públic si no amb més places cobertes per l’ensenyament privat concertat.
4. Oblida totalment la generalització de la cobertura de centres per l’etapa no obligatòria de 0-3 anys.
5. No inclou ni un sol dels compromisos referits a l’increment de recursos que garanteixen la gratuïtat real per les famílies. I ignora tots els compromisos referits a la dignificació de les activitats socioeducatives que es realitzen als centres
6. No inclou ni una sola previsió referida a la igualtat laboral i professional dels professionals del servei públic educatiu i en concret els dels centres concertats.
7. Finalment no hi ha cap compromís de finançament ni d’increment de la inversió fins el 6% del PIB tal i com contempla el Pacte Nacional per l’educació.
CCOO DONEM TOT EL SUPORT A LA VAGA DEL 14 DE FEBRER
CCOO de Catalunya donem tot el suport a la Vaga del 14 de febrer en el sector de l’ensenyament
CCOO de Catalunya exigim que la futura Llei d’Educació de Catalunya reculli els objectius del Pacte Nacional per l’Educació
CCOO de Catalunya demanem la retirada del document de bases i l’obertura d’un procés de negociació amb el conjunt de la comunitat educativa i de forma preferent amb els signants del Pacte Nacional per l’Educació.
PER CCOO DE CATALUNYA AQUESTA NO ÉS LA LLEI QUE NECESSITA LA SOCIETAT CATALANA, NI LES FAMÍLIES, NI EL SISTEMA EDUCATIU.
PER LA GRATUÏTAT, L’EQUITAT I LA QUALITAT DEL SISTEMA EDUCATIU CCOO de Catalunya exigim el compliment del Pacte Nacional per l’Educació | 06-02-2008 - 22:05:51 GMT 1 #
Els ajuntaments no tindran l´obligació de pagar el bus escolar
Santa Coloma de Farners.
El Consell Comarcal no obligarà l'any que ve als ajuntaments que tenen transport escolar no obligatori a pagar-ne una part. Els consistoris seran lliures de participar per tal de sufragar-lo, i si decideixen no fer-ho seran els usuaris qui hagin de fer front a dos terços del cost del servei. Si bé la idea de cara el curs que ve és que Educació, ajuntaments i pares paguin a tres bandes el que costra portar els nens amb autobús des dels nuclis allunyats fins als centres escolars locals, cada Ajuntament "tindrà la decisió a les seves mans", va explicar ahir la consellera d'Educació del Consell Comarcal Sònia Da Silva. El transport escolar no obigatori costa, per exemple, més de 100.000 euros l'any a Santa Coloma de Farners. Una altra possibilitat, va apuntar Da Silva, és que els ajuntaments estiguin disposats a eliminar alguna ruta que es consideri menys necessària per tal d'alleugerir el cost del servei. Aquesta possibilitat es podria plantejar fins i tot abans d'acabar aquest curs, però Da Silva va comentar que es tracta tan sols d'una idea que encara no s'ha desenvolupat.
Reunió amb els afectats
El proper 18 de febrer els ajuntaments de Vidreres, Caldes de Malavella, Maçanet de la Selva i Sils estan convocats a una reunió per debatre l'assumpte. El Consell Comarcal no té prous diners per pagar el servei d'autobús no obligatori fins a finals de curs i aquests consistori es neguen, en principi, a pagar la part que se'ls ha demanat. "El que no volem és deixar els alumnes sense transport a mitjan curs. Si els ajuntaments no col·laboren, parlarem amb les AMPA", va explicar Da Silva. La solució a curt termini és que algú aporti els diners que falten per completar el servei fins final de curs ??-només hi ha garantida partida fins el 22 d'abril-, uns 393.000 euros. A llarg termini, el Consell Comarcal té clar que caldrà fer pagar els pares.
bus escolar | 07-02-2008 - 09:22:54 GMT 1 #
Tensió Autònoma
El conflicte que viu la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) des del mes de març passat està arribant a uns nivells difícilment sostenibles. L'actitud d'un centenar d'estudiants contraris al procés de Bolonya i absolutament crítics amb la figura del rector Lluís Ferrer està complicant el funcionament del centre en un moment clau per a l'adaptació de carreres a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). El procés de Bolonya és complex i segurament discutible en molts punts. I els estudiants tenen tot el dret d'oposar-s'hi. Això sí, amb arguments i fent ús dels canals reglamentaris. El boicot sistemàtic de les reunions del consell de govern –que dilluns va optar per trobar-se a Barcelona en un intent frustrat d'evitar nous incidents– només està servint per incrementar els nivells de tensió fins a uns punts que no només no beneficien ningú, sinó que perjudiquen el conjunt de la comunitat universitària.
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | 11-06-2008 - 06:45:28 GMT 1 #
Bolonia: una privatización sensu estricto de la Universidad, por Patricia García y Manuel M. Navarrete: Mucho se ha discutido sobre si procede o no hablar de privatización para referirse al proceso de cambio que está viviendo la educación superior europea. Por un lado están quienes afirman que el Proceso de Bolonia es un proceso separado de la privatización de servicios públicos a la que asistimos en los últimos años; y por otro, quienes denunciamos la relación entre ambas realidades.
En este artículo trataremos de definir qué entendemos por privatizar, cómo afecta esto a la universidad y en qué medida está ligado al famoso Proceso de Bolonia.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que lo que se ha denominado “Proceso de Bolonia” va más allá de las declaraciones de los Consejos de Ministros de la Unión. El Espacio Europeo de Educación Superior ha sido estructurado no sólo por las renombradas declaraciones bianuales (Sorbona, Bolonia, Bergen, Praga…), sino también por otros acuerdos tomados por los Consejos y desarrollados en comunicaciones de la Comisión (órgano ejecutivo de la UE). [1]
El Proceso de Bolonia no puede ser considerado al margen de la privatización de los servicios públicos y de la reforma del . Las sucesivas declaraciones de los Consejos de Ministros de la UE han sido paralelas a acuerdos sobre la necesidad de aumentar la financiación privada de la universidad y su coordinación con el mundo empresarial. Las directrices básicas en materia de financiación están recogidas en documentos como “Invertir eficazmente en educación y formación: un imperativo para Europa” (COM (2002) 779) o «Eficiencia y equidad en los sistemas europeos de educación y formación»(COM (2006) 481).
Estos documentos establecen que la viabilidad de las reformas de la educación superior pasa por la financiación privada. El modelo de financiación toma como referencia el sistema estadounidense que, aun presentando un gasto similar, incluye niveles mucho más altos de inversión privada. Así pues, para afrontar la reforma universitaria europea es necesario un ; además, hay que . Pero para garantizar el acceso a los estudiantes menos pudientes se precisa < la creación de becas de estudios, préstamos bancarios y préstamos reembolsables en función de los ingresos futuros>. La educación pasa de ser un derecho a ser una inversión individual. En el Estado español esto se ha concretado en la creación de las eufemísticamente llamadas “becas-préstamo”.
Sin embargo, tanto en los defensores como en los detractores de Bolonia encontramos cierta reticencia al empleo del término privatización . Algunos de los “detractores”, por ejemplo, han insistido en hablar de “mercantilización”. Es posible que esta precaución provenga de cierta moda intelectual, pero “mercantilización” es una palabra ambigua y poco contundente.
Hay quien piensa que privatizar un servicio público implica que el Estado se desprenda totalmente de su responsabilidad, pasando el servicio a ser asumido directamente por una empresa. Esto sería un modelo de privatización puro o total. Sin embargo, en sentido estricto, la privatización designa una amplia gama de instrumentos de gestión y organización del servicio “público”. La privatización puede definirse como “la reducción del rol del Estado y la transferencia de algunas de sus funciones a instituciones privadas”. [2]
En este sentido, podemos señalar tres modos de privatización ampliamente extendidos en la administración pública (si es que aún se le puede llamar así) y, de forma especial, en la educación universitaria española y europea:
1.La introducción de competitividad en los servicios públicos a través de la subcontratación de estos servicios a empresas privadas (copisterías universitarias, servicios de limpieza, servicios de seguridad) o bien mediante técnicas de gestión privada (ranking de universidades, financiación competitiva otorgando más recursos, por ejemplo, a aquellas universidades cuyos graduados monten empresas propias).
2.La prestación privada del servicio y los convenios de colaboración con empresas, pero manteniendo el control por parte de la autoridad pública. Ejemplo de ello son las Cátedras-empresa (con las que las empresas se ahorran el dinero de formación de sus futuros empleados), o las Becas-préstamo (préstamos que los bancos Santander, Caja Duero o Popular Español conceden a los estudiantes).
3.Colocar a la Administración como un actor más en el mercado. Aquí podríamos incluir la proliferación de universidades y títulos privados, aunque este ámbito está poco desarrollado ya que el sector educativo se encuentra aún dominado por entidades estatales.
Por tanto, no estamos ante un servicio que era público y que va a ser privatizado. Estamos ante un servicio que ya estaba siendo privatizado, tendencia que es legitimada y acelerada por el Proceso de Bolonia. En este sentido, son casos flagrantes los Consejos Sociales y la ANECA, ambos introducidos por la LOU.
La ANECA es una fundación estatal cuya creación se recogía en el artículo 32 de la LOU; también en las sucesivas declaraciones de “Bolonia” (Sorbona, Bolonia, Praga, Berlín, Bergen y Londres). Según el Real Decreto 13/93, esta fundación estatal tiene importantes funciones relativas a la aprobación de los Planes de Estudio; si un plan no supera su veredicto, pierde su validez. Pues bien, según leemos en la propia página web de la ANECA, su Consejo Asesor está formado por personalidades del mundo “académico, profesional y empresarial”.
Otra de las funciones de la ANECA es la selección del profesorado. En sus “Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación” leemos que algunos de los criterios son: “Méritos relacionados con la experiencia en gestión y administración”, “Calidad y dedicación a actividades profesionales en empresas, instituciones u organismos” o “Patentes y productos con registro de propiedad intelectual”.
Los Consejos Sociales, por su parte, son definidos por el artículo 14 de la LOU como “el órgano de participación de la sociedad en la universidad”. Tienen importantísimas funciones, como aprobar los presupuestos de cada universidad. Sin embargo, un Consejo Social sólo incluye 6 miembros de la comunidad universitaria (Rector, Secretario General, Gerente, un profesor, un alumno y un miembro del PAS). El resto son “personalidades de la vida cultura, profesional, económica, laboral y social” designados por la Comunidad Autónoma. En la práctica, la mayoría de ellos han sido políticos y empresarios. Por ejemplo, el Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid cuenta con miembros que son empresarios de El Corte Inglés, Fundación Caja Madrid, Telefónica o MAPFRE, entre otras empresas; y el de la Universidad de Sevilla, además de contar con el Secretario General de la Confederación de Empresarios de Sevilla, tiene representantes de Caja Sur, Inmobiliaria del Sur, Inés Rosales S.A., Fundaciones Caetano S.A, etc.
La creciente presencia del empresariado en la universidad quedó constatada hace unos meses, cuando el gobierno transfirió las competencias universitarias del Ministerio de Educación al recién creado Ministerio de Ciencia e Innovación (RD 432/2008); este ministerio está liderado por Cristina Garmendia, importante empresaria que proviene de la Junta Directiva de la CEOE.
Aparte de la creciente presencia de actores privados en órganos de dirección, hay que fomentar, como dicen la Comisión y el Consejo europeos, la financiación y gestión privada. Así, por ejemplo, en los nuevos Master se está aplicando la doctrina del equilibrio entre costes y precios del servicio, lo cual explica sus precios prohibitivos. Tampoco deja de ser significativa la proliferación de personal laboral precario (y de personal becario) en la docencia y en los servicios universitarios. La seguridad laboral y las condiciones de trabajo pasan a un segundo plano. Por otro lado, la asociación entre el mundo empresarial y el universitario queda bien plasmada en las Cátedras- empresa.
Por suerte aún no hemos asistido a un proceso de privatización total de la universidad, como ocurriera con Telefónica o Iberia. El mercado no acudirá donde no pueda obtener grandes beneficios. Lo preocupante es que esté absorbiendo todo aquello de la universidad que es rentable desde el punto de vista económico (dejando en manos del Estado lo que no lo es).
Lo que se viene produciendo supone, en suma, un desmantelamiento gradual y por partes de la universidad pública. Estamos ante un proceso que se inició, y no por casualidad, después de la Declaración de Bolonia de los ministros europeos de educación en 1999. En el Estado español, vino a reflejarse en la LOU, estableciéndose una estructura que, desde entonces, los sucesivos reales decretos se han encargado de rellenar.
Pedir que la educación pública no retroceda no es ninguna reivindicación revolucionaria, sino una simple defensa de lo que fuera el Estado de bienestar, resultado de duras luchas sociales. No idealizamos la “universidad pública” tal y como se ha entendido hasta ahora, mucho menos la consideramos ajena al mercado. Sí entendemos, en cambio, que hay que poner freno al avance de una privatización que restringe el acceso a la educación superior, recorta derechos laborales, suprime áreas de conocimiento no directamente rentables para las empresas, imposibilita compaginar la vida laboral y el estudio, promueve la eficiencia económica por encima de las necesidades y aspiraciones colectivas; una privatización que, en definitiva, considera el derecho a la educación una inversión individual y un negocio más del que extraer beneficios.
Patricia García y Manuel M. Navarrete son representantes estudiantiles en la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Sevilla respectivamente
Bolonia: una privatización sensu estricto de la Universidad | 26-07-2008 - 09:52:12 GMT 1 #