"Ha sido un sabotaje de los comunistas", 60 años despúes...la explosión de Alcala
El 6 de septiembre de 1947, hace 60 años, a las 21:45 de la noche hacían explosión en Alcalá de Henares los polvorines Gurugú A y B, situados cerca del Puente de Zulema, encima del río Henares. La ciudad de Alcalá de Henares se sobresalto por aquel estruendo. Tan solo 19 días antes se había producido la explosión de los depósitos de minas submarinas en Cádiz. Este acontecimiento no pasó inadvertido a los alcalaínos, que sabían también de.la existencia de unos depósitos militares a las afueras de la ciudad. El impacto de lo ocurrido en Cádiz hacía temer lo peor a los alcalaínos. Y antecedentes para que se produjera este suceso no faltaron. Desde la explosión en la ciudad gaditana tanto la Guardia Civil como los militares del franquismo-monárquico desde Madrid se interesaron por la situación del polvorín del Puente de Zulema. Numerosas llamadas a la fábrica Río Cerámica, a pocos metros de los polvorines siniestrados, lo demuestran, tal como aclararon en las primeras diligencias el personal de la fábrica. Igualmente, días previos a la explosión, los soldados de ocupación de Franco que vigilaban el polvorín estaban destruyendo pólvora que después tiraban al río o escondían en unas cuevas cercanas a la zona siniestrada. Cuando se produjo la explosión esa noche de septiembre y se dirigieron hacía allí los primeros vecinos para ver que había sucedido, la escena era dantesca. El cerro donde estaba ubicado el polvorín era un inmenso socavón, la fábrica Río Cerámica había sido completamente arrasada, al igual que el Puente del Zulema y un ventorro que se encontraba en las inmediaciones. El balance final fue trágico: 24 muerto (14 civiles y 10 militares) y decenas de heridos. Las autoridades militares de ocupación monárquico-franquistas se hacen cargo de la investigación de lo sucedido. Rafael de las Morenas Alcalá, juez militar, instruye la causa 142.010 que, como veremos, se hará celebre. Las primeras pesquisas son claras. Ha sido un accidente. Los peritos militares designados por la Maestranza, los comandantes Cecilio García Vinuesa y Alfonso Gallego Rodríguez, dictaminan que las pólvoras que contenía el polvorín podían sufrir descomposiciones instantáneas que provocarían deflagraciones y por simpatía desencadenar una enorme explosión. Esto dice el informe de Maestranza firmado el 7 de septiembre de 1947. Igualmente, el 8 de septiembre una diligencia visual en la zona siniestrada dictamina que no había vestigio de sabotaje ni de aparato explosor o mecha rápida. Si a esto le unimos que el polvorín llevaba un tiempo ofreciendo problemas eléctricos (por lo que durante meses el barracón de tropa estuvo conectado a la fabrica para surtirse de electricidad) así como que el mismo día de la explosión un grupo electrógeno había sido llevado al polvorín y que lo tuvieron que desconectar por seguir funcionando mal. Poco antes de la explosión se produjo un apagón en la fábrica y al volver la luz, unos segundos después, se produjo la explosión. Por testimonio de soldados de ocupación en otro polvorín cercano que no explotó, se produjo primero una deflagración para después sonar dos explosiones. Sin poder asegurarlo, parece que el fallo eléctrico unido a que cerca de la zona de mandos existía un camión repleto de pólvora que iba a partir para Sevilla, pudo ser la causa de la explosión.Las primeras investigaciones hacían ver que lo ocurrido en Cádiz se había reproducido en Alcalá de Henares tan solo días después. Instalaciones deficitarias y pólvoras en mal estado era la causa de la explosión.Pero algo comenzó a ser distinto en Alcalá. Mientras en la ciudad gaditana su alcalde, junto con la Cámara Mercantil y alguna personalidad de renombre, comienzan a pedir responsabilidades a los militares y al propio Estado, las responsabilidades en Alcalá se comienzan a pedir en otra línea. Pocos días después del trágico suceso son detenidos militantes del Partido Comunista de España Poco antes de la explosión del polvorín de Alcalá las infraestructuras anarquistas de la CNT, con el emblemático Ignacio España, habían sido neutralizadas por el aparato monárquico-franquista. Los comunistas llevaban desde 1945 reorganizándose fuertemente, extendiendo sus estructuras democráticas por toda la provincia de Madrid. La existencia de sabotajes de menor intensidad en la ciudad (como paralizar máquinas o hacer pintadas contra el referéndum de julio de 1947) y la existencia en Madrid de una guerrilla urbana comunista, son suficientes para la afirmación que determinados militares estaban buscando: Ha sido un sabotaje de los comunistas. Desde entonces los detenidos se enfrentan a durísimos interrogatorios, con torturas continuas, que les hacen confesar cosas que nunca han hecho. Si bien en alguna reunión elementos exaltados de las JSU habían hablado de hacer algo en los polvorines, lo cierto es que la directiva de Madrid no lo vio conveniente y la estructura comunista de organización impedía cualquier acto unilateral. Tras los crueles interrogatorios, las conclusiones del auditor general apuntaban a que no había ningún vestigio de sabotaje. Eso sí, habían desentramado todo el aparato democrático comunista. Pero para Rafael de las Morenas Alcalá la cosa no era así. En diciembre de 1947 la causa llega al Tribunal Especial de Espionaje y Comunismo. Enrique Eymar Fernández, cabeza de este tribunal y por cuyas manos pasaron unas 4.000 causas, dictaminando mas de 1.000 sentencias de muerte, toma la causa 142.010. Primero la divide, metiendo en el expediente a los que considera elementos más peligrosos. Para Eymar no hacen falta más interrogatorios. El 9 de julio de 1948 se realiza un consejo de guerra en Ocaña. El fallo, con numerosas anomalías, propias de una legislación arbitraria y aún en estado de Guerra, es claro. Son condenados a muerte Manuel Villalobos Villa-muelas, dirigente nacional comunista, Eugenio Parra Rubio y Rogelio García del Barrio, del Comité Nacional de las JSU, Pedro Martínez Magro, Benito Calero Vázquez y Daniel Elola Gómez, del Comité Comarcal del PCE de Alcalá de Henares, y Luciano Arroyo Cablanque y Félix López Casares, del Comité Local de las JSU de Alcalá. La sentencia se lleva a cabo el 22 de agosto de 1948 en Ocaña. Con ello el Estado monárquico-franquista había realizando un crimen más. No fue el primero y tampoco el último. El resto de condenas, incluidas la de las otras causas que se fueron fallando en consejos de guerra sucesivos, osciló entre los 30 años (máxima pena en prisión) hasta el año y seis meses. A algunos otros, como Fernando Nacarino Moreno, Ricardo Lidó Expósito, Alejandro Heredero del Castillo, Emilio Alonso Moreno o Corvado Salamanca Barranco, les planeó la pena de muerte. Todos ellos muy jóvenes; algunos habían comenzado la militancia política en la clandestinidad. La repercusión del acontecimiento fue amplia. Mientras la prensa del Régimen Monárquico-franquista sólo se hizo eco de la explosión y de sus consecuencias catastróficas, tenemos que recurrir a la prensa del exilio para comprobar la campaña internacional que se realizó para defender a "los ocho de Ocaña". Incluso se hizo llegar a la ONU un escrito para interceder.
y de las Juventudes Socialistas Unificadas. Caen miembros de Alcalá de Henares, de Madrid, y de pueblos limítrofes como Corpa o Vallecas. El Ejército monárquico-franquista, todavía denominado de “la Victoria“, que había reconocido implicitamente su negligencia en Cádiz, no podía tolerar otro fallo y comenzó a buscar un chivo expiatorio. Incluso el alcalde de la ciudad, Lucas del Campo, no dudó en facilitar datos de antecedentes políticos de los detenidos. Tan solo la figura de Félix Huerta en el consistorio alcalaíno estuvo a la altura de las circunstancias.
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ARGELAGUER Juan R. Lejarza
Este acontecimiento es uno de los mas terribles del Alcalá de la posguerra. Soy uno del los investigadores del trabajo y autor del anterior artículo en el Diario de Cádiz (sacamos uno mas amplio en el Diario de Alcalá) Me alegro que este blog haya rescatado nuestro trabajo de esta catastrofe, tanto humana como política de estos luchadores antifranquistas. Dentro de poco saldrá un libro y se realizará una exposición en Alcalá de Henares sobre el tema.
Un saludo
Julián | 14-09-2007 - 09:45:06 GMT 1 #
Las efemérides de la ciudad recogen hoy uno de los episodios más terribles de su dilatada historia: la explosión del polvorín militar del puente del Zulema. Sucedió el 6 de septiembre de 1947, hace hoy sesenta años, y su impacto marcó a una generación que creía haber padecido todos los espantos imaginables en la guerra civil: murieron 24 personas, decenas de personas resultaron heridas y los destrozos materiales afectaron a fábricas, comercios y domicilios particulares. Para completar este cortejo de desdichas, las autoridades de la época llevaron a cabo una demencial instrucción judicial que repartió condenas de muerte y prolongadas penas de cárcel entre una veintena de personas, acusadas de un sabotaje que jamás se probó. Más bien todos los indicios apuntaban a las precarias condiciones de seguridad del arsenal como las causantes de la brutal deflagración. Sea como fuere, el suceso quedó grabado en la mente de aquellos alcalaínos que habitaban en una ciudad del tamaño de un pueblo grande. Y sólo en su recuerdo ha seguido vivo, de tal suerte que hoy, en una Alcalá ensanchada por el aluvión de la inmigración interior de los 60 y 70, del crecimiento urbanístico arrollador de los 80 y del mestizaje del cambio de siglo; aquella oscura calamidad apenas tiene trascendencia pública. Por eso, resulta de lo más desolador que, salvo los homenajes que prepara el Foro del Henares, no exista ningún testimonio ni ninguna convocatoria cívica que evoque aquel siniestro tan cercano, por otra parte, en el tiempo. Y no sólo por la memoria de las víctimas, tanto las directamente afectadas por la explosión como las que sufrieron las represalias. Aparte de la elemental compasión por ellas, que en realidad es hacer justicia por su absurdo sacrificio, recordar la explosión del polvorín supone sobre todo dignificar la propia vida de la ciudad, que como un ser vivo también acumula cicatrices de dolor. Y éstas, ya sabe, explican mejor que nada lo que somos. En una ciudad, en fin, donde tanto se lamenta la falta de identidades y arraigos es muy triste que se actúe con tanta pasividad en la divulgación de sus historias, costumbres y personajes, sean grandes o pequeños, penosos o joviales. De ahí al olvido, que, como decía Campoamor, es morir del todo, hay menos de un paso.
Diario de Alcala/Editorial | 25-09-2007 - 14:07:14 GMT 1 #
Esa no es la opinion de Francisco Calle, sobreviviente. Conoci personalmente a esta persona en cuba.
Julio | 27-12-2008 - 07:48:40 GMT 1 #
Coronel Eymar
A lo largo de los años, multitud de personajes públicos alabaron y hasta endiosaron la figura de Franco. Unos, cambiarían de posición con los años; otros, siguieron con su fidelidad. Estas son algunas de las opiniones elogiosas. CORONEL EYMAR: “Restaurador de la moral y el derecho".http://www.geocities.com/f_franco.geo/elogios.htm
Enrique Eymar Fernández (Flick).-Comandante del ejército republicano (en realidad se le clasificó como leal geográfico), pasó toda la guerra en el Museo del Ejército como subdirector, pero además, por su condición de mutilado de la guerra de África, presidió la Asociación de Mutilados de Guerra de la República. Con la entrada de Franco en Madrid, es procesado, como todos los militares republicanos, por rebelión militar, es decir, no haberse adherido a la rebelión. Por motivos desconocidos para nosotros fue sobreseída su causa y reingresó en el ejército franquista, donde fue nombrado juez de prisioneros. Tiempo después es nombrado juez instructor militar y lo fue hasta la creación del TOP, en marzo de 1964. Le está documentado la vejación de jóvenes encausadas, el chantaje a viudas en la misma categoría. Y la más despiadada de las inquinas contra todo lo que sonara a antifranquista. Fue además el responsable del proceso a Grimau, toda una joya de la impostura jurídico-militar franquista, pues como se sabe, el vocal-ponente militar capitán auditor Manuel Fernández Martín no era abogado, lo que era preceptivo en un consejo de guerra sumarísimo, (aquél tipo había engañado al propio ejército franquista, no solo como abogado, también ejerció como alférez médico sin tener título). Eymar actúo en aproximadamente 4000 causas de las que más de 1000 fueron condenas a muerte.
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Sin embargo, se reforzó el control de la policía. Una ley del 22 de marzo de 1957, permitía que en actividades colectivas ilegales, como las huelgas, en que no se pudiera identificar a los responsables, se detuviera a aquellos con puestos de responsabilidad o de mayor veteranía entre los involucrados. El 24 de enero de 1958 se estableció un nuevo tribunal militar con jurisdicción especial en todo el país sobre actividades extremistas, bajo la dirección del coronel Enrique Eymar Fernández, que adquirió una fama siniestra en la siguiente década. Franco consideraba que era necesario estar totalmente preparado. El 9 de junio comentó en privado que tenía información directa de las logias masónicas sobre una campaña de grandes proporciones contra el régimen español (citado en Salgado Aráujo, Conversaciones privadas, 239). A continuación, se redactó de nuevo la Ley de Orden Público -30 julio 1960- que estipulaba que a cualquier persona detenida por hacer huelga, por participar en una manifestación o por destrozar los bienes públicos, se le juzgaría ante un tribunal especial de jueces civiles. El 26 de septiembre de 1960 se promulgó otra nueva Ley contra la Rebelión Militar, el Bandidaje y el Terrorismo.
De hecho, la cantidad de personas involucradas en la oposición era bastante limitada y, según las estadísticas del Alto Estado Mayor, el número anual de condenados por los tribunales militares especiales se reducía todos los años. Pasó de 1266 en 1954 a 902 en 1955; luego pasaría de 723 en 1957 a 717 en 1958, y bajaría hasta 529 en 1959. El nivel de criminalidad era muy bajo en estos años en España, de modo que en el 59 la población que había en la cárcel era de 14.890, frente a los 34.526 que había bajo la República en 1935, cuando en total había cinco millones menos de habitantes.
Photospain dice:
El mostruo no calla
A propósito de unas declaraciones de Fraga Iribarne, ex ministro franquista por la gracia de Dios y del Caudillo.
Emilio Sales (para Kaosenlared) [16.05.2006 11:50] - 180 lecturas - 0 comentarios
En un juicio donde el juez instructor, el Coronel Enrique Eymar Fernández que así denomina el J. J. Águila, fue el protagonista de la práctica totalidad de la represión judicial del régimen franquista. Eran tan poco importante las pruebas para incriminar a Grimau, que hasta violaron sus propias normas que por ejemplo el vocal ponente, el comandante Fernández Martín, no era licenciado en Derecho, una infracción legal que no le impediría aceptar ese cargo dentro del tribunal ni tampoco su posterior designación como procurador encargado de dirigir la comisión especial para elaborar el proyecto de ley que creara precisamente aquel mismo año de 1963 el Juzgado y Tribunal de Orden Público (ver el libro citado, página 137).
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Dirigido por
Luis Enrique Otero Carvajal
Profesor Titular de Historia Contemporánea.
Universidad Complutense de Madrid.
España (Spain).
http://www.ucm.es/info//hcontemp/leoc/taller/PCE.htm
Manuel Jimeno entró nuevamente en España, instando a la dirección de Carreras, tras estudiar los informes y propaganda que habían ido llegando desde el interior, a llevar a cabo una renovación en el aparato directivo que contemplara la posibilidad de formar una red más extensa. Para ello se pensó en el establecimiento de una serie de comisiones de estudio encargadas de evaluara las posibilidades reales de trabajo en cada secretaría. Sin embargo todo quedó en agua de borrajas porque, como estaba sucediendo desde el final de la guerra civil, en una operación policial fue detenido todo el aparato directivo de Carreras y con él uno de los archivos más importantes del PCE clandestino con documentación secreta, correspondencia, publicaciones y propaganda que fueron utilizados por el coronel de Infantería Enrique Eymar Fernández, juez militar en el Juzgado Militar Especial para los Delitos del Espionaje y Comunismo, en los procesos abiertos contra los detenidos y como justificación para las posteriores condenas(9). Coronel Enrique Eymar
Coronel Eymar | 16-08-2009 - 09:50:10 GMT 1 #